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La Junta subvencionará proyectos de autoconsumo hasta que se elimine el “impuesto al sol” del Gobierno central

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El consejero de Economía e Infraestructuras de Extremadura, José Luis Navarro, anunció el pasado mes de julio en una entrevista publicada en el ANUARIO ENERGIA EXTREMADURA 2016, que edita nuestro portal http://www.energiextremadura.com, que antes de finalizar el año habría una línea de ayudas para el fomento del autoconsumo en la comunidad.

El Diario Oficial de Extremadura ya ha publicado la línea de ayudas, por importe de 4,3 millones de euros, y que establece tres tipos de ayudas. La primera está dirigida a personas físicas respecto a viviendas de su propiedad así como a comunidades de propietarios. En la segunda, los beneficiarios podrán ser los municipios, y en la tercera, las ayudas se destinan a empresas, autónomos y proveedores de servicios energético. La cuantía de las subvenciones se sitúan en torno al 40% de la inversión subvencionable.

Según el consejero extremeño, “las instalaciones de fotovoltaica para el autoconsumo son rentables por sí mismas en todo el mundo menos en España por el insólito “impuesto al sol”, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy a finales de 2015″.

Entre las actuaciones subvencionables figuran tanto los paneles solares fotovoltaicos hasta 5 kilovatios en el caso de las viviendas, hasta las instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas. También podrán acogerse a ayudas las instalaciones que produzcan energía térmica con biomasa así como la sustitución de quemadores de combustibles fósiles por quemadores de biomasa. También está abierta la convocatoria a instalaciones de biogás, geotermia o hidrotermia mediante bombas de calor de alta eficiencia.

El sector renovable pide al nuevo Ministro de Energía subastas anuales para cumplir con la UE en 2020

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Ante las próximas subastas de energías renovables anunciadas por el Ejecutivo, las principales asociaciones empresariales del sector, organizaciones medioambientales y entidades de la sociedad civil –entre ellas el Cluster de la Energía de Extremadura– han elaborado una propuesta, que han enviado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que establecen las normas básicas que deberían considerarse en la definición y el alcance de su funcionamiento.

Entre ellas, las organizaciones firmantes reclaman una periodicidad anual para las subastas como consecuencia de un proceso de planificación energética a medio y largo plazo a nivel nacional, en el que deberían estar definidos los objetivos de energía producida y el futuro reparto de tecnologías en base a la necesidad de cumplir los objetivos europeos y el acuerdo de París.

Asimismo, el sistema de licitación deberá ser sencillo, competitivo y cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

Las asociaciones exigen, además, que el producto subastado debe ser la energía que se compromete a generar el solicitante, y el criterio de elección será el precio ofertado por producir esa energía. Al adjudicarse cada oferta al precio con el que se ha licitado, se evitarán las distorsiones producidas por el diseño marginalista.

Por otro lado, la recuperación de la seguridad jurídica y la garantía de una retribución estable a las inversiones realizadas en proyectos anteriores son elementos imprescindibles para que se produzcan las condiciones adecuadas que garanticen el correcto desarrollo del sector.

En lo que respecta a la ejecución de los proyectos una vez licitados, el sector pide que los mecanismos de apoyo sean flexibles, incluyéndose los contratos de adquisición de energía a largo plazo (PPA).

Además, solicitan que se incluyan complementos para apoyar las plantas de menor tamaño y que los proyectos promovidos por la ciudadanía tengan acceso a sistemas de apoyo a las energías renovables alternativos a las subastas. En la misma línea, se pone de manifiesto la necesidad de realizar convocatorias y licitaciones específicas para proyectos pequeños.

Asimismo, el sector propone que el periodo de oferta para los proyectos sea de 20 años, siendo flexible este número en función de la tecnología. Pasado ese tiempo, las plantas podrían acogerse a la última subasta realizada para esa tecnología por periodos mínimos de 5 años.

