GAS Y CARBURANTES
La subida del gasóleo y del impuesto a los carburantes penaliza la rentabilidad del sector agrario en plena campaña de regadío

El gasto en carburantes es uno de los consumos intermedios que más repercute en la rentabilidad de las explotaciones agrarias de Extremadura. Y las fuertes subidas de las últimas semanas están suponiendo un coste añadido muy importante justo cuando se inician los trabajos de los principales cultivos de regadío de la región. Todo ello se produce cuando el Gobierno ha anunciado la subida de los impuestos a los carburantes para evitar en gran parte el efecto frontera entre comunidades autónomas.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, se ha mostrado “muy indignada” con el Gobierno por su decisión de imponer una subida de impuestos al gasóleo en aquellas Comunidades Autónomas que no lo hicieron en el pasado. De esta manera, nueve regiones se verán forzadas a encarecer entre 0,01 y 0,048 euros cada litro de combustible. En total, UPA estima que el Gobierno recaudará más de veintisiete millones de euros, cifra a la que habría que añadir el 21% de IVA. “Una jugosa tajada de más de 32.800.0000 € para el Ejecutivo”, concluyen en la organización de productores.
UPA ha recordado el nombre de esta medida cuando se ofreció a las Comunidades adoptarla de forma voluntaria: “céntimo sanitario”, en referencia al supuesto destino del dinero recaudado con esta propuesta. Sin embargo, “nunca se ha demostrado que el destino de este dinero repercutiese en los servicios sanitarios y, de hecho, el céntimo sanitario ha coincidido con todos los recortes en sanidad”, ha apuntado UPA. Los agricultores y ganaderos advierten de que esta medida “llega en el peor momento” ya que coincide con la subida del precio del petróleo que está agitando los mercados mundiales.
La organización ha apuntado así al reciente informe de expertos que recientemente aconsejó al Gobierno subir más las tasas a los carburantes más contaminantes. UPA ha explicado que este tipo de medidas “no protegen el medio ambiente ya que no podemos dejar de producir alimentos” y ha acusado al Gobierno de cubrir estas subidas de impuesto “con palabras de protección al medioambiente cuando, en realidad, esto es una excusa para hacer caja”.
Los agricultores y ganaderos extremeños destinan cerca de 80 millones de euros anuales a gastos en carburantes y energía en sus explotaciones, lo que supone en torno al 8% del total de sus gastos de explotación. Solo los piensos para ganado están por delante en inversión de esta partida.
Extremadura es la séptima región por gasolineras automatizadas abiertas

