GAS Y CARBURANTES

La Junta autoriza la ampliación de 250 tn/día en la fábrica de vidrio de BA Glass en Villafranca de los Barros con un nuevo horno con gas natural

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La Dirección General de Medio Ambiente de  la Junta de Extremadura ha otorgado la autorización ambiental integrada a la ampliación prevista por la empresa portuguesa BA GLASS SPAIN, en su factoría de Villafranca de los Barros (Badajoz), una de las mayores de España en su sector. El proyecto ha sido elaborado por la consultora Arram Consultores de Badajoz.

BA Glass Spain, SAU produce y comercializa envases de vidrio (botellas, frascos y tarros) destinados a la industria de la alimentación y bebidas y cuenta entre sus principales clientes con la fábrica de cerveza de la multinacional Heineken en Sevilla.

Con la ampliación que se autoriza, la fábrica de vidrio incrementará su producción de 825 t/día a 1075 t/día de envases de vidrio. Para ello se proyecta la instalación de un nuevo horno regenerativo de capacidad nominal de 250 t/día, provisto de sistema de tratamiento de emisiones atmosféricas mediante precipitador electrostático y chimenea de evacuación. El combustible utilizado en los quemadores de los hornos de fusión y de precalentamiento de moldes es gas natural.

La factoría de Villafranca cuenta con centros de transformación de en energía eléctrica compuesto por un total de 4 transformadores de 1.600 kVA cada uno y una línea subterránea con una longitud de 1.234 m y 15 kV. Y un grupo electrógeno de 900 kVA de emergencia con gasóleo C.

Desde el punto de vista de su suministro energético, dispone de una zona de calderas, conexión con el gaseoducto, dos  depósitos de gasóleo C de 2.000 litros, un depósito de 50 m³ para almacenamiento de propano, un depósito de 50 t de gasóleo C y tres torres de refrigeración.

La subida del gasóleo y del impuesto a los carburantes penaliza la rentabilidad del sector agrario en plena campaña de regadío

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El gasto en carburantes es uno de los consumos intermedios que más repercute en la rentabilidad de las explotaciones agrarias de Extremadura. Y las fuertes subidas de las últimas semanas están suponiendo un coste añadido muy importante justo cuando se inician los trabajos de los principales cultivos de regadío de la región. Todo ello se produce cuando el Gobierno ha anunciado la subida de los impuestos a los carburantes para evitar en gran parte el efecto frontera entre comunidades autónomas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, se ha mostrado “muy indignada” con el Gobierno por su decisión de imponer una subida de impuestos al gasóleo en aquellas Comunidades Autónomas que no lo hicieron en el pasado. De esta manera, nueve regiones se verán forzadas a encarecer entre 0,01 y 0,048 euros cada litro de combustible. En total, UPA estima que el Gobierno recaudará más de veintisiete millones de euros, cifra a la que habría que añadir el 21% de IVA. “Una jugosa tajada de más de 32.800.0000 € para el Ejecutivo”, concluyen en la organización de productores.

UPA ha recordado el nombre de esta medida cuando se ofreció a las Comunidades adoptarla de forma voluntaria: “céntimo sanitario”, en referencia al supuesto destino del dinero recaudado con esta propuesta. Sin embargo, “nunca se ha demostrado que el destino de este dinero repercutiese en los servicios sanitarios y, de hecho, el céntimo sanitario ha coincidido con todos los recortes en sanidad”, ha apuntado UPA. Los agricultores y ganaderos advierten de que esta medida “llega en el peor momento” ya que coincide con la subida del precio del petróleo que está agitando los mercados mundiales.

La organización ha apuntado así al reciente informe de expertos que recientemente aconsejó al Gobierno subir más las tasas a los carburantes más contaminantes. UPA ha explicado que este tipo de medidas “no protegen el medio ambiente ya que no podemos dejar de producir alimentos” y ha acusado al Gobierno de cubrir estas subidas de impuesto “con palabras de protección al medioambiente cuando, en realidad, esto es una excusa para hacer caja”.

