Las renovables permiten que el precio de la luz en España haya sido hasta 7 veces más barato que en Italia tras la guerra en Irán
En el primer aniversario del apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha subrayado que con la nueva regulación que permite a las renovables participar en el control de tensión y con el avance del almacenamiento, contamos con un sistema eléctrico más seguro y estable del que había hace un año. Sin embargo, recuerda que quedan ajustes y normativa pendiente por actualizar, como la relativa al “grid-forming”, que permitirá a las renovables proporcionar servicios de ajuste de inercia en la red, como ya están capacitadas para hacer.
Según todos los informes técnicos conocidos tras el incidente -ENTSO-E, MITECO, REDEIA, la Universidad de Comillas y otros institutos internacionales- el apagón no estuvo provocado por una falta de inercia, sino por problemas en el mecanismo de control de tensión de la red. En este sentido, UNEF destaca que las energías renovables, estando plenamente capacitadas para aportar este servicio de forma eficiente, precisa y distribuida territorialmente, no tenían permitido hacerlo en aquel momento por la desactualización del Procedimiento de Operación 7.4.
UNEF valora positivamente los avances regulatorios que se han ido produciendo tras el incidente, como la actualización del procedimiento de operación 7.4 que permite ya a las renovables participar en el control de tensión y reclama que puedan participar en este servicio no solo los puntos conectados a la red de transporte sino también los que lo están a la red de distribución. UNEF lamenta que esta actualización normativa del PO 7.4, que han venido reclamando desde hace más de cuatro años, no haya llegado hasta después del incidente y llama a la responsabilidad institucional de todos los actores implicados para que las actualizaciones normativas que afectan al sistema eléctrico se realicen a tiempo.
La asociación recuerda que las energías renovables no solo pueden contribuir al control de tensión de forma más eficaz incluso de lo como lo venían haciendo las tecnologías térmicas -por la distribución geográfica y capacidad de respuesta rápida con la que cuentan las tecnologías renovables-, sino que también pueden “formar red” eficazmente y a dar servicios de inercia, funciones clave para la seguridad del sistema eléctrico. Para ello, recuerdan desde UNEF que es imprescindible avanzar ahora en la regulación de “grid forming” para que las tecnologías renovables puedan también proporcionar este servicio. La aplicación de esta tecnología está solo pendiente de la aprobación de sus criterios técnicos de implementación por parte de ENTSO-E.
UNEF destaca también en la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, el papel del almacenamiento energético como herramienta fundamental para equilibrar generación y demanda. En este sentido, aplaude los avances regulatorios de los últimos meses, que están posibilitando su desarrollo, aunque señalan la necesidad de buscar soluciones para superar los cuellos de botella en las tramitaciones actuales por la falta de recursos humanos suficientes en la administración.
“El apagón puso de manifiesto que la regulación no puede ir por detrás de la tecnología. Si determinadas medidas, como el control de tensión por parte de las renovables y una regulación adecuada para el almacenamiento se hubieran aprobado cuando el sector las solicitó, probablemente se habría evitado el incidente”, señala José Donoso, director general de UNEF.
Según el director de UNEF, en el actual contexto internacional, las renovables han demostrado su capacidad para reducir el precio de la electricidad, proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los mercados energéticos y contener el crecimiento de la inflación por la subida de los precios eléctricos.
“Con el impacto del conflicto en Oriente Medio, estamos viendo cómo el precio de la electricidad en España ha sido entre 3 y 5 veces menor que en Alemania y 7 veces menos que en Italia, gracias a que las renovables, sobre todo en horas solares, nos están protegiendo”, subraya Donoso.
Y los precios podrían ser aún más bajos gracias a las renovables. En 2025, antes de que las renovables pudieran participar en el control de tensión, el coste de las restricciones técnicas para el Control de Tensión alcanzó los 2303 M€, de los que 725 M€ correspondieron al sobrecoste de la Operación Reforzada para el control de tensión. “Con la participación de las renovables en las restricciones técnicas para el Control de Tensión, se puede más de un 90% del total de este coste”, comenta Donoso. Sin embargo, aunque ya hay 4,5 GW de renovables participando en el control de tensión, lo que ya ha disminuido considerablemente el coste de este servicio; se podrían llegar hasta los 32,5 GW. El problema para acelerar estas habilitaciones es la baja retribución que actualmente se ofrece a las renovables para ello.
