Extremadura concentra el 1,9% de la producción minera de España, con el granito como principal mineral
El valor de la producción minera en España asciende a 3.628 millones de euros, tras experimentar un crecimiento interanual del 1,6%, según recoge la Estadística Minera 2024, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).Un total de 30.234 personas trabajan repartidas por las 2.592 explotaciones del sector, en el que cada vez tienen más peso las materias primas consideradas fundamentales para la doble transición ecológica y digital. Dentro de la UE, España es el único productor de sepiolita y estroncio; el primer productor de espato-flúor y de yeso; el segundo productor de cobre, mármol, magnesita y sales potásicas; el tercer productor de wolframio, y el cuarto productor de granito. En el ámbito global, es el primer productor de pizarra de techar.
Extremadura concentra el 1,9% de la producción minera española, según los datos de Estadística Minera de 2024, con el granito como principal mineral. El cierre de la Mina de La Parrilla, una de las grandes productoras de wolframio en España, ha dejado casi solo al granito en el protagonismo minero extremeño.
A nivel nacional, en los últimos años se ha producido una reducción del número de explotaciones activas, que se ha reducido un 38% desde las 4.227 registradas en 2005, aunque en los últimos años se ha experimentado una estabilización en el entorno de las 2.600 unidades de producción.
La actividad minera destaca en cuatro comunidades autónomas: Andalucía lidera la clasificación, con un 33,9% del valor de la producción, a mucha distancia de los siguientes clasificados, Castilla y León (12%), Cataluña (11,1%) y Galicia (8,7%). Esta relación se mantiene en los puestos de trabajo, que es masculino en un 89,5%, si bien el empleo femenino ha crecido un 17,8% en el último ejercicio.
Los productos de cantera, orientados a la construcción, encabezan el valor de la producción, con el 36% del total, y también mantienen más del 50% del empleo, con una notable dispersión territorial. Le siguen los minerales metálicos (27%), los minerales industriales (25%) y las rocas ornamentales (12%); en estos subsectores las explotaciones están mucho más concentradas en determinadas regiones, como en la Faja Pirítica Ibérica, en el suroeste de la Península, para el caso de los minerales metálicos.
La minería actual se caracteriza, cada vez con mayor frecuencia, por la extracción simultánea de varias materias primas en una misma explotación y por la aplicación de criterios de economía circular; hay nuevas tecnologías que han abierto oportunidades para aprovechar recursos secundarios, como antiguas escombreras, que a la vez reducen el volumen de residuos.
En los últimos años también ha crecido el interés por las materias primas críticas para la doble transición ecológica y digital, cuya disponibilidad se ha convertido en un factor estratégico de primer orden. La UE ha identificado 34 materias primas básicas para las energías renovables, la movilidad eléctrica, la industria manufacturera avanzada, las tecnologías digitales y los sectores aeroespacial y defensa, entre otros.
La UE ha aprobado regulación y medidas para reducir rápidamente la dependencia de la importación de las materias primas fundamentales, tanto con relación a su extracción como a su procesado. España ocupa un lugar destacado en esta estrategia comunitaria, ya que dispone de varios de esos recursos fundamentales, como cobre, espato-flúor, feldespato, estroncio y wolframio.
La Estadística minera refleja que el valor de la producción de estas materias primas fundamentales en España ascendió a 830 millones. Se espara que crezca en los próximos años; de momento, la Comisión Europea ya ha declarado siete proyectos como estratégicos –sobre una primera selección de 47 proyectos en toda la UE– que abarcan desde la investigación y la explotación minera hasta el procesado, el refinado, el reciclado y el desarrollo de tecnologías asociadas.
La red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos
Red Eléctrica, en su condición de operador del sistema (OS) ha publicado por primera vez las capacidades de acceso para la conexión de demanda en los nudos de la red de transporte calculadas según los criterios técnicos establecidos por las Especificaciones de detalle aprobadas por la CNMC mediante la Resolución de 1 de diciembre.
Los criterios técnicos de cálculo establecidos, de forma análoga a los que son de aplicación para generación, tienen por objeto seguir garantizando la seguridad y correcto funcionamiento del sistema.
