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La nueva Ministra de Agricultura deberá encontrar una solución a las plantas de cogeneración con purines

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La Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP) y los ganaderos denuncian el rechazo por parte del Ministerio de Agricultura de la oferta de moratoria propuesta por el Ministerio de Industria, que permitiría hallar una solución al marco retributivo de las plantas de tratamiento de purines, que en el caso de aprobarse tal y como contempla la propuesta de Orden Ministerial estarían en situación de quiebra desde julio del 2013. Además, el Ministerio de Agricultura afirma haber encontrado una solución para el sector ganadero mediante el transporte de los purines para su aplicación como fertilizante en cultivos.

Según ADAP, “la trampa del transporte como solución más económica del problema, lanzada desde Agricultura, implicará contaminación a corto plazo, al tratarse de un vertido y no de una fertilización, ya que todos los cultivos se encuentran fuera de la época de abono. Por ello, llevará inevitablemente a cerrar instalaciones ganaderas de forma inmediata, produciendo la destrucción de riqueza y empleo del sector en el medio plazo. A la par que el cierre inmediato de las instalaciones de tratamiento, con pérdidas de cientos de millones de euros, y de unos 4.000 empleos directos e inducidos”.

Según dicha Asociación, “no se entiende que Agricultura priorice la solución de vertido masivo con dinero público (entre 2 y 4 €/m3 de purín según las propuestas ya comunicadas a distintas Comunidades Autónomas) frente a la oferta de Industria de dotar una moratoria que permita mantener por tiempo limitado los 300 millones de euros anuales que necesita el sector para abrir un período de diseño de soluciones eficaces y reales del problema para el sector porcino y para el medio ambiente, que haga posible el mantenimiento del empleo en todo el sector.

Las plantas de tratamiento de purín manifiestan su preocupación por esta situación que condena a la desaparición a una solución que ha demostrado funcionar y ser viable, con un claro impacto en el medio ambiente y en el sector porcino, principal motor económico de muchas comarcas y un referente para la economía española que representa más del 14% del PIB industrial, genera más de dos millones y medio de empleos y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales.

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La propuesta del Ministerio de Industria reduciría más de un 40% la retribución a la cogeneración eléctrica de las orujeras

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Una vez conocida la propuesta de Orden Ministerial por la que se aprueban los parámetros retributivos de la instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de producción de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos, y tras su estudio y análisis profundo, se constata una pérdida de la retribución para las empresas orujeras que tienen instalaciones de cogeneración eléctrica en muchos casos superior al 40%, lo que hace inviable la continuidad de este sector.

Ante esta grave situación que podrá dar lugar al cierre inminente de muchas empresas orujeras y por la repercusión que tendrá para un sector estratégico para España como es el aceite de oliva, así como los problemas medioambientales que supondrá la inexistencia de instalaciones para la recogida del orujo de aceituna procedente de las almazaras, ANEO (Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo de Oliva) ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en Córdoba en la que informará a sus asociados y se acordará la redacción de un documento de mínimos para la subsistencia del sector, el cual se dirigirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como al Ministerio de Agricultura y Medioambiente para su toma en consideración.

La aprobación definitiva en los términos actuales de la Orden Ministerial provocará a corto plazo graves perjuicios a las empresas orujeras con cogeneración, y a medio y largo plazo al conjunto del sector orujero por la caída del precio de la biomasa.

Además de todo esto, se tratará la problemática del sector por la aplicación del Real Decreto 815/2013 sobre la calidad de las emisiones a la atmósfera el próximo 1 de enero de 2015. La puesta en marcha de dicho Real Decreto provocará el más que seguro cierre de las empresas orujeras que utilizan la biomasa de orujillo como biocombustible.

La actividad de las orujeras es muy importante en Extremadura al tratarse de la tercera región en producción de aceite de oliva de España. Este año las previsiones apuntan a una campaña superior a las 55.000 toneladas de aceite, una de las más altas de la historia regional.

Foto: Planta de orujo con cogeneración eléctrica en Puente Genil (Córdoba)

Las grandes industrias agroalimentarias critican el fin de los incentivos a la cogeneración, que aporta la mitad de la electricidad a este sector

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La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que agrupa a las mayores industrias agroalimentarias, rechaza la reforma energética planteada desde el Ministerio de Industria, especialmente en lo relativo a la cogeneración.

Según la FIAB, la aprobación del real decreto ley por el que se suspenden los procedimientos de preasignación de retribución y la suspensión de incentivos económicos para las nuevas instalaciones de cogerenación, “aseguran que tendrá un impacto muy negativo sobre el sector“.

Según los datos de FIAB, “la cogeneración en la industria de alimentación y bebidas cubre un 48% de la electricidad que este sector precisa para realizar sus procesos productivos. Lo que se consigue con ella es hacer competitivo al sector en una cuestión que por las características energéticas del país no lo es. De este modo, cualquier modificación de las ventajas de la cogeneración supone un doble perjuicio para la industria de la alimentación“.