Los proyectos a licitar deben disponer de tramitaciones previas y avales como garantía de ejecución. Se podrán establecer penalizaciones graduales por incumplimiento de la fecha de puesta en marcha, salvo por motivos ajenos al promotor.

Ilustración: J.C.Florentino

La Junta crea el Registro de Instalaciones de producción de energía eléctrica de Extremadura para plantas de menos de 50 Mw

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La Junta de Extremadura ha creado mediante decreto el nuevo Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adscrito a la Dirección General con competencias en materia de ordenación y control de la seguridad de la generación de energía eléctrica. En este registro deberán inscribirse todas las instalaciones de producción de energía eléctrica de potencia eléctrica instalada no superior a 50 MW.

Las solicitudes de inscripción serán dirigidas por los interesados a la Dirección General con competencias en materia de ordenación y control de la seguridad de la generación de energía eléctrica, que será la competente para resolver.

Las instalaciones de producción de energía eléctrica que estuvieran inscritas en el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial de la Junta de Extremadura, se incorporarán de oficio al Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, creado mediante el presente decreto. Así como las instalaciones de potencia eléctrica instalada no superior a 50 MW, que estuvieran inscritas en el Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario perteneciente al Ministerio de Industria y Energía.

La Junta abre el periodo de información pública para crear el Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica

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La Junta de Extremadura ha abierto un periodo de información pública para dar a conocer el proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica de la Comunidad de Extremadura. En este periodo, cualquier persona física o jurídica podrá presentar alegaciones o sugerencias al mismo.

Mediante una Orden de 5 de octubre de 1995, la por entonces Consejería de Economía, Industria y Hacienda creó el registro de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial de la Junta de Extremadura.

Tras la derogación del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, realizada mediante el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, se han eliminado los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial aplicado a este tipo de instalaciones.

Aunque se mantiene la exigencia de su inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, siendo dicha inscripción imprescindible para poder participar en el mercado de producción de energía eléctrica en cualquiera de las modalidades de contratación con entrega física y para poder participar, en su caso, en el despacho técnico y económico de los sistemas de los territorios no peninsulares.

La citada Ley otorga directamente a las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, la posibilidad de creación y gestión de sus correspondientes registros territoriales en los que deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito territorial de aquéllas.

Mediante este registro se pretende llevar a cabo una mejora en el control de este tipo de instalaciones, así como facilitar y agilizar la tramitación de expedientes en coordinación con el registro de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El Constitucional rechaza el recurso de Extremadura que paralizó inversiones por 5.000 millones de euros en renovables

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La decisión estaba ya descontada por todo el sector renovable de la región, especialmente el fotovoltaico, termosolar y el de la biomasa. La noticia acerca de que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en su día los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura en julio del 2013 contra varias artículos del decreto ley del Gobierno central, viene a reafirmar la línea argumental de sentencias anteriores.

Hay que recordar que el decreto ley en cuestión, vendido en su día por el Ministerio de Industria del ahora caído ministro Soria, para atajar el déficit de tarifa, suspendía los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Según la argumentación de la Junta, similar a la de otros gobiernos autonómicos que también han llegado ante el Tribunal Constitucional, aquel decreto ley vulneraba los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad.

Mientras, los ponentes de la sentencia del Constitucional justifican todo a la coyuntura de crisis económica y de déficit tarifario para tomar esas medidas de forma urgente. “La situación de crisis económica que ha repercutido en una caída imprevista de la demanda de energía eléctrica, junto con el incremento general de costes, ha provocado un aumento imprevisto del déficit tarifario, lo que justifica la adopción de las medidas contempladas en esta norma”, según el fallo. Y también asegura que “no concurre un supuesto de retroactividad constitucionalmente prohibida”.

