Autor: energiaextremadura
La Junta somete a información pública la autorización de la planta fotovoltaica “La Pizarra II” de Oeste Solar en Torremocha
La Junta de Extremadura ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa correspondiente a la instalación fotovoltaica «La Pizarra II», ubicada en el término municipal de Torremocha (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada. El proyecto, ya que cuenta con una planta similar operativa en el mismo término municipal, está promovido por la sociedad Oeste Solar, con sede en Cáceres capital, integrada en Pitarch Grupo Empresarial.
La instalación de “La Pizarra II” consta de una planta solar fotovoltaica de 4.950 kW de potencia instalada, compuesta por 2 inversores, 1 de 2.500 kW y otro de 2.450 kW, con un sistema de control que impide que la potencia activa inyectada a la red supere los 4.950 kW, y 12.880 módulos fotovoltaicos de 450 W cada uno, montados sobre seguidores con eje horizontal. Asimismo, consta de dos centros de transformación de 3.300 kVA y un centro de seccionamiento en edificio prefabricado, formado por siete celdas. Además, se prevé instalar un transformador de SSAA de 50 kVA de potencia, con relación de transformación 20/0,4 kV.
La línea de evacuación está constituida por un tramo subterráneo/aéreo 20 kV, de conexión entre el centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica “La Pizarra II”, y la subestación “La Pizarra Torremocha 20/45 kV” objeto de otro proyecto), desde donde partirá la infraestructura compartida de conexión hasta el punto de conexión otorgado en nuevo apoyo de la línea AT 45 kV “Torremocha- Torre de Santa María”, propiedad de Eléctricas Pitarch Distribución. El recorrido de la línea se desarrolla en el municipio cacereño de Torremocha. El presupuesto de ejecución material del proyecto es de 3,45 millones de euros.
En los últimos años, Pitarch Grupo Empresarial, que cuenta con más de 65.000 puntos de suministro en Extremadura repartidos en 78 municipios, ha desarrollado destacados proyectos en el ámbito de la generación con minicentrales hidráulicas y plantas fotovoltaicas con el objeto de producir energía de origen 100% renovable, para contribuir así a reducir el impacto medioambiental y la disminución de los gases de efecto invernadero.
Una jornada destaca los residuos de la industria agrícola, ganadera y agroalimentaria como los de mayor potencial para generar biometano
España tiene el tercer mayor potencial de producción de biometano en Europa y en su mayor parte está por desarrollar. Con el objetivo de conocer las claves y factores críticos necesarios para que este despliegue sea exitoso se ha celebrado la jornada «Claves para el desarrollo del biometano en España» organizada por Sedigas y CEOE en la sede de esta última en Madrid.
Según han destacado importantes expertos en la materia, las fuentes de residuos con mayor potencial para generar biometano: la industria agrícola y ganadera, las agroalimentarias y la de gestión de residuos orgánicos urbanos. En donde Extremadura posee un destacado potencial tanto a nivel agrario, como ganadero y agroalimentario.
Javier Calderón, director del departamento de Empresas y Organizaciones de CEOE, que ha sido el encargado de inaugurar la sesión en la sede de la Confederación, ha querido destacar que “el gas renovable es clave para salir de la crisis energética que estamos atravesando y nos ayudará a contar en un futuro cercano con un sistema energético aún más resiliente y sostenible tanto a nivel nacional como europeo”.
Joan Batalla, presidente de Sedigas, ha señalado a continuación que “este momento requiere de soluciones eficientes, con capacidad real de impacto y transformación, para crear un sistema energético seguro, diversificado, sostenible, más asequible y menos dependiente de terceros”.
Hoy en día, la prioridad es alcanzar los objetivos señalados por Bruselas en el REPowerEU de incorporar hasta 35.000 millones de metros cúbicos anuales de biometano para 2030 en el conjunto de la Unión Europea. Para alinear las iniciativas procedentes de Bruselas con la estrategia del Gobierno de España, es necesario abordar en la revisión del PNIEC el potencial de producción de biometano en nuestro país.
Miriam Bueno Lorenzo, subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha destacado, durante sus palabras de apertura que el Gobierno “ha incluido 150 millones de euros en ayudas para proyectos de biogás”. Un gas que, en palabras de Bueno “contribuye a la transición energética, la economía circular y al medio rural”.
-Cadena de valor. La primera mesa de la jornada ha estado dedicada a toda la cadena de valor del biometano, desde la producción pasando por su transporte y distribución a través de la red gasista, hasta la comercialización al consumidor final. En el debate moderado por Naiara Ortiz de Mendíbil, secretaria general de Sedigas, han participado representantes de Urbaser, Enagás, Nedgia y bp Gas & Power Iberia.
La conversación ha girado en torno al rol del biometano y las necesidades para el desarrollo de este gas en cada eslabón que forma la cadena de valor. Partiendo de la premisa de que descarbonizar no es solo electrificar, y desde la perspectiva de infraestructuras y distribución, una de las principales conclusiones es que España cuenta con una infraestructura gasista mucho más moderna que el resto de los países de Europa – puesto que el desarrollo gasista fue posterior – lo que nos ofrece una gran oportunidad para aprovechar la relevante red mallada con la que contamos para acelerar la incorporación de puntos de producción (distribuidos) e inyección de biometano en las redes.
