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Cerca de 200.000 particulares han invertido sus ahorros en proyectos fotovoltaicos en España
Miles de particulares -en torno a los 200.000 en toda España según las asociaciones empresariales del sector- tienen invertido parte de sus ahorros en instalaciones fotovoltaicas que se han construido en los últimos años. Desde 18.000 a más de 100.000 euros de inversión media, con un horizonte de inversión a largo plazo, hasta incluso los 25 años, que decenas de bancos vendieron en su día como productos financieros y como “el mejor plan de pensiones”. Aunque aquellos tiempos y aquellas primas han cambiado radicalmente.
La puntilla para muchos de aquellos proyectos y su rentabilidad ha sido la nueva legislación que grava con el 7% la producción eléctrica de todo tipo de energías que aunque mucho menor del 19% contemplado en principio por el Ministerio de Industria en distintos borradores, supone una sensible merma a los ingresos y las rentabilidades de los proyectos.
Como asegura el responsable de una destaca empresa promotora de proyectos fotovoltaicos, algunos de ellos en Extremadura, “con algunos proyectos que no pueden autofinanciarse va a ocurrir lo que ha pasado con los pisos, que la banca que los ha financiado tendrá que quedárselos”.
Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han asegurado que “el Gobierno se está olvidando de que hay 200.000 familias invertidas en la fotovoltaica”.
En los últimos años se han aprobado diferentes reales decretos, entre ellos el 14/2010. Esta norma aseguraba la rentabilidad a largo plazo de los proyectos (en torno a 25 años) a cambio de reducir su retribución durante los tres primeros años en un 30%. De esta forma, muchos proyectos sin recursos suficientes se vieron obligados a renegociar con bancos y cajas las condiciones de sus créditos para poder cumplir con sus compromisos de pagos a sus proveedores (constructoras y empresas de instalación).
Una medida que se desembocó en una demanda internacional de grandes fondos internacionales contra la citada reducción de tarifas que consideraban retroactiva y que les habría supuesto una merma superior a los 350 millones de euros en facturación. El arbitraje por esta causa se dirime en Suiza.
Peor lo tienen los grandes bancos españoles (Santander, Bankia, BBVA o Banesto) y alemanes, franceses y británicos que financiaron dichos proyectos y que llevan meses viendo como muchos promotores, sobre todo los extranjeros, llaman a sus puertas en busca de una solución.
Porque con la actual coyuntura, muchos de estos fondos han comprendido que no verán dividendos hasta dentro de muchos años.
Foto: Parque fotovoltaico en el municipio de La Cumbre, Cáceres. © Energía de Extremadura.
La eliminación de la exención fiscal a los biocarburantes encarece las exportaciones extremeñas
Los transportistas extremeños han visto como llenar los depósitos de sus camiones les resulta más caro desde comienzos de año. El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva normativa por la que dejan de estar exentos del pago de impuestos los biocarburantes.
Según las estimaciones de la Unión de Cooperativas de Transportes de Extremadura (Ucotranex), esta medida costará de media unos 720 euros anuales a cada transportista. El biodiésel supone en torno al 7% del combustible medio que utiliza un camionero al repostar, lo que ahora supondrá un sobrecoste de 1,5 céntimos más por litro.
Según los datos de la Unión de Cooperativa de Transportes, durante el año 2012 la subida medio de los combustibles para el sector alcanzó el 10%. Una medida que tendrá un efecto inmediato sobre las exportaciones regionales, que se realizan en su gran mayoría por carretera teniendo en cuenta que más del 85% de las ventas regionales en el exterior se concentran en la UE.
Hay que tener en cuenta que la buena marcha de las exportaciones agroalimentarias, especialmente de tomate y salsas así como de otros productos como corcho, vino, tabaco en rama, fruta, aceite de oliva y aceitunas, han provocado un aumento de los viajes internacionales de los camioneros extremeños, especialmente a destinos como Portugal, Francia y Alemania.
Con esta medida, los portes internacionales de encarecen, aunque está por ver si serán asumidos por los transportistas o podrán aplicársela a sus empresas clientes. Extremadura cuenta con grandes cooperativas de transporte como Copttraba de Badajoz o la Cooperativa de Transporte de Miajadas.
La Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado recoge que el tipo impositivo en el Impuesto Especial de Hidrocarburos de los biocarburantes -hasta ahora de cero euros- pasa a ser igual que el vigente para los carburantes de automoción: el bioetanol tributará al mismo tipo que la gasolina 95 (424,69 euros a los 1000 litros) y el biodiésel al mismo que el gasóleo A (331 a los 1000 litros).
A estas cantidades se suma además el 21% de IVA.
El Ministerio de Industria margina a la extremeña Siderúrgica Balboa al compensar sólo a tres multinacionales extranjeras por sus costes eléctricos
El Ministerio de Industria, que encabeza José Manuel Soria, ha premiado a tres de las mayores multinacionales con plantas industriales en España –Alcoa, Arcelor Mittal y Asturiana de Zinc– con una compensación de 242 millones de euros en su recibo de la luz a través de la adecuación de los denominados “servicios de gestión de demanda o interrumpibilidad”.
La medida afecta a cinco plantas industriales de esos grupos que tienen una potencia contratada de más de 100 Kw en los denominados peajes de acceso y que no cumplirían el resto de las grandes industrias del sector siderúrgico, del aluminio o cementero, como el caso de la extremeña Grupo Gallardo.
Con la nueva orden ministerial, aprobada in extremis el pasado 27 de diciembre por el Ministerio de Industria, la retribución por esta gestión de interrumpibilidad pasará de los 20 euros /Mwh a 35 euros Mw/h para dichas plantas. La medida no ha sentado nada bien en la Comisión Nacional de la Energía.
De forma velada, alguna de estas grandes industrias beneficiadas aseguró que estudiarían el cierre de sus plantas españolas si no se mejoraban sus costes energéticos ante la imposibilidad de competir en el mercado exterior. El propio ministro de Industria visitó hace pocos meses la factoría que el grupo de aluminio Alcoa tiene en Lugo, donde sus responsables le trasladaron la necesidad de mejorar estas compensaciones tras la subida de los precios en un 16% después de las últimas reformas legislativas.
La decisión del Ministerio de Industria de no introducir una progresividad en las compensaciones y limitarse a ayudar a los tres mayores grupos de la industria pesada ha sentado muy mal en el resto de empresas afectadas, entre las que destaca la extremeña Gallardo con varias plantas dentro y fuera de Extremadura con un elevado consumo energético: desde la Siderúrgica Balboa en Jerez de los Caballeros hasta la Cementera Balboa en Alconera a la papelera Papresa en Rentería por citar algunas.
Varias patronales empresariales que aglutinan a grandes empresas consumidoras ya han manifestado en privado su gran malestar sin descartar algún tipo de medida judicial para defender los intereses del resto de sus asociados.
Hay que recordar que el Ministerio de Industria tiene asignados cerca de 500 millones de euros por el servicio de interrumpibilidad, que están incluidos en los costes del sistema eléctrico dentro de los peajes eléctricos para el actual año 2013.
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