Los parques eólicos de Sierra de Montánchez y Sierra de Gata siguen en el aire un año después de abrirse al periodo de alegaciones

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El proyecto de cinco parques eólicos ubicados entre la Sierra de Montánchez, que engloba a las municipios de Montánchez y a los de Ibahernando, Robledillo de Trujillo y Zarza de Montánchez, sigue sin noticias, un año después de incluirse el periodo de información pública en el DOE de Extremadura del 19 de Junio de 2019.

Dicho periodo de alegaciones, que fueron muy numerosas ante la respuesta social y vecinal al proyecto –con votación incluida–, concluyó el 19 de agosto de 2019. Desde entonces, la empresa promotora, Instituto de Energías Renovables, con domicilio social en Cáceres pero oficina operativa en Madrid, no ha anunciado nada sobre sus planes. De hecho, en su página web, no figura ni una sola mención a sus proyectos eólicos en Extremadura y sí a pequeños proyectos fotovoltaicos puestos en marcha hace ya varios años. También  hay que tener en cuenta que el estado de alarma ha ralentizado en parte la tramitación administrativa.

El proyecto eólico de Instituto Energías Renovables S.L. (IER) no solo engloba a la Sierra de Montánchez sino que abarca también a Sierra de Gata. En total serían cinco parques eólicos que suman 130 Mw de potencia, 45 aerogeneradores  y una inversión material de casi 120 millones de euros en las localidades cacereñas de Montánchez, Ibahernando, Robledillo de Trujillo, Zarza de Montánchez, Pinofranquedado y Robledillo de Gata.

El principal accionista de IER sigue siendo la empresa Parcesa, Parques de la Paz S.A., con el 66,23% de sus acciones según la web de la empresa renovable, con sede en Alcobendas (Madrid). Es propiedad del empresario toledano Leonardo Sánchez-Heredero, muy activo en el sector inmobiliario desde hace 35 años con el Grupo Delta, y conocido por tener el mayor grupo de tanatorios y servicios funerarios privados de la Comunidad de Madrid, entre los que destacan los de Alcobendas y Villalba, y el de la M-40. El segundo mayor accionista de Instituto Energías Renovables es Airtificial Intelligence Structures con el 27,94% y el tercero Bankia con el 5,83%. Parcesa cuenta con tres de los cuatro miembros del consejo de la empresa y la presidencia de la misma.

La vinculación de Sánchez-Heredero con el proyecto viene por su relación directa con la antigua consultora Inypsa, hoy convertida en Airtificial Intelligence Structures, tras su fusión en octubre del 2018 con la andaluza Carbures. Inypsa entró en el Instituto Energías Renovables en 2009. Antes había realizado un proyecto fotovoltaico en Coria.

Ante las dificultades financieras por las que atravesó Inypsa en el año 2014, empresas de Leonardo Sánchez-Heredero adquirieron su deuda y  préstamos de entidades financieras por valor de 9 millones de euros. Y en junio de 2016 Inypsa ejecutó la opción de venta de IER a cambio de la cancelación de su deuda de 13,2 millones de euros. De esta forma, el empresario dueño de Parcesa pasaba a convertirse en el mayor accionista de IER. Aunque con un pacto de recompra firmado para que Inypsa pudiera recomprar el 24,5% de sus acciones en IER por 9,7 millones de euros, lo que hizo en abril del 2017. Leonardo Sánchez-Heredero controla IER por partida doble, ya que también es el segundo mayor accionista de Airtificial, con el 15,1% tras el fondo de inversión Black Toro Capital que tiene el 24% y el 41% que cotiza en Bolsa.

Hay que recordar que los cinco parques eólicos que tramita IER en la región, la mayoría en zonas de fuerte atracción turística, fueron desestimados por la antigua Dirección de Evaluación  y Calidad Ambiental de la Junta de Extremadura, en resolución del 27 de agosto de 2008, por considerarlos “incompatibles” e “inviables” desde el punto de vista de sus efectos sobre la protección del medio ambiente y recursos naturales.

Sin embargo, una sentencia de octubre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al que acudió la empresa, dictó seis sentencias en las que se anulaban las resoluciones del Consejo de Gobierno de la Junta al considerar que los informes ambientales en los que se sustentan las resoluciones de la Junta y las DIA eran de “escaso rigor técnico y fáctico”.

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