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El precio y los impuestos energéticos castigan más en España a los pequeños consumidores

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La presentación del nuevo Balance Climatológico y Análisis Energético del Observatorio de la Sostenibilidad ha dado lugar a sorprendentes datos, más allá de las emisiones de CO2.

Según Juan Avellaner, Doctor Ingeniero Industrial, “los precios en España tienen una marcada carga punitiva hacia los menos consumidores. Por ejemplo, en el tramo inferior de consumo, <1.000 KWh/año, el precio final con impuestos y tasas es de 529 €/MWh (unas 10 veces el precio del mercado), el más alto en Europa, superando la media europea en un 62,4%. Esta carga desproporcionada hacia los pequeños consumidores debe resolverse inmediatamente”.

Según este experto, el consumo de energía después de varios años de caída está repuntando con crecimientos intensos, +3% en 2016, indicador positivo de recuperación; aunque se desarrolla con una intensidad energética que señala un retorno no deseado hacia áreas económicas intensivas en energía.

La mejor noticia del 2016 para los autores del Informe es la caída importante de las emisiones de GEI en el 3,1% -la energía es la responsable del 75% de éstas emisiones- debido, fundamentalmente, a cambios que se confirmarán con la evolución futura si son o no estructurales, en el mix energético y no tanto debido a las políticas de mitigación.

Un dato negativo del informe es que las energías renovables se han estancado en todos los sectores y usos, manteniendo en 2016 un porcentaje del 14,0% o del 16,0% (según la metodología) y, en todo caso, lejos del 20% vinculante en 2020 para la UE.

“El intento de corrección se toma por el Gobierno con retraso y de forma abrupta, como demuestra la próxima subasta de potencia renovable sin un análisis coste-beneficio (empleo, industria, innovación) adecuado para una mayor inversión privada en el sector en los próximos años”, asegura Juan Avellaner.

Para este experto, “la producción eólica además de aportar beneficios muy importantes en reducción de emisiones, empleo, industria, exportación, etc., permitió en 2015 disminuir el coste anual de la energía (precio del KWh) en el 15,7%; esto es, las renovables no son las responsables de ningún tipo de déficit sino todo lo contrario, pues mejoran todos los indicadores”.

La Junta de Extremadura estudiará compensaciones a las eléctricas para cumplir con la devolución de la ecotasa

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Línea Almaraz-Guillena
Línea Almaraz-Guillena

La Junta de Extremadura tendrá que sentarse a negociar con las grandes eléctricas –Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, sobre todo– para buscar alternativas de pago y compensación a la devolución de la ecotasa.

Según las sentencias conocidas hasta ahora, que interpretan improcedente el cobro de la ecotasa regional al considerar que la producción energética ya estaba gravada por el Impuesto de Actividades Económicas estatal, la administración regional tendrá que hacer frente al pago de cerca de 100 millones de euros –entre lo cobrado y los intereses– procedentes de las anualidades del 2006 al 2009 incluido.

Porque a los 73,5 millones de euros ya reconocidos por la propia Junta de los años 2006, 2007 y 2008 el pasado año, se acaba de conocer otros 28,5 millones de euros –entre principal e intereses de demora– de la anualidad del 2009 sobre la que había dudas, al modificarse ese año la LOFCA. Dos sentencias del Tribunal Supremo sobre demandas de Iberdrola y Gas Natural han avalado que la devolución de la ecotasa también afecta al 2009

El Constitucional considera que el impuesto extremeño vulneraba la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que prohíbe expresamente cobrar un impuesto que ya está siendo cobrado por alguna administración local o nacional. Esta ecotasa afectaba principalmente a la producción energética de la Central Nuclear de Almaraz y también a las centrales hidroeléctricas propiedad de las grandes compañías eléctricas.

Los problemas con el déficit público así como la interinidad en el Gobierno y el futuro modelo de financiación autonómica dejan en el aire la forma de hacer frente al pago. El gobierno regional ya recurrió al Fondo de Liquidez Autonómico para hacer frente a la cuantía a devolver del 2006 al 2008.

