FOTOVOLTAICA

“Casi todos los expedientes eólicos se encuentran o bien cancelados o en vías de estarlo”

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Jose_Luis_NavarroEntrevista con
José Luis Navarro Ribera
Consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura

Esta es la entrevista realizada al consejero de Economía extremeño, responsable del área de Energía en el Gobierno regional, que ha sido publicada en el ANUARIO ENERGIA EXTREMADURA 2016. que ha editado recientemente este portal, http://www.energiaextremadura.com

Según cálculos del sector de las renovables en Extremadura se han dejado de invertir unos 5.000 millones de euros en Extremadura ante el parón renovable ¿Qué haría falta para recuperar al menos una parte de esta inversión tan necesaria?

Para que el sector se reactive, es necesario y urgente que se restituya la seguridad jurídica perdida como consecuencia de la reforma llevada a cabo por el Gobierno de la Nación en los últimos años, de forma que se aporte previsibilidad a largo plazo a las inversiones, y España pueda cumplir los objetivos europeos para 2020.

Por las peculiaridades geográficas, rurales y de población de Extremadura, el autoconsumo podría tener mucho recorrido en la región. Desde la Junta de Extremadura ¿cómo se puede incentivar su desarrollo dentro de sus competencias?

Desde la entrada en vigor del nuevo marco legal por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo,  no se ha registrado ni una sola solicitud en Extremadura para llevar a cabo este tipo de instalaciones. El sector necesita una normativa que fomente el autoconsumo en lugar de impedirlo.

Teniendo en cuenta que es al Ministerio de Industria, Energía y Minas a quien compete la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas que regula el autoconsumo, la Junta de Extremadura lo que hará es trabajar hacia la agilización de la legalización y puesta en servicio de estas instalaciones.

En este sentido, publicamos un Decreto el pasado mes de mayo para regular el procedimiento para la instalación y puesta en funcionamiento de establecimientos industriales, y con el que conseguimos que las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo puedan ejecutarse sin el previo visto bueno del órgano autonómico competente, necesitándose únicamente autorización de explotación; frente a la metodología aplicada hasta el momento que establecía la de instrucción en el plazo de veinte días. Además, estamos trabajando para que pueda ver la luz una línea de ayudas para instalaciones de este tipo, en empresas y el sector público, con una intensidad que oscilará entre un 35 y un 40 % de la inversión.

En la anterior legislatura se trabajó con el sector en un Plan de Biomasa regional que al final no vio la luz, ¿lo verá a corto plazo?, ¿cuál deben ser las claves de su desarrollo?

El desarrollo del sector de la biomasa forma parte de nuestra política energética, principalmente el fomento de su demanda tanto para generación de energía eléctrica como para usos térmicos en industrias y pymes, alojamientos turísticos y sector público; pero también promoveremos el fomento de su oferta adoptando medidas encaminadas a apoyar el desarrollo de actividades que tienen que ver con el aprovechamiento en origen de esta fuente de energía renovable.

Es un objetivo que compartimos en esta legislatura por el potencial que tiene Extremadura en este recurso y por los que supone en generación de empleo, animando la actividad económica en entornos rurales, a lo que se unen los beneficios ambientales y de gestión forestal.

Tras casi diez años y tres grandes cambios normativos, sigue sin haber ningún parque eólico en Extremadura pese a contar con los permisos ya tramitados en algunos casos. ¿Cuántos parques eólicos disponen ya de todos los permisos para poder comenzar la obra civil si quisieran y qué potencia suman?

A lo largo de los últimos años llegaron a alcanzar el hito administrativo que señala con un total de diez parques eólicos, y una potencia en su conjunto de 226 MW. Sin embargo, prácticamente ninguno de ellos mantiene interés en continuar la tramitación y, de hecho, casi todos estos expedientes se encuentran o bien cancelados o en vías de estarlo, previa solicitud de sus titulares. Y es que, como decía anteriormente, es fundamental para el sector de las renovables en general, que se restituya la seguridad jurídica perdida como consecuencia de la reforma llevada a cabo por el Gobierno de la Nación en los últimos años, de forma que se aporte previsibilidad a largo plazo a las inversiones.

La tramitación de los grandes proyectos fotovoltaicos sigue su curso en Extremadura en algunos casos, pendientes de la planificación del Ministerio de Industria para las conexiones a red ¿Hay visos de que comience su construcción a corto plazo lo que supondría la vuelta a las grandes inversiones renovables?

