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Un juzgado de Badajoz acuerda la liquidación de Bioenergética Extremeña 2020, la promotora de la planta de biodiesel de Valdetorres

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La historia de Bioenergética Extremeña 2020 S.L., la sociedad promotora de una de las mayores plantas de biodiesel de España situada en la localidad pacense de Valdetorres llega a su fin. El juzgado número de 6 de Badajoz, con el juez Miguel Ángel Navarro al frente, ha ordenado la disolución judicial de dicha sociedad entrando en fase de liquidación.

Atrás quedan varios años de una errática y convulsa gestión, con millones de euros reclamadas a sus promotores y gestores tanto por parte de la Agencia Tributaria como por entidades financieras y empresas subcontratistas.

La presidencia de la compañía la ostenta la empresa norteamericana Globen Energy Services S.L. y la vicepresidencia, Fuel Streamers Servicies. Esa última, con sede en Houston, se hizo cargo de la planta pacense en un último intento por salvarla a comienzos del 2013 a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI.

El responsable de la empresa norteamericana era Philip Rivkin, un viejo conocido de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos por diferentes delitos en el negocio de los contratos de biocarburantes en el mercado norteamericano, que tras dos años en busca y captura internacional fue entregado a la Justicia el pasado año. Como consejero figuraba la sociedad de capital riesgo Catalana D’iniciatives.

Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del estallido de la crisis económica. La planta de Valdetorres estaba proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca llegó a alcanzar  ni de lejos.

Uno de los mayores frentes judiciales abiertos contra los promotores de la planta es la que sigue la empresa Mancobra S.A., encargada de gran parte de la construcción de la planta tras ser subcontratada por el grupo austriaco CMB, y que reclama 2,3 millones de euros. En marzo del 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le ha dado la razón.

Las cooperativas agrarias piden en Bruselas que al menos el 8% de los combustibles en 2020 procedan de cultivos herbáceos

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Biodiesel

La organización europea que agrupa a las cooperativas y organizaciones agrarias –Copa-Cogeca-, entre ellas también  las españolas, ha remitido una carta a todos los eurodiputados  destacando el éxito que han tenido los biocombustibles procedentes de cultivos herbáceos a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Dicha carta cuenta con el respaldo de las empresas europeas de biocombustibles.

La organización de cooperativas y organizaciones agrarias quiere que se  garantice que, al menos un 8% de los combustibles para el transporte, provengan de biocombustibles procedentes de cultivos herbáceos de aquí a 2020, cuando deban adoptar la legislación relativa a la futura política de los biocombustibles.

“Cualquier tipo de recorte en los objetivos para promover el uso de biocombustibles procedentes de los cultivos herbáceos iría en detrimento del crecimiento y el empleo, los objetivos climáticos y energéticos y el suministro de pienso”, asegura secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.

Según el Copa-Cogeca, es preciso contar con una política de descarbonización estable y específica para apoyar los biocombustibles más allá de 2020, incluidos los biocombustibles sostenibles certificados elaborados a partir de cultivos herbáceos. Esta política tendría gran importancia para permitir inversiones y para fomentar el desarrollo empresarial del sector, de forma paralela a los biocombustibles convencionales a base de cultivos herbáceos.

En Extremadura actualmente sólo hay una planta de biocarburantes en funcionamiento, la de Green Fuel Extremadura, en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, que finalmente pudo comenzar su actividad tras varios años parada desde su inauguración.

La otra planta, la de Bioenergética Extremeña, en Valdetorres (Badajoz), finalmente se disolvió tras una caótica gestión y oscuros cambios accionariales que han sido juzgados en los tribunales.

El “Pago Verde” de las ayudas europeas al campo abre nuevos negocios al ahorro energético en el sector agroganadero

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El denominado “greening” o “Pago Verde” de la reforma de la Política Agraria Común, que incluye toda una serie de prácticas medioambientalmente favorables, se ha convertido en una obsesión para agricultores y ganaderos. Porque en las nuevas ayudas de la PAC, este tipo de prácticas serán obligatorias.

Según un reciente estudio de la empresa Solidforest, encargado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la implantación de medidas de ahorro energético en las explotaciones agrícolas y ganaderas les permiten reducir entre un 5 y un 10 % su huella de carbono, que es el indicador que refleja la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, responsables del cambio climático.

Dentro del proyecto, se han llevado a cabo durante tres años cálculos de huella de carbono de 130 productos agropecuarios -hortofrutícolas, sector aceitunero, vinícola, ganadero y cerealista- de 33 explotaciones de todo el país.

Biocombustible

Entre las  medidas de ahorro energético figuran el cambio de calderas de gasóleo por calderas de biocombustible, las instalaciones fotovoltaicas y la mejora de los motores o de los sistemas eléctricos para reducir pérdidas.

El estudio revela que, en el caso de la ganadería, las mayores emisiones de gases proceden del estiércol y la fermentación entérica de las cabezas de ganado. En la agricultura, la actividad que más aporta a la huella de carbono es la fertilización. Según el informe, la huella de carbono en las explotaciones ganaderas es superior a las explotaciones agrícolas.