Sólo en la red de transporte hay otorgados permisos de acceso y conexión a 129 GW de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW de instalaciones de almacenamiento y 19 GW de instalaciones de demanda. De estas últimas, desde 2022, fecha en que se aprobó la planificación vigente, se han otorgado 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas sin que ninguna se haya puesto aún en servicio. Disponen para ello de 5 años desde que obtuvieron el permiso. El volumen de demanda con permiso, pendiente de conexión sólo a la red de transporte, supondría un incremento del 25% de la demanda actual del país.
Los valores publicados recogen que la red de transporte aún dispone de capacidad para nueva demanda en el 25% de sus nudos que podrá ser otorgada bien a través del criterio general de prelación o mediante concurso.
La información que se publica cumple el acuerdo de la CNMC del pasado 13 de febrero tras la puesta en conocimiento por parte del Operador del Sistema de la situación tanto en cuanto al cálculo de las capacidades de acceso como al avance en el acuerdo de los valores de referencia. Esta información que será actualizada mensualmente será aplicable a todas las evaluaciones de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte que deban realizarse y se irá actualizando a medida que avance el proceso en torno a los valores de referencia y se evolucione en el ámbito de la normativa sobre requisitos de robustez, tal y como indicó la CNMC en dicho acuerdo.
Los resultados de los estudios realizados y en particular los correspondientes al criterio dinámico, confirman la necesidad de asegurar requisitos de robustez (soportar huecos de tensión) en las futuras instalaciones de demanda que se pongan en servicio, especialmente las conectadas mediante electrónica de potencia.
La evolución anunciada de esta normativa permitirá incrementar notablemente la capacidad otorgable en gran parte de los nudos en los que actualmente el valor se ve limitado por criterio dinámico, dado que la red de transporte permitiría acoger con seguridad los flujos necesarios para la alimentación de consumos adicionales.
Las especificaciones de detalle establecen por primera vez la definición del valor de capacidad para demanda que se reserva en la red de transporte para su otorgamiento a instalaciones a conectarse a las redes de distribución (valores de referencia). También a lo largo de estos meses el OS y los gestores de las redes de distribución vienen trabajando en este aspecto en los nudos en los que existen interfaces entre ambas redes y que debe formalizarse mediante acuerdo siguiendo las directrices definidas por la CNMC.
La suma de valores propuestos por los gestores de las redes de distribución supera el doble de la punta histórica del sistema (45 GW). Actualmente, se han alcanzado acuerdos en el 45% de los interfaces transporte/distribución que suman una capacidad de 33,1 GW.
Para seguir avanzando en el proceso de acuerdo de valores de referencia se identifica un número de casos relevante que requiere establecer criterios normativos adicionales para homogeneizar el tratamiento de todos los interfaces entre red de transporte y red de distribución.
La Junta elabora un nuevo mapa de zonas prioritarias para energías renovables para preservar las zonas más productivas del agro regional
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado una resolución de 11 de febrero por la que se da publicidad a las zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Extremadura. De esta forma, la Consejería de Agricultura trata de buscar el equilibro entre la producción renovable a través de grandes parques fotovoltaicos y la protección de los suelos agrícolas y ganaderos más productivos, ante las quejas vertidas desde diferentes asociaciones profesionales de agricultores y ganaderos en los últimos tiempos.
Según la Consejería, “Extremadura ha experimentado en los últimos años una rápida y robusta contribución a la transición energética en España, especialmente en lo que a generación de energía solar fotovoltaica se refiere, impulsada por el elevado recurso solar existente en toda la región. Si bien, los beneficios que el despliegue de este tipo de energías renovables están generando son incuestionables, por otro lado, no se trata de energías totalmente inocuas, pues, asumiendo que el espacio es un recurso finito, este tipo de proyectos requiere habitualmente de amplias superficies de terreno, especialmente la energía solar fotovoltaica, lo cual hace necesario contar con una planificación para evitar y minimizar los impactos de estas infraestructuras en los ecosistemas, la biodiversidad y las actividades de producción agrícola tradicional.
De este modo, durante años, los proyectos de energía solar fotovoltaica han venido compitiendo en cierta manera con el sector agrario por el recurso natural del suelo, dada la incompatibilidad de aquellos principalmente con los cultivos leñosos, tales como olivar, vid, frutales, así como en las dehesas.