Aquel decreto ley provocó un parón total en las inversiones renovables en Extremadura –al igual que en casi toda España– un sector que hasta el 2010 había conseguido traer a la región en torno a los 8.000 millones de euros, según las estimaciones del Cluster de la Energía de Extremadura. En el momento del decreto ley aprobado por Industria, había encima de la mesa de la Consejería de Economía de la Junta en torno a 500 proyectos de renovables con una inversión prevista de 5.000 millones de euros. Muchos de ellos de plantas termosolares y fotovoltaica intensiva, a terceros países. Otros muchos, en espera de una nueva ley que haga brillar el sol de nuevo en Extremadura.

Ilustración: J.C.Florentino

Las comunidades autónomas podrán realizar inspecciones para controlar que los equipos de biomasa cumplan con la normativa europea

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Avebiom ha vuelto a destacar que los aparatos insertables, calderas, cocinas y estufas domésticas que utilizan combustibles sólidos, como la biomasa, deben cumplir los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) 305117, que anuló y sustituyó en 2013 a la directiva 89/106/CEE, establece condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción en la Unión Europea, de tal manera que sólo pueden comercializarse si llevan el marcado CE.

Dichos requisitos se recogen en las correspondientes normas de producto armonizadas. El marcado CE no supone, por tanto, una marca de calidad, sino que sólo garantiza que el equipo cumple con los requisitos mínimos exigidos por la norma de producto.

En el Reglamento de Productos se especifican varios sistemas de evaluación de conformidad, es decir, quién y qué se debe verificar para tener constancia del adecuado cumplimiento de los requisitos de las normas. Estos sistemas de evaluación van desde el sistema 1+ al 4, en orden de exigencia. El sistema de evaluación de la conformidad aplicable a los equipos de calefacción doméstica es el 3, por lo que el fabricante debe realizar una serie de ensayos en un laboratorio externo antes de comercializar sus equipos.

Los fabricantes no deben someter a ensayo cada modelo que fabrican. Los diferentes modelos de una o diferentes gamas se pueden agrupar en familias según las reglas de agrupación descritas en las normas de producto, sometiendo a ensayo únicamente los equipos de menor y mayor potencia dentro de la familia, respetando siempre la relación de potencias máximas aplicable a cada tipo de equipo.

En España, la vigilancia en el mercado está transferida a las Comunidades Autónomas, que pueden realizar inspecciones de mercado adquiriendo equipos y enviándolos a laboratorios acreditados para su ensayo y así comprobar si lo que asegura el fabricante en la declaración de prestaciones y en el marcado CE es cierto.

Reestructuración financiera de activos de generación del sector renovable

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Artículo de
Eduardo Collado
Head of Business Development de Kaiserwetter Energy Asset Management y Miembro de la Junta Directiva de la sección fotovoltaica de APPA

La reforma energética iniciada en 2012, ha dado lugar a grandes trabas para el desarrollo de las energías renovables, perjudicando al sector de las energías renovables, con un paquete legislativo que fue provocando inquietud y malestar entre los operadores y asociaciones del sector renovable.

En los últimos años, se han realizado cambios en la regulación del sector, que han afectado a la rentabilidad de los activos, principalmente los siguientes:

  • Real Decreto-Ley 9/2013 de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico
  • Nueva Ley del Sector Eléctrico: Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
  • Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
  • Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Todo esto ha dado lugar a cambios para las empresas del sector de las renovables, con la desaparición del sistema de primas antiguo, sobre las cuales se había fundamentado el desarrollo de dichas tecnologías, que se habían financiado y desarrollado de acuerdo con las normativas anteriores. Después de la reforma, la mayoría de los proyectos renovables, que pasaron a estar remunerados con respecto al principio de rentabilidad razonable, son conscientes de que el Gobierno podrá revisar discrecionalmente todas las retribuciones cada seis (6) o tres (3) años, con lo que se vuelve a añadir una gran incertidumbre entre los operadores.

Por lo tanto, se volvió a agravar un panorama ya deteriorado de por sí, y en el que muchos proyectos han dejado de ser viables desde el punto de vista financiero. Por ello conceptos como ‘refinanciación’, ‘quitas’, ‘concurso de acreedores’ y ‘cierre’ pueden ponerse cada vez más de moda en este sector, aunque los bancos no le hayan dado mucha publicidad al tema, o no quieran reconocerlo.

