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Las gasolineras extremeñas tienen más difícil bajar del euro por litro de diesel por el impuesto del céntimo sanitario
La bajada de los precios de los carburantes en las últimas semanas incluso por debajo del euro por litro en el diesel en algunas gasolineras ha vuelvo a activar la polémica sobre el céntimo sanitario. Un impuesto gravado por las comunidades autónomas –aunque algunas ya hayan renunciado a él– a la comercialización de carburantes para hacer frente al mantenimiento del sistema de salud que en Extremadura deja en las arcas regionales en torno a los 40 millones de euros anuales.
Pero que provoca una merma importante para los empresarios del sector de las estaciones de servicio, que ven como especialmente el sector de los transportistas prefieren repostar en otras comunidades, como Castilla y León, donde este impuesto es sensiblemente menor que en la región extremeña.
Actualmente, Extremadura grava con 3,8 céntimos cada litro de carburante desde el 1 de enero del 2014, mientras que Castilla y León lo hace con 1,6 céntimos. El impuesto llegó a ser de 4,8 céntimos por litro en la región. Para un camionero de un tráiler, entre llenar el depósito en una gasolinera cacereña o pacensem o hacerlo en una de Salamanca o Ávila, la diferencia puede superar los 35 euros ya con IVA.
El impuesto fue creado por el Gobierno central en 2002 y cedido a las comunidades autónomas. Actualmente, cuatro comunidades autónomas-Aragón, La Rioja, País Vasco y Canarias- lo han eliminado. Curiosamente, sus gasolineras figuran entre las más baratas de España, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria. El céntimo sanitario oscila entre los 4,8 y los 1,2 céntimos por litro según las regiones.
La Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura, Aresex, considera que de mantenerse el impuesto se debería armonizar en común en todas las comunidades autónomas para evitar esta competencia desleal.
El Tribunal de la Unión Europea ya se ha manifestado en contra de dicho impuesto al considerar que se grava dos veces un mismo producto, y por considerar que el fin del mismo –el mantenimiento del sistema de salud público– no se corresponde con el producto en sí.
Dicha devolución, que está siendo tramitada por las diferentes asociaciones de transportistas, supondría un desembolso cercano a los 13.000 millones de euros para las finanzas de las comunidades autónomas.
Fernández Vara quiere negociar con las eléctricas las devoluciones de la ecotasa de los Tribunales
La ecotasa de la Junta de Extremadura sigue dando que hablar.
Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha reconocido el derecho de la empresa Gas Natural a la devolución como ingreso indebido de 2,3 millones de euros que pagó a la Hacienda de Extremadura como impuesto autonómico en el ejercicio del 2007. La conocida como ecotasa es una ley extremeña de medidas fiscales sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya avaló el pasado mes de febrero de este año que dicha tasa era parcialmente inconstitucional por considerar que duplicada el Impuesto de Actividades Económicas que ya aportan sus empresas. La empresa interpuso un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Extremadura en diciembre del 2011.
La sentencia del Tribunal Supremo alega la infracción de varios artículos de la Constitución en relación a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y también contra los artículos 14 y 31 de la constitución.
Hay que recordar que uno de los artículos de la LOFCA puestos en cuestión señala que los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por los tributos locales.
Durante la pasada campaña electoral, el futuro presidente extremeño Guillermo Fernández Vara ofreció al entonces presidente José Antonio Monago un pacto para cambiar la ecotasa y adaptarse a la sentencia del Tribunal Constitucional para poder seguir exigiendo compensaciones a las empresas eléctricas con infraestructuras en la región.
El Gobierno extremeño quiere pactar con las eléctricas el alcance de la sentencia contra la ecotasa sin renunciar a subir impuestos
El Gobierno de Extremadura no quiere quedarse sin los ingresos previstos en la denominada “ecotasa”, que gravaban actividades que incidían sobre el Medio Ambiente, como la de las eléctricas y telefonía, que recientemente anulados por el Tribunal Constitucional, y que ascendían a casi 100 millones de euros durante el presupuesto del 2015.
En el año 2014 se recaudaron 97 millones de euros. El tributo fue creado en 1997 por un gobierno regional del PSOE y modificado de nuevo en el 2005.
Según el fondo de la sentencia, que proviene de un recurso interpuesto por la antigua Unión Fenosa, no se puede gravar por dos veces un impuesto que ya las eléctricas y telefónicas abonan a los ayuntamientos en el impuesto de actividades económicas.
Las eléctricas siempre han considerado que la ecotasa limitaba sus inversiones en Extremadura.
Curiosamente, el Partido Popular, tanto a nivel central en el Gobierno del entonces presidente José María Aznar, como a nivel regional cuando estaba en la oposición, siempre se mostró contrario a la ecotasa. Aunque ya en el Gobierno regional, decidió subir su cuantía en el 2012.
Los servicios jurídicos de la Junta de Extremadura evalúan en estos momentos el alcance exacto de la sentencia del Tribunal Constitucional ya que sólo afecta a la redacción de la Ley extremeña que entró en vigor en 2006.
La norma que vulneraba según el Constitucional, la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que fue modificada en 2009, con lo que el fallo del Tribunal no afectaría, según el ejecutivo regional, a lo cobrado a partir de entonces.
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