ADIF pone en marcha el proyecto para las futuras subestaciones eléctricas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas de la alta velocidad

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La línea de alta velocidad de Madrid a Badajoz también transporta nuevas infraestructuras eléctricas. ADIF, el organismo que administra las infraestructuras ferroviarias en España, ha iniciado los trámites para la electrificación de la línea entre Plasencia y Badajoz. Ya está en marcha el proceso de información pública para llevar a cabo las expropiaciones de terrenos necesarias.

Las tres ubicaciones claves en la electrificación de este tramo del futuro tren de altas prestaciones de Madrid a Badajoz están en Cañaveral, Carmonita y Sagrajas, para la construcción de las subestaciones eléctricas de tracción.

El proyecto consiste en construir las subestaciones eléctricas de tracción y centros asociados de la línea del AVE en las áreas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas. La previsión de ADIF pasa por expropiar más de 43.00 metros cuadrados de suelo rural en los municipios de Badajoz, Mérida, Cáceres y Malpartida de Plasencia.

Está prevista, en el proyecto original, la construcción de una nueva subestación eléctrica en cada una de las zonas, con centro de autotransformación final incluido y tres centros de autotransformación intermedios.

En el caso de la subestación proyectada en Cañaveral, es la que debe dar suministro al tramo de Plasencia y Cáceres, mientras que la de Carmonita lo dará en el tramo de Cáceres-Mérida, con centros intermedios en ambas localidades. Mientras la de  Sagrajas, en el municipio pacense de Pueblonuevo del Guadiana, será la que aporte al suministro al futuro tramo ferroviario entre la capital extremeña y Badajoz capital, antes de su llegada a la frontera portuguesa.

Estas subestaciones también serán claves en el futuro para la evacuación de energía eléctrica de distintos proyectos fotovoltaicos que se proyectan en Extremadura actualmente.

Endesa y el Ayuntamiento de Badajoz se coordinan para dar información sobre el nuevo bono social

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ENDESA EXTREMADURA

Representantes de Endesa de Atención al Cliente se han reunido con la Concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, y con el director del Instituto Municipal de Servicios Sociales, José Antonio Expósito, con el fin de informar sobre las características del nuevo Bono Social que el Gobierno puso en vigor el pasado mes de octubre.

Esta reunión tiene como finalidad que los trabajadores sociales, que cada día están en contacto con las personas susceptibles de acogerse al Bono Social, puedan dar la mejor información sobre este beneficio que las familias tienen que solicitar antes del 9 de abril, ya que la aplicación del nuevo Bono Social no es automática para aquellos que disponían de este beneficio anteriormente.

De hecho, según los datos de Endesa en la provincia de Badajoz, la compañía cuenta con 29.290 clientes con esta modalidad (datos cierre enero 2018), de los cuales sólo 400 ya se encuentran adheridos al nuevo Bono Social (es decir, un 1,4%) y el resto pertenecen al antiguo Bono Social, por lo que tienen que volver a tramitar la solicitud, según establece la ley. Precisamente este ha sido uno de los temas que más se ha puesto de relieve en la sesión formativa.

El Bono Social se aplica a las familias acogidas al PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor) y su formulación tiene varias categorías:

-Por un lado los considerados consumidores vulnerables. Aquellos con rentas bajas según los criterios establecidos por el gobierno y referenciados al IPREM según se trate de familias con o sin menores a su cargo, las familias numerosas y unidades familiares con cuantía mínima de pensión por jubilación o incapacidad permanente. A esta categoría se aplica un 25% de descuento en la factura.

-Los consumidores considerados vulnerables severos, con rentas aún más bajas que las anteriores, también establecidas por el gobierno y cuya referencia sería la mitad de las de los consumidores vulnerables. Con descuentos del 40%.

-Y los consumidores en riesgo de exclusión social. Estos consumidores deben cumplir con los requisitos marcados por el gobierno para ser considerados consumidores vulnerables severos. Además, los Servicios Sociales deberán asumir el pago de al menos el 50% de la factura, asumiendo el resto del importe las Comercializadoras. En todo caso serán los Servicios Sociales quienes determinen a qué consumidores se les considerará en riesgo de exclusión social.

