MERCADO ELÉCTRICO
Extremadura contaba con 9 proyectos de almacenamiento de energía en información pública que suman 530 MW a finales del 2025
Durante el cuarto trimestre de 2025 han estado en fase de información pública 157 proyectos de energías renovables en toda España con una potencia de generación total de 2-148 MW, lo que representa un descenso del 48% en relación al trimestre anterior.
Según los datos del Observatorio de Energías Renovables OPINA360, el 56% de esta potencia era de instalaciones fotovoltaicas (1.202 MW) mientras el 44% correspondía a proyectos eólicos (946,1 MW). De este total, en Extremadura había en el último trimestre del 2025 un total de 119,8 MW en fase de información pública, todos ellos de proyectos fotovoltaicos. Estas cifras sitúan a la región en el puesto 8 del ránking nacional renovable por potencia en periodo de información pública, lo que atestigua la desaceleración en el número de instalaciones de tamaño medio y grande en la región.
Entre los proyectos presentados a nivel nacional, un total de 50 que suman 790 MW se encontraba a finales del 2025 en fase inicial de solicitud de autorización mientras que otros 1017 ya habían solicitado la autorización de construcción, de utilidad pública o de la declaración de impacto ambiental.
En cuanto a la administración responsable de la declaración, en 143 de los proyectos la tramitación compete a las comunidades autónomas, aunque sólo representan el 61% del total de generación (1.322,7 MW), al tratarse de proyectos con una potencia inferior a los 50 MW. Mientras que por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) era el responsable de 14 grandes proyectos que sumaban el 38,4% del total de capacidad de generación con 825,5 MW.
Desde el punto de vista territorial Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña lideraba a finales de año la petición de proyectos renovables en fase de información pública. Junto a Cantabria, con las únicas cinco regiones que han tenido algún proyecto que debía ser tramitado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
En lo que sí sigue teniendo mucho protagonismo la Comunidad de Extremadura es en los proyectos de almacenamiento de energía. En el último trimestre del 2025 había en España un total de 108 proyectos de almacenamiento en tramitación de información pública que sumaban 2.212,6 MW. De ese total, un 80,3% correspondían a instalaciones con baterías y el 18,1% a una planta hidroeléctrica de bombeo, mientras que el restante era de instalaciones fotovoltaicas híbridas.
Extremadura era al final de año la comunidad autónoma española con más instalaciones de almacenamiento de energía en periodo de información previa que sumaban 530 MW de potencia repartidas entre 9 proyectos, seguida de Galicia con 453MW y de Cataluña con 322,3 MW.
El acuerdo de Gobierno de PP-VOX contempla eliminar la ecotasa energética y elaborar un Plan Autonómico de Red y Demanda eléctrica
El acuerdo programático firmado por el PP y Vox que ha permitido investir como presidenta de la Junta de Extremadura a María Guardiola incluye varias medidas que tienen que ver con el sector energético en la región.
Entre las más destacadas figuran literalmente, según recoge el acuerdo hecho público entre ambos partidos, las siguientes:
-Blindar la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética.
Tras constatar con las empresas eléctricas propietarias de Almaraz su disposición a seguir contribuyendo al sostenimiento de Extremadura y de sus servicios públicos básicos, se reformará la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central nuclear de Almaraz, reduciendo su carga el 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura. De dicha recaudación, el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia. (Plazo: 1 de enero de 2027).
No obstante lo anterior, en el caso de que el Gobierno de España reduzca la carga impositiva estatal (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos) y/o ajuste la tasa ENRESA, ambas partes se comprometen a revisar la decisión al nuevo escenario.
-Redes eléctricas como palanca para la industria y la vivienda.
La Junta de Extremadura impulsará el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como condición imprescindible para el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. A tal efecto, se agilizarán los procedimientos administrativos y se elaborará un Plan Autonómico de Red y Demanda que permita anticipar necesidades, coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
-Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas.