Efectivamente, los dos proyectos fotovoltaicos que iniciaron su tramitación ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, siguen adelante: el de Talaván, de 300 MW, algo más avanzado que el de Calzadilla y Bienvenida, de 400 MW, ya que el primero obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable. Sin embargo, a pesar de que han pasado ya varios años desde el comienzo de su recorrido administrativo, todavía ninguno de ellos ha obtenido las autorizaciones solicitadas, no siendo obstáculo en ninguno de los dos casos la conexión al sistema eléctrico nacional, ya que así ya se recogió en la Planificación que fue aprobada el pasado mes de noviembre.

Una vez obtengan las oportunas autorizaciones administrativas, esperamos que los promotores hagan realidad estos proyectos. La Junta de Extremadura y desde esta consejería apoyará y acompañará en todo lo necesario a los inversores, pero obviamente se trata de una toma de decisión que corresponde exclusivamente al inversor y, desde luego, la falta de seguridad jurídica a la que he hecho referencia no favorece la toma de decisiones al respecto.

La conocida empresa de cuchillería Flores Cortés Don Benito amplía su objeto social a la producción de energía eléctrica renovable

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flores cortés

Cada vez más empresas del sector industrial y de servicios apuestan por ampliar su objeto social para dar cabida a la producción de energías renovables en alguno de sus diferentes áreas. Recientemente fue una de las mayores industrias de la región, Imedexa, que creó una filial de renovables, un área en el que estaba presente desde hace años.

Ahora ha sido una de las empresas más conocidas de la comarca de las Vegas Altas y especialmente de Don Benito: Flores Cortés Don Benito S.L. La empresa es muy conocida por la fabricación y comercialización al por mayor de todo tipo de materiales de ferretería pero sobre todo de cuchillería y navajas, así como de aperos de labranza.

El Registro Mercantil de Badajoz recogía a primeros de junio la ampliación del objeto social de la compañía con la “producción de energía eléctrica, fotovoltaica y legalización, promoción, instalación y mantenimiento de parques solares, e instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas y/o tejados”.

La empresa también ha ampliado su objeto social a la gestión empresarial y asesoramiento en materia socio laboral, fiscal y contable. Flores Cortés Don Benito S.L. tiene su centro de producción y oficinas en el Polígono de San Isidro de Don Benito.

La empresa también comercializa en su catálogo de productos una amplia gama de estufas para uso de biomasa con pellets y astillas.

El Constitucional rechaza el recurso de Extremadura que paralizó inversiones por 5.000 millones de euros en renovables

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placa solar

La decisión estaba ya descontada por todo el sector renovable de la región, especialmente el fotovoltaico, termosolar y el de la biomasa. La noticia acerca de que el Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en su día los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura en julio del 2013 contra varias artículos del decreto ley del Gobierno central, viene a reafirmar la línea argumental de sentencias anteriores.

Hay que recordar que el decreto ley en cuestión, vendido en su día por el Ministerio de Industria del ahora caído ministro Soria, para atajar el déficit de tarifa, suspendía los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Según la argumentación de la Junta, similar a la de otros gobiernos autonómicos que también han llegado ante el Tribunal Constitucional, aquel decreto ley vulneraba los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad.

Mientras, los ponentes de la sentencia del Constitucional justifican todo a la coyuntura de crisis económica y de déficit tarifario para tomar esas medidas de forma urgente. «La situación de crisis económica que ha repercutido en una caída imprevista de la demanda de energía eléctrica, junto con el incremento general de costes, ha provocado un aumento imprevisto del déficit tarifario, lo que justifica la adopción de las medidas contempladas en esta norma», según el fallo. Y también asegura que “no concurre un supuesto de retroactividad constitucionalmente prohibida».

Aquel decreto ley provocó un parón total en las inversiones renovables en Extremadura –al igual que en casi toda España– un sector que hasta el 2010 había conseguido traer a la región en torno a los 8.000 millones de euros, según las estimaciones del Cluster de la Energía de Extremadura. En el momento del decreto ley aprobado por Industria, había encima de la mesa de la Consejería de Economía de la Junta en torno a 500 proyectos de renovables con una inversión prevista de 5.000 millones de euros. Muchos de ellos de plantas termosolares y fotovoltaica intensiva, a terceros países. Otros muchos, en espera de una nueva ley que haga brillar el sol de nuevo en Extremadura.

Ilustración: J.C.Florentino