Las familias que antes tenían Bono Social tienen que volver a solicitarlo,  una vez se conceda tiene duración de dos años, debiéndose renovar antes de finalizar el periodo, salvo el caso de las familias numerosas que su plazo de vigencia en tanto no venza el título de familia numerosa, debiendo renovar el Bono Social cuando renueven este título. La condición de “riesgo de exclusión social” se considerará factura a factura, siempre que los Servicios Sociales lo determinen y estos financien al menos el 50% de la factura.

Desde Endesa se está trabajando en la aplicación de la nueva normativa sobre Bono Social desde la entrada en vigor de la misma, informando a los clientes a través de la factura y manteniendo reuniones y jornadas informativas con ayuntamientos, administraciones autonómicas y organizaciones no gubernamentales para difundir y explicar el nuevo Bono Social.

Iberdrola invertirá 32.000 millones de euros entre 2018 y 2022, especialmente Redes y Renovables

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Iberdrola invertirá 32.000 millones de euros durante el período 2018-2022, sentando las bases para un crecimiento sostenible en la próxima década. Más de un 90% del total se destinará a actividades reguladas o con contratos a largo plazo, de acuerdo con la estrategia del grupo de centrarse en negocios con retornos estables y predecibles.

Así, 15.500 millones de euros -cerca del 50% del total- se destinará a Redes, 11.500 millones de euros -un 37% de la inversión-, a Renovables y 2.800 millones de euros -un 9%-, a Generación y Clientes. El 4% restante -1.400 millones de euros- corresponderá a Generación Contratada.

Ignacio Galán, presidente del grupo, ha asegurado que “el plan es totalmente coherente con nuestra estrategia de los últimos años, al tiempo que aprovecha las oportunidades que brinda el nuevo entorno digital. En esencia, continúa centrando el crecimiento en oportunidades específicas de negocios regulados y con contratos a largo plazo, que ofrecen visibilidad de los ingresos, mantienen una cartera de proyectos diversificada geográficamente y permiten un mayor crecimiento más allá de ese marco temporal”.

Parte de las inversiones previstas -un 75%- está ya comprometida o prácticamente asegurada. Por divisas, un 38% se ejecutará en dólares, un 25% en euros, un 19% en libras esterlinas y un 18% en reales brasileños.

Gracias a estas inversiones, la compañía prevé incrementar su potencia renovable un 24% respecto al cierre de 2017, hasta los 36.200 megavatios (MW). También aumentará su capacidad de almacenamiento, que pasará de los 80 gigavatios hora (GWh) actuales a 100 GWh al final del periodo (+25%).

Por lo que respecta al negocio de Redes, la empresa experimentará un crecimiento del 38% en su base regulatoria de activos, alcanzando los 40.000 millones de euros respecto al pasado ejercicio, especialmente en Brasil y Estados Unidos.

Además, la capacidad de generación contratada aumentará hasta los 10.600 MW, un 82% más que la actual. En lo relativo al negocio comercial, el número de servicios a clientes crecerá en nueve millones, hasta alcanzar los 32 millones en 2022 (+40%).

Florentino Pérez venderá sus plantas termosolares extremeñas Extresol 1 y 2 al fondo canadiense Brookfield

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Florentino Pérez, presidente de ACS, vende sus plantas termosolares en Extremadura. Aunque la operación no está cerrada totalmente, el fondo de inversiones canadiense Brookfield lanzará una OPA sobre el 100% de la empresa Saeta Yield, la compañía de renovables que comparten ACS y el fondo GIP. La compañía está valorara en más de 995 millones de euros.

En el mes de marzo de 2016, Saeta Yield cerró la compra de las dos termosolares de ACS en territorio extremeño, las de Extresol 2 y Extresol en el término de Badajoz capital, a la empresa Bow Power, la filial de renovables de ACS y Global Infraestructura Partners. La compra de las dos plantas termosolares se cerró en 119 millones de euros. Las dos plantas plantas termosolares extremeñas han tenido ingresos superiores a los 78 millones de euros anuales con un Ebitda de 53 millones de euros.

Brookfield ha lanzado una OPA tras firmar con ACS y GIP un “acuerdo irrevocable” de compraventa de las participaciones que tienen como socios destacados de la compañía a ambas, con un 24,21% y un 24,01%, respectivamente. Con este acuerdo, ACS prevé unos ingresos de 240 millones de euros según el precio propuesto por el fondo canadiense. La idea de Brookfield es sacar a Saeta Yield de la cotización de la Bolsa española.

