FOTOVOLTAICA

La fotovoltaica generó en mayo el 28,5 % de toda la electricidad consumida en España

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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este viernes 5 de junio, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) recuerda el papel fundamental que tiene el aprovechamiento de la energía del sol en la lucha contra el cambio climático.

La energía es al mismo tiempo el principal origen del problema climático y una parte esencial de la solución. Los combustibles fósiles —carbón, petróleo y gas— son responsables de más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de cerca del 90% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2). La comunidad científica es clara: para evitar los peores impactos del cambio climático es necesario reducir las emisiones globales a la mitad antes de 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En este contexto, la energía solar fotovoltaica se ha consolidado como una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia un modelo energético limpio, seguro y sostenible. Solo en España, la generación solar evita cada año la emisión de más de 18 millones de toneladas de CO2, una cifra equivalente a retirar de la circulación 9 millones de vehículos de combustión.

La transición hacia energías limpias también tiene un impacto directo sobre la salud de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 99% de la población mundial respira aire que supera los límites recomendados de contaminación, mientras que cerca de 13 millones de muertes al año están relacionadas con factores ambientales evitables. Sustituir combustibles fósiles por energías renovables supone reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad de vida de millones de personas.

La energía solar fotovoltaica aporta además una mayor independencia energética del país y de los combustibles fósiles importados. Actualmente, el 80% de la población mundial vive en países importadores netos de combustibles fósiles, según Naciones Unidas. España dispone de una ventaja competitiva excepcional: gracias a su elevado recurso solar, una instalación fotovoltaica en nuestro país puede producir aproximadamente el doble de energía que una equivalente en el norte de Europa. Esta ventaja ha permitido que la fotovoltaica se convierta ya en una de las principales fuentes de generación eléctrica de nuestro país, con récords como el alcanzado el mes pasado, en el que generó el 28,5 % de toda la electricidad consumida en España y fue la primera fuente de generación del mix eléctrico.

Otro de los beneficios ambientales de esta tecnología es su escasa necesidad de agua para producir electricidad, una característica especialmente relevante en un país donde la sequía y el estrés hídrico constituyen desafíos estructurales crecientes.
Asimismo, la energía solar presenta un balance ambiental altamente positivo a lo largo de su ciclo de vida. Un panel fotovoltaico compensa las emisiones asociadas a su fabricación en pocos meses y puede generar electricidad limpia durante más de dos décadas.

La integración de la fotovoltaica en el territorio es también compatible con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural. Diversos estudios científicos muestran que los parques solares bien gestionados, pueden favorecer la recuperación de hábitats y especies, ya que en ellos la presencia humana está muy limitada, no se usan herbicidas ni fitosanitarios, el desbroce se realiza con medios naturales como rebaños de ovejas, y cuentan con medidas para el desarrollo medioambiental como nidales, charcas o corredores ecológicos.

Por otra parte, la ocupación de suelo necesaria para la transición energética es muy reducida. Toda la capacidad fotovoltaica prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 no ocupará ni el 0,4% de la superficie total agrícola, incluyendo en ello soluciones para el autoconsumo agrícola o soluciones agrovoltaicas, que permiten combinar la producción agrícola y ganadera con la generación de energía renovable en un mismo terreno, creando sinergias que contribuyen tanto a la sostenibilidad del sector primario como a la descarbonización de la energía.

El MITECO destina 168 millones a climatizar y mejorar la eficiencia energética en hospitales y centros de salud que serán gestionados por las CCAA

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado destinar 168 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a actuaciones de climatización y rehabilitación y ahorro energético en edificios e instalaciones de uso principal sanitario de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública. La dotación de este programa de ayudas, denominado PREE Sanitario, se transferirá a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión, una vez aprobados los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía.