Extremadura contaba con 9 proyectos de almacenamiento de energía en información pública que suman 530 MW a finales del 2025
Durante el cuarto trimestre de 2025 han estado en fase de información pública 157 proyectos de energías renovables en toda España con una potencia de generación total de 2-148 MW, lo que representa un descenso del 48% en relación al trimestre anterior.
Según los datos del Observatorio de Energías Renovables OPINA360, el 56% de esta potencia era de instalaciones fotovoltaicas (1.202 MW) mientras el 44% correspondía a proyectos eólicos (946,1 MW). De este total, en Extremadura había en el último trimestre del 2025 un total de 119,8 MW en fase de información pública, todos ellos de proyectos fotovoltaicos. Estas cifras sitúan a la región en el puesto 8 del ránking nacional renovable por potencia en periodo de información pública, lo que atestigua la desaceleración en el número de instalaciones de tamaño medio y grande en la región.
Entre los proyectos presentados a nivel nacional, un total de 50 que suman 790 MW se encontraba a finales del 2025 en fase inicial de solicitud de autorización mientras que otros 1017 ya habían solicitado la autorización de construcción, de utilidad pública o de la declaración de impacto ambiental.
En cuanto a la administración responsable de la declaración, en 143 de los proyectos la tramitación compete a las comunidades autónomas, aunque sólo representan el 61% del total de generación (1.322,7 MW), al tratarse de proyectos con una potencia inferior a los 50 MW. Mientras que por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) era el responsable de 14 grandes proyectos que sumaban el 38,4% del total de capacidad de generación con 825,5 MW.
Desde el punto de vista territorial Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña lideraba a finales de año la petición de proyectos renovables en fase de información pública. Junto a Cantabria, con las únicas cinco regiones que han tenido algún proyecto que debía ser tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
En lo que sí sigue teniendo mucho protagonismo la Comunidad de Extremadura es en los proyectos de almacenamiento de energía. En el último trimestre del 2025 había en España un total de 108 proyectos de almacenamiento en tramitación de información pública que sumaban 2.212,6 MW. De ese total, un 80,3% correspondían a instalaciones con baterías y el 18,1% a una planta hidroeléctrica de bombeo, mientras que el restante era de instalaciones fotovoltaicas híbridas.
Extremadura era al final de año la comunidad autónoma española con más instalaciones de almacenamiento de energía en periodo de información previa que sumaban 530 MW de potencia repartidas entre 9 proyectos, seguida de Galicia con 453MW y de Cataluña con 322,3 MW.
El acuerdo de Gobierno de PP-VOX contempla eliminar la ecotasa energética y elaborar un Plan Autonómico de Red y Demanda eléctrica
El acuerdo programático firmado por el PP y Vox que ha permitido investir como presidenta de la Junta de Extremadura a María Guardiola incluye varias medidas que tienen que ver con el sector energético en la región.
Entre las más destacadas figuran literalmente, según recoge el acuerdo hecho público entre ambos partidos, las siguientes:
-Blindar la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética.
Tras constatar con las empresas eléctricas propietarias de Almaraz su disposición a seguir contribuyendo al sostenimiento de Extremadura y de sus servicios públicos básicos, se reformará la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central nuclear de Almaraz, reduciendo su carga el 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura. De dicha recaudación, el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia. (Plazo: 1 de enero de 2027).
No obstante lo anterior, en el caso de que el Gobierno de España reduzca la carga impositiva estatal (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos) y/o ajuste la tasa ENRESA, ambas partes se comprometen a revisar la decisión al nuevo escenario.
-Redes eléctricas como palanca para la industria y la vivienda.
La Junta de Extremadura impulsará el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como condición imprescindible para el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. A tal efecto, se agilizarán los procedimientos administrativos y se elaborará un Plan Autonómico de Red y Demanda que permita anticipar necesidades, coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
-Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas.
El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional —incluidas vías pecuarias— y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural. El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, evitando la ocupación indiscriminada del suelo, empezando por añadir como factores excluyentes o, en su caso, condicionantes del “Mapa de Capacidad de Acogida” de Extremadura todo suelo productivo y con valor agronómico, los terrenos en los que pudiera producirse una afectación del patrimonio natural y las vías pecuarias, garantizando la trashumancia y la conectividad ecológica.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
Hay que destacar que el acuerdo de Gobierno incluye la cartera de Agricultura para VOX, aunque en esta nueva legislatura dicha consejería ya no tendrá las competencias en material de industria, energía y minas como hasta ahora las tenía.
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