Un juzgado de Badajoz acuerda la liquidación de Bioenergética Extremeña 2020, la promotora de la planta de biodiesel de Valdetorres

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La historia de Bioenergética Extremeña 2020 S.L., la sociedad promotora de una de las mayores plantas de biodiesel de España situada en la localidad pacense de Valdetorres llega a su fin. El juzgado número de 6 de Badajoz, con el juez Miguel Ángel Navarro al frente, ha ordenado la disolución judicial de dicha sociedad entrando en fase de liquidación.

Atrás quedan varios años de una errática y convulsa gestión, con millones de euros reclamadas a sus promotores y gestores tanto por parte de la Agencia Tributaria como por entidades financieras y empresas subcontratistas.

La presidencia de la compañía la ostenta la empresa norteamericana Globen Energy Services S.L. y la vicepresidencia, Fuel Streamers Servicies. Esa última, con sede en Houston, se hizo cargo de la planta pacense en un último intento por salvarla a comienzos del 2013 a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI.

El responsable de la empresa norteamericana era Philip Rivkin, un viejo conocido de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos por diferentes delitos en el negocio de los contratos de biocarburantes en el mercado norteamericano, que tras dos años en busca y captura internacional fue entregado a la Justicia el pasado año. Como consejero figuraba la sociedad de capital riesgo Catalana D’iniciatives.

Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del estallido de la crisis económica. La planta de Valdetorres estaba proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca llegó a alcanzar  ni de lejos.

Uno de los mayores frentes judiciales abiertos contra los promotores de la planta es la que sigue la empresa Mancobra S.A., encargada de gran parte de la construcción de la planta tras ser subcontratada por el grupo austriaco CMB, y que reclama 2,3 millones de euros. En marzo del 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le ha dado la razón.

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