El acuerdo de Gobierno de PP-VOX contempla eliminar la ecotasa energética y elaborar un Plan Autonómico de Red y Demanda eléctrica
El acuerdo programático firmado por el PP y Vox que ha permitido investir como presidenta de la Junta de Extremadura a María Guardiola incluye varias medidas que tienen que ver con el sector energético en la región.
Entre las más destacadas figuran literalmente, según recoge el acuerdo hecho público entre ambos partidos, las siguientes:
-Blindar la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética.
Tras constatar con las empresas eléctricas propietarias de Almaraz su disposición a seguir contribuyendo al sostenimiento de Extremadura y de sus servicios públicos básicos, se reformará la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central nuclear de Almaraz, reduciendo su carga el 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura. De dicha recaudación, el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia. (Plazo: 1 de enero de 2027).
No obstante lo anterior, en el caso de que el Gobierno de España reduzca la carga impositiva estatal (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos) y/o ajuste la tasa ENRESA, ambas partes se comprometen a revisar la decisión al nuevo escenario.
-Redes eléctricas como palanca para la industria y la vivienda.
La Junta de Extremadura impulsará el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como condición imprescindible para el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. A tal efecto, se agilizarán los procedimientos administrativos y se elaborará un Plan Autonómico de Red y Demanda que permita anticipar necesidades, coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
-Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas.
El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional —incluidas vías pecuarias— y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural. El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, evitando la ocupación indiscriminada del suelo, empezando por añadir como factores excluyentes o, en su caso, condicionantes del “Mapa de Capacidad de Acogida” de Extremadura todo suelo productivo y con valor agronómico, los terrenos en los que pudiera producirse una afectación del patrimonio natural y las vías pecuarias, garantizando la trashumancia y la conectividad ecológica.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
Hay que destacar que el acuerdo de Gobierno incluye la cartera de Agricultura para VOX, aunque en esta nueva legislatura dicha consejería ya no tendrá las competencias en material de industria, energía y minas como hasta ahora las tenía.
El autoconsumo desacelera su crecimiento con 1,1 GW instalados a nivel nacional en 2025 en busca de más incentivos
La VI Cumbre de Autoconsumo organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha reunido a representantes institucionales, empresas y expertos del sector energético para analizar la evolución del autoconsumo en España y definir las claves para su impulso en los próximos años.
El encuentro ha puesto de manifiesto que el autoconsumo atraviesa una fase de consolidación, tras alcanzar los 9,3 GW de potencia instalada a cierre de 2025. No obstante, el sector advierte de una desaceleración en el ritmo de crecimiento, con 1,1 GW instalados en el último año, lo que obliga a redoblar esfuerzos para cumplir el objetivo de 19 GW en 2030.
“El autoconsumo es una pieza clave de la transición energética en España, que refuerza nuestra soberanía energética y seguridad de suministro. Contamos con la tecnología, el conocimiento y el compromiso del sector. El objetivo que ahora tenemos todos es consolidar la demanda de forma estable y sostenible. Que las empresas sepan qué tamaño de mercado tienen y consolidar nuestra industria. Ahora necesitamos actualización regulatoria y ambición para acelerar su despliegue”, ha subrayado en la apertura del acto Rafael Benjumea, Presidente de UNEF.
Miguel Rodrigo, director general de IDAE, ha coincidido en el potencial estratégico del autoconsumo y la electrificación para el ahorro de ciudadanos y empresas: “El autoconsumo es la forma más eficiente de producir electricidad. Además, como los buenos vinos, marida muy bien: con la electrificación, con el vehículo eléctrico y con la bomba de calor. Es una herramienta de presente y también de futuro”.
Durante la jornada se ha valorado positivamente la reciente aprobación del RDL 7/2026, que introduce avances como la figura del gestor de autoconsumo, la ampliación de la distancia para compartir energía hasta 5 kilómetros y nuevas deducciones fiscales para instalaciones renovables y eficiencia energética.