El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional —incluidas vías pecuarias— y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural. El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, evitando la ocupación indiscriminada del suelo, empezando por añadir como factores excluyentes o, en su caso, condicionantes del “Mapa de Capacidad de Acogida” de Extremadura todo suelo productivo y con valor agronómico, los terrenos en los que pudiera producirse una afectación del patrimonio natural y las vías pecuarias, garantizando la trashumancia y la conectividad ecológica.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
Hay que destacar que el acuerdo de Gobierno incluye la cartera de Agricultura para VOX, aunque en esta nueva legislatura dicha consejería ya no tendrá las competencias en material de industria, energía y minas como hasta ahora las tenía.
MITECO promueve un estándar de excelencia social y territorial para los proyectos de renovables, almacenamiento y redes
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico avanza en el progreso de las instalaciones renovables excelentes con el lanzamiento de cuatro consultas públicas previas (CPP) para diseñar nueva regulación derivada del reciente Real Decreto-ley 7/2026, por el que se aprueba el Plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio. Entre otras medidas estructurales para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados, esta norma aumenta la velocidad de la transición energética e incrementa los beneficios que proporciona a toda la sociedad, especialmente a las comunidades cercanas a las plantas de producción de energía renovable.
El RDL 7/26, trasponiendo la Directiva 2023/2413 (conocida como DER III), regula las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), áreas especialmente adecuadas para las centrales de renovables y las infraestructuras requeridas para su conexión a la red o para el almacenamiento, por no preverse en ellas un impacto ambiental significativo. Tendrán prioridad los suelos industriales y urbanizados, así como los terrenos degradados, como vertederos, minas y canteras, entre otros que ya hayan experimentado transformaciones relevantes.
Aceleración renovables
El desarrollo de las ZAR requiere la promulgación de un Real Decreto que fije los criterios y los plazos para que las comunidades autónomas puedan designarlas, que permita la redacción de un catálogo estatal de medidas de mitigación obligatorias, y que determine el efecto de la ZAR sobre los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y sobre una tramitación simplificada y preferente, entre otros aspectos, como la contribución al cumplimiento de los objetivos de energía y clima. La CPP para elaborar este Real Decreto puede consultarse aquí.
EL RDL 7/26 también obliga a las grandes centrales a trasladar beneficios a los territorios de sus proximidades, más allá del cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cotización, de acuerdo con las recomendaciones del reciente Grid Package de la Comisión Europea. Y otra de las consultas, disponible aquí, servirá para elaborar una Orden ministerial al respecto.
Así, se pregunta sobre qué constituye un retorno de beneficios válido, sobre cómo debe definirse el ámbito territorial beneficiado, sobre cuáles han de ser los parámetros de medición, acreditación y verificación de los beneficios, sobre los requisitos de los procesos de participación ciudadana…
Excelencia territorial
Otra de las CPP, disponible aquí, es relativa a una Orden ministerial para regular un estándar de excelencia social y territorial para los proyectos de renovables, almacenamiento y redes que acrediten elevado nivel de implicación social, impacto económico positivo y calidad ambiental en el diseño y la operación.
El cumplimiento del estándar, de carácter voluntario, otorgará ventajas a la hora de obtener permisos de acceso y conexión, participar en concursos del Régimen Económico de Energías Renovables o ser declarado proyecto estratégico.
En consecuencia, se pregunta sobre los criterios mínimos que deben cumplirse, más allá de los legalmente vinculantes, para obtener el estándar –creación de empleo y actividad económica, implicación ciudadana, lucha contra la pobreza energética…–, sobre el procedimiento de acreditación del estándar o sobre los términos en que el estándar podrá considerarse meritorio y otorgar ventajas.
Finalmente, la cuarta CPP, disponible aquí, está directamente ligada a la excelencia de los proyectos y se circunscribe a los de biometano, tecnología que podría sustituir más de un 10% de la importación de gas fósil, algo especialmente relevante allí donde las alternativas para descarbonizar son más costosas.
Por consiguiente, el RDL 7/26 emplaza a fijar objetivos obligatorios de biometano en sectores diferentes al transporte, con un sello de excelencia social, territorial y ambiental. La CPP pregunta sobre los criterios para obtener el sello, sobre los mecanismos de seguimiento y renovación periódica y otros elementos.
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