En lo que respecta a las modificaciones a nivel fiscal, también se establecen una serie de medidas que, opinión de la FIAB, “penalizarán al sector“. En concreto, la incorporación de un impuesto más elevado del ya existente en la factura de venta de la energía eléctrica, gasóleo y fueloil, junto con la incorporación del “céntimo verde” al gas natural.

Por último, la modificación de la factura eléctrica -la conocida “ley de peajes y electricidad”- que incorpora cambios muy significativos en el término fijo de la factura, “perjudica a todo el sector que utiliza energía eléctrica pero, especialmente, a las empresas que trabajan con productos de temporada“.

Según datos de la FIAB, en la actualidad, el sector de la alimentación y bebidas consume el 11% del total de la energía utilizada en España en procesos industriales, y representa el 4% del consumo energético nacional. Además, abarca un amplio abanico de fuentes energéticas: 42% electricidad, 29% gas, 14% petróleo, 12% energías renovables y 1% carbón.

La reforma energética según la ha planteado el Ministerio de Energía, “conllevaría un aumento de los costes de producción para las empresas del sector, que supondría una pérdida de competitividad en los mercados internacionales, así como un freno para el sector desde el punto de vista de las exportaciones. Además, pone en riesgo la supervivencia del tejido industrial y de miles de puestos de trabajo cualificados”, según las empresas agroalimentarias.

La FIAB cree que sería clave para el sector, considerar la cogeneración como una tecnología eficiente. La cogeneración a partir de gas natural y biomasa es una de las principales fuentes de energía de un sector que concentra gran parte de su producción en el medio rural -cuenta con 145 plantas de cogeneración.

FIAB propone recuperar el complemento por eficiencia a las cogeneraciones de un elevado rendimiento suprimido en el Real Decreto 9/2013.

Medio Ambiente otorga la Autorización Ambiental Unificada a las plantas de cogeneración de alperujos de Juan del Pozo Sánchez en Puebla de Alcocer y Troil Vegas Altas en Valdetorres

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Dos importantes plantas de cogeneración eléctrica de la región que llevaban operando varios años han conseguido en las últimas semanas la Autorización Ambiental Unificada por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.

La primera de ellas ha sido para la fábrica de piensos, la planta de tratamiento de alperujos y la planta de cogeneración, cuyo titular es la empresa Juan del Pozo Sánchez, S.L., situada en el término municipal de Puebla de Alcocer.

La planta de cogeneración y secado de alperujos cuenta con informe de impacto ambiental de fecha 23 de octubre de 2007. El complejo industrial consta de una fábrica de piensos compuestos con capacidad de producción de 6.200 Tm/año.

La  planta de cogeneración de Juan del Pozo Sánchez S.L., una de las pioneras en la región, cuenta con dos grupos motogeneradores que funcionan con gas natural como combustible, y que generan la electricidad y calor demandado en el proceso de tratamiento de alperujos. Además, se obtiene un excedente de energía eléctrica que se vierte al sistema eléctrico. La potencia eléctrica de la planta es de 4 MW. El autoconsumo de energía eléctrica es aproximadamente del 60 %, exportándose a la red de la compañía eléctrica distribuidora aproximadamente 11.900 MWh/año.

La instalación cuenta con dos motores alternativos y elementos de intercambio de calor que conducen el calor residual de la refrigeración de las camisas de motores y el calor procedente de los humos de escape de las diversas secciones del proceso de tratamiento de alperujos donde se requiere energía térmica.

Por su parte, también se ha aprobado la Autorización Ambiental Unificada para la planta de tratamiento de alperujos y la planta de cogeneración, cuyo titular es Troil Vegas Altas Sociedad Cooperativa, ubicada en el término municipal de Valdetorres. El proyecto contempla además la modificación de la planta de tratamiento: en la actualidad la capacidad de almacenamiento de alperujos de la planta de tratamiento es de 25.000 m3, para lo que se estima un periodo de 3 meses para su procesado.

El proyecto de ampliación supone incrementar la capacidad de almacenamiento a 45.000 m3, mediante la construcción de una nueva balsa de almacenamiento de 20.000 m3, e incrementar el tiempo de procesado a 4 meses y medio. Todo ello, considerando una capacidad de procesado de la planta de 13.500 kg/h.

Troil Vegas Altas Soc. Coop. es una sociedad cooperativa integrada por cooperativas extremeñas del sector de la producción de aceite de oliva virgen por el sistema continuo de dos fases. El orujo de dos fases producido en estas instalaciones, conocido como lodos de almazara o alperujos, es tratado en la planta de Troil Vegas Altas para obtener aceite, pulpa de aceituna, hueso de aceituna y además, a partir de un proceso de cogeneración, energía eléctrica.

Foto: Planta de Troil Vegas Altas en Valdetorres.

La mayor industria de ladrillos de Extremadura amplía su planta de cogeneración hasta 6,82 MW

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Los proyectos de cogeneración siguen sumando megawatios en Extremadura. El último de ellos es la ampliación de la planta de cogeneración con la que cuenta la empresa Cerámica Tabicesa SAU, el mayor fabricante de ladrillos en la región, en la localidad pacense de Valdivia.

