AHORRO ENERGÉTICO
El MITECO lanza las subastas de ahorro de energía para reforzar el sistema de Certificados de Ahorro de Energía
El Ministerio para la Transición y Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) quiere fomentar más la inversión en eficiencia energética mediante la celebración de subastas de ahorro de energía que actúen como un mecanismo complementario al Sistema de Certificados de Ahorro de Energía (CAE). A tal efecto ha iniciado la audiencia pública de un Proyecto de real decreto por el que se modifica el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético, disponible aquí.
El Sistema de CAE ha experimentado un crecimiento muy notable desde su lanzamiento, hace tan solo tres años. En este tiempo se han recibido más de 9.400 solicitudes de CAE, de las que se han resuelto favorablemente unas 7.000 –hay más de 1.300 en tramitación–, ligadas a un ahorro certificado superior a los 7.700 GWh.
Durante este tiempo también se han identificado mejoras que pueden incorporarse al marco jurídico para aumentar su eficacia y adaptarlo a la evolución normativa europea y española, consolidando el sistema de CAE como uno de los principales instrumentos para cumplir los objetivos de eficiencia energética.
La principal novedad del proyecto normativo es la introducción de un mecanismo de subastas de ahorro de energía que canalicen la inversión hacia actuaciones centradas en determinadas tecnologías, como de movilidad eléctrica, determinadas actuaciones, como la rehabilitación integral de bloques de pisos, determinados beneficiarios, como pymes o población vulnerable, o que, por poner otro ejemplo, reduzcan drásticamente las emisiones de carbono, siempre y cuando supongan un ahorro de energía.
El MITECO propone incorporar dos tipos de subastas, denominadas subastas de compromisos de ahorro energético y subastas de necesidades de ahorro energético, en las que podrán participar los sujetos obligados y los sujetos delegados del sistema de CAE. Las convocatorias de ambos tipos de subastas definirán los productos a subastar, que se asignarán mediante el procedimiento pay as bid, otorgando al adjudicatario el ahorro energético y el importe económico que había ofertado.
En las subastas de compromisos de ahorro energético se licitaría una prima económica, adicional al valor de los CAE conseguidos al ejecutar la actuación adjudicada, que podrían comercializarse posteriormente, como el resto de CAE del sistema, hasta su liquidación.
En las subastas de necesidades de ahorro energético, en cambio, se licitaría una cantidad económica por la actuación adjudicada, cuyos CAE computarían en la consecución de los objetivos de ahorro del país, pero se liquidarían sin posibilidad de comercialización posterior. El ahorro energético subastado, por otro lado, sería adicional al volumen de ahorro repartido anualmente entre los sujetos obligados.
En ambos casos habría un proceso de precalificación y calificación de los participantes, y las subastas, organizadas por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), contarían con precios de riesgo y reserva, para evitar ofertas temerarias y costes muy elevados, respectivamente.
Ambos tipos de subasta permitirán incentivar actuaciones menos atractivas a corto plazo por sus largos períodos de retorno económico, así como responder a necesidades de política energética o social, reforzando con ello el sistema de CAE.
Se prevé que la financiación de las subastas pueda corresponder tanto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) como a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de este modo, se solicitará a la Comisión Europea la confirmación del encaje del proyecto regulatorio en la legislación comunitaria en materia de Ayudas de Estado.
Asimismo, el proyecto normativo desarrolla –conforme al Real Decreto-ley 7/2026– una plataforma electrónica integral del sistema de CAE, así como la mejora de los procedimientos ya existentes, las definiciones, las funciones y los requisitos de los distintos participantes en el sistema CAE.
El 66% de los municipios españoles bonifican el autoconsumo con deducciones en el IBI
El 66% de los municipios españoles cuenta con ordenanzas fiscales que bonifican el autoconsumo mediante reducciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Así lo refleja el informe Incentivos fiscales al autoconsumo, publicado este lunes por la Fundación Renovables con el apoyo de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Pese a ello, no todos los municipios establecen los mismos requisitos para acceder a las bonificaciones del IBI por la instalación de cubiertas fotovoltaicas. El 67% de los ayuntamientos que aplican esta bonificación imponen condiciones asumibles, mientras que el 29% exige requisitos más restrictivos, como limitar el beneficio exclusivamente al sector residencial. Por otro lado, el 4% de las ayudas se otorgan bajo condiciones muy restrictivas, lo que dificulta el acceso a las ventajas fiscales.
El documento -que se acompaña de una herramienta web para facilitar localizar estas bonificaciones al autoconsumo- analiza, por séptimo año consecutivo, cómo los municipios de más de 10.000 habitantes fomentan el desarrollo del autoconsumo mediante rebajas fiscales. En estas localidades reside el 80% de la población española y se concentra el 97% de las empresas del país, por lo que representan, de forma bastante precisa, la fiscalidad vigente respecto al autoconsumo.