La normativa autonómica extremeña que impide a las gasolineras automáticas operar sin personal, está impidiendo ahorrar a los extremeños unos 200 euros anuales por la falta de competencia en este sector, según argumenta la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE).
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Extremadura de 2016, una familia extremeña tiene un gasto medio de 23.003,7 euros al año. De esta cantidad, 1.189,87 fueron destinados al transporte, la tercera partida en importancia después de alimentación y vivienda. Esto significa que una familia gasta el 5,16% de su presupuesto en transporte.
“El carburante es la única partida que puede variar en el presupuesto de una familia, ya que en la vivienda o la alimentación los ajustes ya están hechos. Por tanto el ahorro en trasporte (carburante) se vuelve capital para ajustar el presupuesto. Y en todo caso si ahorran en transporte, pueden destinarlo a otras actividades”, explica Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE)
“Las estaciones de servicio automáticas hacen que bajen los precios de media unos diez céntimos el litro en las zonas donde se implantan”, afirma el presidente de AESAE. Con las nuevas aperturas de estaciones automáticas, las estaciones tradicionales se verán obligadas a bajar los precios para hacer frente a la nueva competencia. “Y se beneficiará al bolsillo de las familias extremeñas porque bajará el porcentaje de gasto medio familiar en carburante», que Jiménez Perona estima en 200 euros año, “sin perder un ápice de calidad y de servicio pues a fin y al cabo en la mayor parte de las estaciones tradicionales el cliente se pone el carburante”.
Las dos provincias extremeñas tienen unos precios de carburante muy lejos del de provincias como Lérida, Valencia o Barcelona donde la mayor competencia permite unos precios mucho más competitivos. A esta diferencia hay que unirle la menor renta per cápita de las dos provincias extremeñas si lo comparamos con las tres provincias mencionadas, lo que conlleva a concluir que el esfuerzo económico para llenar el depósito es mucho mayor para un extremeño que para un valenciano, por ejemplo.
La normativa autonómica dicta como “obligación específica de protección y prevención de riesgos de los consumidores y usuarios” que todas las gasolineras “deberán disponer en la propia estación, mientras permanezca abierta, al menos de una persona responsable”. AESAE denuncia que esta medida no tiene otro fin que no sea el de limitar el desarrollo del modelo de negocio de las gasolineras automáticas.
“La protección de las personas con discapacidad y la prevención de riesgos no son más que excusas de “mal pagador” para limitar nuestro modelo de negocio”, afirma Jiménez Perona.
Un conductor con una discapacidad podrá repostar en una estación, si ésta es accesible, y no necesita un persona como tampoco la necesita para acceder a los servicios sanitarios, de transporte etc. AESAE es consciente de ello y por eso piden a todas las Comunidades, en palabras de Manuel Jiménez Perona, que “exijan a todas las estaciones donde el cliente reposta, la Ley de Accesibilidad de 2013, ya que aún no se está exigiendo”.
Extremadura cuenta con 23 estaciones de servicio automatizadas en toda la Comunidad, según cifras de AESAE. Esto la convierte en la séptima Comunidad con más puntos de repostaje de este tipo. Este número supone el 3,75% del total de las gasolineras de este tipo que hay en España. “Durante el año y medio que llevamos luchando, hemos conseguido resultados muy positivos a nivel nacional”, explica el presidente.
Aproximadamente, de las 11.180 estaciones de servicio que existen en España, tan solo unas 560 son automatizadas. Este dato representa el 5% de las gasolineras que hay en España.
Extremadura cambiará su Ley de gasolineras Low Cost menos de un año después de entrar en vigor

En agosto del 2017 entró en vigor la normativa que modificaba la Ley del Estatuto de Consumidores de Extremadura por la que se exigía a las gasolineras que operan bajo el modelo de low cost a contar con al menos un trabajador mientras permanecieran abiertas desde las siete de la mañana a las diez de la noche. La justificación última de la Ley era defender los derechos de las personas con minusvalía a la hora de repostar.
La ley era una reivindicación de la asociación de estaciones de servicio extremeñas (ARESEX) –prometida durante la campaña electoral por el presidente Vara durante el mandato de Monago- y que seguía el recorrido normativo de otras comunidades autónomas con legislaciones similares. Sin embargo, desde la administración central, este tipo de normativas no se ha visto nunca con buenos ojos ya que choca contra la legislación europea y también contra la española, al considerar el Ministerio de Industria que invade sus competencias sobre el actual modelo de estaciones de servicio.
Por su parte, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) apoya la postura del Ministerio de Industria ya que considera que no hay razones objetivas de contar con un empleado con horario fijo si se cumplen con la legislación exigida por el Ministerio, incluidas las de accesibilidad para personas con minusvalía. La normativa extremeña dejaba fuera de esta obligatoriedad a los postes de carburantes instalados en las cooperativas agrícolas.
La Administración central incluso llegó a plantearse con las comunidades autónomas que cuentan con legislaciones similares ir al Tribunal Constitucional para que dirimiera el conflicto. Y en el caso extremeño, antes de judicializar el caso, la Junta de Extremadura ha acordado con el gobierno un cambio en la normativa para tratar de acercar posturas. Siempre con la idea de garantizar el acceso a personas con discapacidad. La Junta asegura que lo hará “con pleno respeto a la normativa estatal y al ordenamiento de la Unión Europea en cuanto resulten de aplicación”. Una compleja solución porque el actual modelo de gasolineras de la legislación española permite la apertura y gestión de las denominadas gasolineras automáticas conocidas como low cost.
Desde el sector de las gasolineras low cost aseguran que la normativa de contar con un empleado en horario fijo ha supuesto un encarecimiento de los carburantes que pagan los conductores al tener que repercutir los costes. El Ministerio de Industria siempre ha apostado en los últimos años por una mayor liberalización del sector de los hidrocarburos desde el punto de vista comercial, para tratar de abaratar sus costes por ser uno de los productos que más peso tiene en la confección del IPC.
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