El proyecto para ampliar 1 MW de potencia ha logrado ya la autorización ambiental unificada por parte del Gobierno de Extremadura, con lo que la potenciar real de la planta pasa a ser de 6,82 MW y de 18.774 MW térmicos. La inversión prevista en conseguir el aumento de potencia instalada es de 314.000 euros.

Además de cubrir la demanda eléctrica del secado de la industria, que en los años del boom constructor, fue una de las más activas del suroeste español, también se utiliza para la exportación de energía a la red. “La energía térmica se utiliza para cubrir la demanda eléctrica del secadero de la instalación de Cerámica Tabicesa -explica la autorización ambiental- en forma de aire caliente y la demanda de la fase de extrusionado en forma de vapor de agua procedente de las calderas de vapor de agua procedente de la caldera de vapor”. Todo ello asociado a los motores de cogeneración de Futucer S.L., la empresa propietaria de la instalación.

Según datos de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Extremadura dispone de una potencia instalada superior a 15 Mw de potencia, que ha supuesto una inversión superior a los 15 millones de euros. Esta cifra supondría en torno al 2% del consumo eléctrico regional, lejos del 7% que suponen de media en el consumo español.

La empresa extremeña Solventia crea una filial de cogeneración

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Una de las empresas de construcción y servicios más importantes del sector eléctrico en Extremadura, Solventia, con sede en Zafra (Badajoz), acaba de crear la filial Solventia Cogeneración S.L. Se trata de  una sociedad inscrita en el registro a finales del 2011 con un capital social de 100.000 euros que tiene por objeto la promoción y realización de proyectos de instalaciones de energía térmica y eléctrica, así como su explotación. La empresa tiene su sede en las oficinas de su matriz, en el Polígono Industrial municipal de Zafra.

La empresa Solventia tiene detrás toda la historia y experiencia de la empresa Eléctricos Vázquez S.L., creada por Jesús Vázquez Barrero en el año 1969. Desde sus inicios la empresa prestó especial atención a la ejecución de proyectos eléctricos de alta y baja tensión, así como al mantenimiento industrial, desde el bobinado de motores hasta instalaciones de climatización, calefacción, gas o telecomunicaciones.

A mediados de los 90 entra en el negocio de la obra civil y pocos años más tarde, con el boom de las energías renovables en Extremadura, se convierte en una de las principales empresas de servicios de grandes proyectos termosolares y fotovoltaicos.  Entre ellos, la obra civil de la planta termosolar de 50 Mw de La Risca.

También ha realizado otros importantes proyectos en Extremadura, Andalucía e incluso en Alemania para clientes como Bio Oils, Tussol, Deutz Diter, Argal o el Hotel Balneario El Raposo en Puebla de Sancho Pérez.

Con la creación de Solventia Cogeneración, la empresa que ahora dirige Jesús Vázquez Guerrero da un paso más en su diversificación y su apuesta por las renovables.

El Gobierno de Extremadura estudia llevar al Tribunal Constitucional el fin de las primas a las renovables por el daño a la economía regional

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Al igual que hizo en su día contra la limitación a las primas en la energía fotovoltaica por las menores horas de sol incentivadas, el Gobierno de Extremadura que preside José Antonio Monago ha acordado solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

El consejero de de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri (en la foto junto a la vicepresidenta de Extremadura, Cristina Teniente) ha justificado este acuerdo en el perjuicio que esta decisión del Gobierno central causa a Extremadura, no sólo en lo que se refiere a la supresión de las ayudas económicas a la producción de este tipo de energías renovables, sino porque en el Real Decreto no se determina el plazo de duración de la suspensión de las primas. El consejero criticó que el Ministerio de Industria no hubiera informado a las comunidades más afectadas antes de tomar su decisión ni de buscar otras “soluciones”.

Echávarri ha dicho, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, que esta decisión del Gobierno llega en un momento en el que Extremadura había alcanzado una posición de liderazgo en la promoción de este tipo de producción energética que, de hecho, era una de las estrategias de desarrollo regional al considerar que son una oportunidad para promover la industria extremeña, con la puesta en marcha de proyectos innovadores en el campo de la energía termosolar, eólica y de biomasa, y en la generación de empleo.

El consejero ha señalado también que la supresión de las primas a energías renovables repercutirá negativamente en el PIB regional, en la generación de empleo, en la reducción del déficit público y en una mayor recaudación fiscal, a lo que se suma que el no poner fecha para el final de esta suspensión de primas provoca una indefensión jurídica que repercute negativamente en la posición de liderazgo y competitividad de las empresas extremeñas para abordar el mercado exterior.

Según los datos del consejero, hasta el año 2015 hay proyectados en la región 906 megawatios, con una inversión prevista de 5.463 millones de euros, que supondrían ingresos municipales de 327 millones, en torno a los 4.000 empleos fijos y más de 16.000 durante la construcción de infraestructuras.

El Gobierno de Extremadura es el primero que públicamente se plantea llevar al Constitucional dicho decreto del Gobierno central.