MERCADO ELÉCTRICO

AGENEX coordinará una nueva iniciativa europea para financiación de energías renovables

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La Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) coordinará la iniciativa europea FIRESPOL Financial Instruments for Renewable Energy Sources, a través de las que se diseñarán nuevos canales de financiación pública y privada para el desarrollo de proyectos de energías renovables.

En FIRESPOL participarán seis representantes de gobiernos nacionales y regionales, que en los próximos dos años deberán identificar los mejores modelos financieros existentes a nivel internacional, para posteriormente implementar acciones piloto para la financiación de energías renovables.

En la actualidad, técnicos de AGENEX participan en un seminario en Sofía (Bulgaria) junto a representantes de Ministerios, Regiones y entidades locales con el objeto de preparar el lanzamiento de ésta y otras iniciativas aprobadas por el Programa Interreg Europa.

El Programa Interreg Europa busca incrementar la eficiencia en el uso de los fondos públicos, especialmente los Fondos Estructurales del presupuesto Comunitario, por eso financia iniciativas que quieren incrementar los impactos económicos y sociales del presupuesto europeo.

Con el objetivo de mejorar el impacto de los fondos públicos que gestiona Extremadura, AGENEX coordina actualmente tres iniciativas de este Programa, que han sido seleccionadas entre más de 750 propuestas, además de participar en otras 3 iniciativas como socio.

Estas seis iniciativas trabajan en temáticas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible, siendo la financiación una problemática clave que ya se trata en las iniciativas FIRESPOL y FINERPOL (Instrumentos Financieros para rehabilitación energética de edificios).

El Informe del Observatorio de la Energía asegura que “es poco razonable fiar la sostenibilidad del sector energético a las precipitaciones”

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El Informe 2017 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad, elaborado por la Cátedra BP  la Universidad Pontificia de Comillas, señala que en 2016 el sector energético español consumió 6,3 exajulios (EJ) de energía primaria y emitió 306 millones de toneladas (Mt) de CO2, generando un valor añadido (sin descontar los costes externos) de 51.300 millones de euros (correspondiente a un 4,6% del PIB).

La Cátedra BP concluye que el año 2016 el sistema energético español ha mostrado una leve mejoría de los indicadores de sostenibilidad energética. La recuperación económica y la bajada de precios de los combustibles ha traído consigo un nuevo aumento de la demanda de energía (un 0,3% en energía primaria y un 2% en energía final).

El Informe destaca que “ es necesario apostar por una mayor contribución de las energías renovables y, sobre todo, por el ahorro y la eficiencia energética. A este respecto, hay que recordar que, pese a la mejoría del último año, España sigue presentando una intensidad energética muy superior a otros países de nuestro entorno”.

A excepción del carbón, todas las energías fósiles aumentaron su contribución al mix energético primario en el año 2016, mientras que las energías renovables en su conjunto mantuvieron una contribución similar a la del año anterior. Sin duda, la caída continuada de los precios de los combustibles fósiles y los precios bajos del CO2 explica en parte la falta de cambios significativos en el mix energético español.

La demanda de productos petrolíferos para el transporte siguió recuperándose, tanto para el transporte de mercancías como el de pasajeros. En ambos casos, el transporte por carretera continúa representando en torno al 90% del total. Este sector consumió más del 41% de la energía final y contribuyó con un 28% a las emisiones del CO2. Este incremento de la demanda de transporte se cubrió en gran medida gracias a un aumento de casi el 21%, que además permitió aumentar las exportaciones de derivados en más de un 5%.

El Informe también alerta del peligro de fiar el futuro del sistema energético español solo a la meteorología. “En un escenario de largo plazo, parece poco razonable fiar la sostenibilidad del sector energético de las precipitaciones, más aún en el caso español, que se enfrenta a un importante riesgo de bajada de las precipitaciones debido al cambio climático”.

Desde la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad consideran que “la futura Ley debería incluir aspectos tan relevantes como un compromiso de reducción de emisiones a largo plazo, con objetivos intermedios; un precio para el CO2 estable y creciente, en el marco de una reforma fiscal verde; medidas adicionales para aquellos sectores en los que la señal de precio no sea tan efectiva; un diseño apropiado de los mercados energéticos; una estrategia de innovación energética en un contexto global; políticas educativas y de concienciación; medidas de promoción de la economía circular; políticas que aseguren la transición justa y la protección de los sectores vulnerables; y una estrategia de adaptación frente al cambio climático”.

Una de cada cinco inspecciones de Endesa en Extremadura en 2017 concluyó con la detección de fraude

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Endesa detectó en Extremadura en 2017 cerca de 700 fraudes eléctricos y recuperó 6.335 kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de tres meses de una localidad como Fuente del Maestre.

El pasado año, una de cada cinco inspecciones realizadas por la compañía concluyó con la detección de fraude. En el 40% de los casos se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato y el resto, de otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.

