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Un Tribunal Internacional da la razón a una empresa con fotovoltaica en Extremadura contra la política de recortes a las renovables de España

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España ha vuelto a ver como un tribunal internacional le daba un varapalo en su política de recorte a las primas a las energías renovables. Y con Extremadura como uno de los protagonistas del litigio. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha emitido a mediados de febrero un laudo condenatorio contra del Reino de España a instancias de la empresa Novenergia, con sede en Barcelona, por haber infringido algunos artículos del Tratado de la Carta de la Energía europeos.

Dicha empresa cuenta con siete plantas solares en nuestro país que suman un total de 24 Mw de potencia instaladas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña y Murcia. Las pérdida reclamadas por la empresa tras el cambio legislativo de primas a las renovables un total de 60,4 millones de euros. El laudo condenatorio ahora emitido, que el Ministerio de Energía puede recurrir en el plazo de un mes, señala una indemnización de 53,3 millones de euros.

Extremadura, la segunda región española con más potencia termosolar instalada y la tercera en fotovoltaica, vuelve a ser así protagonista de la cruzada que varios fondos y empresas multinacionales mantienen contra el Reino de España por su política energética relativa a las renovables, al cambiarse sin retroactividad las reglas de juego cuando ya había comprometido miles de millones de euros de inversiones.

En mayo del 2017, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial, también dio la razón al fondo de inversión Eiser con sede en Luxemburgo en su defensa de las inversiones realizadas de 935 millones de euros en tres plantas fotovoltaicas, dos en Castilla-La Mancha y una en Extremadura.

Actualmente hay más de 25 denuncias ante diferentes instancias internacionales promovidas por multinacionales o grandes fondos internacionales de infraestructuras con intereses de renovables en España.

Los planes del Ministerio de reducir la rentabilidad razonable afectarían a las 584 instalaciones fotovoltaicas extremeñas

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La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha denunciado el ataque al sector y la institucionalización de la inestabilidad jurídica que supondría una nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables, que caería del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020.

Esta medida tendría un impacto importante sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. Una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros. La Comunidad de Extremadura sería una de las más afectadas al ser la tercera región en potencia instalada con 584 instalaciones y 562 MW de potencia instalada.

Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que, de tramitarla vía Orden Ministerial, el ministro Álvaro Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento. Por ello, UNEF considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto.

Además, UNEF ha destacado que el ahorro que este nuevo recorte supondría para el consumidor no será significativo, debido a que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012. A este respecto, ha lamentado que una vez más el sector renovable siga siendo, injustamente, el más perjudicado.

Ilustración: J.C. Florentino

El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial condena a España a pagar 128 millones de euros a la empresa propietaria de la termosolar Astexol-2 en Badajoz

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Una de las termosolares de la empresa Aste objeto del recurso

España puede pagar muy cara su legislación retroactiva en materia de energía renovable que dejó sin primas a grandes y pequeños proyectos termosolares, fotovoltaicos y eólicos durante los últimos años. La Corte de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) ha confirmado que España deberá pagar 128 millones de euros a la multinacional británica Eiser Infrastructure Limited que a través de su filial Energía Solar Luxembourg.

Esta empresa era el accionista mayoritario de Aries Solar Termoeléctrica (Aste) que contaba con dos plantas termosolares de Alcázar de San Juan en Ciudad Real y Astexol-2, promovida por Dioxipe Solar en el término municipal de Badajoz, con 50 Mw de potencia instalada. Entre las tres plantas en cuestión, el grupo fondo británico invirtió en España cerca de 935 millones de euros, aprovechando en parte el Real Decreto 661/2007. La de Badajoz supuso una inversión de 300 millones de euros.

Pero a partir del primer cambio de legislación en 2010, la situación cambió radicalmente y con ella la rentabilidad esperada de sus inversiones. Este primer laudo contra el Estado español tiene gran relevancia porque el CIADI debe pronunciarse sobre una treintena más de demandas de arbitraje presentadas por grandes multinacionales y fondos de inversión. En el ámbito doméstico, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional habían dado la razón a la Administración española.

Según el Ministerio de Industria, que estudia la sentencia, “este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo”.

