Las gasolineras extremeñas tienen más difícil bajar del euro por litro de diesel por el impuesto del céntimo sanitario

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surtidor

La bajada de los precios de los carburantes en las últimas semanas incluso por debajo del euro por litro en el diesel en algunas gasolineras ha vuelvo a activar la polémica sobre el céntimo sanitario. Un impuesto gravado por las comunidades autónomas –aunque algunas ya hayan renunciado a él– a la comercialización de carburantes para hacer frente al mantenimiento del sistema de salud que en Extremadura deja en las arcas regionales en torno a los 40 millones de euros anuales.

Pero que provoca una merma importante para los empresarios del sector de las estaciones de servicio, que ven como especialmente el sector de los transportistas prefieren repostar en otras comunidades, como Castilla y León, donde este impuesto es sensiblemente menor que en la región extremeña.

Actualmente, Extremadura grava con 3,8 céntimos cada litro de carburante desde el 1 de enero del 2014, mientras que Castilla y León lo hace con 1,6 céntimos. El impuesto llegó a ser de 4,8 céntimos por litro en la región. Para un camionero de un tráiler, entre llenar el depósito en una gasolinera cacereña o pacensem o hacerlo en una de Salamanca o Ávila, la diferencia puede superar los 35 euros ya con IVA.

El impuesto fue creado por el Gobierno central en 2002 y cedido a las comunidades autónomas. Actualmente, cuatro comunidades autónomas-Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias- lo han eliminado. Curiosamente, sus gasolineras figuran entre las más baratas de España, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria. El céntimo sanitario oscila entre los 4,8 y los 1,2 céntimos por litro según las regiones.

La Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, Aresex, considera que de mantenerse el impuesto se debería armonizar en común en todas las comunidades autónomas para evitar esta competencia desleal.

El Tribunal de la Unión Europea ya se ha manifestado en contra de dicho impuesto al considerar que se grava dos veces un mismo producto, y por considerar que el fin del  mismo –el mantenimiento del sistema de salud público– no se corresponde con el producto en sí.

Dicha devolución, que está siendo tramitada por las diferentes asociaciones de transportistas, supondría un desembolso cercano a los 13.000 millones de euros para las finanzas de las comunidades autónomas.

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