Sin embargo, los expertos han coincidido en la necesidad de completar este marco con la aprobación del real decreto de autoconsumo y almacenamiento distribuido, que deberá incorporar elementos clave como los excedentes compartidos, mejoras en el autoconsumo colectivo y el desarrollo del almacenamiento distribuido.
Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del MITECO ha compartido que su visión es que este año “puede haber un cambio de tendencia en el sector, arrancando el crecimiento, porque tenemos cuestiones coyunturales como el contexto de crisis energética a raíz del conflicto bélico y la presencia cada vez mayor de proyectos industriales de gran tamaño que, si eliminamos barreras identificadas que podían tener, pueden impulsarse aún más, porque salen realmente a cuenta”.
Uno de los principales consensos de la cumbre ha sido la necesidad de avanzar hacia un sistema eléctrico más flexible, en el que la demanda sea capaz de adaptarse tanto a la congestión de la red como a la disponibilidad de recurso renovable.
En este contexto, los expertos han identificado dos herramientas clave para movilizar esta flexibilidad: los permisos de acceso flexibles y el almacenamiento distribuido.
Por un lado, los permisos de acceso flexibles suponen un cambio de paradigma en el acceso y conexión a la red. Frente al modelo tradicional de permisos firmes, este nuevo enfoque permitirá aprovechar mejor la capacidad disponible, teniendo acceso en puntos en los que no existe capacidad firme.
Por otro lado, el almacenamiento detrás de contador y distribuido está ganando protagonismo al permitir optimizar el uso de la energía autogenerada y gestionar de forma más eficiente la demanda eléctrica. Esto facilita que los consumidores incrementen el uso de energía renovable, más competitiva en coste.
El resultado es un sistema más eficiente, en el que el autoconsumo con almacenamiento contribuye activamente a descongestionar las redes y a adaptar la demanda a los momentos de mayor producción renovable, generando importantes beneficios para el conjunto del sistema eléctrico.
La calidad y seguridad de las instalaciones ha sido otro de los ejes centrales del debate. Los expertos han puesto en valor la evolución de la normativa y de los equipos, destacando la importancia del nuevo reglamento de seguridad contra incendios en entornos industriales.
El autoconsumo industrial se consolida como uno de los pilares estratégicos del sector energético. Especialmente cuando se combina con almacenamiento, permite a la industria protegerse frente a la volatilidad de los precios energéticos derivada de factores externos como conflictos geopolíticos, el encarecimiento del gas, los derechos de emisión o las restricciones técnicas del sistema.
Esta ha sido una de las principales conclusiones de la mesa que ha abordado el autoconsumo industrial y utility, que también ha puesto de manifiesto su crecimiento permite avanzar en la electrificación de los consumos finales incluso en entornos donde la red presenta limitaciones de capacidad, lo que supone un cambio de paradigma: no solo aporta energía competitiva, sino también capacidad cuando la red no puede hacerlo, posicionándose como complemento al sistema eléctrico y alternativa a costosos refuerzos de red.
En este contexto, el autoconsumo industrial permite a las empresas reducir costes energéticos, evitar peajes y cargos y protegerse frente a la volatilidad de los mercados energéticos.
El autoconsumo colectivo se ha identificado como un elemento esencial para el desarrollo de un sistema energético distribuido, al permitir que los beneficios del autoconsumo y el almacenamiento lleguen a un mayor número de ciudadanos, empresas y sectores, incluida la industria.
El sector ha insistido en la necesidad de impulsar de forma decidida el despliegue del autoconsumo colectivo y de las comunidades energéticas, abordando los problemas actuales de tramitación y gestión que siguen limitando su desarrollo y se ha subrayado la importancia de diferenciar ambas figuras, así como de avanzar hacia un marco normativo específico para las comunidades energéticas.
Se ha ha señalado también la relevancia del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs) como nuevo mecanismo de incentivos para acelerar la adopción de soluciones de autoconsumo y eficiencia energética.
Este enfoque integrado permitirá no solo aumentar la demanda eléctrica renovable, sino también optimizar su uso y generar nuevas oportunidades económicas en torno al autoconsumo.
