GAS Y CARBURANTES
La Refinería Balboa echa el cierre el día de la Huelga General
El proyecto de la Refinería Balboa ha echado definitivamente el cierre el día de la Huelga General del 29-M. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Miguel Arias Cañete ha emitido una propuesta de Declaración de Impacto Ambiental desfavorable que se basa especialmente en el “potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana” que tendría el proyecto.
Según recoge el comunicado emitido por la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, “los técnicos consideran que esta iniciativa es ambientalmente inviable por su potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana, el más emblemático de la red española de espacios protegidos, así como por sus afecciones al medio marino, en una zona de elevada biodiversidad como es la reserva de pesca marítima Frente de Doñana”.
Además, se considera que este proyecto, ubicado a más de 180 kilómetros de la costa, incumple los objetivos de eficiencia energética recogidos en la normativa europea. También destacan su posible impacto sobre la Vía de la Plata y la negativa de Portugal al mismo, así como las dudas de la UNESCO.
De esta forma, el empresario Alfonso Gallardo ha tenido que esperar más de seis años y medio para conocer que su proyecto estrella con el que soñaba retirarse, la Refinería Balboa ubicada en el término de Los Santos de Maimona, ya no verá la luz.
El proyecto requería una inversión de 2.100 millones de euros para producir 110.000 barriles de productos petrolíferos diarios. El tiempo de construcción estimado sería de tres años. Hace cinco años, los técnicos de la Junta de Extremadura evaluaron que la Refinería generaría 2.100 millones en impuestos especiales y 740 millones en IVA.
El propio Alfonso Gallardo y su entorno –el dimitido Juan Sillero, su mano derecha en sus empresas- tenían claro que si el proyecto no había conseguido el visto bueno de Medio Ambiente tras el paso de tres ministras del PSOE por el Ministerio –Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar– sería muy complicado que un gobierno del PP cambiara de opinión. La última Secretaria de Estado del Cambio Climático del Gobierno del PSOE, Teresa Ribera, era abiertamente contraria al proyecto.
En clave regional, el no a la refinería supone un espaldarazo para la dirección de Izquierda Unida, el partido que más ha apoyado a los movimientos anti-refinería en Tierra de Barros. El PSOE siempre se ha manifestado a favor del mismo pero sin fuerza suficiente en Madrid -lo que recientemente reprochó Alfonso Gallardo a Guillermo Fernández Vara, ex presidente de la Junta de Extremadura- para conseguir el visto bueno al mismo. Mientras, el PP ha mantenido una postura más ambigua, incluso contradictoria, desde el no rotundo del entonces su líder Carlos Floriano hasta el apoyo con matices de José Antonio Monago.
Pese a ello, la retirada de su accionariado de Extremadura Avante, la sociedad pública que controlaba el 20% del mismo, al llegar al gobierno regional de Extremadura el Partido Popular supuso un nuevo contratiempo para Gallardo. El empresario jerezano ha visto como sus accionistas iniciales han ido dando la espalda al proyecto por una u otras razones: Extremadura Avante, Bankia, Iberdrola, BBVA y Caja Extremadura. Gallardo aseguraba hace semanas que tenía financiación y nuevos socios para su proyecto refinero, aunque nunca desveló sus nombres ni procedencia.
La noticia ha sido bien recibida por el pool de bancos acreedores del grupo Gallardo, que pese a la venta de su siderurgia alemana de Thüringen, aún mantiene una elevada deuda financiera que lastra su recuperación. A día de hoy, prefieren que Gallardo y su equipo centren sus esfuerzos en buscar una salida a la compleja situación financiera y laboral del Grupo, que en próximas semanas podría anunciar la venta de nuevos activos industriales.
