GAS Y CARBURANTES
España limita la entrada de 400.000 toneladas anuales de biodiésel argentino
La mayor petrolera de España puede ayudar a salvar indirectamente el negocio de los biocarburantes en España. El sector de los biocarburantes, que engloba a las industrias de biodiésel y bioetanol, lleva años reclamando el freno a las importaciones masivas de biodiésel desde países como Argentina o Indonesia a bajo precio y que han provocado el cierre o la paralización de decenas de las plantas del sector en España. Y la crisis con Argentina, a raíz de la nacionalización de la filial argentina de Repsol, puede ayudarles casi sin quererlo a conseguirlo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunció el pasado viernes día 20 de abril tras el Consejo de Ministros la puesta en marcha de una orden ministerial que impulsará la producción de biodiésel en Europa.»Se logrará un apoyo a esas operaciones de refino por parte de empresas españolas o comunitarias y que busca colocarlas en una situación adecuada para poder prestar ese biodiésel en condiciones que lo hagan competitivo”.
Actualmente el 34% de las exportaciones argentinas a España se concentran en el área del biodiésel, que suman algo más de 700 millones de euros anuales. El país austral exporta cada año a España unas 400.000 toneladas de biodiésel. Según datos de la CNE, el 34% del biodiésel que entra en España procede de soja argentina y el 31% de palma Indonesia. Según el Gobierno de Argentina, esta medida sólo servirá para “encarecer” el producto en España.
El mismo día, el Parlamento Europeo aprobó por un amplia mayoría de 458 votos a favor y 71 en contra que la Comisión Europea estudie parcialmente las ventajas arancelarias que la UE concede a la importación de productos argentinos. En torno al 27% de estas importaciones disponen de ventajas arancelarias.
Todas estas medidas se producen cuando las industria españolas de biocarburantes -unas 50 plantas- se encuentran en una situación límite, con algo más del 80% de las mismas sin ninguna actividad y el resto funcionando muy por debajo de su capacidad de producción.
Una situación que afecta también a Extremadura, que contó en su día con dos industrias: Bioenergética Extremadura 2020 (Bionex), en Valdetorres, que en abril del 2009 tuvo que presentar concurso de acreedores del que ha logrado salir dos años después. La planta está proyectada para producir 250.000 toneladas. La otra industria de biodiésel en la región es la que abrió Green Fuel Extremadura en Los Santos de Maimona, actualmente parada y sin visos de funcionar pese a los intentos de asociaciones de transportistas nacionales para hacerse cargo de ella.
Junto a las importaciones masivas de terceros países a bajo precio, las cuotas de mercado fijadas tanto por el gobierno central como por las directivas europeas no se han cumplido ni tampoco las grandes petroleras han mostrado excesivo interés en su implantación.
Foto: Interior de una planta de producción de bioetanol en Brasil ©Siemens
El Gobierno se opone a la directiva europea que eliminaría las devoluciones de impuestos del gasóleo agrícola
Los agricultores y ganaderos extremeños no sólo están pendientes del cielo para aplacar la durísima sequía que asola sus explotaciones, sino también a los precios del gasóleo agrícola en los surtidores. Desde finales del 2009 el precio del gasóleo agrícola ha subido un 44%, lo que supone un sobrecoste por explotación de unos 4.500 euros.
El propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado estos días que «está siguiendo la evolución de los precios del gasóleo agrícola y las necesidades del sector y actuará en consecuencia, pero siempre dentro de la responsabilidad y, por desgracia, del dramático marco económico y presupuestario del que nos han hecho herederos.»
El propio Gobierno ha asegurado que defenderá en Bruselas el mantenimiento de las devoluciones del impuesto de hidrocarburos para el gasóleo agrícola, que está vigente desde el 1 de enero del 2010. Hay que recordar que la Unión Europea se ha mostrado siempre contraria a este tipo de exenciones en los impuestos energéticos y prepara una nueva directiva en la que se propone su eliminación, por no considerarla “justificada”.
Distintas organizaciones de ganaderos han pedido en las últimas semanas al Gobierno que equipare las devoluciones de los ganaderos a las que reciben los agricultores, aunque desde el Ministerio se ha negado esta posibilidad argumentando que el consumo de combustible en el sector agrario es más “intensivo” que en la actividad ganadera. Desde 2010, el porcentaje de compensación del IVA para la agricultura es del 10 %, mientras que para la ganadería se aplica el 8,5 %.
Según los datos ofrecidos por Arias Cañete, “en términos reales, en febrero del 2012 el precio medio ha sido de 83,38 céntimos de euro/litro, situándose un 10,6% por debajo del máximo alcanzado en el año 2008”.
