legislación
Juan Virgilio Márquez (Asociación Empresarial Eólica): “Necesitamos la colaboración de las distintas administraciones para agilizar los trámites burocráticos y que no se conviertan en cuello de botella”
Entrevista a
Juan Virgilio Márquez
Director General de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)
Extremadura ha dejado de ser una de las dos únicas regiones españolas –la otra es la Comunidad de Madrid– que nos disponían de energía de generación eólica, tras la apertura del parque de la Sierra del Merengue en Plasencia.
¿Qué puede suponer para el sector eólico en su conjunto la tramitación y puesta en marcha de los MW de potencia asignados en las últimas subastas ministeriales?
España es ya una potencia de primer nivel, es el quinto país en potencia instalada y el cuarto exportador de aerogeneradores a nivel mundial. En la última década, el sector exportó por un valor total de 22.921 millones de euros, que equivaldría a un 1,07% de las exportaciones totales de España en el periodo. Las subastas que se han celebrado en España en 2016 y 2017 han dado un impulso al sector eólico, tras tres años en los que sólo se habían instalado 65 MW eólicos en el país – frente a los 2.334 MW del trienio anterior – y en los que la industria se ha visto obligada a exportar el 100% de su fabricación. El resultado de las subastas ofrece perspectivas optimistas para el sector eólico. Somos un sector que ha sabido soportar la crisis, soportar la reforma, y reorientar su actividad para ser un player de referencia a nivel mundial.
Lo importante ahora es que se hagan a tiempo los proyectos de los más de 4.600 MW adjudicados en las tres últimas subastas para computar en los objetivos europeos de 2020. El sector confía en que todos los actores implicados -promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, etcétera- pongan de su parte para ello.
La eólica se ha convertido en la renovable de mayor participación en el mix energético español ¿qué capacidad real de aumento tendría la eólica?
El sector eólico español cuenta con amplia experiencia y ha demostrado que sabe hacer frente a los retos de forma sostenible. En el análisis elaborado por AEE “Elementos necesarios para la transición energética. Propuestas para el sector eléctrico”, la potencia eólica instalada en 2020 alcanzaría los 28.000 MW (teniendo en cuenta las subastas de nueva potencia ya adjudicadas en 2016 y 2017 y el cupo eólico canario), por lo que la potencia eólica aumentaría en 1.700 MW anuales de media entre finales de 2017 y principios de 2020. En la década siguiente aumentaría en 1.200 MW al año de media hasta 2030, alcanzándose los 40.000 MW de potencia instalada.
Gracias a la nueva potencia eólica del escenario AEE, las emisiones del sector eléctrico español se reducirían para 2020 en un 30% respecto a 2005 (año de referencia para el sistema europeo de comercio de emisiones, ETS en su acrónimo en inglés) y un 42% para 2030. En el escenario AEE se alcanzaría el 100% de la descarbonización del sistema eléctrico para 2040. Para llevar a cabo la instalación de la nueva potencia eólica es necesario contar con sencillez, estabilidad y seguridad en la regulación. La potencia instalada en 2020 debería ser de 28.000 MW.
Extremadura ha inaugurado en Plasencia su primer parque eólico, tras muchos años de vaivenes legislativos ¿Hay posibilidades reales de que haya más parques eólicos en Extremadura?
En España existe una cartera de proyectos maduros y viables que son anteriores a la moratoria renovable y que se han terminado de desarrollar estos años. Algunos de estos proyectos se llevarán a cabo gracias a las subastas, pero también se instalarán otros fuera de las subastas. Puede darse el caso de que algunos promotores que ya dispongan de financiación y de proyectos avanzados hayan preferido no presentarse a las subastas y evitar así los costes financieros de los avales. Otros han preferido presentarse para obtener ese nivel de ingresos mínimo que les facilita la financiación de los parques.
Necesitamos de la colaboración de las distintas administraciones para agilizar los trámites burocráticos y que éstos no se conviertan en cuello de botella. En el caso de Extremadura, la experiencia de los promotores es que la Administración Autonómica es consciente de esta necesidad y cuenta con un equipo de personas dedicadas expresamente a la tramitación de los proyectos de renovables, tanto en la parte de Industria como en la de Medio Ambiente.
Un Tribunal Internacional da la razón a una empresa con fotovoltaica en Extremadura contra la política de recortes a las renovables de España
España ha vuelto a ver como un tribunal internacional le daba un varapalo en su política de recorte a las primas a las energías renovables. Y con Extremadura como uno de los protagonistas del litigio. La Cámara de Comercio de Estocolmo ha emitido a mediados de febrero un laudo condenatorio contra del Reino de España a instancias de la empresa Novenergia, con sede en Barcelona, por haber infringido algunos artículos del Tratado de la Carta de la Energía europeos.
Dicha empresa cuenta con siete plantas solares en nuestro país que suman un total de 24 Mw de potencia instaladas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña y Murcia. Las pérdida reclamadas por la empresa tras el cambio legislativo de primas a las renovables un total de 60,4 millones de euros. El laudo condenatorio ahora emitido, que el Ministerio de Energía puede recurrir en el plazo de un mes, señala una indemnización de 53,3 millones de euros.
Extremadura, la segunda región española con más potencia termosolar instalada y la tercera en fotovoltaica, vuelve a ser así protagonista de la cruzada que varios fondos y empresas multinacionales mantienen contra el Reino de España por su política energética relativa a las renovables, al cambiarse sin retroactividad las reglas de juego cuando ya había comprometido miles de millones de euros de inversiones.
En mayo del 2017, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que depende del Banco Mundial, también dio la razón al fondo de inversión Eiser con sede en Luxemburgo en su defensa de las inversiones realizadas de 935 millones de euros en tres plantas fotovoltaicas, dos en Castilla-La Mancha y una en Extremadura.
Actualmente hay más de 25 denuncias ante diferentes instancias internacionales promovidas por multinacionales o grandes fondos internacionales de infraestructuras con intereses de renovables en España.
Los planes del Ministerio de reducir la rentabilidad razonable afectarían a las 584 instalaciones fotovoltaicas extremeñas
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha denunciado el ataque al sector y la institucionalización de la inestabilidad jurídica que supondría una nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables, que caería del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020.
Esta medida tendría un impacto importante sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. Una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros. La Comunidad de Extremadura sería una de las más afectadas al ser la tercera región en potencia instalada con 584 instalaciones y 562 MW de potencia instalada.
Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que, de tramitarla vía Orden Ministerial, el ministro Álvaro Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento. Por ello, UNEF considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto.
Además, UNEF ha destacado que el ahorro que este nuevo recorte supondría para el consumidor no será significativo, debido a que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012. A este respecto, ha lamentado que una vez más el sector renovable siga siendo, injustamente, el más perjudicado.
Ilustración: J.C. Florentino
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