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El “Pago Verde” de las ayudas europeas al campo abre nuevos negocios al ahorro energético en el sector agroganadero

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El denominado “greening” o “Pago Verde” de la reforma de la Política Agraria Común, que incluye toda una serie de prácticas medioambientalmente favorables, se ha convertido en una obsesión para agricultores y ganaderos. Porque en las nuevas ayudas de la PAC, este tipo de prácticas serán obligatorias.

Según un reciente estudio de la empresa Solidforest, encargado por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), la implantación de medidas de ahorro energético en las explotaciones agrícolas y ganaderas les permiten reducir entre un 5 y un 10 % su huella de carbono, que es el indicador que refleja la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, responsables del cambio climático.

Dentro del proyecto, se han llevado a cabo durante tres años cálculos de huella de carbono de 130 productos agropecuarios -hortofrutícolas, sector aceitunero, vinícola, ganadero y cerealista- de 33 explotaciones de todo el país.

Biocombustible

Entre las  medidas de ahorro energético figuran el cambio de calderas de gasóleo por calderas de biocombustible, las instalaciones fotovoltaicas y la mejora de los motores o de los sistemas eléctricos para reducir pérdidas.

El estudio revela que, en el caso de la ganadería, las mayores emisiones de gases proceden del estiércol y la fermentación entérica de las cabezas de ganado. En la agricultura, la actividad que más aporta a la huella de carbono es la fertilización. Según el informe, la huella de carbono en las explotaciones ganaderas es superior a las explotaciones agrícolas.

Ayuda medioambiental

Las explotaciones que estén acogidas a algún régimen de ayudas agroambientales o similar, se les considerará cumplido el denominado “greening” o “Pago Verde” de la nueva PAC que estará vigente hasta el año 2020 y que será necesario para completar el resto de las ayudas.

Extremadura es una de las regiones españolas que más ayuda recibe de la Política Agraria Común, cerca de 600 millones de euros al año, sólo superada por Andalucía, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Extremadura queda fuera del reparto español de cuotas de producción de biodiésel

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Con sus dos plantas de producción de biocombustibles paradas -la de Valdetorres y la de Los Santos de Maimona-, Extremadura cada vez ve más lejana la viabilidad de producir biocarburantes en su territorio. Y más después de conocerse esta misma semana que ha sido una de las regiones españolas que ha quedado fuera del reparto de las cuotas de producción asignadas para sus plantas.

Andalucía ha obtenido un 33% de la cuota de producción de biodiésel (1.049.000 toneladas anuales) de España para los próximos dos años, lo que la convierte en la región con mayor cuota asignada a nivel nacional y europeo. En cuota de producción, Andalucía es seguida de Valencia, con el 23%, y Galicia con el 11%.

A partir del 5 de mayo de 2014 y hasta el 4 de mayo de 2016 (aunque es ampliable por dos años más) los operadores deberán adquirir el biodiésel a una de las plantas con cuota asignada si quieren que les sea computado para el cumplimiento de los objetivos de biodiésel impuestos por el Gobierno español.

Las fábricas españolas han obtenido el 63% de la cuota total frente al 37% de las fábricas ubicadas en territorio comunitario.

La cantidad total asignada asciende a 5.018.473 de toneladas anuales de biodiésel. De esta cantidad, la correspondiente a España es 3.173.600 toneladas, que se distribuyen en 23 plantas ubicadas en Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Castilla la Mancha, Navarra, Aragón, Cataluña y Asturias.

El Gobierno de España modificó en febrero de 2013 los objetivos de introducción de biocarburantes y de biodiésel en el transporte, de manera que la cantidad de este combustible necesaria para cubrir los objetivos mínimos ha pasado del 7% al 4,1%.

Foto: Interior de una planta de biodiesel en Stockton, CA (EEUU)

Hacienda podría parar la venta y desguace de la planta de Bioenergética Extremeña al reclamar una subvención de 4,1 millones de euros

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Una de las mayores plantas de biocarburantes de España, la que construyó la empresa Bioenergética Extremeña en Valdetorres (Badajoz), puede acabar sus días convertida en chatarra y con un agujero con Hacienda de 4,1 millones de euros.

Aunque su desguace está aún en el aire. El Ministerio de Hacienda reclama a los propietarios de la empresa la devolución de los incentivos industriales que le fueron concedidos en noviembre del 2006, al tratarse de un gran proyecto industrial y generador de empleo.

La planta extremeña, que sólo llegó a funcionar unos meses a medio rendimiento, cobró los 4,1 millones de euros de subvención concedidos al proyecto en el año 2012. En el pliego de condiciones para el cobro de la misma, la empresa de biocarburantes se comprometía a mantener en el plazo de cinco años inversiones por importe superior a los 40 millones de euros durante cinco años. Hacienda también reclama a sus propietarios cerca de 300.000 euros en concepto de intereses.

Tras un largo proceso judicial tras presentar el concurso de acreedores, el juzgado y la banca acreedora no han encontrado viabilidad a la planta que será vendida por una cantidad muy baja en relación a su inversión inicial para convertirla en chatarra. En los últimos meses la Junta de Extremadura mantuvo conversaciones con diferentes asociaciones del sector del transporte para buscar una salida comercial al producto de la planta sin encontrar a los socios inversores necesarios.

A comienzos del 2013, la empresa norteamericana Fuel Streamers Group -con sede en Houston, Texas y especializada en el negocio internacional de biocombustibles- a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, tomó el control de la planta.

Sin embargo, a los pocos meses, sus nuevos gestores dejaron su gestión y comunicaron a los 46 empleados de la planta de Valdetorres el comienzo de un ERE extensivo que los propios trabajadores vieron como el final de la factoría que finalmente se ha cumplido.

Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del cambio de coyuntura. La planta de Valdetorres estaba proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca ha llegado a alcanzar pese a sus crecientes exportaciones gracias al uso de aceite vegetal usado como materia prima.

Sus impulsores iniciales fueron la familia Hinojosa Vacas a la que más tarde se unió la empresa de capital riesgo Catalana de Iniciativas con el 25% del capital, que estaba participada por las alguna de las mayores empresas del país -desde Telefónica a Repsol o Banco Sabadell.