Ante esta situación, en el año 2021, el Decreto 141/2021, de 21 de diciembre, por el que se regulan los usos y actividades compatibles y complementarios con el regadío en zonas regables de Extremadura declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Nación o Singulares, aprobó restricciones a los proyectos de energía solar fotovoltaica, al declarar como usos o actividades no compatibles ni complementarias con el regadío, en especial, a los aprovechamientos de energías renovables destinados a la producción u obtención de energía eléctrica, salvo las instalaciones de autoconsumo para la generación de energía eléctrica o térmica desde fuentes de energía renovables ligadas a los aprovechamientos compatibles o complementarios, y las instalaciones de autoconsumo para la generación de energía eléctrica desde fuentes de energías renovables promovidas por las comunidades de regantes o regante a título individual, cuyo objeto sea reducir los costes energéticos que le supone a los y las regantes poder disponer de agua de riego en las explotaciones de la zona regable.
Y es que, lo apuntado anteriormente respecto al regadío, en cuanto a su mayor aportación a la generación de empleo y economía que las plantas solares fotovoltaicas, también sería extrapolable, en la gran mayoría de los casos, a los cultivos leñosos y a las tierras arables de gran productividad, así como a las dehesas y a otras zonas con valores ambientales importantes.
Por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura se elaboraron en su momento mapas de capacidad de acogida, que han permitido a los promotores de los proyectos de energía solar fotovoltaica ya en servicio conocer las ubicaciones consideradas como especialmente adecuadas para la instalación de este tipo de plantas de energía renovable. Estos mapas se estructuran en cinco niveles de capacidad (muy baja, baja, media, alta y muy alta capacidad de acogida), teniendo en cuenta 9 factores ambientales: pendiente, hidrología, espacios protegidos, Red Natura 2000, paisaje, flora protegida, hábitats, especies de fauna amenazada y yacimientos de patrimonio. Además, también se ha valorado la mayor distancia a subestaciones con capacidad de evacuación de energías renovables, en este caso como criterio desincentivador. Esta resolución actualiza los criterios de capacidad de acogida a proyectos de energía fotovoltaica, introduciendo limitaciones relacionadas con los suelos agrícolas más productivos, los usos que generan más empleo, economía y fijan población, así como las dehesas, como sistema muy arraigado en el mundo rural.
No obstante, a pesar de haber sido una herramienta de valiosa utilidad en el despliegue de la energía solar fotovoltaica, es necesario avanzar en una planificación más holística, de modo que los mapas de capacidad de acogida incluyan otros factores, tales como la capacidad productiva de los suelos.
Por tanto, dado que los proyectos de energía solar fotovoltaica aún no son compatibles con cultivos leñosos y tierras arables de gran productividad o las dehesas y, tal y como ya se ha señalado, reconociéndose la mayor capacidad de generación de empleo y de economía social de estos últimos respecto a la energía solar fotovoltaica, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible considera necesario revisar los mapas de capacidad de acogida, incluyendo el criterio o factor del valor agronómico del suelo, de manera que estos mapas sean más respetuosos con la economía agraria, compatibilizándose, de este modo, el avance en el despliegue de la energía solar fotovoltaica con la protección de los suelos más productivos de Extremadura, y especialmente de cultivos leñoso, así como las dehesas, que forman parte del tejido productivo que más empleo genera, y elemento clave en la fijación de población en las zonas rurales, contribuyendo a la economía de muchos municipios extremeños.
En el mapa de zonas prioritarias, cuya difusión tiene por objeto esta resolución, se definen las áreas que se consideran preferentes para el desarrollo de nuevos proyectos de energía solar fotovoltaica en Extremadura, siendo clasificadas en zonas definidas como de alta o muy alta capacidad de acogida. Para la elaboración de este nuevo mapa se ha valorado, además de los factores ambientales a los que nos hemos referido anteriormente, un nuevo criterio, cual es el valor productivo de los suelos y las áreas de dehesa por su enorme arraigo en el mundo rural, y ello a fin proteger los cultivos de mayor potencial socioeconómico para nuestra Comunidad Autónoma, de manera que, en lugar de competir ambos sectores por un mismo suelo, se fomenten sinergias entre la gestión de recursos naturales y el desarrollo económico de las zonas rurales.
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