El Ministerio de Industria abre la puerta a la subasta de centrales de ciclo combinado, de carbón y nucleares a terceros

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de cierre de centrales de producción de energía.

A través de este proyecto normativo, el Ministerio introduce nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc…).

En la actualidad, el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.

Sin embargo, el Real Decreto que plantea ahora el Ministerio añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.

Además, el Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución en última instancia podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.

En su informe, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el Ministerio en su Proyecto de Real Decreto no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente. Además, le confieren un excesivo  margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico.

En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.

La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.

La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.

Extremadura es la región española donde más han crecido las emisiones de CO2 desde 1990, un 149%

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El Observatorio de la Sostenibilidad ha realizado un informe para analizar las emisiones de CO2 de las diferentes comunidades autónomas españolas durante un largo periodo de tiempo, de 1990 a 2015, y ver su evolución tanto en emisiones fijas (las que proceden de centrales energéticas y de grandes industrias sobre todo) y las difusas (transporte, calefacción.etc). Todos los datos han sido recogidos de fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Respecto al total de las emisiones entre 1990 y 2015, Andalucía y Cataluña suponen cada una un 14% del total emitido, seguida de Castilla y León con un 10%, Galicia con un 9%, Asturias con un 8% o Comunidad Valenciana con un 7%. Mientras, Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura son las que menos emisiones presentan.

Excepto País Vasco, Galicia y las Castillas, que emiten un poco menos 1990, todas las Comunidades Autónomas han aumentado sus emisiones, destacando Extremadura, Murcia, Andalucía, Navarra y Baleares. Según la Directiva europea 406/2009/CE (Decisión de reparto de esfuerzos) España debería  alcanzar una reducción del 10% para el año 2020 y según el Acuerdo de París, las  emisiones se deberían reducir un 40% para el año 2030. Países como Francia y Alemania han reducido ya mucho más sus emisiones de CO2 a la atmósfera.

Si se realiza el mismo análisis per cápita, pero centrados solo en las emisiones difusas, se observa que los mayores valores se dan sobre todo en comunidades muy extensas con población más bien dispersa, con los máximos en Castilla y León, y Aragón (que ya estaban en el máximo de la ratio para todas las emisiones), seguidos a más distancia por Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Asturias. La concentración de la población parece favorecer una tasa de emisiones difusas per cápita menor, este análisis refleja más directamente las formas de consumo más cercanas al ciudadano. Mención aparte merece, no obstante Andalucía, que se aparta claramente de este patrón aparente.

Iberdrola Distribución impulsa el tejido industrial de Extremadura con compras a 60 proveedores en 2017

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IBERROLA EXTREMADURALa actividad de Iberdrola Distribución durante 2017, ejercicio a lo largo del cual ha seguido desarrollando relevantes iniciativas energéticas, ha vuelto a repercutir positivamente en las compañías suministradoras de productos y servicios españolas. De hecho, según los datos preliminares del cierre del ejercicio, la filial de redes de Iberdrola realizó compras por valor de casi 510 millones de euros a alrededor de 1.200 proveedores españoles, con el consiguiente efecto positivo en la creación y mantenimiento de empleo en nuestro país.

Del total de compras realizadas en España, el 5% se realizaron Extremadura, lo que supone 60 empresas. Iberdrola cuenta con una amplia red de distribución en esta región, donde atiende a más de 320.000 puntos de suministro.

En esta línea, Ignacio Galán, presidente del Grupo, ha subrayado que “Iberdrola está al servicio de la sociedad, del interés general y de las necesidades reales de las personas y, en este sentido, maximiza su contribución económica y social en las comunidades en las que está presente a través, entre otras cosas, de las compras a sus proveedores”.

Las mencionadas contrataciones realizadas por Iberdrola Distribución han sido para, fundamentalmente, prestar servicios de construcción y mantenimiento (en torno al 40% del importe total); suministrar contadores (12%) y equipos para subestaciones (11%);  ocuparse de la medida-lectura (9%); o proveer cable (4%), equipos de comunicaciones (3%) y transformadores (2%).

Entre los contratistas españoles de la filial de redes más activos en 2017 figuran empresas como Elecnor, ZIV, Velatia, FCC, Uran, EDS Ingeniería y Montajes, Emte-Comsa, Ibérica de Aparellajes o Sagemcom.