Los impuestos y tasas del Estado representan más de la mitad del recibo de la luz para los consumidores

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Las familias españolas pagan uno de los precios más caros de la electricidad en los países de Unión Europea, y en gran parte por la intervención estatal vía impuestos y tasas.

“El 73% de la subida que ha experimentado el precio de la electricidad de 2008 a 2014 en España se debe a la cuña gubernamental; es decir, la intervención estatal es la causa de 59 de los 81 euros/MWh que ha aumentado el coste de la luz en este periodo”, según el doctor David Robinson,  presidente de la consultora David Robinson & Associates y Senior Research Fellow en The Oxford Institute for Energy Studies. Robinson es uno de los mayores expertos mundiales en liberalización del sector eléctrico y ha asesorado a números países en sus procesos de reforma de sus sistemas eléctricos.

Hay que tener en cuenta que en el recibo de la luz que reciben los particulares, comercios y empresas figuran conceptos tales como el IVA del 21% desde septiembre del 2011, impuesto sobre la electricidad, las compensaciones extrapeninsulares, ayudas al carbón, las primas la Régimen Especial Energía o las anualidades del déficit de tarifa. Entre todos ellos suponen más del 56% del recibo de la luz. Es decir, de cada 100 euros que se pagan en un hipotético recibido de la luz, 56 euros no dependen para nada del coste real de la generación y distribución eléctrica.

Según el “Análisis de los precios de la electricidad en la Unión Europea y en Estados Unidos: Una perspectiva española”, elaborado por este experto, entre el 2008 y el segundo semestre del 2014, los precios de la electricidad en España son los que más habrían subido de la UE, en torno a los 81 euros/MWh, el doble que lo han hecho de media en la UE. En  el ranking de precios de los 28 países de la UE, España ocupa el cuarto lugar, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. En 2008 se situaba en puesto número doce.

Según el informe, si no se tuvieran en cuenta estas tasas e impuestos estatales, España pasaría de la cuarta posición que ocupa actualmente al puesto undécimo en el ránking europeo de los precios de la electricidad.

Ilustración: J.C. Florentino

Las renovables españolas en 2016: sol al final del túnel

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Piet Holtrop y Daniel Pérez
Socios del despacho HOLTROP S.L.P. Transaction & Business Law

El Gobierno de Rajoy-Soria ha sumido a las energías renovables en una situación verdaderamente mala. Estos últimos años, y en especial el 2014, han sido muy duros para los miles de ciudadanos que confiaron en la palabra del Gobierno y en la seguridad que daba una retribución publicada en el BOE.

Por el camino, muchos productores perdieron su planta, ante la imposibilidad de hacer frente a los vencimientos de sus préstamos. Muchos otros tuvieron que poner dinero de sus bolsillos o negociar una refinanciación con el banco.

Estos años, España ha quedado última en todos los ránquines sobre nueva potencia renovable. La buena noticia es que ya hemos tocado fondo y que el futuro es renovable, a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno y de las eléctricas españolas por perpetuar el modelo fósil.

Las perspectivas para el año que dentro de poco se iniciará son mejores, porque toda una serie de decisiones judiciales y políticas, unidas al avance tecnológico, pueden ayudar a mejorar la situación del sector renovable.

Preludio: 20 de diciembre de 2015

El próximo 20 de diciembre estamos llamados a las urnas para elegir al próximo Parlamento Español, quien a su vez investirá al siguiente Presidente del Gobierno. El resultado de las urnas tendrá una incidencia decisiva en un sector tan regulado y dependiente de los vaivenes políticos como el de la energía en general y el de las renovables en particular.

Según el signo político del nuevo Gobierno, en pocas semanas podría derogarse la normativa desfavorable al autoconsumo y la moratoria a las renovables, a la par que iniciar un proceso de diálogo con el sector renovable, para encontrar una solución a los productores que han sufrido los recortes y restablecer así la seguridad jurídica del país.

Es de justicia poética que, igual que el primer Real Decreto-Ley del Gobierno de Rajoy-Soria, el RDL 1/2012, fue la moratoria a las renovables, el primer Real Decreto-Ley del nuevo Gobierno, el RDL 1/2016, contuviera medidas de impulso a las energías renovables.