José Donoso, director general de UNEF ha subrayado que “el autoconsumo es una pieza clave de la transición energética en España”, pero ha insistido en la necesidad de actualización regulatoria y eliminación de barreras para acelerar su implantación. “España cuenta con la tecnología, el conocimiento y el tejido empresarial necesario para liderar este despliegue, pero es imprescindible aumentar el ritmo: impulsar el almacenamiento, desarrollar el autoconsumo colectivo y situar el autoconsumo en el centro de la electrificación de la economía para aprovechar todo su potencial”.
MITECO promueve un estándar de excelencia social y territorial para los proyectos de renovables, almacenamiento y redes
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en el progreso de las instalaciones renovables excelentes con el lanzamiento de cuatro consultas públicas previas (CPP) para diseñar nueva regulación derivada del reciente Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Entre otras medidas estructurales para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados, esta norma aumenta la velocidad de la transición energética e incrementa los beneficios que proporciona a toda la sociedad, especialmente a las comunidades cercanas a las plantas de producción de energía renovable.
El RDL 7/26, trasponiendo la Directiva 2023/2413 (conocida como DER III), regula las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), áreas especialmente adecuadas para las centrales de renovables y las infraestructuras requeridas para su conexión a la red o para el almacenamiento, por no preverse en ellas un impacto ambiental significativo. Tendrán prioridad los suelos industriales y urbanizados, así como los terrenos degradados, como vertederos, minas y canteras, entre otros que ya hayan experimentado transformaciones relevantes.
Aceleración renovables
El desarrollo de las ZAR requiere la promulgación de un Real Decreto que fije los criterios y los plazos para que las comunidades autónomas puedan designarlas, que permita la redacción de un catálogo estatal de medidas de mitigación obligatorias, y que determine el efecto de la ZAR sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y sobre una tramitación simplificada y preferente, entre otros aspectos, como la contribución al cumplimiento de los objetivos de energía y clima. La CPP para elaborar este Real Decreto puede consultarse aquí.
EL RDL 7/26 también obliga a las grandes centrales a trasladar beneficios a los territorios de sus proximidades, más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cotización, de acuerdo con las recomendaciones del reciente Grid Package de la Comisión Europea. Y otra de las consultas, disponible aquí, servirá para elaborar una Orden ministerial al respecto.
Así, se pregunta sobre qué constituye un retorno de beneficios válido, sobre cómo debe definirse el ámbito territorial beneficiado, sobre cuáles han de ser los parámetros de medición, acreditación y verificación de los beneficios, sobre los requisitos de los procesos de participación ciudadana…
Excelencia territorial
Otra de las CPP, disponible aquí, es relativa a una Orden ministerial para regular un estándar de excelencia social y territorial para los proyectos de renovables, almacenamiento y redes que acrediten elevado nivel de implicación social, impacto económico positivo y calidad ambiental en el diseño y la operación.
El cumplimiento del estándar, de carácter voluntario, otorgará ventajas a la hora de obtener permisos de acceso y conexión, participar en concursos del Régimen Económico de Energías Renovables o ser declarado proyecto estratégico.
En consecuencia, se pregunta sobre los criterios mínimos que deben cumplirse, más allá de los legalmente vinculantes, para obtener el estándar –creación de empleo y actividad económica, implicación ciudadana, lucha contra la pobreza energética…–, sobre el procedimiento de acreditación del estándar o sobre los términos en que el estándar podrá considerarse meritorio y otorgar ventajas.
Finalmente, la cuarta CPP, disponible aquí, está directamente ligada a la excelencia de los proyectos y se circunscribe a los de biometano, tecnología que podría sustituir más de un 10% de la importación de gas fósil, algo especialmente relevante allí donde las alternativas para descarbonizar son más costosas.
Por consiguiente, el RDL 7/26 emplaza a fijar objetivos obligatorios de biometano en sectores diferentes al transporte, con un sello de excelencia social, territorial y ambiental. La CPP pregunta sobre los criterios para obtener el sello, sobre los mecanismos de seguimiento y renovación periódica y otros elementos.
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