Cerca de 200.000 particulares han invertido sus ahorros en proyectos fotovoltaicos en España

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Miles de particulares -en torno a los 200.000 en toda España según las asociaciones empresariales del sector- tienen invertido parte de sus ahorros en instalaciones fotovoltaicas que se han construido en los últimos años. Desde 18.000 a más de 100.000 euros de inversión media, con un horizonte de inversión a largo plazo, hasta incluso los 25 años, que decenas de bancos vendieron en su día como productos financieros y como “el mejor plan de pensiones”. Aunque aquellos tiempos y aquellas primas han cambiado radicalmente.

La puntilla para muchos de aquellos proyectos y su rentabilidad ha sido la nueva legislación que grava con el 7% la producción eléctrica de todo tipo de energías que aunque mucho menor del 19% contemplado en principio por el Ministerio de Industria en distintos borradores, supone una sensible merma a los ingresos y las rentabilidades de los proyectos.

Como asegura el responsable de una destaca empresa promotora de proyectos fotovoltaicos, algunos de ellos en Extremadura, “con algunos proyectos que no pueden autofinanciarse va a ocurrir lo que ha pasado con los pisos, que la banca que los ha financiado tendrá que quedárselos”.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han asegurado que “el Gobierno se está olvidando de que hay 200.000 familias invertidas en la fotovoltaica”.

En los últimos años se han aprobado diferentes reales decretos, entre ellos el 14/2010. Esta norma aseguraba la rentabilidad a largo plazo de los proyectos (en torno a 25 años) a cambio de reducir su retribución durante los tres primeros años en un 30%. De esta forma, muchos proyectos sin recursos suficientes se vieron obligados a renegociar con bancos y cajas las condiciones de sus créditos para poder cumplir con sus compromisos de pagos a sus proveedores (constructoras y empresas de instalación).

Una medida que se desembocó en una demanda internacional de grandes fondos internacionales contra la citada reducción de tarifas que consideraban retroactiva y que les habría supuesto una merma superior a los 350 millones de euros en facturación. El arbitraje por esta causa se dirime en Suiza.

Peor lo tienen los grandes bancos españoles (Santander, Bankia, BBVA o Banesto) y alemanes, franceses y británicos que financiaron dichos proyectos y que llevan meses viendo como muchos promotores, sobre todo los extranjeros, llaman a sus puertas en busca de una solución.

Porque con la actual coyuntura, muchos de estos fondos han comprendido que no verán dividendos hasta dentro de muchos años.

Foto: Parque fotovoltaico en el municipio de La Cumbre, Cáceres. © Energía de Extremadura.

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