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El Gobierno extremeño quiere pactar con las eléctricas el alcance de la sentencia contra la ecotasa sin renunciar a subir impuestos

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El Gobierno de Extremadura no quiere quedarse sin los ingresos previstos en la denominada “ecotasa”, que gravaban actividades que incidían sobre el Medio Ambiente, como la de las eléctricas y telefonía, que recientemente anulados por el Tribunal Constitucional, y que ascendían a casi 100 millones de euros durante el presupuesto del 2015.

En el año 2014 se recaudaron 97 millones de euros. El tributo fue creado en 1997 por un gobierno regional del PSOE y modificado de nuevo en el 2005.

Según el fondo de la sentencia, que proviene de un recurso interpuesto por la antigua Unión Fenosa, no se puede gravar por dos veces un impuesto que ya las eléctricas y telefónicas abonan a los ayuntamientos en el impuesto de actividades económicas.

Las eléctricas siempre han considerado que la ecotasa limitaba sus inversiones en Extremadura.

Curiosamente, el Partido Popular, tanto a nivel central en el Gobierno del entonces presidente José María Aznar, como a nivel regional cuando estaba en la oposición, siempre se mostró contrario a la ecotasa. Aunque ya en el Gobierno regional, decidió subir su cuantía en el 2012.

Los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura evalúan en estos momentos el alcance exacto de la sentencia del Tribunal Constitucional ya que sólo afecta a la redacción de la Ley extremeña que entró en vigor en 2006.

La norma que vulneraba según el Constitucional, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que fue modificada en 2009, con lo que el fallo del Tribunal no afectaría, según el ejecutivo regional, a lo cobrado a partir de entonces.

Defensa de las renovables en los tribunales: la batalla no ha hecho más que empezar

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“Hemos demostrado que la gran mayoría de las instalaciones renovables -más del 90% en fotovoltaica, más del 50% en eólica- no pueden hacer frente al pago de una deuda estándar”

Piet Holtrop

Por Piet Holtrop y Daniel Pérez
Abogados en Holtrop SLP Transaction & Business Law

 Contrariamente a lo que pudiera pensarse, si se tiene en cuenta que ya hace más de cuatro años desde que las renovables sufrieron los primeros recortes en España, la batalla jurídica en defensa de las renovables españolas no ha hecho más que empezar.

Esto se debe a un conjunto de despropósitos legislativos (aprobación de los recortes por Real Decreto-Ley), judiciales (inadmisión de las liquidaciones provisionales, aunque de facto en muchos casos son actos definitivos) y administrativos (extrema lentitud en la remisión de las liquidaciones definitivas), que, por el momento, han dificultado el acceso efectivo a la justicia.

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

No obstante, durante estos años, los abogados no nos hemos quedado de brazos cruzados, sino que hemos buscado vías de impugnación para defender los derechos de los productores renovables.

El primer recurso que impulsamos fue ante la Audiencia Nacional contra las liquidaciones provisionales del año 2011 que aplicaban el Real Decreto-Ley 14/2010; pero como les sucedió al resto de compañeros, fue inadmitido a trámite, por considerar que las liquidaciones provisionales no constituyen un acto recurrible, y que había que esperar a las definitivas.

Asimismo, recurrimos la Circular 3/2011, como acto de aplicación de dicho Real Decreto-Ley. En su sentencia, la Audiencia Nacional desestimó nuestra pretensión, si bien al menos aplica el Derecho Europeo (eso sí, con jurisprudencia y legislación obsoleta). Hemos recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, y albergamos ciertas expectativas, porque los fundamentos están acotados al Derecho Europeo e incluso la Abogacía del Estado ha recalcado la obligatoriedad de plantear la cuestión prejudicial. Además, el Tribunal Supremo está tardando más de lo habitual en responder, lo que parece indicar que internamente deben tener un debate sobre este planteamiento.

Además, iniciamos un recurso de responsabilidad patrimonial de la Administración, por la limitación a 25 del número de años de retribución a las renovables. En la actualidad se acaban de nombrar peritos judiciales y se está procediendo a la práctica de la prueba, para cinco procedimientos que han sido nombrados “preferentes”.