Esta línea de ayudas podrá financiar obras para adecuar la envolvente térmica de los edificios, mejoras de la eficiencia energética y uso de renovables en sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, en iluminación, en instalaciones específicas de usos sanitario, así como la incorporación de sistemas de automatización y control, entre otras actuaciones. Podrán beneficiarse del PREE Sanitario centros hospitalarios, centros de salud y consultorios locales, de titularidad pública. Este programa complementa el programa PREE terciario, aprobado en conferencia sectorial el pasado diciembre.

El MITECO, tal y como anunció la semana pasada la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya trabaja en otra línea de ayudas con cargo al FNEE –el PREE Educativo– para climatizar y mejorar la eficiencia energética de los colegios y de otros centros educativos públicos. Tendrá una dotación económica de 200 millones.

Las actuaciones objeto de estas ayudas deberán acreditar una reducción del consumo de energía final mínimo de un 15% del edificio en cuestión, o de las instalaciones específicas de uso sanitario objeto de la intervención.

El Programa de ayudas finalizará el 31 de diciembre de 2030 y el MITECO llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Energía una propuesta de reparto de los fondos basada en la estadística más reciente del “Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024” realizado por el Ministerio de Sanidad y publicado el 4 de diciembre de 2025, sobre tres indicadores principales del mismo, con datos de 2023: camas hospitalarias instaladas en el Sistema Nacional de Salud, número de centros de salud y consultorios locales.

El PREE Sanitario tendrá, por lo tanto, una gestión territorializada, de modo que los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas los fijarán las comunidades y ciudades autónomas en sus respectivas convocatorias. Los gobiernos regionales también podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o por concurrencia competitiva. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al MITECO, actuará como coordinador del PREE Sanitario y transferirá los fondos a cada territorio.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al cumplimiento del objetivo nacional de reducción del consumo final de energía para el periodo 2021-2030, que fija el artículo 8 de la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre. Para alcanzar estos objetivos, se constituyó el FNEE, cuya gestión recae en el IDAE. El programa de ayudas acordado se enmarca en el Plan de Actuación para 2026 de este Fondo. Asimismo, el programa contribuirá a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

Según destaca el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el parque de edificaciones del sector sanitario repartido por toda España consume en torno al 1% de la energía final.

La Junta elabora un nuevo mapa de zonas prioritarias para energías renovables para preservar las zonas más productivas del agro regional

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El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución de 11 de febrero por la que se da publicidad a las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. De esta forma, la Consejería de Agricultura trata de buscar el equilibro entre la producción renovable a través de grandes parques fotovoltaicos y la protección de los suelos agrícolas y ganaderos más productivos, ante las quejas vertidas desde diferentes asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos en los últimos tiempos.

Según la Consejería, “Extremadura ha experimentado en los últimos años una rápida y robusta contribución a la transición energética en España, especialmente en lo que a generación de energía solar foto­voltaica se refiere, impulsada por el elevado recurso solar existente en toda la región.  Si bien, los beneficios que el despliegue de este tipo de energías renovables están generando son incuestionables, por otro lado, no se trata de energías totalmente inocuas, pues, asumiendo que el espacio es un recurso finito, este tipo de proyectos requiere habitualmente de  amplias superficies de terreno, especialmente la energía solar fotovoltaica, lo cual hace nece­sario contar con una planificación para evitar y minimizar los impactos de estas infraestruc­turas en los ecosistemas, la biodiversidad y las actividades de producción agrícola tradicional.

De este modo, durante años, los proyectos de energía solar fotovoltaica han venido compitiendo en cierta manera con el sector agrario por el recurso natural del suelo, dada la incompatibilidad de aquellos principalmente con los cultivos leñosos, tales como olivar, vid, frutales, así como en las dehesas.