Los agricultores y ganaderos extremeños destinan cerca de 80 millones de euros anuales a gastos en carburantes y energía en sus explotaciones, lo que supone en torno al 8% del total de sus gastos de explotación. Solo los piensos para ganado están por delante en inversión de esta partida.

Extremadura es la séptima región por gasolineras automatizadas abiertas

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La normativa autonómica extremeña que impide a las gasolineras automáticas operar sin personal, está impidiendo ahorrar a los extremeños unos 200 euros anuales por la falta de competencia en este sector, según argumenta la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE).

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Extremadura de 2016, una familia extremeña tiene un gasto medio de 23.003,7 euros al año. De esta cantidad, 1.189,87 fueron destinados al transporte, la tercera partida en importancia después de alimentación y vivienda. Esto significa que una familia gasta el 5,16% de su presupuesto en transporte.

“El carburante es la única partida que puede variar en el presupuesto de una familia, ya que en la vivienda o la alimentación los ajustes ya están hechos. Por tanto el ahorro en trasporte (carburante) se vuelve capital para ajustar el presupuesto. Y en todo caso si ahorran en transporte, pueden destinarlo a otras actividades”, explica Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE)

“Las estaciones de servicio automáticas hacen que bajen los precios de media unos diez céntimos el litro en las zonas donde se implantan”, afirma el presidente de AESAE. Con las nuevas aperturas de estaciones automáticas, las estaciones tradicionales se verán obligadas a bajar los precios para hacer frente a la nueva competencia. “Y se beneficiará al bolsillo de las familias extremeñas porque bajará el porcentaje de gasto medio familiar en carburante”, que Jiménez Perona estima en 200 euros año, “sin perder un ápice de calidad y de servicio pues a fin y al cabo en la mayor parte de las estaciones tradicionales el cliente se pone el carburante”.

Las dos provincias extremeñas tienen unos precios de carburante muy lejos del de provincias como Lérida, Valencia o Barcelona donde la mayor competencia permite unos precios mucho más competitivos. A esta diferencia hay que unirle la menor renta per cápita de las dos provincias extremeñas si lo comparamos con las tres provincias mencionadas, lo que conlleva a concluir que el esfuerzo económico para llenar el depósito es mucho mayor para un extremeño que para un valenciano, por ejemplo.

La normativa autonómica dicta como “obligación específica de protección y prevención de riesgos de los consumidores y usuarios” que todas las gasolineras “deberán disponer en la propia estación, mientras permanezca abierta, al menos de una persona responsable”. AESAE denuncia que esta medida no tiene otro fin que no sea el de limitar el desarrollo del modelo de negocio de las gasolineras automáticas.

“La protección  de las personas con discapacidad y la prevención de riesgos no son más que excusas de “mal pagador” para limitar nuestro modelo de negocio”, afirma Jiménez Perona.

Un conductor con una discapacidad podrá repostar en una estación, si ésta es accesible, y no necesita un persona como tampoco la necesita para acceder a los servicios sanitarios, de transporte etc. AESAE es consciente de ello y por eso piden a todas las Comunidades, en palabras de Manuel Jiménez Perona, que “exijan  a todas las estaciones donde el cliente reposta, la Ley de Accesibilidad de 2013, ya que aún no se está exigiendo”.

Extremadura cuenta con 23 estaciones de servicio automatizadas en toda la Comunidad, según cifras de AESAE. Esto la convierte en la séptima Comunidad con más puntos de repostaje de este tipo. Este número supone el 3,75% del total de las gasolineras de este tipo que hay en España. “Durante el año y medio que llevamos luchando, hemos conseguido resultados muy positivos a nivel nacional”, explica el presidente.

Aproximadamente, de las 11.180 estaciones de servicio que existen en España, tan solo unas 560 son automatizadas. Este dato representa el 5% de las gasolineras que hay en España.