Paralelamente, hemos presentado cinco denuncias ante la Comisión Europea, por diversos incumplimientos del Derecho Europeo en el Sector Eléctrico español: (1) primeros recortes a la fotovoltaica; (2) falta de tutela judicial efectiva; (3) Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica; (4) libre competencia; (5) reforma eléctrica 2013-2014. De ellas, la que más avanzada se encuentra es la referida al Impuesto Eléctrico, que ha generado ya la apertura de dos procedimientos informativos contra España.

Además, también hemos planteado dos peticiones al Parlamento Europeo, una por los primeros recortes y otra por la normativa de autoconsumo, que han sido aceptadas y han permitido abrir sendas investigaciones.

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¿Qué se está haciendo en la actualidad?

En la actualidad se encuentran pendientes de resolución los recursos directos contra la Orden IET/107/2014 (coeficiente de cobertura) y contra el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 (nuevo sistema retributivo).

Para apoyar el recurso contra los recortes del Gobierno de Rajoy, hemos aportado un peritaje, en el que hemos analizado más de 1.258 instalaciones renovables (aún faltan varios cientos de clientes por completar el peritaje) y hemos demostrado que la gran mayoría de las instalaciones renovables (más del 90% en fotovoltaica, más del 50% en eólica) no pueden hacer frente al pago de una deuda estándar. Y por otro lado, estamos recurriendo las autoliquidaciones del año 2013 del Impuesto del 7%, solicitando una devolución de ingresos indebidos.

En todos los procedimientos presentamos el recurso el primer día del plazo, para asegurar que nuestro recurso sea el primero en ser resuelto y solicitamos que se eleve cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que éste se pronuncie sobre las posibles vulneraciones del Derecho Europeo.

¿Qué se puede hacer a partir de ahora?

Nuestro consejo es, sin duda, recurrir, para evitar que los beneficios de una sentencia favorable no sean aplicados a algún productor, como les sucedió a muchos transportistas con el céntimo sanitario.

Si bien el sistema de liquidaciones es perverso e implica la imposibilidad de acceso ágil a la justicia, también tiene una parte buena, cual es que quien no ha hecho nada hasta ahora, aún puede hacerlo, recurriendo las liquidaciones definitivas de las diferentes anualidades en las que ha habido recortes, empezando por las de los años 2011 y 2012 (límite de horas del Real Decreto-Ley 14/2010) y siguiendo por las del 2013 (actualización del IPC Real Decreto-Ley 2/2013) y 2014 (nuevo sistema retributivo de la Orden IET/1045/2014).

Y sin olvidar tampoco el procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos por el Impuesto del 7%, para el que existen 4 años de plazo desde el momento en que se realiza la autoliquidación.

Además, en sede europea, estamos preparando dos denuncias más, una contra la normativa de autoconsumo, una vez se apruebe el Real Decreto que lo regule, y otra por vulneración de la normativa de Ayudas de Estado en relación con los Costes de Transición a la Competencia.

En definitiva, los cuatro años de esquivar la aplicación del Derecho Europeo han concluido, y en el año 2015 comienza la verdadera batalla judicial en defensa de los productores de energías renovables, de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho español.

En los diferentes procedimientos abiertos, vemos que ya existe consenso con la Abogacía del Estado en que el Derecho Europeo es aplicable. Ya nos acercamos al punto en que el planteamiento de la cuestión prejudicial es inevitable.

El Presidente de la Asociación de Empresas Renovables asegura que la seguridad jurídica del sector “está rota”

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SOLAR PARKS OF EXTREMADURA

El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, José Miguel Villarig, ha asegurado durante el XII Encuentro del Sector Energético que “no se sostiene” establecer una relación directa entre déficit anual y primas de las renovables.

En este sentido, indicó que la diferencia entre déficit y primas era de 3.291 millones en el año 2005 y de 3.864 millones en 2008, y sostuvo que “el déficit nos ha condicionado el pasado, pero la reforma actual nos va a condicionar el futuro“.

Con esta afirmación, el presidente de la asociación de renovables trataba de responder al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, en la que se refirió a los más de 9.000 millones de euros de primas a renovables.

Villarig aseguró que la seguridad jurídica “ahora está rota y no parecemos un país europeo” y achacó al “cortoplacismo” y la “continua improvisación” el aumento del déficit eléctrico en la última década y la aprobación de “cientos de regulaciones” en los últimos años.