Ayuda medioambiental

Las explotaciones que estén acogidas a algún régimen de ayudas agroambientales o similar, se les considerará cumplido el denominado “greening” o “Pago Verde” de la nueva PAC que estará vigente hasta el año 2020 y que será necesario para completar el resto de las ayudas.

Extremadura es una de las regiones españolas que más ayuda recibe de la Política Agraria Común, cerca de 600 millones de euros al año, sólo superada por Andalucía, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Extremadura queda fuera del reparto español de cuotas de producción de biodiésel

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Con sus dos plantas de producción de biocombustibles paradas -la de Valdetorres y la de Los Santos de Maimona-, Extremadura cada vez ve más lejana la viabilidad de producir biocarburantes en su territorio. Y más después de conocerse esta misma semana que ha sido una de las regiones españolas que ha quedado fuera del reparto de las cuotas de producción asignadas para sus plantas.

Andalucía ha obtenido un 33% de la cuota de producción de biodiésel (1.049.000 toneladas anuales) de España para los próximos dos años, lo que la convierte en la región con mayor cuota asignada a nivel nacional y europeo. En cuota de producción, Andalucía es seguida de Valencia, con el 23%, y Galicia con el 11%.

A partir del 5 de mayo de 2014 y hasta el 4 de mayo de 2016 (aunque es ampliable por dos años más) los operadores deberán adquirir el biodiésel a una de las plantas con cuota asignada si quieren que les sea computado para el cumplimiento de los objetivos de biodiésel impuestos por el Gobierno español.

Las fábricas españolas han obtenido el 63% de la cuota total frente al 37% de las fábricas ubicadas en territorio comunitario.

La cantidad total asignada asciende a 5.018.473 de toneladas anuales de biodiésel. De esta cantidad, la correspondiente a España es 3.173.600 toneladas, que se distribuyen en 23 plantas ubicadas en Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Castilla la Mancha, Navarra, Aragón, Cataluña y Asturias.

El Gobierno de España modificó en febrero de 2013 los objetivos de introducción de biocarburantes y de biodiésel en el transporte, de manera que la cantidad de este combustible necesaria para cubrir los objetivos mínimos ha pasado del 7% al 4,1%.

Foto: Interior de una planta de biodiesel en Stockton, CA (EEUU)

Hacienda podría parar la venta y desguace de la planta de Bioenergética Extremeña al reclamar una subvención de 4,1 millones de euros

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Una de las mayores plantas de biocarburantes de España, la que construyó la empresa Bioenergética Extremeña en Valdetorres (Badajoz), puede acabar sus días convertida en chatarra y con un agujero con Hacienda de 4,1 millones de euros.

Aunque su desguace está aún en el aire. El Ministerio de Hacienda reclama a los propietarios de la empresa la devolución de los incentivos industriales que le fueron concedidos en noviembre del 2006, al tratarse de un gran proyecto industrial y generador de empleo.

La planta extremeña, que sólo llegó a funcionar unos meses a medio rendimiento, cobró los 4,1 millones de euros de subvención concedidos al proyecto en el año 2012. En el pliego de condiciones para el cobro de la misma, la empresa de biocarburantes se comprometía a mantener en el plazo de cinco años inversiones por importe superior a los 40 millones de euros durante cinco años. Hacienda también reclama a sus propietarios cerca de 300.000 euros en concepto de intereses.

Tras un largo proceso judicial tras presentar el concurso de acreedores, el juzgado y la banca acreedora no han encontrado viabilidad a la planta que será vendida por una cantidad muy baja en relación a su inversión inicial para convertirla en chatarra. En los últimos meses la Junta de Extremadura mantuvo conversaciones con diferentes asociaciones del sector del transporte para buscar una salida comercial al producto de la planta sin encontrar a los socios inversores necesarios.

A comienzos del 2013, la empresa norteamericana Fuel Streamers Group -con sede en Houston, Texas y especializada en el negocio internacional de biocombustibles- a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, tomó el control de la planta.

Sin embargo, a los pocos meses, sus nuevos gestores dejaron su gestión y comunicaron a los 46 empleados de la planta de Valdetorres el comienzo de un ERE extensivo que los propios trabajadores vieron como el final de la factoría que finalmente se ha cumplido.

Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del cambio de coyuntura. La planta de Valdetorres estaba proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca ha llegado a alcanzar pese a sus crecientes exportaciones gracias al uso de aceite vegetal usado como materia prima.

Sus impulsores iniciales fueron la familia Hinojosa Vacas a la que más tarde se unió la empresa de capital riesgo Catalana de Iniciativas con el 25% del capital, que estaba participada por las alguna de las mayores empresas del país -desde Telefónica a Repsol o Banco Sabadell.