Hay que tener en cuenta que el gasóleo agrícola dispone actualmente de unas ventajas fiscales que permiten que la Agencia Tributaria devuelva hasta 7 céntimos por litro cobrados del impuesto especial. La idea del Gobierno es mantener este sistema, sobre todo en la actual coyuntura de sequía que ha provocado ya miles de millones de euros de pérdidas en cosechas y de mayores costes unitarios por cabeza de ganado. «Todos sabemos –asegura Miguel Arias Cañete- que el régimen fiscal del gasóleo agrícola que acompaña al sector agrario está amortiguando claramente una situación que, en otras circunstancias, habría sido dramática. No obstante, también me gustaría transmitir que este Gobierno va a vigilar cuidadosamente la situación, y se adoptarán las decisiones oportunas en función de la evolución”.
Una buena parte de las grandes cooperativas agrarias de la región ha optado en los últimos años por la apertura de sus propios puntos de suministro de gasóleo agrícola y de diesel automoción para sus socios, en busca de menores precios. Esta actuación ha provocado la queja de las estaciones de servicio extremeñas al considerarla como “competencia desleal”.
Foto: Landini
La Refinería Balboa echa el cierre el día de la Huelga General
El proyecto de la Refinería Balboa ha echado definitivamente el cierre el día de la Huelga General del 29-M. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Miguel Arias Cañete ha emitido una propuesta de Declaración de Impacto Ambiental desfavorable que se basa especialmente en el “potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana” que tendría el proyecto.
Según recoge el comunicado emitido por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, “los técnicos consideran que esta iniciativa es ambientalmente inviable por su potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana, el más emblemático de la red española de espacios protegidos, así como por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada biodiversidad como es la reserva de pesca marítima Frente de Doñana”.
Además, se considera que este proyecto, ubicado a más de 180 kilómetros de la costa, incumple los objetivos de eficiencia energética recogidos en la normativa europea. También destacan su posible impacto sobre la Vía de la Plata y la negativa de Portugal al mismo, así como las dudas de la UNESCO.
De esta forma, el empresario Alfonso Gallardo ha tenido que esperar más de seis años y medio para conocer que su proyecto estrella con el que soñaba retirarse, la Refinería Balboa ubicada en el término de Los Santos de Maimona, ya no verá la luz.
El proyecto requería una inversión de 2.100 millones de euros para producir 110.000 barriles de productos petrolíferos diarios. El tiempo de construcción estimado sería de tres años. Hace cinco años, los técnicos de la Junta de Extremadura evaluaron que la Refinería generaría 2.100 millones en impuestos especiales y 740 millones en IVA.
El propio Alfonso Gallardo y su entorno –el dimitido Juan Sillero, su mano derecha en sus empresas- tenían claro que si el proyecto no había conseguido el visto bueno de Medio Ambiente tras el paso de tres ministras del PSOE por el Ministerio –Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar– sería muy complicado que un gobierno del PP cambiara de opinión. La última Secretaria de Estado del Cambio Climático del Gobierno del PSOE, Teresa Ribera, era abiertamente contraria al proyecto.
En clave regional, el no a la refinería supone un espaldarazo para la dirección de Izquierda Unida, el partido que más ha apoyado a los movimientos anti-refinería en Tierra de Barros. El PSOE siempre se ha manifestado a favor del mismo pero sin fuerza suficiente en Madrid -lo que recientemente reprochó Alfonso Gallardo a Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta de Extremadura- para conseguir el visto bueno al mismo. Mientras, el PP ha mantenido una postura más ambigua, incluso contradictoria, desde el no rotundo del entonces su líder Carlos Floriano hasta el apoyo con matices de José Antonio Monago.
Pese a ello, la retirada de su accionariado de Extremadura Avante, la sociedad pública que controlaba el 20% del mismo, al llegar al gobierno regional de Extremadura el Partido Popular supuso un nuevo contratiempo para Gallardo. El empresario jerezano ha visto como sus accionistas iniciales han ido dando la espalda al proyecto por una u otras razones: Extremadura Avante, Bankia, Iberdrola, BBVA y Caja Extremadura. Gallardo aseguraba hace semanas que tenía financiación y nuevos socios para su proyecto refinero, aunque nunca desveló sus nombres ni procedencia.
La noticia ha sido bien recibida por el pool de bancos acreedores del grupo Gallardo, que pese a la venta de su siderurgia alemana de Thüringen, aún mantiene una elevada deuda financiera que lastra su recuperación. A día de hoy, prefieren que Gallardo y su equipo centren sus esfuerzos en buscar una salida a la compleja situación financiera y laboral del Grupo, que en próximas semanas podría anunciar la venta de nuevos activos industriales.
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