Ante esta situación, en el año 2021, el Decreto 141/2021, de 21 de diciembre, por el que se regulan los usos y actividades compatibles y complementarios con el regadío en zonas regables de Extremadura declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Nación o Singulares, aprobó restricciones a los proyectos de energía solar fotovoltaica, al declarar como usos o actividades no compatibles ni complementarias con el regadío, en especial, a los aprovechamientos de energías renovables destinados a la producción u obtención de energía eléctrica, salvo las instalaciones de autoconsumo para la generación de energía eléctrica o térmica desde fuentes de energía renovables ligadas a los aprovechamientos compatibles o complementarios, y las instalaciones de autoconsumo para la generación de energía eléctrica desde fuentes de energías renovables promovidas por las comunidades de regantes o regante a título individual, cuyo objeto sea reducir los costes energéticos que le supone a los y las regantes poder disponer de agua de riego en las explotaciones de la zona regable.

Y es que, lo apuntado anteriormente respecto al regadío, en cuanto a su mayor aportación a la generación de empleo y economía que las plantas solares fotovoltaicas, también sería extra­polable, en la gran mayoría de los casos, a los cultivos leñosos y a las tierras arables de gran productividad, así como a las dehesas y a otras zonas con valores ambientales importantes.

Por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura se elaboraron en su momento mapas de capacidad de acogida, que han permitido a los promotores de los proyectos de energía solar fotovoltaica ya en servicio conocer las ubicaciones consideradas como especialmente adecuadas para la instalación de este tipo de plantas de energía renovable. Estos mapas se estructuran en cinco niveles de capacidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta capacidad de acogida), teniendo en cuenta 9 factores ambientales: pendiente, hidrología, espacios pro­tegidos, Red Natura 2000, paisaje, flora protegida, hábitats, especies de fauna amenazada y yacimientos de patrimonio. Además, también se ha valorado la mayor distancia a subes­taciones con capacidad de evacuación de energías renovables, en este caso como criterio desincentivador. Esta resolución actualiza los criterios de capacidad de acogida a proyectos de energía fotovoltaica, introduciendo limitaciones relacionadas con los suelos agrícolas más productivos, los usos que generan más empleo, economía y fijan población, así como las dehesas, como sistema muy arraigado en el mundo rural.

No obstante, a pesar de haber sido una herramienta de valiosa utilidad en el despliegue de la energía solar fotovoltaica, es necesario avanzar en una planificación más holística, de modo que los mapas de capacidad de acogida incluyan otros factores, tales como la capacidad pro­ductiva de los suelos.

Por tanto, dado que los proyectos de energía solar fotovoltaica aún no son compatibles con cultivos leñosos y tierras arables de gran productividad o las dehesas y, tal y como ya se ha señalado, reconociéndose la mayor capacidad de generación de empleo y de economía social de estos últimos respecto a la energía solar fotovoltaica, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible considera necesario revisar los mapas de capacidad de acogida, incluyendo el criterio o factor del valor agronómico del suelo, de manera que estos mapas sean más respetuosos con la economía agraria, compatibilizándose, de este modo, el avance en el despliegue de la energía solar fotovoltaica con la protección de los suelos más productivos de Extremadura, y especialmente de cultivos leñoso, así como las dehesas, que forman parte del tejido productivo que más empleo genera, y elemento clave en la fijación de población en las zonas rurales, contribuyendo a la economía de muchos municipios extremeños.

En el mapa de zonas prioritarias, cuya difusión tiene por objeto esta resolución, se definen las áreas que se consideran preferentes para el desarrollo de nuevos proyectos de energía solar fotovoltaica en Extremadura, siendo clasificadas en zonas definidas como de alta o muy alta capacidad de acogida. Para la elaboración de este nuevo mapa se ha valorado, además de los factores ambientales a los que nos hemos referido anteriormente, un nuevo criterio, cual es el valor productivo de los suelos y las áreas de dehesa por su enorme arraigo en el mundo rural, y ello a fin proteger los cultivos de mayor potencial socioeconómico para nuestra Comunidad Autónoma, de manera que, en lugar de competir ambos sectores por un mismo suelo, se fomenten sinergias entre la gestión de recursos naturales y el desarrollo económico de las zonas rurales.