Extremadura es la cuarta comunidad española con más nuevos proyectos de renovables de la segunda subasta del Ministerio

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El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya tiene identificados todos los proyectos concretos que fueron adjudicados en la segunda subasta de renovables celebrada el mes de julio de 2017. Esta segunda subasta se saldó con la adjudicación de 5.037 MW de nuevas instalaciones renovables sin coste para el consumidor eléctrico en el escenario de precios medios de referencia.

Una vez adjudicada la subasta, los promotores tenían un plazo para identificar los proyectos concretos a realizar. Trascurrido el plazo, se han identificado un total de 206 proyectos concretos, fotovoltaicos en su gran mayoría (143 proyectos), pero también eólicos y que corresponden a un total de 40 promotores.

Los 206 proyectos identificados se localizan en 13 Comunidades Autónomas: Aragón (39 proyectos), Galicia (17), Castilla y León (35), Castilla la Mancha (25), Andalucía (29), Navarra (8), Cataluña (1), Murcia (15), País Vasco (1), Extremadura (23), Comunidad Valenciana (2), La Rioja (1) y Asturias (10).

En esta fase del procedimiento, los promotores tienen la flexibilidad de identificar proyectos en un volumen hasta un 50% adicional a la potencia adjudicada de entre los cuales deberán seleccionar, en una fase posterior, aquéllos a ejecutar para cubrir la potencia que realmente les corresponda.

Las solicitudes presentadas en las dos subastas celebradas en 2017 por un total de 8.000 MW confirman el interés de los inversores por el sector de las energías renovables en España.

La nueva potencia renovable estará en funcionamiento antes de 2020 y contribuirá a mejorar la competencia en el mercado eléctrico y reducir la dependencia energética del exterior. Esta nueva potencia supone un paso decisivo para la consecución del objetivo del 20% de renovables en el 2020.

La subida del gasóleo y del impuesto a los carburantes penaliza la rentabilidad del sector agrario en plena campaña de regadío

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El gasto en carburantes es uno de los consumos intermedios que más repercute en la rentabilidad de las explotaciones agrarias de Extremadura. Y las fuertes subidas de las últimas semanas están suponiendo un coste añadido muy importante justo cuando se inician los trabajos de los principales cultivos de regadío de la región. Todo ello se produce cuando el Gobierno ha anunciado la subida de los impuestos a los carburantes para evitar en gran parte el efecto frontera entre comunidades autónomas.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, se ha mostrado “muy indignada” con el Gobierno por su decisión de imponer una subida de impuestos al gasóleo en aquellas Comunidades Autónomas que no lo hicieron en el pasado. De esta manera, nueve regiones se verán forzadas a encarecer entre 0,01 y 0,048 euros cada litro de combustible. En total, UPA estima que el Gobierno recaudará más de veintisiete millones de euros, cifra a la que habría que añadir el 21% de IVA. “Una jugosa tajada de más de 32.800.0000 € para el Ejecutivo”, concluyen en la organización de productores.

UPA ha recordado el nombre de esta medida cuando se ofreció a las Comunidades adoptarla de forma voluntaria: “céntimo sanitario”, en referencia al supuesto destino del dinero recaudado con esta propuesta. Sin embargo, “nunca se ha demostrado que el destino de este dinero repercutiese en los servicios sanitarios y, de hecho, el céntimo sanitario ha coincidido con todos los recortes en sanidad”, ha apuntado UPA. Los agricultores y ganaderos advierten de que esta medida “llega en el peor momento” ya que coincide con la subida del precio del petróleo que está agitando los mercados mundiales.

La organización ha apuntado así al reciente informe de expertos que recientemente aconsejó al Gobierno subir más las tasas a los carburantes más contaminantes. UPA ha explicado que este tipo de medidas “no protegen el medio ambiente ya que no podemos dejar de producir alimentos” y ha acusado al Gobierno de cubrir estas subidas de impuesto “con palabras de protección al medioambiente cuando, en realidad, esto es una excusa para hacer caja”.

Los agricultores y ganaderos extremeños destinan cerca de 80 millones de euros anuales a gastos en carburantes y energía en sus explotaciones, lo que supone en torno al 8% del total de sus gastos de explotación. Solo los piensos para ganado están por delante en inversión de esta partida.