Y mientras tanto, decenas de Ayuntamientos de toda España están dando pequeños pasos hacia el cambio de modelo energético que pronto comenzarán a dar resultados concretos, incluyendo una mayor implantación de la generación distribuida renovable.

Atentos a Bruselas…

No cabe duda de que el tema energético se está europeizando cada vez más. La Comisión Europea tiene varios expedientes calientes en su mesa, sobre los que tendrá que decidir a lo largo del año 2016 y que pueden ser determinantes para el sector eléctrico español.

Al margen de las decisiones en relación con las denuncias que hemos presentado contra la reforma de Soria (DG Energía) y el Impuesto Eléctrico (DG Fiscalidad), la gran batalla se juega en la Dirección General de Competencia, donde se decidirá sobre la compatibilidad con la normativa europea de ayudas de estado de: (1) la sobrecompensación de casi 3.600 millones de EUR a las eléctricas españolas en concepto de Costes de Transición a la Competencia; (2) las ayudas al carbón español; (3) las ayudas españolas a las energías fósiles disfrazadas bajo el concepto de pagos por capacidad; (4) la retribución a las renovables, tanto bajo los Reales Decretos 661/2007 y 1578/2008 como del nuevo régimen del Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014.

… y a Madrid (con un ojo puesto en Luxemburgo)

Tampoco podemos olvidar los litigios que tenemos abiertos ante el Tribunal Supremo, y en especial los relacionados con los mencionados Real Decreto 413/2014 y Orden IET/1045/2014, normas mediante las cuales se instrumenta el recorte a las renovables del Gobierno del PP y el recurso de casación por el Real Decreto-Ley 14/2010, del recorte de horas a la fotovoltaica.

Una vez celebradas las ratificaciones de la prueba pericial propuesta por la mayoría de recurrentes y evacuado el trámite de conclusiones sucintas, es el momento de que el Tribunal Supremo decida. Y en ese sentido, esperamos que plantee la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como es su obligación, para que éste se pronuncie por fin sobre los recortes a las renovables en España. El restablecimiento de la seguridad jurídica en el sector renovable será clave para el futuro del sector, pues favorecerá nuevas inversiones en renovables en España.

Cabe señalar, en esta línea, que cada vez se observa un mayor consenso entre los principales despachos de abogados que representan a empresas del sector renovable sobre la necesidad de europeizar el asunto y sobre el incremento de posibilidades de éxito a la luz de los últimos avances.

Sol al final del túnel

España tiene que llegar a cubrir el 20% de su consumo energético final mediante energías renovables. Y aún le faltan entre 6 y 8 puntos porcentuales, según la fuente. Es decir, que necesita, al menos y según la propia planificación del Ministerio, entre 6.600 y 8.500 nuevos MW renovables para poder alcanzar sus compromisos internacionales. Además, REE tiene en la actualidad solicitudes por más de 50.000 MW de energía fotovoltaica.

Si a ello le sumamos el previsible despegue del autoconsumo, una vez se ha conocido ya el peor escenario posible (RD 900/2015), no cabe sino concluir que habrá sol al final del túnel. Y la longitud del túnel dependerá del resultado de las urnas el 20-D y de los litigios en marcha.

Ilustración: J.C.Florentino

El sector renovable asegura que la rentabilidad de las instalaciones está muy lejos del 7,5% que prometió el Gobierno tras su reforma

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Las principales asociaciones empresariales del sector renovable (Anpier, Appa, Avaesen, Protermosolar, Unef, Aprean, Aremur, Cluster de la Energía de Extremadura y Aperbal) han emitido un comunicado donde critican duramente las afirmaciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, referidas a las energías renovables y que realizó en una entrevista en TVE.

En dicha entrevista, Rajoy aseguró que frente a la rentabilidad del 20 al 25% que garantizaba como primas el anterior sistema, el nuevo modelo garantiza “una ganancia del 7,5% que no está mal”. Además culpó a las renovables de aumentar el déficit eléctrico hasta los 26.000 millones de euros, lo que hizo subir el recibo de la luz en un 69% en 8 años.