Ana Belén Esteban Loeches (UNEF): “Las plantas fotovoltaicas son rentables en un sistema sin primas”

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Entrevista con
Ana Belén Esteban Loeches
nueva delegada de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Extremadura

Ana Belén Esteban Loeches es responsable de Desarrollo de Negocio y Representación Institucional de Extremadura en Albufera Cells, empresa filial de Albufera Energy Storage, dedicada a la fabricación de baterías y ubicada en Navalmoral de la Mata. Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación y Diplomada en Ciencias Empresariales, cuenta con una dilatada experiencia representando al tejido empresarial.

¿Cuáles son los principales objetivos con los que asume la representación de UNEF en Extremadura?

Con mi nombramiento, quiero continuar trabajando en la línea del anterior representante de UNEF en Extremadura, Raúl Gracía, para liderar y canalizar las necesidades y los intereses de los ciudadanos y empresas extremeñas en relación con el desarrollo de la energía fotovoltaica en la región, promoviendo al máximo las ventajas locales. Además, actuaré como representante del sector ante las administraciones públicas, con el objetivo de establecer canales de comunicación con ellas, de intentar alcanzar una simplificación administrativa, reduciendo el número de trámites, y para que se adapten los sistemas de gestión telemática para facilitar la comunicación entre la administración y los consumidores finales a través de los empresarios autorizados del sector.

Extremadura es una de las tres regiones españolas con más potencia instalada de fotovoltaica sí como en producción. Sin embargo, debido a las trabajas legislativas, el parón inversor y en nueva potencia dura ya varios años ¿Sigue existiendo interés real por parte de las empresas de aquí y foráneas en invertir en fotovoltaica en Extremadura?

Por supuesto sigue existiendo interés para la fotovoltaica, tecnología que a nivel internacional ha demostrado haber alcanzado un alto de nivel de competitividad, que hace que sea no solo una fuente de energía limpia, sino también barata. En los últimos años las inversiones en fotovoltaica se han reducido en nuestro país por la inseguridad jurídica creada por la modificación del sistema de primas por parte del Estado.

¿Al tener muchas zonas rurales y dispersas, el autoconsumo fotovoltaico tiene más razón de ser aún en la región? ¿se apoya lo suficiente a nivel regional?

En autoconsumo hay muchas oportunidades, tanto en instalaciones aisladas como conectadas a red. Disponemos de una buena zona de radiación y con pequeñas inversiones se obtienen buenos rendimientos. Para el autoconsumo con conexión a red hay que luchar para eliminar el impuesto al sol y poder competir en libre mercado.

¿La bajada en el precio de los paneles y la infraestructura solar permitirá acometer en el futuro mayores proyectos acercándose la rentabilidad al del precio del pool de la electricidad sin primas?

El estado de la tecnología actual y los costes se acerca ya mucho a la paridad. Las plantas fotovoltaicas son rentables en un sistema sin primas, siempre y cuando exista un marco normativo y regulatorio que garantice la seguridad jurídica.

Un estudio entre inversores de proyectos renovable sitúa los riesgos legales por encima de los financieros o técnicos

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El  estudio ‘Riesgos en los proyectos de Energías Renovables’, realizado por Blue Tree Asset Management (BTAM) -compañía especializada en la gestión integral de proyectos de energía renovable- y la firma legal CMS Albiñana & Suárez de Lezo, en la que han participado 110 inversores en proyectos de energía renovable de 7 países, sitúa a los riesgos legales y regulatorios por delante de los riesgos financieros en este tipo de proyectos. Mientras, los menos importantes y más controlados serían los riesgos técnicos.

En el ámbito técnico, el 63% de los encuestados consideran que el riesgo más importante deriva de fallos de equipo y de la falta de garantías por parte del fabricante. A su vez, el 70% considera que la principal vía para mitigar los riesgos técnicos es la elaboración y negociación de contratos de operación y mantenimiento (O&M) de calidad.

En el ámbito de la gestión del impacto medioambiental, el 57% considera que el reciclaje es el mayor riesgo y un 67% respalda que se definan acuerdos con los proveedores de O&M para la puesta en marcha de políticas medioambientales.

En términos de protección de la Biodiversidad, el 56% de los encuestados considera que el uso indebido de productos fitosanitarios representa el mayor foco de riesgo por su impacto en la flora y fauna. Para reducir estos riesgos, la mayoría de ellos coincide en la necesidad de exigir un seguimiento exhaustivo de los planes de acción en materia medioambiental y social en las fases de operación y mantenimiento (O&M).