Durante estas Jornadas del sector eléctrico organizadas por IESE y Deloitte, el presidente de la CNMC, aseguró que los principales problemas del sector eléctrico en España siguen siendo la falta de sostenibilidad financiera, la escasa satisfacción de los usuarios, el gran número de reclamaciones y la elevada litigiosidad como otros de los principales problemas del sector eléctrico.

La Asociación Empresarial de Energías Renovables de Extremadura cree que el 2014 ha sido un año más perdido para el sector

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Extremadura pasa por ser una de las tres grandes potencias españolas en producción de energía de origen solar, tanto fotovoltaica como termosolar. Y sin embargo, los tiempos de las grandes inversiones en el sector van alejándose cada día más.

Al menos eso es lo que piensa la Asociación Empresarial de Energías Renovables de Extremadura (AEREX), que está presidida por el empresario Francisco del Pozo desde 2006 y que tiene su sede en la localidad pacense de Castuera.

Su presidente ha destacado la “inactividad” del sector durante el año 2014 por no haberse podido poner en marcha ningún proyecto debido a las “trabas impuestas por las administraciones públicas”. Además, un dato más grave aún es que las esperanzas puestas en el inicio de los grandes proyectos fotovoltaicos anunciados en la región sin primas “se han ido diluyendo” según transcurría el año.

Para AEREX, el sector renovable está únicamente viviendo actualmente en la región del mantenimiento de las plantas existentes, así como de la puesta en marcha de pequeños proyectos de biomasa y también de reciclaje de los profesionales del sector hacia la instalación de calderas de pellets.

Para la Asociación Empresarial de Energías Renovables de Extremadura (AEREX), el futuro del sector es muy complicado porque los grandes fondos de inversión internacionales ven muy difícil invertir en un país al que consideran “bananero” –en palabras de Francisco del Pozo– por el trato recibido a sus inversiones en renovables y los sucesivos cambios legislativos aprobados a golpe de Real Decreto.

Grandes fondos internacionales con termosolares en Extremadura esperan el dictamen del Tribunal de Arbitraje contra España

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De los paneles solares a los despachos de abogados. Algunos de los mayores fondos de inversión especializados en la inversión en energías renovables y que cuentan con plantas termosolares en activo en Extremadura esperan con impaciencia que los tribunales arbitrales del CIADI, un organismo dependiente del Banco Mundial, les llame a declarar.

Todos ellos llevaron al Estados español ante este organismo internacional de arbitraje para tratar de defender sus derechos e inversiones en España, tras los cambios legislativos retroactivos en materia de primas a las renovables. Entre los fondos con plantas en Extremadura destacan Eiser Infrastructure Limited y Nextera. Dichos fondos internacionales no sólo se quejan de la inseguridad jurídica provocada por los cambios legales sino también de su carácter retroactivo.

Eiser, que en España está asociada a Aries y a Elecnor, tiene una participación del 33,83% en Dioxipe Solar (Astexol), que gestiona una planta termosolar de 50 Mw en el término municipal de Badajoz, en la carretera de Olivenza. También participa con el 36,95% en dos plantas termosolares de 50 Mw cada una en la localidad de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Entre las tres plantas termosolares, la inversión del grupo en España, realizada a partir del 2007, alcanza los 935 millones de euros.

Mientras, la norteamericana Nextera  anunció a finales del 2013 que cerraba su filial en España. La antigua Florida Power, creada en el 2008 para la construcción de dos termosolares de 49 Mw cada una en la localidad de Navalvillar de Pela (Badajoz), tuvo que provisionar en sus cuentas anuales ante las autoridades bursátiles de Estados Unidos más de 260 millones de euros por el deterioro de sus inversiones en España ante el cambio de la rentabilidad esperada.

Otro importarte fondo que también tramita su denuncia contra España ha sido Masdar, propiedad del Estado de Abu Dabi, que participa en España al 40% en la sociedad Torresol junto a la ingeniería Sener. Torresol tenía grandes planes de inversión en termosolares de concentración en Extremadura que sumaban hasta 200 megawatios de potencia que finalmente, ante el cambio normativo, han quedado en el camino. Torresol gestiona actualmente la planta Gemasolar en la provincia de Sevilla.