La empresa suiza que promueve la central de ciclo combinado Mérida Power suma más de 5.090 Mw en otros seis proyectos
El anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de que otorga la concesión de aguas al proyecto de central de ciclo combinado con gas de Mérida Power, promovido por la empresa suiza Advanced Power junto con Siemens Project Ventures, vuelve a traer a plena actualidad y proyecto que según sus promotores debía comenzar a funcionar en el 2014. Aunque los retrasos en sus tramitaciones medioambientales han demorado su desarrollo.
Esta central de ciclo combinado, ubicada en el municipio de Valverde de Mérida, es la de mayor potencia de los tres proyectos presentados en la zona cercana a Mérida, al alcanzar los 1.100 megawatios de potencia, con una inversión prevista superior a los 500 millones de euros. El proyecto de Iberdrola en Alange suma 850 megawatios y el de La Zarza se queda en los 400 mw.
El proyecto de Mérida Power, que fue presentado en el año 2006 por sus promotores, ha solicitado a la Confederación un volumen máximo anual de 219.000 metros cúbicos, con un caudal medio de 7 litros por segundo y un máximo de 14 litros por segundo. Aunque el consumo neto será de 11 metros cúbicos. El proyecto ya cuenta con la declaración de impacto ambiental (DIA) y espera obtener pronto la Autorización Ambiental Integrada.
Actualmente, la empresa suiza Advanced Power tiene en marcha en diferentes fases de desarrollo seis proyectos de central de ciclo combinado en diferentes países: dos en Estados Unidos, dos en Alemania, uno en Holanda y otro en Hungría. Entre todos ellos suman 5.090 megawatios de potencia.
La firma ha desarrollado, además, dos proyectos de centrales de ciclo combinado, uno en Eslovaquia de 420 megawatios junto con Siemens, que ha sido vendida posteriormente al gigante alemán E.ON (en la fotografía) y otra en Bélgica de 420 megawatios.
La central proyectada en Extremadura, que podría emplear a 150 personas una vez funcione- es la segunda de mayor potencia que promueve la empresa suiza, tras la de Eemsmond en Holanda.
Foto: Central de Ciclo Combinado de Malženice, en Eslovaquia (Copyright: Siemens)
Las grandes petroleras no quieren el “céntimo verde” para rebajar el déficit tarifario
En algunas comunidades autónomas como la de Extremadura se aplica el denominado “céntimo sanitario” desde enero del 2011, que permite financiar parte de los servicios sanitarios a través de un recargo en el precio de los carburantes que pagan los conductores en la gasolineras.
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras con redes en España como Repsol, Cepsa o Galp, no quiere ni oír hablar de la posible aplicación de un “céntimo verde” para recudir el “déficit tarifario” que arrastra el sistema eléctrico español desde hace años. Según la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), este recargo «puede crear distorsiones peligrosas desde el punto de vista del correcto funcionamiento macroeconómico y de competitividad».
Gravar con cuatro céntimos cada litro de gasolina o diesel supondría unos ingresos para el Estado de 1.500 millones de euros, siempre que se mantuviera el consumo actual.
Para oponerse a dicho “céntimo verde”, la AOP asegura que «el sector petrolero ya es uno de los que mayor carga fiscal soporta: en los carburantes casi el 50% del precio final corresponde a impuestos, frente a un 20% de la energía eléctrica».
Además, según las grandes petroleras que dominan el mercado español, la aplicación de esta medida tendría efectos negativos sobre el consumo, muy castigado ya por el alza de los precios de la gasolina y el gasoil y sobre todo por el menor consumo doméstico. El consumo de carburantes se ha reducido un 17% de media desde el año 2007, justo antes del estallido de la crisis.
Entre cuatro grandes grupos –Repsol, Cepsa, BP y Galp– concentran más del 70% del parque de gasolineras español, que en total suma 9.046 gasolineras. De esta cantidad total, unas 2.000 estaciones de servicio operan como independientes como en el caso de la red de Iberdoex en Extremadura, la tercera más grande, tras las de Repsol y Cepsa, en la región.
Foto: SXC
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