La modificación de la Ley de Aguas exigirá a las confederaciones a fijar un régimen mínimo y máximo de caudales a desembalsar en los embalses

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Lo ocurrido en el mes de agosto con el desembalse masivo de varios embalses en España, entre ellos el de Valdecañas en la provincia de Cáceres, ha levantado la alerta entre las administraciones regionales, entre ellas la extremeña. La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha comparecido en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería ante los desembalses producidos este verano en Extremadura.

Durante su intervención, ha destacado que la Junta de Extremadura no ha tenido conocimiento sobre los desembalses de este verano, dado que no es miembro de las comisiones de desembalse de las confederaciones ni tampoco se le ha comunicado como consecuencia de lo que establece la Ley de Pesca, al no estar previstos daños a la fauna acuícola, los cuales no hay constancia que se hayan producido”.

Pese a ello, la consejera ha dado cuenta pormenorizada de la serie de actuaciones y gestiones ante el Estado que se han llevado, dado que, según ha afirmado la consejera, “creemos que la evacuación de agua en los embalses ocurrida en los últimos meses es un ejemplo de malas prácticas”. No obstante, ha recordado, se ha actuado hasta donde permiten las normas, porque son las confederaciones los organismos competentes al tratarse de cuencas compartidas.

Olga García ha puesto en valor el recién aprobado RDL 17/2021, que obliga a que las confederaciones al inicio de cada año hidrológico fijen un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto en situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes. Esta introducción de criterios de utilización racional de los recursos hídricos evitará efectos indeseados sobre la flora y la fauna.

La consejera ha recordado que “el Estado debe actuar para proteger los derechos de los usuarios del agua priorizando la satisfacción de las demandas de agua de la población, antes que a las actividades productivas particulares”.

Para garantizar esto, en los últimos meses desde la Consejería se han producido numerosas reuniones con los presidentes de las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadiana, solicitando la interrupción de desembalses para evitar problemas en el abastecimiento de diferentes municipios y otros efectos medioambientales.

También se remitió una carta a la ministra para la Transición Ecológica con una petición formal para adoptar medidas de corrección de la gestión de desembalses, y se llevó a cabo una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente para reclamarle medidas para que no se repitiese lo sucedido este verano.
Subrayaba la consejera que esta “ha sido una gestión inaceptable a todas luces pero, con la modificación de la Ley de Aguas no debe volver a producirse, gracias a la implementación de límites mensuales de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva”.

En lo referido a las consecuencias negativas que estos desembalses han provocado en una parte del río Tajo a su paso por Monfragüe, explicaba que “hemos estamos preocupados y vigilantes solicitando los informes preceptivos, se han recabado informes sobre la afección sobre especies protegidas y hábitats, además de analizar periódicamente muestras de la calidad del agua, haciendo un seguimiento sobre el caudal de los embalses en el entorno de Monfragüe y los potenciales afecciones a la flora y a la fauna”.

En este sentido, ha asegurado que “no se tiene constancia de mortandad de peces ni de ninguna otra especie en las orillas de los embalses y ninguno de los hábitats ni especies catalogadas en el Parque Nacional de Monfragüe se ha visto afectada por los desembalses”.

Por último, y en relación con la Ley de Parques Nacionales, que considera que los aprovechamientos hidroeléctricos como actividades incompatibles, ha explicado que la ley declarativa de Monfragüe no incluye expresamente la supresión de estos aprovechamientos sino la corrección de sus impactos, lo que la consejera ha identificado con la no renovación de la concesión de los aprovechamientos cuando caduquen, según establece el Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

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