Lo cierto es que la continua inseguridad jurídica, con medidas retroactivas que ponen en riesgo las inversiones realizadas, ya paralizó en su momento muchas de las inversiones programadas en nuestro país. Sin embargo, los cambios regulatorios citados proyectaron una avalancha de nuevos activos tóxicos para las entidades financieras y, especialmente, fotovoltaicos (uno de los sectores más castigados con la reforma). Incluso, el Banco de España solicitó en su día información a las entidades financieras sobre su exposición real a los riesgos del sector renovable y ya se descartó la aplicación de la Sareb (el famoso ‘banco malo’) para la absorción de los activos renovables tóxicos, pero aparecieron los denominados  o mal llamados fondos buitre que, desde que se iniciaron los primeros ajustes normativos, han estado al acecho para hacerse con activos a precio de derribo, con unas importantes quitas, inferiores a las del mercado inmobiliario. Lo que en su día fue visto con malos ojos por el sector, hoy está empezando a funcionar siendo una buena oportunidad de negocio, aunque se tengan que considerar inseguridad a futuro,  por las revisiones que pueda realizar el Gobierno como consecuencia del concepto de la rentabilidad razonable del proyecto.

En estos últimos meses las entidades financieras ya se han puesto en contacto con los propietarios de los proyectos en dificultades (en Distress), que al entrar en default, deben de renegociar los términos en los que puede cerrarse una eventual refinanciación de la deuda, personalizada a cada instalación concreta, a no ser que quieran negociar con los citados fondos la aplicación de la correspondiente quita.

Queda claro que el mapa empresarial de las renovables ha sufrido un profundo cambio, debido a todos los ajustes realizados, y esto ha sido aprovechado por los grandes inversores, bancos y grandes fondos para el desarrollo de nuevos negocios.

El proceso de reestructuración financiera

El proceso de reestructuración financiera, o sea el proceso de renegociar la deuda en tiempos de crisis, es un concepto que implica un cambio de las relaciones entre los diferentes stakeholders de una empresa, que tiene como objetivo dar viabilidad financiera a la empresa. Esa viabilidad de la empresa responde a una serie de actuaciones en todas las áreas: operativa, comercial, financiera, fiscal y también de liquidez y solvencia.

Para volver a resumir porque está siendo necesario reestructurar los activos renovables, decir que dicha necesidad ha sido como consecuencia de los cambios regulatorios, que han dado lugar evidentemente a unos malos resultados para las empresas, con reducciones de ingresos del orden del 30% o incluso superiores, con un alargamiento del periodo de la deuda y un probable relajamiento de los covenents, con unos objetivos de reestructuración a corto plazo en términos de caja, y a largo plazo en términos de orientación del valor.

Componentes de un proceso de refinanciación

Al ser proyectos que se han financiado en la modalidad de Project Finance son procesos complejos, con una gran variedad de componentes, personas e intereses que interactúan entre sí.

También hay que gestionar la presión, ya que hay problemas de tiempo, las propias dificultades del proceso, la necesidad y relevancia de conseguir el éxito en las negociaciones.

Dentro del proceso de refinanciación existes unas circunstancias positivas, pero por el contrario existen una serie de restricciones.