El pasado 14 de noviembre algunos de estos fondos ya presentaron un primer documento de acusación explicando la situación ante el CIADI, que tendrá que anunciar en las próximas semanas el calendario de presentación de los pliegos de cargo.

Los recursos contra el nuevo sistema de primas a las renovables avanzan y llegan al Boletín Oficial del Estado

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Los 76 recursos contencioso-administrativos presentados por empresas, fondos de inversión y asociaciones profesionales contra la nueva normativa que modifica y regula la retribución de las instalaciones renovables, cogeneración y plantas de residuos en el mercado español han llegado ya al Boletín Oficial del Estado.

El BOE ya ha publicado seis resoluciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en las que su subsecretaría emplaza a los recurrentes a que comparezcan ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, donde deberán presentar los escritos en contra de la nueva normativa y defender con ello su postura en los tribunales.

Todos estos recursos se interpusieron cuando el Ministerio de Industria, que dirige José Manuel Soria y cuya autoría se achaca al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, decidió modificar radicalmente el esquema seguido hasta ahora a las primas a la generación de energía renovable en España.

El nuevo sistema pasaba de primas a la producción a lo que el Ministerio considera como “retribución razonable” a lo largo de la vida útil de la planta mediante un complejo sistema de cálculo según el Real Decreto 413/2014. Un sistema que los propietarios y gestores de las plantas consideran injusto al ser retroactivo y al no tener en cuenta las inversiones reales desarrolladas en su día.

Esta retribución razonable se calcula en base a unos parámetros de inversión definidos por Industria en la orden ministerial IET/1045/2014 en función de las características de cada planta, por ejemplo el tipo de tecnología utilizada, el tiempo que lleva en funcionamiento y otros varios.

Entre las 76 empresas y asociaciones que han recurrido el decreto figuran grandes empresas industriales como Ferroatlántica, Europac o Viscofan, y patronales como la Asociación Española de Biogás y otras de energías renovables.

“Las reglas del juego no se pueden cambiar de manera unilateral a mitad de la partida, comprometiendo la viabilidad actual y futura de todo un sector”

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Primera parte
Entrevista con
Carolina Grau
Directora General de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura

El Gobierno de Extremadura ha sido uno de los más activos en los recursos contra la nueva normativa que regula la retribución a las renovables. El Ministerio de Industria ha dicho que esos recursos no prosperarán. ¿Confían en que sí lo hagan y en qué sentido?

Ciertamente el Gobierno de Extremadura ha sido muy proactivo en el seguimiento del impacto de la normativa nacional en materia energética, puesto que somos conscientes de que Extremadura es una de las comunidades autónomas a la que los nuevos cambios regulatorios iban a afectar en mayor medida a su sector productivo, a sus pequeños inversores y en definitiva, a las esperanzas de desarrollo y generación de empleo que muchos actores habían confiado a este sector.

Desde la presentación del primero de ellos, allá por el año 2011, han sido 5 los recursos de inconstitucionalidad interpuestos frente a medidas aprobadas por el Gobierno Central, habiendo sido recurridos también, a finales de este verano, ante el Tribunal Supremo, determinados aspectos tanto del RD 413/2014 de 6 de junio (que regula la producción de energías renovables, cogeneración y residuos), como de la orden ministerial de parámetros retributivos que, a nuestro entender, han vulnerado los principios de la seguridad jurídica y de la confianza legítima, amén de causar importantes perjuicios patrimoniales a los inversores.

A esta lucha se han sumado muchos otros actores (asociaciones, patronales, inversores privados, empresas internacionales, fondos de inversión, etc.), pero en estos momentos creemos que el resultado de esta pugna legal es difícil de prever.

Aunque existen dudas de si el alto tribunal mantendrá la postura de defender que el ordenamiento jurídico y las normas pueden ser modificadas por el Gobierno cuando las circunstancias así lo aconsejen, lo cierto es que desde el Gobierno de Extremadura tenemos el firme convencimiento de que las reglas del juego no se pueden cambiar de manera unilateral a mitad de la partida, máxime cuando compromete la viabilidad actual y futura de todo un sector, vital para nuestro desarrollo y para nuestra independencia, como es el sector energético.

Como opciones, aunque reitero difíciles de materializar, contemplamos la posibilidad de que declaren nula la normativa, o al menos, mejoren los criterios de fijación de los costes de inversión y de los parámetros empleados para fijar el umbral de “rentabilidad razonable”. Esperamos poder conocer el resultado tanto del Constitucional como del Supremo lo antes posible.