Extremadura cambiará su Ley de gasolineras Low Cost menos de un año después de entrar en vigor

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En agosto del 2017 entró en vigor la normativa que modificaba la Ley del Estatuto de Consumidores de Extremadura por la que se exigía a las gasolineras que operan bajo el modelo de low cost a contar con al menos un trabajador mientras permanecieran abiertas desde las siete de la mañana a las diez de la noche. La justificación última de la Ley era defender los derechos de las personas con minusvalía a la hora de repostar.

La ley era una reivindicación de la asociación de estaciones de servicio extremeñas (ARESEX) –prometida durante la campaña electoral por el presidente Vara durante el mandato de Monago- y que seguía el recorrido normativo de otras comunidades autónomas con legislaciones similares. Sin embargo, desde la administración central, este tipo de normativas no se ha visto nunca con buenos ojos ya que choca contra la legislación europea y también contra la española, al considerar el Ministerio de Industria que invade sus competencias sobre el actual modelo de estaciones de servicio.

Por su parte, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) apoya la postura del Ministerio de Industria ya que considera que no hay razones objetivas de contar con un empleado con horario fijo si se cumplen con la legislación exigida por el Ministerio, incluidas las de accesibilidad para personas con minusvalía. La normativa extremeña dejaba fuera de esta obligatoriedad a los postes de carburantes instalados en las cooperativas agrícolas.

La Administración central incluso llegó a plantearse con las comunidades autónomas que cuentan con legislaciones similares ir al Tribunal Constitucional para que dirimiera el conflicto. Y en el caso extremeño, antes de judicializar el caso, la Junta de Extremadura ha acordado con el gobierno un cambio en la normativa para tratar de acercar posturas. Siempre con la idea de garantizar el acceso a personas con discapacidad. La Junta asegura que lo hará “con pleno respeto a la normativa estatal y al ordenamiento de la Unión Europea en cuanto resulten de aplicación”. Una compleja solución porque el actual modelo de gasolineras de la legislación española permite la apertura y gestión de las denominadas gasolineras automáticas conocidas como low cost.

Desde el sector de las gasolineras low cost aseguran que la normativa de contar con un empleado en horario fijo ha supuesto un encarecimiento de los carburantes que pagan los conductores al tener que repercutir los costes. El Ministerio de Industria siempre ha apostado en los últimos años por una mayor liberalización del sector de los hidrocarburos desde el punto de vista comercial, para tratar de abaratar sus costes por ser uno de los productos que más peso tiene en la confección del IPC.

Refinería Balboa S.A. en fase de liquidación 13 años después de presentarse su proyecto para producir 110.000 barriles diarios

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Casi seis años después que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que por entonces dirigía el actual Comisario Europeo de la Energía, Miguel Arias Cañete, emitiera la propuesta de Declaración de Impacto Ambiental desfavorable para la Refinería Balboa promovida por el grupo Alfonso Gallardo, el Boletín Mercantil de Badajoz incluye la liquidación de la sociedad. El pasado día 11 de enero, se anunciaba las revocaciones de los apoderados –José Labrador y  Edgar Rasquin– y de los apoderados solidarios, Carlos Garrido y Lucía del Pilar Ramírez.

El empresario Alfonso Gallardo comenzó su proyecto de refinería en el año 2005 y tuvo que esperar seis años y medio para que la administración central lo rechazara tras años y años de indefinición. Al final, han pasado 13 años desde que presentara su proyecto hasta que la empresa definitivamente  entre en fase de liquidación.

El proyecto de la Refinería Balboa ha echado definitivamente el cierre el día de la Huelga General del 29-M. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Miguel Arias Cañete ha emitido una propuesta de Declaración de Impacto Ambiental desfavorable que se basa especialmente en el “potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana” que tendría el proyecto.

Según recogió el comunicado emitido por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente en marzo de 2012, “los técnicos consideran que esta iniciativa es ambientalmente inviable por su potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana, el más emblemático de la red española de espacios protegidos, así como por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada biodiversidad como es la reserva de pesca marítima Frente de Doñana”.