En la categoría de participación en la comunidad y su desarrollo, el 69% de los inversores considera que el principal riesgo es la oposición que se encuentra por parte de las comunidades locales. Un riesgo que el 67% considera que se puede reducir si se lleva a cabo una comunicación activa y se establecen canales de diálogo con los actores claves.

En cuanto a los riesgos relacionados con los Recursos Humanos, Derechos Humanos y la No Discriminación, destaca en primer lugar la posibilidad de que se produzcan negligencias en ámbitos como la salud o la seguridad. Para mitigar estos riesgos, destaca la supervisión de las directrices y protocolos existentes en estos ámbitos.

En cuanto a los riesgos en el ámbito financiero, el 72% de los inversores considera que la falta de cumplimiento en términos financieros es el riesgo principal. Para evitarlo, se percibe como una medida acertada la implicación de asesores externos.

La “Clean Energy For All Europeans”: menos ambición, más herramientas

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Por Daniel Pérez Rodríguez y Piet Marco Holtrop
de HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law

El Comisario Cañete lo presentó personalmente en su discurso de inauguración del III Foro Solar de UNEF el día 29 del pasado noviembre: “El Winter Energy Package”. Al día siguiente, la Comisión Europea publicó oficialmente su propuesta legislativa en materia energética para el periodo 2021-2030.

Dicha propuesta se compone de varias Directivas, Reglamentos y Comunicaciones, normas que aún tienen que ser debatidas y aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Debe señalarse, además, que los objetivos globales, que carecen de la más mínima ambición (sólo 27% de renovables en 2030, cuando en 2020 ya se habrá llegado al 20%) previstos en la propuesta fueron ya marcados por el Consejo Europeo, quedando atada por ellos la Comisión Europea.

Lo que ahora se discute, por tanto, es la letra pequeña de esos modestísimos objetivos, y en términos globales, puede decirse que la propuesta es muy positiva, pues establece límites precisos a la actuación de los Estados Miembros, lo que garantizará una cierta armonización legislativa y evitará que los Estados más díscolos actúen sin freno alguno, como ha sido hasta ahora, y de momento, el caso de España.

Primero, es preciso poner de manifiesto que el punto de partida para calcular los objetivos a 2030 son los objetivos a 2020, con independencia de si un país los alcanzó o no (artículo 3.3). En otras palabras, aunque España no llegue al 20% de renovables en 2020, a efectos de repartir esfuerzos para 2030, se considerará que ha llegado, y por tanto, se verá obligada a hacer un esfuerzo extra, para cumplir con los nuevos deberes y terminar los anteriores.

En relación con los sistemas de apoyo para nuevas instalaciones (artículo 15.3), la propuesta de Directiva obliga a los Estados a definir un calendario de asignaciones para al menos los 3 años siguientes, en el que se especifique la fecha de la subasta, la capacidad a asignar y el presupuesto previsto. Asimismo, el artículo 15.9 establece un mandato a los Estados de eliminar los obstáculos a los contratos bilaterales, como herramienta para poder financiar nuevas instalaciones de renovables.

En lo que respecta al procedimiento de autorización (artículo 16), la propuesta de Directiva opta por un sistema de “ventanilla única”, con un instructor del procedimiento que coordine todo el proceso de autorización. Ese instructor debe guiar al solicitante durante el proceso y emitir, al final del mismo, una decisión legalmente vinculante sobre la autorización o no de la instalación.

Asimismo, dicho órgano tiene que publicar un manual de procedimientos para los desarrolladores de proyectos renovables, incluyendo proyectos de pequeña escala y de autoconsumo. Más importante aún, el proceso de autorización no puede, por regla general, durar más de 3 años, o 1 año si se trata de repotenciaciones.

La excepción al procedimiento general la encontramos en el artículo 17, que regula los procedimientos simplificados, aplicables a instalaciones experimentales o de una potencia menor de 50 kW, que deben poder ser conectados a la red con una mera notificación a la distribuidora.

Además, en un artículo dedicado sin duda al reino de España, como es el 6, la Directiva señala que los Estados deben asegurarse que el nivel y las condiciones de los sistemas de apoyo a proyectos renovables adjudicatarios de retribución no puede revisarse de forma que impacte negativamente en derechos conferidos a esos productores. Según el actual redactado, los Estados no pueden imponer cambios retroactivos, salvo en caso de que la medida se declarase ayuda de Estado incompatible.