En la primavera del 2012 se presentaron varios grandes proyectos fotovoltaicos sin primas en Extremadura, apoyados en multinacionales. ¿En qué momento de tramitación administrativa se encuentran dichos proyectos?

Los tres grandes proyectos fotovoltaicos sin primas siguen su tramitación como estaba previsto. A pesar de que la autorización de este tipo de proyectos de potencia superior a 50 MW es competencia de la Administración General del Estado, desde el Gobierno de Extremadura les estamos aportando todo el asesoramiento necesario para superar las barreras no tecnológicas que pudieran dificultar la construcción y explotación de estas instalaciones.

El proyecto fotovoltaico de 300 MW de Talaván, promovido por el Grupo Gerlicher, se encuentra en avanzado estado de tramitación administrativa. De hecho, habiendo realizado el depósito del aval (necesario para comenzar el trámite ambiental) y el pago de las tasas administrativas exigidos en la normativa, ya ha superado los trámites de información pública y separatas, y se encuentra en la sede del MINETUR y MAGRAMA esperando le sea emitida la declaración de impacto ambiental, previa al otorgamiento de la autorización administrativa.

Por su parte, el proyecto de 400 MW de Bienvenida y Calzadilla, promovido por Solarstrom AG, se encuentra también en avanzado estado de tramitación administrativa, en concreto, ha finalizado el trámite de información pública  de tal manera que, una vez culmine también el trámite de separatas, será igualmente remitido al MINETUR para, a continuación, esperar su declaración de impacto ambiental a emitir por el MAGRAMA, previa al otorgamiento de la autorización administrativa.

Finalmente, el promotor del proyecto denominado Núñez de Balboa a desarrollar en Usagre, con una potencia de 460 MW, se encuentra ultimando la elaboración del proyecto de la instalación, momento en el que iniciará los trámites de cara a obtener las autorizaciones necesarias para la ejecución del mismo.

La conclusión, por tanto, es que los proyectos avanzan en su tramitación satisfactoriamente, aunque no podemos obviar el hecho de que, actualmente, se encuentra abierto un nuevo proceso de planificación de las redes de transporte de electricidad, iniciado mediante la Orden IET/2598/2012, cuyo resultado tiene mucho que ver con la viabilidad de estas iniciativas.

Para muchas empresas del sector, el autoconsumo era visto como una alternativa ¿Hay opciones desde una comunidad autónoma como Extremadura de activarlo pese a que la nueva legislación nacional no parece incentivarlo?

Como ya se ha comentado, en los últimos años se han tomado una serie de medidas y decisiones a escala nacional para eliminar el déficit de tarifa, que cualquier intento de relanzar significativamente el mercado de la generación de energía a partir de fuentes renovables se ha convertido en una proeza de ya escasa rentabilidad.

Ante esta perspectiva, las empresas y los ciudadanos han identificado el autoconsumo como una interesante salida a su know-how empresarial, así como una posible solución al elevado coste energético de las instalaciones industriales o de nuestras propias viviendas.

A raíz de la publicación del RD 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, varias Comunidades Autónomas publicaron notas aclaratorias. En concreto, la actual Dirección General de Industria y Energía emitió una circular el 20 de enero de 2013 para explicar los procedimientos administrativos necesarios para la tramitación y legalización de dichas instalaciones de generación de energía fotovoltaica de potencia inferior a los 100 kW.

A fecha de hoy estas instrucciones del Gobierno de Extremadura siguen vigentes, en base a las que se reconoce la posibilidad de llevar a cabo este tipo de instalaciones.

Pero no podemos obviar que la recientemente aprobada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, empezó a abordar la regulación del autoconsumo de energía eléctrica dejando pendiente el desarrollo de conceptos, que podrían poner en cuestión la viabilidad del mismo, tan significativos como los denominados costes para la provisión de los servicios de respaldo del sistema, así como el desarrollo normativo de las condiciones de índole administrativa, técnica y económica asociadas.

Por ello, consideramos fundamental que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo publique definitivamente el RD que regule el autoconsumo y el balance neto, que sigue en estado de “propuesta” desde mediados de julio de 2013.