Autor: energiaextremadura
Un experto de Enresa cifra en 300 millones de euros el presupuesto de desmantelamiento de una central nuclear en un seminario de AMAC y GMF
El Grupo de Municipios Europeos con Instalaciones Nucleares (GMF) y la Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) han organizado un seminario online con el objetivo de intercambiar experiencias sobre los impactos socioeconómicos que conlleva la decisión de cierre y desmantelamiento de una central nuclear.
Juan Pedro Sánchez Yebra, presidente de AMAC, y Pia Almström, presidenta del GMF, fueron los encargados de inaugurar el seminario y dar la bienvenida tanto a ponentes como a participantes. Sánchez Yebra señala la necesidad de diseñar e implementar planes sólidos y coordinados de desarrollo en las zonas afectadas por cierres de centrales nucleares para que los impactos del mismo en la etapa postnuclear sean los menores posibles, apostando por alternativas económicas basadas en los recursos de cada comarca.
Mientras, Pia Almström, presidenta del GMF, destaca la necesidad de considerar no sólo los aspectos tecnológicos y regulatorios en las estrategias de cierre y desmantelamiento en los diferentes países europeos, sino también los aspectos sociales. Para ello, es imperativo involucrar a los municipios y las comunidades locales, en muchos casos completamente dependientes del sector nuclear, en las decisiones relativas al futuro de sus territorios.
Por su parte, Manuel Rodríguez Silva, director de operaciones de Enresa, la empresa nacional de residuos radiactivos, será el encargado de la charla Impacto sobre el empleo y la inversión económica asociados al desmantelamiento. En ella, se referirá al desmantelamiento que, mientras dura el proyecto, actúa como un moderador de la pérdida de empleo y de actividad económica que inevitablemente supone el cierre de una central nuclear para sus zonas de influencia.
En concreto, durante un periodo aproximado de 10 años, proporciona empleo a una media de 250 trabajadores, la mayor parte de los cuales suele residir en los municipios del entorno, según señala Rodríguez, quien resalta que el presupuesto del desmantelamiento, integrando los costes de las obras y los de operación y mantenimiento de la planta, se sitúa en torno a los 300 millones de euros. En este sentido, el presidente de AMAC, Juan Pedro Sánchez Yebra, destaca el acuerdo suscrito recientemente con el Gobierno central para el desarrollo de un Convenio de Transición Justa en la comarca de Zorita, donde se está desmantelando la central nuclear José Cabrera.
Asimismo, ha mostrado su confianza en que dicho acuerdo sea el primer paso de una colaboración firme y futura que garantice el desarrollo de las zonas donde se han cerrado o cerrarán instalaciones nucleares.
Por último, Alfons García, alcalde de Vandellós-l’Hospitalet de l’Infant y vicepresidente de AMAC, comentó los impactos locales y regionales del cierre y desmantelamiento en España, desde el primer caso de la central de Vandellós, pasando por la situación actual en la comarca de Zorita y la previsión futura.
El autoconsumo crece en España un 30% en 2020, duplicándose las instalaciones en hogares
Según los datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en 2020 en España se instalaron 596 MW de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo demostrando la resiliencia del sector. Esta cifra supone un incremento del 30% con respecto a 2019, cuando se colocaron 459 MW.
De estos 596 MW, estimamos que un 2% se corresponden a instalaciones de autoconsumo aisladas de la red. En cuanto al reparto por sectores, la mayoría de esta nueva potencia, un 56%, se ha instalado en el sector industrial, un 23% en el sector comercial y un 19% en el sector doméstico, que es donde el autoconsumo ha experimentado un crecimiento sin precedentes. El 2019 el autoconsumo doméstico supuso un 10%.
Estas cifras ponen de manifiesto que a pesar de ser un año muy complicado, en el que la pandemia de la COVID produjo un gran descenso de la demanda energética en términos generales, las familias han podido optar por esta forma de energía más barata y más limpia. Por un lado, los que no han perdido su empleo o no se vieron afectados por un ERTE han podido ahorrar y pensar en cómo invertir su dinero. De hecho, la tasa de ahorro de las familias ha pasado de un 8% a más de un 31%, según las estadísticas del INE. Por otro, los incentivos locales y la eliminación de barreras administrativas se han sumado a las fuertes campañas de divulgación por parte de las empresas.
“En el caso de viviendas unifamiliares en una zona soleada, una instalación sin baterías es una inversión que se puede recuperar en 9 o 10 años. Además, hay deducciones en el IBI y los bancos no están dando rentabilidad por lo que su dinero está mejor en el tejado de la casa”, explica José Donoso, Director General de UNEF.
Una de las prioridades UNEF es la simplificación administrativa frente al autoconsumo. Este año son ya 8 las Comunidades Autónomas que han eliminado la licencia de obra para las instalaciones sobre tejado y esperamos que otras se sumen muy pronto. Otra, en este caso para conseguir un crecimiento sostenido a lo largo de la década, pasará inevitablemente por disminuir el término fijo de la factura eléctrica española, el más elevado en Europa.
El avance en las instalaciones en el segmento industrial se ha estabilizado alcanzando un 56% de los MWs fotovoltaicos instalados en 2020, frente al 70% que supusieron en 2019, y en el ámbito comercial ha supuesto un 23%, frente al 30% registrado el año pasado. El desarrollo particular de las instalaciones de autoconsumo en estos sectores ha dependido de cómo se han visto afectados en cada caso por la crisis sanitaria.
Las ayudas en Extremadura a la movilidad sostenible MOVES II alcanzan los 2 millones de euros
La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha puesto en marcha desde mediados de enero la convocatoria de ayudas correspondiente al programa MOVES II, destinada a la movilidad eficiente y sostenible en la región. La convocatoria cuenta con una partida presupuestaria de 2.030.862 euros, cofinanciada con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), lo que representa un incremento del 100 por 100 con respecto a la anterior convocatoria, que contó con un presupuesto de 1.043.000 euros.
El programa MOVES II contempla como beneficiarios a particulares, autónomos, personas jurídicas, comunidades de propietarios, entidades locales, municipios, mancomunidades, Universidad de Extremadura, diputaciones y empresas públicas, entre otros.
Las líneas de actuaciones subvencionables son cuatro: Adquisición de vehículos de energías alternativas, implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, y como novedad en esta convocatoria, se incluye la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo.
La cuantía de la ayuda no varía con respecto a la anterior convocatoria, estableciéndose una horquilla de entre 600 euros para cuadriciclos ligeros eléctricos, hasta los 15.000 euros para la adquisición de vehículo de camiones y autobuses eléctricos.
En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos, públicos y privados, las ayudas serán de un 30 o un 40 por ciento del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.
Los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas cuentan con una ayuda del 30 por ciento del coste subvencionable, con un límite de 100.000 euros.
Para la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo y de medidas a llevar a cabo por ayuntamientos en núcleos urbanos para adaptar la movilidad en un escenario de nuevas exigencias derivadas del período post COVID 19, las ayudas serán de un 40 o un 50 por ciento del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 500.000 euros.
Desde el pasado 15 de enero se han podido presentar las solicitudes hasta que finalicen los fondos. En la primera convocatoria del Programa MOVES se registraron 45 solicitudes para compra de vehículo eléctrico o de energía alternativa; 81 solicitudes para implantación de estaciones de recarga y una solicitud para implantación de sistema de préstamo de bicicletas eléctricas, con una inversión conjunta de 3,8 millones de euros.
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