En cuanto al autoconsumo, la Directiva contiene, en su artículo 21, un elenco de derechos de los autoconsumidores, tales como recibir una remuneración por su energía excedentaria, no tener que abonar cargos desproporcionados por autoconsumir, o poder realizar autoconsumo compartido entre los habitantes de un bloque de edificios, sector comercial o de servicios o red de distribución cerrada. Y el artículo 22 reconoce la figura de las “comunidades energéticas renovables”, que tienen derecho a generar, consumir, almacenar y vender energía renovable.

Finalmente, hay que destacar la incorporación a la Directiva de los sistemas de refrigeración y calefacción (District Heating and Cooling) como mecanismo para cubrir las necesidades térmicas mediante fuentes renovables (artículo 24).

A la vista de todas estas medidas concretas previstas en la Directiva, la valoración de la norma, desde una óptica española, tiene que ser necesariamente positiva. Es cierto que desaparece la prioridad de despacho (salvo excepciones) de las renovables y que no se establece claramente la prohibición de imponer cargos por autoconsumir energía. Y es cierto que visto desde otros países, como Alemania o Dinamarca, la Directiva no añade apenas nada respecto a su regulación existente.

Pero si se contrasta con la normativa española, el texto de Directiva supone un gran avance respecto de la situación actual, y podría suponer un gran impulso a las renovables, tanto en la vertiente de las grandes plantas como para el autoconsumo. Para las grandes plantas, que tanto cuesta tramitar en nuestro país, un procedimiento sencillo, de máximo 3 años y con ventanilla única, podría animar a más desarrolladores a plantearse proyectos en España, tanto con prima (y esta vez, con seguridad jurídica) como a mercado/bilateral.

Y en autoconsumo, un sistema con venta de excedentes garantizada para todos, con tramitación simplificada y con la posibilidad de autoconsumo compartido, supondría una notable mejora respecto a la situación actual, con una norma diseñada sólo para gente de poder adquisitivo superior, reforzando así la estigmatización puesta por sus autores al autoconsumo.

Por tanto, como anticipaba el título de este artículo, si bien los objetivos carecen de ambición, la propuesta de Directiva dota a la Comisión de herramientas efectivas para poder actuar en caso de que los Estados se desvíen del cumplimiento del Derecho Europeo. Con esas reglas del juego (y con una Comisión que esté alerta), las renovables podrán desarrollarse en mejores condiciones en España.

Ahora sólo queda pedir más ambición a los Estados Miembros, recordándoles que el objetivo del 27% es sólo un mínimo, y que ellos son libres (y de hecho, deberían) de fijarse objetivos más ambiciosos que permitan hacer frente con garantías al problema más grave al que se enfrenta la Humanidad, que es el cambio climático.

La Junta subvencionará proyectos de autoconsumo hasta que se elimine el “impuesto al sol” del Gobierno central

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El consejero de Economía e Infraestructuras de Extremadura, José Luis Navarro, anunció el pasado mes de julio en una entrevista publicada en el ANUARIO ENERGIA EXTREMADURA 2016, que edita nuestro portal http://www.energiextremadura.com, que antes de finalizar el año habría una línea de ayudas para el fomento del autoconsumo en la comunidad.

El Diario Oficial de Extremadura ya ha publicado la línea de ayudas, por importe de 4,3 millones de euros, y que establece tres tipos de ayudas. La primera está dirigida a personas físicas respecto a viviendas de su propiedad así como a comunidades de propietarios. En la segunda, los beneficiarios podrán ser los municipios, y en la tercera, las ayudas se destinan a empresas, autónomos y proveedores de servicios energético. La cuantía de las subvenciones se sitúan en torno al 40% de la inversión subvencionable.

Según el consejero extremeño, “las instalaciones de fotovoltaica para el autoconsumo son rentables por sí mismas en todo el mundo menos en España por el insólito “impuesto al sol”, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2015″.

Entre las actuaciones subvencionables figuran tanto los paneles solares fotovoltaicos hasta 5 kilovatios en el caso de las viviendas, hasta las instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas. También podrán acogerse a ayudas las instalaciones que produzcan energía térmica con biomasa así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por quemadores de biomasa. También está abierta la convocatoria a instalaciones de biogás, geotermia o hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.