En los últimos dos años, las pérdidas de energía contabilizadas por Endesa en Extremadura se han reducido en casi un 55% gracias al refuerzo de los medios para combatir el fraude; un esfuerzo que continuará en los próximos ejercicios, ya que la reducción de pérdidas de energía en la red y la lucha contra el fraude son una de las prioridades de Endesa en la red de distribución en los próximos años.

Aparte de estas cifras, es importante destacar que el fraude eléctrico es, sobre todo, un problema grave para la seguridad y la salud de las personas, tanto para el propio defraudador como para los que le rodean. En los últimos años, se han registrado numerosos casos de incendios en instalaciones y viviendas como consecuencia de esas manipulaciones e, incluso, ha habido que lamentar la pérdida de vidas.

Además, a diferencia de lo que inicialmente podría creerse, el grueso del fraude eléctrico en España no lo cometen consumidores que se hallan en situación de vulnerabilidad energética, sino grandes consumidores, es decir, empresas industriales y de servicios, así como de negocios y particulares de consumo elevados.

Endesa ha redoblado en los últimos años los medios para combatir el fraude eléctrico mediante un aumento de las inspecciones, un uso intensivo de las nuevas tecnologías y la utilización de herramientas de análisis masivo de datos (Big Data) que hacen que la detección del fraude sea cada vez más efectiva.

Entre las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, destacan los videoscopios y trazadores, que  permiten inspeccionar instalaciones subterráneas, empotradas en las paredes o inaccesibles a simple vista, para detectar, entre otras manipulaciones, la existencia de dobles acometidas.

A su vez, el uso de herramientas de Big Data permite agrupar los datos históricos de consumo y contrato de las instalaciones sobre los que se aplican algoritmos de cálculo para la identificación de posibles fraudes.

Competencia investiga el traspaso masivo de clientes entre comercializadoras eléctricas

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) incoó un total de 104 expedientes sancionadores relacionados con infracciones de la Ley del Sector Eléctrico y del Sector de Hidrocarburos en el año 2017. Durante ese periodo, la CNMC resolvió un total de 43 expedientes e impuso las correspondientes sanciones.

Los motivos que suscitaron la apertura de estos expedientes fueron muy diversos. Entre otros, la CNMC inició un sancionador por una posible alteración de precios en las ofertas de mercado de generación entre octubre de 2016 y enero de 2017. Además, detectó que algunas empresas no estaban respetando las reglas del mercado a la hora de producir, comprar y vender energía (5 expedientes), e incluso que no se encontraban inscritas en el registro español de productores de energía (18).

En todo caso, este tipo de infracciones descendió considerablemente con respecto a otros ejercicios, gracias a la eficacia de la CNMC a la hora de detectar y sancionar esas prácticas. Además, el Ministerio de Energía (MINETAD) agilizó los procedimientos para inhabilitar a las compañías infractoras y traspasar a los clientes afectados a otras comercializadoras.

Además, durante 2017 la CNMC inició 15 expedientes sancionadores contra diversas empresas energéticas que habían cambiado de compañía (luz y/o gas) a clientes sin su consentimiento. En algunos casos, la Comisión incluso investiga el traspaso masivo de clientes entre comercializadoras.

Por otra parte, inició siete sancionadores contra empresas que incumplieron la normativa a la hora de publicar los precios de combustibles y carburantes, y aprobó la resolución de 23 expedientes de este tipo.

Otras infracciones afectaron a empresas que incumplieron el Plan Nacional de Sustitución de Contadores, por lo que la CNMC finalizó la instrucción de nueve expedientes.

La CNMC además investigó el incumplimiento de Reglamentos europeos, concretamente del Artículo 110 u) de la Ley de Hidrocarburos, con la incoación de dos expedientes contra empresas comercializadoras de gas.

Por otra parte, la CNMC ha instruido un total de 115 procedimientos sancionadores, cuya resolución corresponde al Ministerio de Energía o al Consejo de Ministros.

En estos casos, las infracciones más destacadas han tenido que ver con: el mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad exigidas de productos petrolíferos y de gas natural (24 sancionadores); el impago de los peajes de acceso a las redes (5 expedientes) y liquidaciones (3); incumplimientos de envío de datos de lectura de contadores inteligentes (10) o el incumplimiento de la obligación específica de adaptación de los contratos de venta en exclusiva de carburantes y combustibles (1).

AGENEX defiende ante el Parlamento Europeo en Bruselas una regulación estándar y estable del autoconsumo

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El director de la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), Cosme Segador, defendió el pasado jueves en Bruselas  una “legislación estándar y estable” en materia de autoconsumo fotovoltaico, puesto que las “barreras legales y administrativas son una de las causas más importantes, a día de hoy, que impiden el desarrollo de esta tecnología”.

