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El acuerdo de Gobierno de PP-VOX contempla eliminar la ecotasa energética y elaborar un Plan Autonómico de Red y Demanda eléctrica
El acuerdo programático firmado por el PP y Vox que ha permitido investir como presidenta de la Junta de Extremadura a María Guardiola incluye varias medidas que tienen que ver con el sector energético en la región.
Entre las más destacadas figuran literalmente, según recoge el acuerdo hecho público entre ambos partidos, las siguientes:
-Blindar la continuidad de Almaraz y eliminación de la ecotasa energética.
Tras constatar con las empresas eléctricas propietarias de Almaraz su disposición a seguir contribuyendo al sostenimiento de Extremadura y de sus servicios públicos básicos, se reformará la ecotasa autonómica que grava la producción de energía en la central nuclear de Almaraz, reduciendo su carga el 30% anual hasta llegar a su eliminación completa antes del final de la legislatura. De dicha recaudación, el 50% se destinará cada anualidad a un fondo específico para el desarrollo socioeconómico, la mejora de infraestructuras, la generación de empleo y la promoción de vivienda en el entorno de la central y su área de influencia. (Plazo: 1 de enero de 2027).
No obstante lo anterior, en el caso de que el Gobierno de España reduzca la carga impositiva estatal (Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos) y/o ajuste la tasa ENRESA, ambas partes se comprometen a revisar la decisión al nuevo escenario.
-Redes eléctricas como palanca para la industria y la vivienda.
La Junta de Extremadura impulsará el refuerzo y la planificación de las redes eléctricas como condición imprescindible para el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. A tal efecto, se agilizarán los procedimientos administrativos y se elaborará un Plan Autonómico de Red y Demanda que permita anticipar necesidades, coordinar la planificación energética con el suelo industrial y residencial y eliminar los cuellos de botella que frenan la inversión.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
-Protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas.
El Gobierno de Extremadura asume el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional —incluidas vías pecuarias— y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural. El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, evitando la ocupación indiscriminada del suelo, empezando por añadir como factores excluyentes o, en su caso, condicionantes del “Mapa de Capacidad de Acogida” de Extremadura todo suelo productivo y con valor agronómico, los terrenos en los que pudiera producirse una afectación del patrimonio natural y las vías pecuarias, garantizando la trashumancia y la conectividad ecológica.
Plazo: primeras medidas antes de fin de 2026.
Hay que destacar que el acuerdo de Gobierno incluye la cartera de Agricultura para VOX, aunque en esta nueva legislatura dicha consejería ya no tendrá las competencias en material de industria, energía y minas como hasta ahora las tenía.
El Clúster de la Energía de Extremadura participa en la manifestación de apoyo para la continuidad de la Central de Almaraz
El Clúster de la Energía de Extremadura se ha sumado y ha participado en la manifestación que se ha celebrado en defensa de la prolongación de la actividad y la vida de la Central Nuclear de Almaraz, convocada por los alcaldes de la comarca, y en la que han estado representados los principales agentes sociales, económicos y políticos de toda la región.
La Central de Almaraz es uno de los grandes activos económicos de Extremadura, un eslabón de primer orden, no solo del sistema eléctrico y energético autonómico, sino nacional.
De hecho, genera 700 empleos directos y un impacto directo estimado en el PIB extremeño de 115 millones de euros.
Por ello, el presidente del Clúster de la Energía de Extremadura, Vicente Sánchez, ha calificado el acto de manifestación y protesta ante la posición irreductible del Gobierno de España, “como un error sin sentido, puesto que el cierre de la Central de Almaraz afectará gravemente, no solo a la economía y empleo de la zona, sino de toda Extremadura. Lastrando de este modo el potencial de desarrollo y crecimiento de la región, y afectando gravemente a un sector estratégico como es el energético”. Además, también ha recalcado que el empleo que se destruirá como consecuencia de la decisión será de alta cualificación y nivel, “lo que va contra el empleo de calidad y el futuro de una parte muy importante de Extremadura”.
El cierre de la central nuclear de Almaraz provocaría una caída del 60% de los ingresos de los municipios de su zona de influencia
El cierre de la central nuclear de Almaraz provocará un descenso del 36% de la población activa y una caída del 60% en los ingresos de los ayuntamientos de los municipios de la zona de influencia. Así se deriva del Estudio de Impacto Económico y Sociodemográfico ante el cierre de la central nuclear de Almaraz presentado recientemente en Almaraz en un acto que ha contado como anfitrión con el alcalde del municipio Juan Antonio Díaz Agraz; el vicepresidente de AMAC, Alfons García; el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez; y la consejera de Transición Ecológica, Olga García, así como representantes de la empresa Paypertink, encargados de hacer el estudio y representantes de los ayuntamientos del área de influencia de la central nuclear, entre otros.
Según dicho estudio, en el peor escenario y el más factible, la zona de influencia directa pierde casi 1 de cada 3 habitantes, y la población activa disminuye en un 36%, como consecuencia de un tremendo envejecimiento de la población. Esta situación supondría la posibilidad real de desaparición de los pueblos más pequeños de la zona.
En cuanto al impacto económico, de este estudio se deriva que los ayuntamientos de la zona, dejarán de percibir casi 15 millones de euros anuales en conjunto, casi el 60% de los ingresos totales. Así, Saucedilla, Romangordo, Almaraz, Serrejón e Higuera de Albalat verán claramente afectada su viabilidad económico-financiera.
Esta situación obligará a los Consistorios a tomar medidas “inmediatas y radicales” como recortes en sus plantillas, reducción de los servicios municipales e incremento de tasas y precios públicos. Medidas que tendrán un impacto directo en la población ya que se reducirá el empleo, los servicios y la calidad de vida, impulsando la emigración lo que agravará el problema de despoblación y envejecimiento en la zona.
Ante esta situación, se insta a trabajar “desde la unión del territorio, sensibilizando a la población como se viene haciendo y se insta a las administraciones a tomar conciencia y asumir responsabilidades, y actúen con discriminación positiva hacia la zona”, ha señalado Alfons García.
Asimismo, “hay que apostar por la Planificación Estratégica, contando con apoyo externo para crear de forma participativa, una Hoja de Ruta para el futuro a medio y largo plazo, con objetivos, indicadores, plazos, medios, etcétera”, ha agregado.
La empresa PayperThink ha trabajado durante cuatro meses para desarrollar el estudio, que partirá de una definición de los contenidos del estudio, así como del área a estudiar que contempla los municipios de: Almaraz, Belvís de Monroy, Casatejada, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Millanes de la Mata, Romangordo, Toril, Saucedilla, Valdecañas del Tajo, Casas de Miravete y Serrejón.
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