La nueva ley que obliga a la certificación energética de viviendas entra en vigor el 1 de junio con multas superiores a 3.000 euros

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Aunque ha pasado desapercibida entre la maraña de noticias sobre el déficit de tarifa o la nueva reforma energética que prepara el equipo del ministro Soria, la obligatoriedad de contar con un certificado energético a partir del 1 de junio para poder vender o alquilar una vivienda que fuese construida antes del año 2007 ya es una realidad.

La medida ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de abril y afectará tanto a viviendas particulares como a promotoras inmobiliarias o edificios de titularidad pública.

Las viviendas contarán a partir de ahora con diferentes distintivos, por letras y colores: desde la A, que supone la mejor calificación por su alto ahorro energético hasta la G, la de mayor gasto. En colores, el verde supondrá el mayor ahorro y el rojo, el mayor gasto. Las inspecciones para que se cumplan la nueva Ley dependerán de las diferentes comunidades autónomas que podrán aplicar sanciones desde 3.000 hasta los 600.000 euros.

La Ley no ofrece ningún periodo transitorio de aplicación por lo que se pueden imponer sanciones por incumplimiento de la norma desde el próximo 1 de junio.

Las primeras en aprovechar el negocio que implicará la nueva legislación sobre certificación energética han sido las propias tasadoras inmobiliarias quienes ya ofrecen a sus clientes los servicios de certificación energética para que los contratos de compraventa cumplan con la Ley. Los colegios de arquitectos también han realizado cursos de formación para sus asociados para que puedan prestar estos servicios.

En el caso de los contratos de alquiler, los expertos aseguran que su aplicación será más complicada de cumplir al tratarse de un mercado en el que no siempre “se firma en blanco”.

Una de las incertidumbres que plantea la nueva ley es la no fijación de tarifas o baremos oficiales. Es decir, el precio que cobrarán las empresas especializadas por emitir el certificado es libre y puede oscilar entre los 200 euros de media para un piso en una ciudad y los 450 euros de un chalet adosado.

Desde su contratación, en menos de una semana, el propietario tendrá en su mano el certificado energético.

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