En total, hay 32.190.370 ciudadanos -el 81% de quienes habitan estos municipios- que pueden solicitar esta bonificación. Además del IBI, la publicación analiza el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos tributos de competencia municipal con un gran potencial para incentivar la instalación de placas solares.
Los resultados revelan que el 76% de los ayuntamientos bonifican el ICIO si se realizan instalaciones de autoconsumo. En este caso, los requisitos son generalmente laxos, ya que el 93% de las ordenanzas que contemplan rebajas fiscales presentan condiciones asumibles, frente al 5% que establece condiciones restrictivas y un 2% requisitos muy restrictivos.
En cuanto al IAE, el 71% de los municipios ofrece bonificaciones si hay autoconsumo fotovoltaico. De estas ayudas, el 70% contempla condiciones asumibles, mientras que el 30% impone requisitos restrictivos.
Los datos de este año son bastantes similares a los de 2025 (67%). En comparación con las primeras planillas hay una clara y marcada tendencia al alza de estos incentivos. En 2021, cuando la Fundación Renovables publicó la primera edición de este informe, el 48% de los municipios bonificaban el IBI para instalaciones de autoconsumo. Desde entonces, se ha producido un incremento de 18 puntos porcentuales en apenas siete años.
Raquel Paule, directora general de Fundación Renovables: «Después de años analizando las bonificaciones que ayudan a reducir la barrera que supone la inversión inicial, nos hemos encontrado con una reforma crucial que supone un salto de escala en el apoyo al autoconsumo: la nueva deducción del IRPF. Por primera vez, el beneficio fiscal deja de depender de la existencia de bonificaciones locales y pasa a tener un alcance nacional, permitiendo que todo el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a un incentivo económico para instalar autoconsumo fotovoltaico»
José Donoso, director general de UNEF: “El autoconsumo no es solo una forma de luchar contra el cambio climático, es un motor de crecimiento y desarrollo económico. Cuando un hogar o empresa genera su propia energía, reduce su factura, contribuye a la independencia energética de todo el país y da flexibilidad al sistema, reduciendo la necesidad de nuevas inversiones. Por ello, la política energética de los próximos años debe apostar por extender los beneficios de la energía solar a todos, nunca por ponerle puertas”.
Durante 2025 se instalaron 540 MWh nuevos de almacenamiento para autoconsumo en España
La apuesta de los autoconsumidores por el almacenamiento de energía solar ha aumentado considerablemente el año pasado, en el que la instalación de baterías para autoconsumo ha aumentado un 65%, según el último estudio de la asociación de la asociación de fotovoltaica y almacenamiento de energía, UNEF.
El crecimiento ha sido especialmente pronunciado en los hogares, en los que el ritmo de instalación de baterías ha incrementado un 99% en 2025. De hecho, el 61% de las nuevas soluciones de autoconsumo residencial que se instalaron el año pasado ya incorporaban almacenamiento.
Este incremento, sumado al creciente interés por el almacenamiento de energía en los sectores comercial e industrial, supuso que durante el año pasado se instalasen 540 MWh, frente a los 327 MWh que se instalaron en 2024.
Esto supone un paso importante en la resiliencia del sistema eléctrico y su flexibilidad, así como en la independencia y ahorro de los consumidores, como destaca José Donoso, director general de UNEF:
“Los avances tecnológicos y la importante reducción del coste de las baterías de los últimos años, están posibilitando ya un despliegue importante de baterías en las soluciones de autoconsumo. Esto es un paso muy importante para la resiliencia del sistema eléctrico y de los consumidores, que pueden, gracias a la suma de baterías y tecnología fotovoltaica; aprovechar al máximo el gran recurso solar renovable y gratuito que tenemos en España”.
Desde UNEF subrayan sin embargo que, para que las ventajas del almacenamiento de energía renovable terminen de llegar a los consumidores, es importante que se apruebe lo antes posible el nuevo Real Decreto de Autoconsumo y Almacenamiento Distribuido anunciado.
Especialmente, desde UNEF se destaca la necesidad de que se reconozca la posibilidad de compartir excedentes y el reconocimiento del almacenamiento distribuido. Además, UNEF aboga por que se incentive el ahorro de energía y la eficiencia dando mayor peso al término variable de la energía en la factura eléctrica.
Además, desde UNEF reclaman que el nuevo RD de Autoconsumo y Almacenamiento distribuido permita agilizar y simplificar trámites. En concreto, la exención del permiso de acceso y conexión para instalaciones de menos de 15kW de potencia inyectada a la red, y no de potencia instalada, o que la tramitación simplificada aplique a todos los proyectos de hasta 500kW de capacidad de acceso.
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