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«El Estado de Derecho español no ofrece ninguna solución a los productores extremeños de renovables”
Entrevista con
Piet Holtrop
abogado y socio fundador de HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law
“Tenemos una noticia mala y una noticia buena que darle. Comencemos por la mala: el Tribunal Supremo español ya ha dejado claro que los recortes a la energía solar en España no vulneran ninguna ley española o la Constitución. No hay motivos para pensar que vaya a cambiar de criterio. El Estado de Derecho español no ofrece ninguna solución a los productores extremeños.
La buena noticia es que, de momento, España forma parte de la Unión Europea. Y en la Unión Europea se respetan unas normas básicas. Esas normas están definidas en el Derecho Europeo, que tiene primacía sobre el derecho nacional, y que resulta de plena aplicación en materia de energías renovables. Precisamente es este ordenamiento europeo en el que descansa nuestra estrategia como abogados defensores de las diferentes tecnologías renovables en España.
¿Y cómo podemos hacer valer el Derecho Europeo para defenderle? Pues mediante dos mecanismos: la cuestión prejudicial y el procedimiento de incumplimiento. La cuestión prejudicial es un mecanismo mediante el cual, en el marco de un procedimiento nacional, el juez español pregunta al Tribunal de Justicia de la UE sobre la interpretación o validez del Derecho Europeo.
Desde los primeros recortes del anterior gobierno al régimen especial hemos ido defendiendo los productores fotovoltaicos en esta dirección. Estos procedimientos los generamos para un grupo de más de 1.500 productores a los que representamos, y al que se están uniendo también productores eólicos, termosolares y minihidráulicos.
La respuesta del Tribunal Europeo a esa cuestión prejudicial es vinculante y puede obligar a inaplicar la norma española contraria al Derecho Europeo. Digo será, porque todavía estamos pendientes de llegar a Luxemburgo, la abogacía del Estado saca lo que pueda para evitar que Luxemburgo se pronuncie sobre esta problemática.
El miedo que tiene es fundado. La lista de cuestiones prejudiciales que han terminado derogando normas nacionales es larga: canon digital, ley hipotecaria, céntimo sanitario, derecho al olvido en Internet… Pronto los recortes a las energías renovables engrosarán la lista de litigios perdidos por España en la Unión Europea.
El otro mecanismo es el del procedimiento de incumplimiento, que se activa mediante la presentación de denuncias ante la Comisión Europea, la cual puede decidir incoar un procedimiento contra el Estado Miembro incumplidor.
Nosotros –HOLTROP S.L.P Transaction & Business Law– ya hemos presentado un total de cuatro denuncias, y en los próximos meses presentaremos otras tres. De todas ellas, la que más avanzada está es la que hemos interpuesto contra el impuesto del 7% a la generación eléctrica, pues ya hemos logrado que la Comisión Europea abra dos procedimientos de información contra España. El mero hecho de haber logrado que se inicien dos procedimientos de información ya es una gran victoria, que ayudará a que los tribunales autonómicos competentes en esta materia presenten la cuestión prejudicial.
Las normas europeas concretas que se han vulnerado son los principios de confianza legítima y de no discriminación, la Directiva de Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética o la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad. En España, se garantizó una tarifa regulada a la energía solar durante un número determinado de años, mediante la publicación del sistema de apoyo en el Boletín Oficial del Estado.
Para todos esos productores, era imprevisible que unos años después, cambiara la norma tan radicalmente como para intoxicar sus activos. Esto supone una grave vulneración del principio europeo de confianza legítima. De haberlo sabido nadie con juicio sano hubiese asumido costes hundidos en tal escenario”.
COAG y UPA alertan de un aumento de las tarifas eléctricas para riego del 80% ante el inicio de la temporada
Ante la cercanía de la campaña de riego, las organizaciones agrarias COAG y UPA reclaman al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, medidas urgentes para mitigar el impacto en las explotaciones agrarias de la subida de las tarifas eléctricas.
Ambas organizaciones denuncian que, tras tres meses, el conjunto del sector no ha obtenido respuesta del ministro a la petición realizada en diciembre de 2013 para constituir un grupo de trabajo que encuentre soluciones al importante incremento de la factura eléctrica.
Las características especiales de las empresas de temporada, entre las que se encuentran las explotaciones con superficies de regadío, hacen que sean más sensibles al incremento del término fijo de la factura eléctrica a la hora de trabajar con productos agrícolas de campaña.
La estrategia de aumentar la facturación en el término de potencia y reducir la de término variable de energía ha provocado subidas espectaculares en las facturas -consecuencia de que la actual reglamentación obligue a pagar por la potencia instalada que no se usa- a pesar de que en gran parte de los casos no existe actividad durante ciertos periodos del año.
La orden IET/1491/2013 del Ministerio de Industria ha provocado un incremento promedio del 125% de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas. Como consecuencia, la factura de la luz para riego se ha encarecido de media un 80%, con un incremento de los costes fijos -regulados- de más de un 1.000%.
COAG y UPA subrayan que muchas de las explotaciones están intentando reducir el impacto de estos costes con inversiones en eficiencia energética, pero que lamentablemente no compensan la subida de los costes eléctricos ya que también el autoconsumo y la cogeneración han sido penalizados por el Ministerio.
La Junta de Extremadura presentará su quinto recurso ante el Tribunal Constitucional desde septiembre del 2011 por los cambios legales en las renovables
Si el Consejo Consultivo da su opinión favorable, como ha hecho en anteriores ocasiones, la Junta de Extremadura acudirá por quinta vez desde septiembre del 2011 ante el Tribunal Constitucional en Madrid, en este caso para presentar un recurso contra el Real decreto-ley 9/2013 que tomaba distintas medidas para conseguir la reducción del déficit de tarifa a costa de reducir aún más los ingresos previstos para las energías renovables además de cambiar su régimen jurídico sin respetar sus derechos adquiridos.
La Junta ya ha presentado otros recursos por decretos similares en septiembre del 2011, octubre del 2012, y abril y julio de 2013.
Extremadura es una de las regiones españoles que más se juega financieramente con las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria, al ser la segunda comunidad con más plantas termosolares operativas y en estudio, y disponer también de un importante número de plantas fotovoltaicas.
Además, los nuevos reales decretos de Industria están dificultando seriamente la atracción de inversores internacionales para los proyectos fotovolaticos a gran escala que había sobre la mesa, la mayoría con capital y socios alemanes.
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Cristina Teniente, asegura que la Junta considera que se vulneran los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución. Los dos primeros hacen referencia al principio de seguridad jurídica, según el cual no se puede vulnerar derechos consolidados; y el segundo a la utilización del decreto-ley para la aprobación de la reforma.
El Gobierno de Extremadura, manifestó Teniente, “es consciente de la necesidad y obligación por parte del Ejecutivo Nacional de atajar el problema del déficit tarifario para poder garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español y comparte el objetivo de adoptar medidas en esa dirección”, si bien, dijo, “no estamos de acuerdo en la manera en que se está haciendo”
“Lo que está ocurriendo con la normativa eléctrica –agregó- puede generar una grave repercusión económica con inversiones ya existentes en el sector eléctrico y puede perjudicar inversiones futuras”.
Por ese motivo, se ha decidido presentar este nuevo recurso después de que no haya habido acuerdo en la comisión bilateral creada por ambas administraciones para estudiar la controversia.
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