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Un experto de Enresa cifra en 300 millones de euros el presupuesto de desmantelamiento de una central nuclear en un seminario de AMAC y GMF

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El Grupo de Municipios Europeos con Instalaciones Nucleares (GMF) y la Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) han organizado un seminario online con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los impactos socioeconómicos que conlleva la decisión de cierre y desmantelamiento de una central nuclear.

Juan Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC, y Pia Almström, presidenta del GMF, fueron los encargados de inaugurar el seminario y dar la bienvenida tanto a ponentes como a participantes. Sánchez Yebra señala la necesidad de diseñar e implementar planes sólidos y coordinados de desarrollo en las zonas afectadas por cierres de centrales nucleares para que los impactos del mismo en la etapa postnuclear sean los menores posibles, apostando por alternativas económicas basadas en los recursos de cada comarca.

Mientras, Pia Almström, presidenta del GMF, destaca la necesidad de considerar no sólo los aspectos tecnológicos y regulatorios en las estrategias de cierre y desmantelamiento en los diferentes países europeos, sino también los aspectos sociales. Para ello, es imperativo involucrar a los municipios y las comunidades locales, en muchos casos completamente dependientes del sector nuclear, en las decisiones relativas al futuro de sus territorios.

Por su parte, Manuel Rodríguez Silva, director de operaciones de Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, será el encargado de la charla Impacto sobre el empleo y la inversión económica asociados al desmantelamiento. En ella, se referirá al desmantelamiento que, mientras dura el proyecto, actúa como un moderador de la pérdida de empleo y de actividad económica que inevitablemente supone el cierre de una central nuclear para sus zonas de influencia.

En concreto, durante un periodo aproximado de 10 años, proporciona empleo a una media de 250 trabajadores, la mayor parte de los cuales suele residir en los municipios del entorno, según señala Rodríguez, quien resalta que el presupuesto del desmantelamiento, integrando los costes de las obras y los de operación y mantenimiento de la planta, se sitúa en torno a los 300 millones de euros. En este sentido, el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, destaca el acuerdo suscrito recientemente con el Gobierno central para el desarrollo de un Convenio de Transición Justa en la comarca de Zorita, donde se está desmantelando la central nuclear José Cabrera.

Asimismo, ha mostrado su confianza en que dicho acuerdo sea el primer paso de una colaboración firme y futura que garantice el desarrollo de las zonas donde se han cerrado o cerrarán instalaciones nucleares.

Por último, Alfons García, alcalde de Vandellós-l’Hospitalet de l’Infant y vicepresidente de AMAC, comentó los impactos locales y regionales del cierre y desmantelamiento en España, desde el primer caso de la central de Vandellós, pasando por la situación actual en la comarca de Zorita y la previsión futura.

El Ministerio de Industria abre la puerta a la subasta de centrales de ciclo combinado, de carbón y nucleares a terceros

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de cierre de centrales de producción de energía.

A través de este proyecto normativo, el Ministerio introduce nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc…).

En la actualidad, el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.

Sin embargo, el Real Decreto que plantea ahora el Ministerio añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.

Además, el Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución en última instancia podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.

En su informe, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el Ministerio en su Proyecto de Real Decreto no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente. Además, le confieren un excesivo  margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico.

En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.

La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.

La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.

La Central de Almaraz reitera su interés en alargar su vida útil tras presentar su proyecto de Almacén Temporal Individualizado que abriría en 2018

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El Almacén Temporal Individualizado (ATI) para combustible gastado de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) podría estar en funcionamiento en el primer semestre de 2018, siempre que se obtenga la aprobación el Ministerio de Industria, según lo ha anunciado la pasada semana el director de la Central, José María Bernaldo de Quirós.

La empresa titular de la Central ya ha solicitado el permiso y comenzado con la tramitación oficial para construir un ATI, una instalación que permitirá gestionar el combustible gastado previo a su envío al Almacén Temporal Centralizado (ATC).”La perspectiva que ahora mismo tiene el ATC se ha complicado y, evidentemente, nosotros tenemos que actuar y anticiparnos para tener un margen suficiente”, ha asegurado.

Según Bernaldo de Quirós, “prácticamente todas las comunidades autónomas que cuentan con una central nuclear ya lo tienen, a excepción de las plantas de Almaraz y Cofrentes (Valencia)”. A 30 de junio de 2015, el grado de ocupación de las piscinas de combustible gastado es del 84,52% en la Unidad I y del 83,79% en la II.

Sobre qué ocurriría si no se autorizara el ATI, De Quirós ha hecho hincapié en que si el proyecto no consigue la licencia “cuando lleguen los años de saturación de las piscinas la operación de la planta tendría que cesar“. Y ha vuelto a reiterar el diseño de las empresas propietarias de alargar la vida útil de la Central. “Por supuesto que ahora mismo la voluntad de los dueños de la central y de la dirección es solicitar una renovación de la autorización de explotación en el año 2020, entre otras cosas porque no hemos cumplido los 40 años”, ha apuntado antes de señalar que la legislación española actual contempla prórrogas por diez años”.

El  ATI tendrá una capacidad muy limitada, ya que solo podrá albergar 20 contenedores, con 32 elementos de combustible cada uno. “Se trata de una instalación muy sencilla, ya que es básicamente un losa de almacenamiento que tiene 51×20 metros y un metro de espesor de hormigón, ligeramente enterrada y que tiene un muro perimetral de cinco metros de altura para blindaje. Además, lleva un doble vallado perimetral e instalaciones de vigilancia y seguridad física y de protección radiológica”, según el director. El presupuesto del proyecto alcanza los 24 millones de euros.

La producción bruta de energía generada entre las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz (CNA) en el primer semestre de 2015 ha sido 8.220,7 millones de kilovatios/hora (kwh), mientras que la producción neta conjunta ha sido de 7.919 millones de kilovatios/hora.

Mientras que la producción de energía eléctrica bruta de la Unidad I ha sido de 4.443,4 millones de kilovatios hora, la de la Unidad II ha sido de 3.777,3 millones de kwh. La Central Nuclear de Almaraz tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde 1 de mayo de 1981, cuando entró en funcionamiento, hasta el 30 de junio de 2015, de 471.102 millones de kilovatios/hora.