El sector termosolar pedirá “daños y perjuicios” ante los tribunales españoles y europeos si el Gobierno impone la retroactividad en el recorte de las primas

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Uno de los sectores más afectados por la tasa de generación eléctrica que estudia implantar el Ministerio de Industria sería el de la termosolar, donde Extremadura comparte el liderazgo con Andalucía con 19 plantas con preasignación, varias ya operativas y otras en construcción o en trámites administrativos, En la región están presentes alguno de los grupos más importantes a nivel español y mundial como Acciona, Abengoa, Cobra-ACS, Ibereolica o tienen previsto hacerlo como Torresol Energy, participada por SENER. Muchas de ellas cuentan con la financiación o participación accionaria de importantes fondos de inversión, bancos o empresas industriales de utilities de Japón, Alemania o Estados Unidos.

La asociación Protermosolar, que defiende los intereses de la mayor parte de las empresas del sector, ha sido muy crítico con esta posible tasa a la generación eléctrico pero también con la posible retroactividad en las primas de proyectos que ya cuentan con preasignación. Esta son sus reflexiones sobre el nuevo marco normativo para el sector termosolar que puede ser muy perjudicial para Extremadura, futuras inversiones y creación de empleo.

“En primer lugar, lo peligrosas e irresponsables que pueden resultar para el conjunto del país las justificaciones genéricas a la retroactividad en unos momentos en los que se necesita transmitir confianza a los mercados sobre la seriedad de España. El Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado sobre una reducción de las tarifas/primas establecidas para el régimen especial, ya que la reciente sentencia del TS sobre tecnología fotovoltaica no aborda una reducción de tarifas, sino una reducción del número de horas equivalentes anuales y una limitación a 30 años del derecho a percibir la remuneración.

Estas sentencias no serían aplicables a las instalaciones de tecnología termosolar, ya que las instalaciones inscritas en el Registro de pre-asignación de retribución gozan no ya de una expectativa, sino de un derecho consolidado a una determinada retribución. Una reducción de la misma constituiría un supuesto de retroactividad en grado máximo, prohibida.

En este sentido, la Resolución individual expedida por el Ministerio de Industria a cada titular de inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución es asimilable a un contrato de concesión. La Resoluciones individuales expedidas adicionalmente por el Ministerio a cada titular, en la que acepta la renuncia de éste a verter energía antes de una fecha determinada dentro de cada fase, reitera y concede como un acto propio de la Administración el derecho a la remuneración prevista en el RD 661/2007 durante toda la vida útil de la instalación. Estas resoluciones refuerzan más, si cabe, el carácter cuasi-concesional de las instalaciones termosolares.

Además, el RD 1614/2010 otorga, adicionalmente, una expresa protección a futuro de las primas a percibir por las instalaciones termosolares, ya que el Art. 4 RD 1614/2010 dice expresamente que las revisiones de las tarifas, primas y límites inferior y superior no afectarán a las instalaciones inscritas en el Registro de pre-asignación o en el RAIPRE. Esta expresa protección a futuro tuvo lugar tras una negociación previa entre el Ministerio y los titulares de las instalaciones, que dio como resultado la expedición de las resoluciones individuales antes mencionadas como un acto propio de la Administración. Esta protección se aplica sólo a las instalaciones termosolares, sin que otras tecnologías disfruten de la misma. Por lo tanto, una reducción de tarifas/primas respecto a las actualmente previstas constituiría un supuesto de retroactividad prohibida y no amparada por la jurisprudencia del TS, al afectar no a meras expectativas sino a derechos consolidados que se han integrado en el patrimonio de los titulares.

Por todo ello, la reducción de la remuneración a las centrales termosolares daría lugar acciones contra la Administración por los titulares de las instalaciones.

En España: Cuestión de inconstitucionalidad en el momento del primer acto administrativo de aplicación de la nueva regulación (i.e., con la primera liquidación practicada por la Comisión Nacional de la Energía) así como a una Acción de responsabilidad Patrimonial de la Administración para reclamar daños y perjuicios por quebrantamiento de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, avalado por jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando la Administración se ampara en un acto legislativo y no meramente reglamentario, en caso de emplear tal medio para una reducir las primas.

En Europa se interpondrían denuncias al Reino de España ante la Comisión Europea por infracción de la normativa comunitaria.

A nivel de Arbitraje Internacional se estaría amparado por el Tratado de la Carta de la Energía, firmado y ratificado por España, que protege y blinda las inversiones de los nacionales de los Estados firmantes en territorio español”.

Foto: Planta termosolar de Abengoa

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