GAS Y CARBURANTES

La empresa suiza que promueve la central de ciclo combinado Mérida Power suma más de 5.090 Mw en otros seis proyectos

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El anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de que otorga la concesión de aguas al proyecto de central de ciclo combinado con gas de Mérida Power, promovido por la empresa suiza Advanced Power junto con Siemens Project Ventures, vuelve a traer a plena actualidad y proyecto que según sus promotores debía comenzar a funcionar en el 2014. Aunque los retrasos en sus tramitaciones medioambientales han demorado su desarrollo.

Esta central de ciclo combinado, ubicada en el municipio de Valverde de Mérida, es la de mayor potencia de los tres proyectos presentados en la zona cercana a Mérida, al alcanzar los 1.100 megawatios de potencia, con una inversión prevista superior a los 500 millones de euros. El proyecto de Iberdrola en Alange suma 850 megawatios y el de La Zarza se queda en los 400 mw.

El proyecto de Mérida Power, que fue presentado en el año 2006 por sus promotores, ha solicitado a la Confederación un volumen máximo anual de 219.000 metros cúbicos, con un caudal medio de 7 litros por segundo y un máximo de 14 litros por segundo. Aunque el consumo neto será de 11 metros cúbicos. El proyecto ya cuenta con la declaración de impacto ambiental (DIA) y espera obtener pronto la Autorización Ambiental Integrada.

Actualmente, la empresa suiza Advanced Power tiene en marcha en diferentes fases de desarrollo seis proyectos de central de ciclo combinado en diferentes países: dos en Estados Unidos, dos en Alemania, uno en Holanda y otro en Hungría. Entre todos ellos suman 5.090 megawatios de potencia.

La firma ha desarrollado, además, dos proyectos de centrales de ciclo combinado, uno en Eslovaquia de 420 megawatios junto con Siemens, que ha sido vendida posteriormente al gigante alemán E.ON (en la fotografía) y otra en Bélgica de 420 megawatios.

La central proyectada en Extremadura, que podría emplear a 150 personas una vez funcione- es la segunda de mayor potencia que promueve la empresa suiza, tras la de Eemsmond en Holanda.

Foto: Central de Ciclo Combinado de Malženice, en Eslovaquia (Copyright: Siemens)

Las grandes petroleras no quieren el “céntimo verde” para rebajar el déficit tarifario

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En algunas comunidades autónomas como la de Extremadura se aplica el denominado “céntimo sanitario” desde enero del 2011, que permite financiar parte de los servicios sanitarios a través de un recargo en el precio de los carburantes que pagan los conductores en la gasolineras.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras con redes en España como Repsol, Cepsa o Galp, no quiere ni oír hablar de la posible aplicación de un “céntimo verde” para recudir el “déficit tarifario” que arrastra el sistema eléctrico español desde hace años. Según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), este recargo «puede crear distorsiones peligrosas desde el punto de vista del correcto funcionamiento macroeconómico y de competitividad».

Gravar con cuatro céntimos cada litro de gasolina o diesel supondría unos ingresos para el Estado de 1.500 millones de euros, siempre que se mantuviera el consumo actual.

Para oponerse a dicho “céntimo verde”, la AOP asegura que «el sector petrolero ya es uno de los que mayor carga fiscal soporta: en los carburantes casi el 50% del precio final corresponde a impuestos, frente a un 20% de la energía eléctrica».

Además, según las grandes petroleras que dominan el mercado español, la aplicación de esta medida tendría efectos negativos sobre el consumo, muy castigado ya por el alza de los precios de la gasolina y el gasoil y sobre todo por el menor consumo doméstico. El consumo de carburantes se ha reducido un 17% de media desde el año 2007, justo antes del estallido de la crisis.

Entre cuatro grandes grupos –Repsol, Cepsa, BP y Galp– concentran más del 70% del parque de gasolineras español, que en total suma 9.046 gasolineras. De esta cantidad total, unas 2.000 estaciones de servicio operan como independientes como en el caso de la red de Iberdoex en Extremadura, la tercera más grande, tras las de Repsol y Cepsa, en la región.

Foto: SXC

Monago se reúne con Arias Cañete en Madrid con la Refinería Balboa como telón de fondo

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Mañana martes día 24 a las 9,30, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, espera en su despacho del Paseo de Infanta Isabel, enfrente de la Estación del AVE de Atocha, al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago.

Se trata de una ronda de reuniones que el titular de Agricultura tendrá en los próximos días con los presidentes autonómicos en Madrid. La reunión, que tiene previsto una hora de duración, abordará los temas de más actualidad para el campo y la ganadería regional: la reforma de las ayudas de la PAC, la crisis de precios del ibérico, el futuro de la producción de tabaco y la presidencia de Cetarsa, la gestión de las Confederaciones Hidrográficas … y de postre, el futuro del proyecto de la Refinería Balboa cuya Declaración de Impacto Ambiental lleva sin resolverse desde el año 2005, cuando se presentó la Memoria Resumen del mismo, en la sede ministerial.

Tres ministras del PSOE (Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar) y varios secretarios de estado de Medio Ambiente no han querido pronunciarse. Ahora le toca el turno a Miguel Arias Cañete. Y a su Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, rodado en temas medioambientales durante años en la Comunidad de Madrid.

El presidente extremeño ha asegurado que aunque la Junta no apoyará financieramente el proyecto a través de su participación en Extremadura Avante, sí lo apoyaría institucionalmente si cumple con la legislación medioambiental. La reciente salida de Juan Sillero como número dos del Grupo Gallardo, principal mediador ante la administración central y autonómica del proyecto refinero, tendría que ver en gran parte con el desgaste que ha supuesto para el grupo siderúrgico extremeño esta infructuosa negociación.

Arias Cañete no quiere demorar más este enquistado asunto. Aunque hasta el 25 de marzo, fecha de las elecciones andaluzas -donde el proyecto ha suscitado controversia política en la provincia de Huelva por el oleoducto- no habrá novedades.