Además, se consideraba que este proyecto, ubicado a más de 180 kilómetros de la costa, incumple los objetivos de eficiencia energética recogidos en la normativa europea. También destacan su posible impacto sobre la Vía de la Plata y la negativa de Portugal al mismo, así como las dudas de la UNESCO.

El proyecto requería una inversión de 2.100 millones de euros para producir 110.000 barriles de productos petrolíferos diarios. El tiempo de construcción estimado sería de tres años. Los técnicos de la Junta de Extremadura evaluaron que la Refinería generaría 2.100 millones en impuestos especiales y 740 millones en IVA.

El propio Alfonso Gallardo y su entorno tenían claro que si el proyecto no había conseguido el visto bueno de Medio Ambiente tras el paso de tres ministras del PSOE por el Ministerio –Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar– sería muy complicado que un gobierno del PP cambiara de opinión. La última Secretaria de Estado del Cambio Climático del Gobierno del PSOE, Teresa Ribera, fue abiertamente contraria al proyecto.

La planta de Green Fuel en Los Santos de Maimona quiere vender su biodiésel a las grandes petroleras como Repsol y Cepsa

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A la planta de biocarburantes de Greenfuel Extremadura S.A. en Los Santos de Maimona se le queda corta su capacidad actual de producción. La planta tiene en estos momentos autorización administrativa para producir biodiésel con una capacidad de 110.000 tn/año, partiendo de aceites vegetales (girasol, colza, soja), así como de aceites usados de cocina (UCO) y otras materias primas con alto contenido en ácidos grasos. Pero no llega a poder entrar en el circuito de las grandes petroleras como Repsol y Cepsa, clave para el futuro.

Sus propietarios han solicitado a la Junta de Extremadura que le permitan usar otro tipo de aceites de segunda generación, no solo los usados en cocina. Serían residuos o subproductos que quedan del refinado del aceite nuevo, que no tienen porque provenir de frituras ni aceites usados. Y con ello, poder llegar en poco tiempo a una producción de unas 100.000 toneladas. Con una inversión prevista  cercana a los tres millones de euros, sobre todo para su unidad de esterificación, en su punto de mira está a las grandes petroleras para sus mezclas con carburantes convencionales en gasolineras.

Desde sus comienzos en el 2009, ya con la crisis a pleno galope, la planta de Los Santos de Maimona no ha tenido un camino sencillo, con concurso de acreedores incluido del que logró salir y dejar atrás el fantasma de lo ocurrido con el fiasco de la planta de biocarburantes de Valdetorres, que acabó en chatarra.

Actualmente, la producción de la planta de Greefuel Extremadura en Los Santos de Maimona se destina básicamente a la exportación, con mayores costes logísticos, vía puerto.

La Junta saca a concurso el suministro de combustible en gasolineras de su flota de vehículos por 2,3 millones de euros más IVA

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La Junta de Extremadura ha sacado a concurso la convocatoria para el  “Acuerdo Marco para el suministro de combustible de automoción mediante repostaje en estaciones de servicio para la Junta de Extremadura, sus organismos autónomos y otras entidades adheridas”. La entidad adjudicataria será la Consejería de Hacienda y Administración Pública mediante tramitación ordinaria y con un procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. El presupuesto de licitación, con impuestos excluidos, es de 2,3 millones de euros, siendo el valor máximo estimado del acuerdo marco de 4,83 millones de euros.

En los criterios de adjudicación, hasta 100 puntos, se valorarán dos apartados: Por un lado, hasta 60 puntos, el porcentaje a aplicar sobre el precio de venta en surtidor por litro. Y después, hasta 40 puntos, el mayor descuento euros sobre el precio en surtidor en litro suministrado, adicional al porcentaje de descuento ofertado en el apartado.

La fecha límite para la presentación de las ofertas es el día 24 de octubre en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Mérida. Durante dos meses, el licitador estará obligado a mantener la oferta presentada. La Mesa de Contratación se constituirá para la apertura de ofertas económicas   de las empresas admitidas, en acto público, el día 7 de noviembre de 2017 a partir de las 09:00 horas.