Endesa está tramitando 6 proyectos fotovoltaicos en Extremadura con 260 Mw de potencia con su filial Enel Green

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Las grandes compañías eléctricas han puesto sus ojos de nuevo en Extremadura tras las últimas subastas renovables celebradas el año pasado por parte del Ministerio de Industria. Mientras Gas Natural Fenosa e Iberdrola han dejado entrever importantes proyectos, Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power España, duplicará el próximo año su capacidad de energía proveniente de fuentes renovables en Andalucía y Extremadura.

En concreto la compañía, que actualmente cuenta con 350 MW renovables en Andalucía y Extremadura, tiene prevista la construcción de 64 nuevos MW eólicos y 260 MW fotovoltaicos equivalentes a los proyectos presentados a raíz de las subastas renovables lanzadas el pasado año por el Gobierno. La construcción de estos proyectos supondrá una inversión de más de 280 millones de euros y la creación de nuevos puestos de trabajo en Andalucía y Extremadura.

Los nuevos megavatios eólicos que Endesa tiene previsto construir a través de su filial Enel Green Power España, corresponden a 2 proyectos eólicos en Andalucía y 6 fotovoltaicos en Extremadura. En concreto Endesa está tramitando la construcción de 22 MW eólicos en Vejer de la Frontera (Cádiz), y otros 42 MW en Málaga entre las localidades de Teba, Almargen y Campillos. A estos proyectos se unen 6 parques fotovoltaicos en Extremadura, con una potencia total de 260 MW.

Además de la adjudicación de 540 MW eólicos en la segunda subasta realizada en el mes de mayo del pasado año, Endesa también se adjudicó 339 MW de capacidad de producción de origen solar en la tercera subasta del Gobierno, celebrada en el mes de julio, y cuyo objetivo era cubrir el 20% del consumo energético con energías renovables para el año 2020, tal y como indica la Unión Europea. En esta ocasión Endesa ha identificado 7 proyectos que se corresponden a los que se están tramitando en Extremadura y Murcia. Para completar el backup la filial renovable de Endesa, Enel Green Power, ha presentado 4 proyectos más, 3 de ellos en Málaga y 1 en Badajoz.

Para desarrollar todos estos proyectos adjudicados en las dos últimas subastas, Endesa tiene prevista una inversión de más de 800 millones de euros en toda España, y cuando estos proyectos entren en funcionamiento, las nuevas instalaciones generarán aproximadamente 1.750 GWh al año.

Enel Green Power España, la filial de renovables de Endesa, gestiona actualmente más de 1.806  MW de capacidad en España, tras la incorporación este año de los 5 parques eólicos de Gestinver (132 MW). De esta cifra, 1.749 MW proceden de  energía eólica, 43 MW de minihidráulica y 14 MW de otras fuentes de energía renovable. Las plantas de EGPE generan alrededor de 4 TWh de energía libre de emisiones cada año.

Las energías renovables serán las grandes protagonistas de la modernización de 800.000 hectáreas de regadío en toda España

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Con los planes de futuros regadíos en Monterrubio de la Serena y Tierra de Barros en fase administrativa avanzada, el uso de las energías renovables en la obtención y distribución del agua en el sector agrario cobra gran importancia. Las energías renovables serán las grandes protagonistas de la nueva revolución que debe acometer el regadío español, que tiene pendiente la modernización de 800.000 hectáreas.

Este objetivo aparece contemplado en la Estrategia Nacional de Regadíos, que supondrá un ahorro de agua de unos 1.100 hm3/año, con una inversión próxima a los 3.000 millones de euros. La superficie regada en España supone sólo un 14% de la superficie agraria útil, contribuye en algo más del 67% a la Producción Final Vegetal y en un 2,4% a Producto Interior Bruto

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, ha destacado el papel de la tecnología y la innovación como elementos clave para garantizar el futuro de una agricultura de regadío sostenible y competitivo durante una Jornada Técnica sobre Eficiencia Hídrica en Agricultura de Regadío.

La agricultura de regadío debe seguir mejorando su eficiencia, para adaptarse a una menor disponibilidad de agua en las cuencas y para cumplir unos condicionantes medioambientales más exigentes, impuestos en el marco de la política ambiental de la Unión Europea.