También se ha destacado la mayor eficiencia de las redes de gas para vehicular los kilovatios hora de energía respecto de las alternativas eléctricas, así como la oportunidad de descarbonizar que ofrece el biometano a la industria, muchos de cuyos procesos no podrán ser electrificados.
Ambos portavoces han coincidido en que, a pesar de que el biometano representa una gran oportunidad de negocio, es necesario que la administración agilice la tramitación administrativa para avanzar en la ejecución de estos proyectos, que ahora mismo tardan entre 2 y 3 años en poder ponerse en funcionamiento desde su aprobación.
La coyuntura actual ofrece todas las posibilidades para la adecuada financiación de los proyectos de biometano y no falta el interés de los fondos de inversión y las entidades financieras para apoyar el desarrollo y puesta en operación de estos.
La última mesa de debate ha contado con Álvaro Ballarín Cabrera, jefe del Área de Industria y Energía del Departamento de Industria, Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE para dar la palabra a los portavoces de GRDF y Biogás Danés. Ambos ponentes han puesto de manifiesto las lecciones aprendidas en Francia y Dinamarca, respectivamente; referentes europeos en el desarrollo exitoso de proyectos de biogás y biometano.
Ambos han querido compartir con el auditorio su experiencia y, sobre todo, los factores claves de éxito y las soluciones que han permitido que los proyectos lleguen a buen término: análisis exhaustivo del potencial “comarca a comarca”, el compromiso político a largo plazo que dé visibilidad a la industria, la aceptación de todas las partes interesadas para ganar la licencia para operar o el apoyo público a través de mecanismos específicos tanto a la producción como a la demanda.
El futuro de las plantas fotovoltaicas flotantes en 25 embalses extremeños, a debate
Extremadura cuenta con la primera planta fotovoltaica flotante en un embalse en España desde julio de 2020, la de Sierra Brava (Zorita, Cáceres), gestionada por Acciona con 1,12 MWe y 3.000 módulos. Un modelo que el Ministerio de Transición Ecológica quiere replicar mediante un decreto ley en fase de aprobación que permitiría sacar a licitación concesiones de hasta 25 años de duración para explotar plantas en 105 embalses, de ellos 28 en la cuenca del Guadiana, la gran mayoría en Extremadura; tres en la cuenca del Duero, 19 en la del Ebro, 24 en la del Guadalquivir, cinco en la del Júcar, uno en la del Miño, cinco en la del Segura y una veintena en la del Tajo.
Entre los pantanos que se contemplan para albergar plantas fotovoltaicas con mayor superficie potencial destacan los de La Serena, con hasta 1.919 has de superficie útil en su primera estimación, Orellana con 178 has, García Sola con 123, Villar del Rey con 176, Alcollarín con 78 y Montijo con 60 has. Otros grandes pantanos extremeños como los del Zújar o Alange están incluidos en la lista del Ministerio, pero sin detallar aún la superficie potencial de instalación fotovoltaica hasta que no se compruebe su grado trófico. Todos ellos en la Cuenca del Guadiana.
En el caso de la cuenca del Tajo, los planes de Ministerio también incluyen destacados pantanos extremeños como los de Jerte, con 47 has de superficie potencial fotovoltaica; el de Rivera de Gata con 33 has; Rosarito con 175 has; Borbollón con 99 has, Valdeobispo con 12 has y Portaje con 15 has. En total, serían cerca de 3.000 hectáreas de superficie sobre agua que afectan a unos 25 embalses de la región, la mayoría en la provincia de Badajoz, aunque quedan otros sin definir todavía en su extensión.
El Gobierno incluyó en su decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania dos modificaciones de la Ley de Aguas en las que se permite la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes, y su explotación en régimen de concesión, así como la cobertura de canales de agua con placas solares.
-Rendimiento energético. Según dicho decreto, “las instalaciones solares fotovoltaicas flotantes abren nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable, especialmente en países con una alta densidad de población y escasez de suelo disponible. Tienen ciertas ventajas sobre los sistemas terrestres, como un mejor rendimiento energético gracias a los efectos de enfriamiento del agua y la disminución presencia de polvo, entre otros aspectos”.
Aunque el decreto también advierte que “estos sistemas de generación en ecosistemas forzados como son los embalses pueden tener efectos adversos sobre la productividad de los mismos, sobre la calidad del agua o incluso sobre la biota que en ellos se asienta, por lo que se hace necesario conocer cuáles son las potenciales problemáticas asociadas a este nuevo uso del dominio público hidráulico.
El decreto también deja en manos de las confederaciones hidrográficas parte de la gestión de cómo sería la implantación de las plantas. “Se limitará el porcentaje máximo de superficie total cubierta respecto a la del embalse, de modo que si es mesotrófico ésta será inferior al 5%, si es eutrófico inferior al 15%, y si es hipereutrófico inferior al 20% en todos los casos, con un máximo de tres plantas de generación. El Organismo de cuenca podrá establecer que los porcentajes máximos se alcancen progresivamente a lo largo del período de explotación, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales y evitar el deterioro del embalse, así como la propagación de especies exóticas invasoras”.
El decreto en tramitación no ha sido bien recibido por parte de Femembalses, la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses de España, quien considera que los beneficios de uso turístico y de ocio recreativo de los embalses son muy superiores a los de la instalación de las fotovoltaicas flotantes.
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