GAS Y CARBURANTES

Gas Natural y CONAIF impulsan un acuerdo para promover la captación de puntos de suministro de gas a través de pequeños instaladores

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Gas Natural ha llegado a un acuerdo de colaboración con CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines), para ampliar el número de empresas y profesionales que colaboran con las nueve distribuidoras de gas que Gas Natural tiene en  España.

El objetivo que se persigue es facilitar la incorporación de este colectivo a través de los gremios y asociaciones de instaladores a nivel local, y fomentar la incorporación de nuevos puntos de suministro de gas.

El acuerdo ha sido impulsado por el presidente de Conaif, Esteban Blanco y por Alfredo Ingelmo, director de Promoción del Gas, de Gas Natural.

CONAIF, que integra 49 asociaciones provinciales y seis federaciones que agrupan a 20.000 empresas, se encargará de facilitar y potenciar el contacto entre las distribuidoras de Gas Natural y las asociaciones de instaladores de cada Comunidad Autónoma. Estas asociaciones podrán ayudar a los instaladores a conocer las oportunidades y ventajas que para ellos supone la colaboración con Gas Natural.

Gas Natural, a través de sus distribuidoras, lanza cada año una Oferta Pública dirigida a profesionales y empresas instaladoras en las comunidades autónomas en las que está presente. La Oferta está abierta a todo tipo de empresas y la finalidad de este convenio es extenderla al máximo número de ellas posible a través de los gremios y asociaciones de instaladores locales.

A cierre del ejercicio 2013, Gas Natural tenía 5,17 millones de puntos de suministro en España, con un crecimiento del 0,9% respecto de 2012. La red de distribución alcanzaba a finales del año pasado los 47.678 kilómetros, con la incorporación de 1.137 kilómetros en 2013. La compañía invertirá 324 millones de euros durante 2014 y espera alcanzar los 5,2 millones de puntos de suministro.

Foto: De izquierda a derecha, el director de Promoción de Gas de Gas Natural, Alfredo Ingelmo, y el presidente de Conaif, Esteban Blanco

Hacienda podría parar la venta y desguace de la planta de Bioenergética Extremeña al reclamar una subvención de 4,1 millones de euros

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Una de las mayores plantas de biocarburantes de España, la que construyó la empresa Bioenergética Extremeña en Valdetorres (Badajoz), puede acabar sus días convertida en chatarra y con un agujero con Hacienda de 4,1 millones de euros.

Aunque su desguace está aún en el aire. El Ministerio de Hacienda reclama a los propietarios de la empresa la devolución de los incentivos industriales que le fueron concedidos en noviembre del 2006, al tratarse de un gran proyecto industrial y generador de empleo.

La planta extremeña, que sólo llegó a funcionar unos meses a medio rendimiento, cobró los 4,1 millones de euros de subvención concedidos al proyecto en el año 2012. En el pliego de condiciones para el cobro de la misma, la empresa de biocarburantes se comprometía a mantener en el plazo de cinco años inversiones por importe superior a los 40 millones de euros durante cinco años. Hacienda también reclama a sus propietarios cerca de 300.000 euros en concepto de intereses.

Tras un largo proceso judicial tras presentar el concurso de acreedores, el juzgado y la banca acreedora no han encontrado viabilidad a la planta que será vendida por una cantidad muy baja en relación a su inversión inicial para convertirla en chatarra. En los últimos meses la Junta de Extremadura mantuvo conversaciones con diferentes asociaciones del sector del transporte para buscar una salida comercial al producto de la planta sin encontrar a los socios inversores necesarios.

A comienzos del 2013, la empresa norteamericana Fuel Streamers Group -con sede en Houston, Texas y especializada en el negocio internacional de biocombustibles- a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI, tomó el control de la planta.

Sin embargo, a los pocos meses, sus nuevos gestores dejaron su gestión y comunicaron a los 46 empleados de la planta de Valdetorres el comienzo de un ERE extensivo que los propios trabajadores vieron como el final de la factoría que finalmente se ha cumplido.

Tras dos años de construcción y cerca de 80 millones de inversión, la planta comenzó a operar en el año 2008, justo antes del cambio de coyuntura. La planta de Valdetorres estaba proyectada para una producción máxima de 275.000 toneladas anuales, que nunca ha llegado a alcanzar pese a sus crecientes exportaciones gracias al uso de aceite vegetal usado como materia prima.

Sus impulsores iniciales fueron la familia Hinojosa Vacas a la que más tarde se unió la empresa de capital riesgo Catalana de Iniciativas con el 25% del capital, que estaba participada por las alguna de las mayores empresas del país -desde Telefónica a Repsol o Banco Sabadell.

Alfonso Gallardo pasa a ser el administrador único de Refinería Balboa tras la salida de sus grandes accionistas

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El que iba a ser el mayor proyecto industrial de la historia de Extremadura, la Refinería Balboa que promovía el industrial Alfonso Gallardo Díaz, está dando sus últimos coletazos a golpe de Boletín del Registro Mercantil. A finales de enero se conocía que la empresa promotora, Refinería Balboa S.A., eliminaba el consejo de administración para pasar toda la responsabilidad como administrador único de la misma a Alfonso Gallardo Díaz.

También quedaba registrada la salida como consejeros de Juan Sillero, hombre de confianza de Gallardo durante años hasta su salida del grupo, y la de Antonio Masa Godoy, presidente de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura.

La empresa ha reducido su capital social en 8,5 millones de euros para dejarlo en 41,5 millones. De esta forma, el proyecto que contó en sus inicios como accionistas a grandes grupos empresariales y bancarios como BBVA, Caja Madrid, BBVA o Sofiex queda ya reducido a la figura del propio Gallardo.

El proyecto quedó definitivamente descartado desde el punto de vista medioambiental el 29 de marzo del 2012 cuando -hace ya casi dos años- el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Miguel Arias Cañete emitió una propuesta de Declaración de Impacto Ambiental desfavorable que se centraba especialmente en el “potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana” que tendría el proyecto.

Además, consideraba que la Refinería, ubicada a más de 180 kilómetros de la costa, incumplía los objetivos de eficiencia energética recogidos en la normativa europea. También destacaba su posible impacto sobre la Vía de la Plata y la negativa de Portugal al mismo, así como las dudas de la UNESCO.

Ninguna de las tres ministras de Medio Ambiente del PSOE en el Gobierno (Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar) dio tampoco ningún paso para aprobar el proyecto.

El empresario extremeño siempre criticó que las ampliaciones de las dos mayores refinerías en suelo español, la de Repsol en Puertollano y la de Cepsa en Huelva, esta última para doblar su producción, recibieron la autorización ambiental en muy pocos meses.

El empresario Alfonso Gallardo, dueño también de Siderúrgica Balboa y Cementos Balboa, tuvo que esperar más de seis años y medio para conocer que su proyecto estrella no vería la luz.

El proyecto requería una inversión de 2.100 millones de euros para producir 110.000 barriles de productos petrolíferos diarios.