Para las asociaciones empresariales renovables, “es falso que los productores tuvieran garantizada rentabilidades del 20 al 25%, ya que eran tan dispares como la diversidad de perfiles de inversores y ahorradores, y según el tipo de inversión realizada.

Es falso también que los productores tengan ahora una rentabilidad garantizada del 7,5%. Descontados los impuestos, apenas supera en muchos casos el 5%. Y muchas de las instalaciones, en la actualidad, registran rentabilidades negativas. Los pequeños ahorradores, con peores condiciones crediticias y que pagaron por sus instalaciones un mayor precio, tienen una rentabilidad de apenas el 3%“.

El sector empresarial renovable también desmiente que sea el culpable del déficit de tarifa, así como del fuerte incremento en el precio de la luz de los últimos años, con datos de la propia Comisión Europea.

Ilustración: J.C.Florentino

Las gasolineras extremeñas tienen más difícil bajar del euro por litro de diesel por el impuesto del céntimo sanitario

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La bajada de los precios de los carburantes en las últimas semanas incluso por debajo del euro por litro en el diesel en algunas gasolineras ha vuelvo a activar la polémica sobre el céntimo sanitario. Un impuesto gravado por las comunidades autónomas –aunque algunas ya hayan renunciado a él– a la comercialización de carburantes para hacer frente al mantenimiento del sistema de salud que en Extremadura deja en las arcas regionales en torno a los 40 millones de euros anuales.

Pero que provoca una merma importante para los empresarios del sector de las estaciones de servicio, que ven como especialmente el sector de los transportistas prefieren repostar en otras comunidades, como Castilla y León, donde este impuesto es sensiblemente menor que en la región extremeña.

Actualmente, Extremadura grava con 3,8 céntimos cada litro de carburante desde el 1 de enero del 2014, mientras que Castilla y León lo hace con 1,6 céntimos. El impuesto llegó a ser de 4,8 céntimos por litro en la región. Para un camionero de un tráiler, entre llenar el depósito en una gasolinera cacereña o pacensem o hacerlo en una de Salamanca o Ávila, la diferencia puede superar los 35 euros ya con IVA.

El impuesto fue creado por el Gobierno central en 2002 y cedido a las comunidades autónomas. Actualmente, cuatro comunidades autónomas-Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias- lo han eliminado. Curiosamente, sus gasolineras figuran entre las más baratas de España, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria. El céntimo sanitario oscila entre los 4,8 y los 1,2 céntimos por litro según las regiones.

La Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, Aresex, considera que de mantenerse el impuesto se debería armonizar en común en todas las comunidades autónomas para evitar esta competencia desleal.

El Tribunal de la Unión Europea ya se ha manifestado en contra de dicho impuesto al considerar que se grava dos veces un mismo producto, y por considerar que el fin del  mismo –el mantenimiento del sistema de salud público– no se corresponde con el producto en sí.

Dicha devolución, que está siendo tramitada por las diferentes asociaciones de transportistas, supondría un desembolso cercano a los 13.000 millones de euros para las finanzas de las comunidades autónomas.

Fernández Vara quiere negociar con las eléctricas las devoluciones de la ecotasa de los Tribunales

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La ecotasa de la Junta de Extremadura sigue dando que hablar.

Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha reconocido el derecho de la empresa Gas Natural a la devolución como ingreso indebido de 2,3 millones de euros que pagó a la Hacienda de Extremadura como impuesto autonómico en el ejercicio del 2007. La conocida como ecotasa es una ley extremeña de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya avaló el pasado mes de febrero de este año que dicha tasa era parcialmente inconstitucional por considerar que duplicada el Impuesto de Actividades Económicas que ya aportan sus empresas. La empresa interpuso un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Extremadura en diciembre del 2011.

La sentencia del Tribunal Supremo alega la infracción de varios artículos de la Constitución en relación a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y también contra los artículos 14 y 31 de la constitución.

Hay que recordar que uno de los artículos de la LOFCA puestos en cuestión señala que los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales.

Durante la pasada campaña electoral, el futuro presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ofreció al entonces presidente José Antonio Monago un pacto para cambiar la ecotasa y adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional para poder seguir exigiendo compensaciones a las empresas eléctricas con infraestructuras en la región.