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El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial condena a España a pagar 128 millones de euros a la empresa propietaria de la termosolar Astexol-2 en Badajoz

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Una de las termosolares de la empresa Aste objeto del recurso

España puede pagar muy cara su legislación retroactiva en materia de energía renovable que dejó sin primas a grandes y pequeños proyectos termosolares, fotovoltaicos y eólicos durante los últimos años. La Corte de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) ha confirmado que España deberá pagar 128 millones de euros a la multinacional británica Eiser Infrastructure Limited que a través de su filial Energía Solar Luxembourg.

Esta empresa era el accionista mayoritario de Aries Solar Termoeléctrica (Aste) que contaba con dos plantas termosolares de Alcázar de San Juan en Ciudad Real y Astexol-2, promovida por Dioxipe Solar en el término municipal de Badajoz, con 50 Mw de potencia instalada. Entre las tres plantas en cuestión, el grupo fondo británico invirtió en España cerca de 935 millones de euros, aprovechando en parte el Real Decreto 661/2007. La de Badajoz supuso una inversión de 300 millones de euros.

Pero a partir del primer cambio de legislación en 2010, la situación cambió radicalmente y con ella la rentabilidad esperada de sus inversiones. Este primer laudo contra el Estado español tiene gran relevancia porque el CIADI debe pronunciarse sobre una treintena más de demandas de arbitraje presentadas por grandes multinacionales y fondos de inversión. En el ámbito doméstico, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional habían dado la razón a la Administración española.

Según el Ministerio de Industria, que estudia la sentencia, “este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo”.

Ana Belén Esteban Loeches (UNEF): “Las plantas fotovoltaicas son rentables en un sistema sin primas”

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Entrevista con
Ana Belén Esteban Loeches
nueva delegada de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Extremadura

Ana Belén Esteban Loeches es responsable de Desarrollo de Negocio y Representación Institucional de Extremadura en Albufera Cells, empresa filial de Albufera Energy Storage, dedicada a la fabricación de baterías y ubicada en Navalmoral de la Mata. Máster en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación y Diplomada en Ciencias Empresariales, cuenta con una dilatada experiencia representando al tejido empresarial.

¿Cuáles son los principales objetivos con los que asume la representación de UNEF en Extremadura?

Con mi nombramiento, quiero continuar trabajando en la línea del anterior representante de UNEF en Extremadura, Raúl Gracía, para liderar y canalizar las necesidades y los intereses de los ciudadanos y empresas extremeñas en relación con el desarrollo de la energía fotovoltaica en la región, promoviendo al máximo las ventajas locales. Además, actuaré como representante del sector ante las administraciones públicas, con el objetivo de establecer canales de comunicación con ellas, de intentar alcanzar una simplificación administrativa, reduciendo el número de trámites, y para que se adapten los sistemas de gestión telemática para facilitar la comunicación entre la administración y los consumidores finales a través de los empresarios autorizados del sector.

Extremadura es una de las tres regiones españolas con más potencia instalada de fotovoltaica sí como en producción. Sin embargo, debido a las trabajas legislativas, el parón inversor y en nueva potencia dura ya varios años ¿Sigue existiendo interés real por parte de las empresas de aquí y foráneas en invertir en fotovoltaica en Extremadura?

Por supuesto sigue existiendo interés para la fotovoltaica, tecnología que a nivel internacional ha demostrado haber alcanzado un alto de nivel de competitividad, que hace que sea no solo una fuente de energía limpia, sino también barata. En los últimos años las inversiones en fotovoltaica se han reducido en nuestro país por la inseguridad jurídica creada por la modificación del sistema de primas por parte del Estado.

¿Al tener muchas zonas rurales y dispersas, el autoconsumo fotovoltaico tiene más razón de ser aún en la región? ¿se apoya lo suficiente a nivel regional?

En autoconsumo hay muchas oportunidades, tanto en instalaciones aisladas como conectadas a red. Disponemos de una buena zona de radiación y con pequeñas inversiones se obtienen buenos rendimientos. Para el autoconsumo con conexión a red hay que luchar para eliminar el impuesto al sol y poder competir en libre mercado.

¿La bajada en el precio de los paneles y la infraestructura solar permitirá acometer en el futuro mayores proyectos acercándose la rentabilidad al del precio del pool de la electricidad sin primas?

El estado de la tecnología actual y los costes se acerca ya mucho a la paridad. Las plantas fotovoltaicas son rentables en un sistema sin primas, siempre y cuando exista un marco normativo y regulatorio que garantice la seguridad jurídica.

Un estudio entre inversores de proyectos renovable sitúa los riesgos legales por encima de los financieros o técnicos

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El  estudio ‘Riesgos en los proyectos de Energías Renovables’, realizado por Blue Tree Asset Management (BTAM) -compañía especializada en la gestión integral de proyectos de energía renovable- y la firma legal CMS Albiñana & Suárez de Lezo, en la que han participado 110 inversores en proyectos de energía renovable de 7 países, sitúa a los riesgos legales y regulatorios por delante de los riesgos financieros en este tipo de proyectos. Mientras, los menos importantes y más controlados serían los riesgos técnicos.

En el ámbito técnico, el 63% de los encuestados consideran que el riesgo más importante deriva de fallos de equipo y de la falta de garantías por parte del fabricante. A su vez, el 70% considera que la principal vía para mitigar los riesgos técnicos es la elaboración y negociación de contratos de operación y mantenimiento (O&M) de calidad.

En el ámbito de la gestión del impacto medioambiental, el 57% considera que el reciclaje es el mayor riesgo y un 67% respalda que se definan acuerdos con los proveedores de O&M para la puesta en marcha de políticas medioambientales.

En términos de protección de la Biodiversidad, el 56% de los encuestados considera que el uso indebido de productos fitosanitarios representa el mayor foco de riesgo por su impacto en la flora y fauna. Para reducir estos riesgos, la mayoría de ellos coincide en la necesidad de exigir un seguimiento exhaustivo de los planes de acción en materia medioambiental y social en las fases de operación y mantenimiento (O&M).

En la categoría de participación en la comunidad y su desarrollo, el 69% de los inversores considera que el principal riesgo es la oposición que se encuentra por parte de las comunidades locales. Un riesgo que el 67% considera que se puede reducir si se lleva a cabo una comunicación activa y se establecen canales de diálogo con los actores claves.

En cuanto a los riesgos relacionados con los Recursos Humanos, Derechos Humanos y la No Discriminación, destaca en primer lugar la posibilidad de que se produzcan negligencias en ámbitos como la salud o la seguridad. Para mitigar estos riesgos, destaca la supervisión de las directrices y protocolos existentes en estos ámbitos.

En cuanto a los riesgos en el ámbito financiero, el 72% de los inversores considera que la falta de cumplimiento en términos financieros es el riesgo principal. Para evitarlo, se percibe como una medida acertada la implicación de asesores externos.