A pesar de que la superficie regada en España supone sólo el 14% de la superficie agraria útil, esta agricultura contribuye en algo más de un 67% a la Producción Final Vegetal, en un 2,4 % al Producto Interior Bruto del país y emplea a un 4 % de su población ocupada.

Por ello ha insistido en la importancia de avanzar en el uso eficiente del agua mediante la modernización de regadíos que impulsa el Ministerio, y que se contempla en la Estrategia Nacional de Regadíos. Además, ha explicado, el borrador prevé avanzar en las medidas que permitan fomentar el ahorro, como la instalación de contadores de agua inteligentes que permitan hacer un seguimiento continuo y un control efectivo del agua empleada, permitiendo a las Comunidades de Regantes la implantación generalizada de tarifas binómicas o similares que estimulen el ahorro de agua.

En esta línea ha mencionado también la Estrategia de Economía Circular 2030 de la Unión Europea, que contempla la reutilización de aguas regeneradas para la agricultura de regadío, como una gran oportunidad de lograr mayor eficiencia hídrica. A este respecto ha recordado que en España hay 2000 depuradoras que tratan cerca de 4.097 hectómetros cúbicos de aguas residuales, que pueden reutilizarse en agricultura no sólo cómo fuente de agua, sino también como fuente de energía y nutrientes. Y en todas ellas, el uso energético es clave.

La Junta avanza en la tramitación de la planta fotovoltaica de 153.720 módulos que el grupo aragonés SAMCA proyecta en Badajoz

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La Junta de Extremadura otorga la autorización administrativa previa a la Sociedad Monegros Solar, SA -propiedad del grupo zaragozano SAMCA– para la instalación fotovoltaica Los Limonetes, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Badajoz.

El grupo SAMCA es uno de los grupos empresariales más activos en el negocio de las energías renovables en España y cuenta ya con una planta termosolar en la provincia de Badajoz, cercana a donde proyecta su planta fotovoltaica.

La planta de Los Limonetes es una instalación solar fotovoltaica de 49.959 kWp, compuesta por un campo generador de 153.720 módulos fotovoltaicos Trina Solar, montados sobre estructura fija y 30 inversores INGETEAM, modelo Ingecon Sun. Esto supone una potencia nominal de inversores de 47.940 kW. La instalación se subdivide en 10 campos solares, en cada uno de ellos se ubicará un centro de inversión-transformación con 1 transformador y 3 inversores cada uno. Además, la instalación contará con sus correspondientes conexiones y equipos de control, protección y medida.

También se instalará una línea eléctrica de evacuación aéro-subterránea  de 20 kV, con origen en el Centro de salida en AT de la central solar fotovoltaica Los Limonetes y final en la SET de la central solar termoeléctrica La Florida propiedad de Renovables SAMCA, S.A.  La línea estará compuesta por dos tramos subterráneos y un tramo aéreo.

Junta de Extremadura, Fempex y Endesa mejoran el convenio firmado hace un año para ayudar a clientes vulnerables

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El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincia (FEMP), Francisco Buenavista, y el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, han renovado y mejorado las condiciones del convenio de colaboración ratificado entre las tres entidades hace un año para ayudar a los clientes en situación de vulnerabilidad.

El nuevo convenio amplía la ayuda a aquellas personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del Bono Social pero que se encuentran en situación de dificultad. Ante estos casos, que vendrán identificados por los servicios sociales de cada ayuntamiento, el compromiso de las partes es encontrar fórmulas de ayuda económica.

El nuevo convenio firmado recientemente tiene un año de duración y actualiza las condiciones del acuerdo del año pasado por el que se facilitaba a los ayuntamientos la forma de pago de los recibos pendientes para evitar el corte de suministro sin la aplicación de ningún interés de demora o comisión. Asimismo, se dejaba en suspenso el corte de electricidad cuando los servicios municipales comuniquen que el titular del contrato es sujeto de una ayuda al respecto.

Gracias a este convenio se da cabida a todas las personas que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad agilizando la comunicación entre los servicios sociales de los ayuntamientos y Endesa para atender de manera efectiva a los clientes más desfavorecidos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, combinando el cumplimiento de obligaciones de pago y de prestación de un servicio necesario. De esta manera, la colaboración público-privada favorece la protección de estos clientes ofreciendo una alternativa factible a situaciones de extrema urgencia.

