La Junta de Extremadura presentará su quinto recurso ante el Tribunal Constitucional desde septiembre del 2011 por los cambios legales en las renovables

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Si el Consejo Consultivo da su opinión favorable, como ha hecho en anteriores ocasiones, la Junta de Extremadura acudirá por quinta vez desde septiembre del 2011 ante el Tribunal Constitucional en Madrid, en este caso para presentar un recurso contra el Real decreto-ley 9/2013 que tomaba distintas medidas para conseguir la reducción del déficit de tarifa a costa de reducir aún más los ingresos previstos para las energías renovables además de cambiar su régimen jurídico sin respetar sus derechos adquiridos.

La Junta ya ha presentado otros recursos por decretos similares en septiembre del 2011, octubre del 2012, y abril y julio de 2013.

Extremadura es una de las regiones españoles que más se juega financieramente con las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria, al ser la segunda comunidad con más plantas termosolares operativas y en estudio, y disponer también de un importante número de plantas fotovoltaicas.

Además, los nuevos reales decretos de Industria están dificultando seriamente la atracción de inversores internacionales para los proyectos fotovolaticos a gran escala que había sobre la mesa, la mayoría con capital y socios alemanes.

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Cristina Teniente, asegura que la Junta considera que se vulneran los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución. Los dos primeros hacen referencia al principio de seguridad jurídica, según el cual no se puede vulnerar derechos consolidados; y el segundo a la utilización del decreto-ley para la aprobación de la reforma.

El Gobierno de Extremadura, manifestó Teniente, “es consciente de la necesidad y obligación por parte del Ejecutivo Nacional de atajar el problema del déficit tarifario para poder garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español y comparte el objetivo de adoptar medidas en esa dirección”, si bien, dijo, “no estamos de acuerdo en la manera en que se está haciendo

“Lo que está ocurriendo con la normativa eléctrica –agregó- puede generar una grave repercusión económica con inversiones ya existentes en el sector eléctrico y puede perjudicar inversiones futuras”.

Por ese motivo, se ha decidido presentar este nuevo recurso después de que no haya habido acuerdo en la comisión bilateral creada por ambas administraciones para estudiar la controversia.

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