Las circunstancias positivas son:

􀂄-Fortalecimiento del balance
-Diferimiento en el pago de la deuda
-Waivers (es la solicitud de una dispensa temporal en el cumplimiento de los covenants financieros establecidos en el contrato del crédito y la realiza el acreedor a las entidades financieras que otorgaron el crédito). La solicitud de un waiver puede comportar sólo el permiso o dispensa temporal de incumplir determinados ratios establecidos en los covenants, cómo puede ser Deuda Total / Ebitda, o puede implicar también entrar en una reestructuración completa del crédito.
-Inyección de ‘fresh money’ (dinero nuevo), o aplicación de periodos de gracia para rearmar la caja, pagando solamente los intereses
-Mejor monitorización y reporting

Las restricciones a tener en cuenta:

􀂄 -Depósito de garantías
􀂄-Covenants, que aunque se suavicen no va a ser posible eliminarlos (un convenant, es un indicador, de los que son utilizados por los bancos para asegurarse de que los prestatarios operarán de una manera financieramente prudente, que les permitirá repagar su deuda. Un convenant puede requerir que el prestatario presente sus estados financieros al banco. Otros pueden prohibirle a la empresa adquirir nueva deuda. Por ejemplo, en un covenant un prestatario debe guardar cierto nivel de equity, o si no, los bancos tienen el derecho de terminar con el acuerdo. Las restricciones que imponen los covenants se incrementan en proporción con el riesgo financiero de un prestatario).
-Costes financieros, que serán normalmente iguales, ya que todo estaba cubierto por algún instrumento de cobertura de tipos (swap, collard, …)
-􀂄 Costes del proceso (que son elevados)
-􀂄 Limitación a soportar endeudamiento adicional

Las fases del proceso de refinanciación

Estas serían:

  • Diagnóstico de la situación
  • Plan de Negocio/Viabilidad/Modelo financiero
  • Estructuración de la operación
  • Búsqueda de viabilidad de la refinanciación
  • Presentación propuesta de refinanciación (term sheet)
  • Negociación
  • Si no hay acuerdo, nueva estructuración

Los factores claves de éxito son:

􀂄-Un proceso de reestructuración exitoso debe contar con un Plan de Negocio creíble y una credibilidad del Modelo Financiero
-La propuesta de reestructuración a la banca debe ser atractiva, equitativa y simétrica
-El papel del asesor es clave
-Equipo directivo implicado y líder: “track-record”
-􀂄Revisión estratégica constante

Y las lecciones aprendidas serían:

􀂄-La reestructuración es un proceso único y complejo.
-Dónde los bancos juegan con ventaja.
-Las patadas hacia delante no son una solución, ya que pueden ser solamente un parche.
-Dar al factor humano la misma importancia que al técnico-financiero
-Las soluciones no siempre son perfectas, pero a veces son buenas.

Como comentarios adicionales, decir que la financiación habitual de las instalaciones de generación con energías renovables, se realizó, para el caso de las instalaciones medianas y grandes, con un Project Finance, y que ahora el papel de los Bancos es fundamental en la refinanciación, y por lo que parece, se han adaptado a las circunstancias, para no entorpecer los procesos y no quedarse con los activos (aunque en la gran mayoría de los casos, se ha refinanciado sin problemas, dándose viabilidad a los proyectos), relajando los covenants y alargando los periodos de financiación.

Para que las refinanciaciones sigan funcionando en el futuro, es necesario una estabilidad regulatoria, para poder tener una predicción lo más real posible del Cash Flow, y para ello los cambios a realizar por el Gobierno en los periodo y semiperiodos regulatorios, para la aplicación de la rentabilidad razonable, cada 6 0 3 años, deben de ser lo más estables posibles.

Dentro de los cambios pedidos por los Bancos, además del alargamiento de los periodos del préstamo y de la relajación de los covenants, se van a tener que realizar acciones que mejoren la viabilidad económica de las instalaciones. Entre estas acciones a realizar, es necesario repasar y tener en cuenta todas aquellas acciones en las que se pueda incidir a través de negociación, no solo con los Bancos, sino con los proveedores, tales como:

  • Reestructuración de la deuda y de las garantías existentes
  • Optimización de costes de la O&M
  • Optimización del resto de contratos más significativos
  • Optimización de los repuestos
  • Optimización de los seguros de las plantas

Como se puede ver es un tema complicado que depende de demasiadas variables, pero que en estos momentos está siendo realizado en mayor o menor medida por todos los activos con problemas.