Por ello la compañía energética también se ha comprometido en el actual convenio a seguir manteniendo reuniones informativas y formativas con los agentes sociales y grupos de ciudadanos, para dar a conocer la aplicación del nuevo Bono Social y los requisitos necesarios para poder acceder a este beneficio.

En concreto en Extremadura Endesa cuenta con 29.806 clientes acogidos al Bono Social, de los cuales sólo 5.495 corresponden al nuevo bono social regulado por el RD 897/2017, quedando más de 24.000 clientes pendientes de renovarlo antes de que finalice el periodo transitorio para hacerlo el próximo 8 de octubre. Los clientes que hasta esa fecha no hayan tramitado de nuevo la ayuda perderán el derecho a la misma según aparece en el documento publicado por el Gobierno.

Extremadura es la séptima región por gasolineras automatizadas abiertas

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La normativa autonómica extremeña que impide a las gasolineras automáticas operar sin personal, está impidiendo ahorrar a los extremeños unos 200 euros anuales por la falta de competencia en este sector, según argumenta la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE).

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Extremadura de 2016, una familia extremeña tiene un gasto medio de 23.003,7 euros al año. De esta cantidad, 1.189,87 fueron destinados al transporte, la tercera partida en importancia después de alimentación y vivienda. Esto significa que una familia gasta el 5,16% de su presupuesto en transporte.

“El carburante es la única partida que puede variar en el presupuesto de una familia, ya que en la vivienda o la alimentación los ajustes ya están hechos. Por tanto el ahorro en trasporte (carburante) se vuelve capital para ajustar el presupuesto. Y en todo caso si ahorran en transporte, pueden destinarlo a otras actividades”, explica Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE)

“Las estaciones de servicio automáticas hacen que bajen los precios de media unos diez céntimos el litro en las zonas donde se implantan”, afirma el presidente de AESAE. Con las nuevas aperturas de estaciones automáticas, las estaciones tradicionales se verán obligadas a bajar los precios para hacer frente a la nueva competencia. “Y se beneficiará al bolsillo de las familias extremeñas porque bajará el porcentaje de gasto medio familiar en carburante”, que Jiménez Perona estima en 200 euros año, “sin perder un ápice de calidad y de servicio pues a fin y al cabo en la mayor parte de las estaciones tradicionales el cliente se pone el carburante”.

Las dos provincias extremeñas tienen unos precios de carburante muy lejos del de provincias como Lérida, Valencia o Barcelona donde la mayor competencia permite unos precios mucho más competitivos. A esta diferencia hay que unirle la menor renta per cápita de las dos provincias extremeñas si lo comparamos con las tres provincias mencionadas, lo que conlleva a concluir que el esfuerzo económico para llenar el depósito es mucho mayor para un extremeño que para un valenciano, por ejemplo.

La normativa autonómica dicta como “obligación específica de protección y prevención de riesgos de los consumidores y usuarios” que todas las gasolineras “deberán disponer en la propia estación, mientras permanezca abierta, al menos de una persona responsable”. AESAE denuncia que esta medida no tiene otro fin que no sea el de limitar el desarrollo del modelo de negocio de las gasolineras automáticas.

“La protección  de las personas con discapacidad y la prevención de riesgos no son más que excusas de “mal pagador” para limitar nuestro modelo de negocio”, afirma Jiménez Perona.

Un conductor con una discapacidad podrá repostar en una estación, si ésta es accesible, y no necesita un persona como tampoco la necesita para acceder a los servicios sanitarios, de transporte etc. AESAE es consciente de ello y por eso piden a todas las Comunidades, en palabras de Manuel Jiménez Perona, que “exijan  a todas las estaciones donde el cliente reposta, la Ley de Accesibilidad de 2013, ya que aún no se está exigiendo”.

Extremadura cuenta con 23 estaciones de servicio automatizadas en toda la Comunidad, según cifras de AESAE. Esto la convierte en la séptima Comunidad con más puntos de repostaje de este tipo. Este número supone el 3,75% del total de las gasolineras de este tipo que hay en España. “Durante el año y medio que llevamos luchando, hemos conseguido resultados muy positivos a nivel nacional”, explica el presidente.

Aproximadamente, de las 11.180 estaciones de servicio que existen en España, tan solo unas 560 son automatizadas. Este dato representa el 5% de las gasolineras que hay en España.