Extremadura recuperó 761 toneladas de aceites industriales usados para usos energéticos el pasado año

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Extremadura consume de media anual unas 6.600 toneladas de aceites industriales, especialmente en el sector de automoción, que concentra el 60% del total comercializado. Su procedencia mayoritariamente tiene fabricación nacional, con más del 90 % del total de aceites industriales puestos en el mercado extremeño.

El consumo de estos aceites, tanto en los vehículos como en procesos y maquinarias industriales, viene generando de media cerca de 2.300 toneladas de aceites usados cada año en la región.

Este residuo debe ser correctamente recuperado y gestionado ya que, de lo contrario, puede provocar graves daños medioambientales por su gran poder de contaminación. Su eliminación por incineración incontrolada o vertido afecta seriamente a la calidad del aire, así como al agua y al suelo.

Sin embargo, si ha sido correctamente extraído y almacenado, puede ser valorizado en su totalidad, aportando importantes beneficios medioambientales en cuanto al aprovechamiento de los recursos contenidos en el aceite usado, ya sean materiales o energéticos, suponiendo un importante ahorro de materias primas.

En España, SIGAUS es el sistema integrado de gestión (SIG) que se encarga de garantizar la recogida y el correcto tratamiento de los aceites industriales usados que se generan en todo el ámbito nacional.

Durante 2012, este sistema recuperó y gestionó en Extremadura 2.675 toneladas de este residuo, una cantidad que equivale a la recogida de casi 11 toneladas diarias. De ese total, 761 toneladas fueron valorizadas energéticamente, produciendo energía equivalente al consumo anual de 2.150 hogares españoles.

Foto: Extracción de aceite lubricante usado ©SIGAUS

Los nuevos dueños norteamericanos de la planta de biodiésel de Valdetorres tiran la toalla y precipitan su cierre

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La azarosa historia empresarial de la empresa Bioenergética Extremeña 2020 S.L., propietaria de una de las mayores plantas de biodiésel de España situada en la localidad de Valdetorres cercana a Guareña parece llegar a su capítulo final. Ni la salida del concurso de acreedores ni el acuerdo con la banca acreedora ni el cambio de dueños ha podido sacarla de las pérdidas.

A comienzos del 2013, la empresa norteamericana Fuel Streamers Group -con sede en Houston, Texas y especializada en el negocio internacional de biocombustibles- a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, toma el control de la planta extremeña siendo su primera gran inversión en Europa.

Pero a los pocos meses, sus nuevos gestores han tirado la toalla y comunicado a los 46 empleados de la planta de Valdetorres el comienzo de un ERE extensivo que los propios trabajadores ven como el final de la factoría.

En pocos años la vida de la empresa Bioenergética Extremeña 2020 S.L. ha dado para escribir una pequeña novela por entregas. Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del estallido de la crisis económica.

La planta de Valdetorres está proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca ha llegado a alcanzar pese a sus crecientes exportaciones gracias al uso de aceite vegetal usado como materia prima.

Sus impulsores fueron la familia Hinojosa Vacas a la que más tarde se unió la empresa de capital riesgo Catalana de Iniciativas con el 25% del capital, que estaba participada por las mayores empresas del país -desde Telefónica a Repsol o Banco Sabadell.

Sin embargo, la poca demanda de biocombustibles en España y la competencia desleal de las importaciones de Argentina e Indonesia hicieron crecer la deuda de la empresa hasta los 42 millones de euros, lo que desembocó en un concurso de acreedores el 21 de abril del 2009.

Casi veinte meses después, en diciembre del 2010, se convence a la banca acreedora para apoyar un plan de viabilidad, aplazando los pagos escalonados hasta el 2014. Pero la demanda sigue sin llegar y las promesas del Ministerio de Industria de limitar las importaciones de biodiésel de terceros países a bajo precio no se cumplen.

En febrero del 2012 la empresa norteamericana Fuel Streamers Group, a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, toma el control siendo su primera gran inversión en Europa.

Aunque su llegada a España no ha sido sencilla. En diciembre del 2012, la filial española del grupo cesa a su presidente Philip Rivkin, máximo ejecutivo del grupo en Estados Unidos, tras conocerse meses antes que estaba siendo investigado por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) por un presunto fraude en la venta de 60 millones de  los llamados “números de identificación de renovables” (RIN) en el mercado norteamericano a través de la empresa Green Diesel LLC.

Desde diciembre del 2012, Fuel Streamers, ya sin Rivkin, asume la vicepresidencia de Bioenergética Extremeña, de la que queda como presidente otra empresa foránea, Globen Energy Services S.L.

Extremadura dispone de una segunda planta de biodiésel en Los Santos de Maimona que lleva parada desde su construcción en el 2009. Con capacidad para 110.000 toneladas, estaba promovida en sus inicios por Técnicas Reunidas, GEA y Endesa.

A mediados de año pasó a manos de la empresa que gestiona Biocarburantes de Castilla S.A., que cuenta con una planta operativa en Zamora. Sin embargo, el 27 de octubre pasado presentó en los juzgados de Badajoz concurso voluntario de acreedores para intentar dar viabilidad a su futuro.