Segador participó este jueves en la sesión de seguimiento del Comité de Industria, Transporte, Investigación y Energía (ITRE), organizada por el Parlamento Europeo, en la que se han revisado la aplicación de las medidas legislativas  del paquete “Energía Limpia para todos los Europeos” -también denominado Paquete de Invierno-, entre las que se encuentran las relacionadas con la promoción del autoconsumo en edificios.

En este sentido, el director de AGENEX también ha subrayado que la financiación de esta tecnología es una “barrera destacable”, por lo que ha propuesto la creación de  un fondo de garantía que respalde la financiación de estas inversiones en la Unión Europea.

Asimismo, en su intervención ante los eurodiputados ha  señalado que la divulgación y difusión de esta tecnología, “sobre todo a consumidores domésticos, es otro de los puntos importantes para crear conciencia sobre las ventajas y ahorros que se pueden conseguir”.

Cosme Segador también ha recomendando a los parlamentarios europeos que apuesten por el autoconsumo fotovoltaico “dado los beneficios ambientales y económicos que este sector puede aportar”. En concreto, ha asegurado que muchos sectores “siguen apostando por el autoconsumo para reducir sus costes energéticos, a pesar de las dificultades actuales”. Además, ha explicado que el sector fotovoltaico “es uno de los que más valor crea en el I+D con generación de empleo y aporte en la economía”. En este sentido, y en el caso de España, “este empleo puede ser local” porque el 90% de las empresas del sector son micropymes.

Por último, el director de AGENEX se ha referido a la importancia de la apuesta por la tecnología de autoconsumo fotovoltaico en el entorno europeo para el desarrollo de los edificios de consumo de energía casi nulo y por su complementariedad con los vehículos eléctricos y la movilidad sostenible.

La participación de AGENEX en la sesión de seguimiento del Comité de Industria, Transporte, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo obedece a las colaboraciones que Extremadura tiene en marcha con otros países de la Unión Europea en la promoción de tecnologías renovables.

Concretamente, AGENEX lidera la iniciativa ENERSELVES para la identificación y análisis de los mejores mecanismos de apoyo al autoconsumo en edificios. El proyecto ENERSELVES “Instrumentos políticos para el autoconsumo de edificios” está financiado por el Programa Interreg Europa con 2 millones de euros durante 4 años.

Además, Extremadura lidera, a nivel europeo, otras 2 iniciativas para promocionar el autoconsumo y la eficiencia energética en edificación. Las iniciativas FINERPOL (Interreg Europa) y HousEEnvest (Horizonte 2020) pretenden movilizar más de 40 millones de euros de financiación para el sector de la rehabilitación energética en Extremadura en los próximos 4 años, incluyendo líneas específicas para autoconsumo fotovoltaico.

ADIF pone en marcha el proyecto para las futuras subestaciones eléctricas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas de la alta velocidad

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La línea de alta velocidad de Madrid a Badajoz también transporta nuevas infraestructuras eléctricas. ADIF, el organismo que administra las infraestructuras ferroviarias en España, ha iniciado los trámites para la electrificación de la línea entre Plasencia y Badajoz. Ya está en marcha el proceso de información pública para llevar a cabo las expropiaciones de terrenos necesarias.

Las tres ubicaciones claves en la electrificación de este tramo del futuro tren de altas prestaciones de Madrid a Badajoz están en Cañaveral, Carmonita y Sagrajas, para la construcción de las subestaciones eléctricas de tracción.

El proyecto consiste en construir las subestaciones eléctricas de tracción y centros asociados de la línea del AVE en las áreas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas. La previsión de ADIF pasa por expropiar más de 43.00 metros cuadrados de suelo rural en los municipios de Badajoz, Mérida, Cáceres y Malpartida de Plasencia.

Está prevista, en el proyecto original, la construcción de una nueva subestación eléctrica en cada una de las zonas, con centro de autotransformación final incluido y tres centros de autotransformación intermedios.

En el caso de la subestación proyectada en Cañaveral, es la que debe dar suministro al tramo de Plasencia y Cáceres, mientras que la de Carmonita lo dará en el tramo de Cáceres-Mérida, con centros intermedios en ambas localidades. Mientras la de  Sagrajas, en el municipio pacense de Pueblonuevo del Guadiana, será la que aporte al suministro al futuro tramo ferroviario entre la capital extremeña y Badajoz capital, antes de su llegada a la frontera portuguesa.

Estas subestaciones también serán claves en el futuro para la evacuación de energía eléctrica de distintos proyectos fotovoltaicos que se proyectan en Extremadura actualmente.

El Ministerio de Industria abre la puerta a la subasta de centrales de ciclo combinado, de carbón y nucleares a terceros

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de cierre de centrales de producción de energía.

A través de este proyecto normativo, el Ministerio introduce nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc…).

En la actualidad, el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.

Sin embargo, el Real Decreto que plantea ahora el Ministerio añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.

Además, el Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución en última instancia podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.

En su informe, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el Ministerio en su Proyecto de Real Decreto no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente. Además, le confieren un excesivo  margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico.

En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.

La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.

La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.