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Los ingresos fiscales generados por plantas fotovoltaicas en municipios españoles alcanzaron los 270 millones de euros en 2024
Los ingresos fiscales que reciben los ayuntamientos por distintos impuestos por la instalación de plantas fotovoltaicas en su municipio son uno de los argumentos de peso para facilitar su tramitación desde el punto de vista urbanístico y medioambiental.
Según los daros recogidos en el nuevo Informa Anual Fotovoltaico de la UNEF, “en el ámbito local, los ingresos generados por el sector en 2024 ascendieron a 270,4 M€, lo que supone un incremento del 13,1 % respecto a 2023 y del 11,6 % en comparación con 2022. Esta inyección de recursos refuerza la capacidad financiera de miles de municipios y, si es gestionada de forma eficiente por las administraciones locales, puede convertirse en un motor para promover un desarrollo territorial más sostenible, combatir la despoblación y generar riqueza en la España rural, mediante la mejora de infraestructuras y el fortalecimiento de los servicios públicos”.
Desde 2018, la aportación acumulada del sector a través de impuestos locales supera los 1.168 M€, un flujo constante que contribuye a fortalecer la economía de numerosos municipios, especialmente en zonas rurales. Esta inyección de ingresos ha favorecido el desarrollo económico local, ayudado a fijar población y dinamizado actividades complementarias, consolidando a la fotovoltaica como un motor para la revitalización territorial y la cohesión social.
En relación al empleo, el informe de la UNEF asegura que “tomando en cuenta toda la cadena de valor del sector, en 2024 el empleo total asociado al sector se situó en 146.764 puestos de trabajo, manteniendo los elevados niveles alcanzados en 2022 y 2023 tras el fuerte crecimiento de los años previos. El empleo directo se estabilizó en torno a las 35.105 personas, mientras que el empleo indirecto alcanzo 75.569 puestos, confirmándose como el segmento que mayor volumen de trabajadores concentra. Por su parte, el empleo inducido se situó en 36.090 personas, reflejando el efecto arrastre que la actividad fotovoltaica ejerce sobre otros sectores de la economía”.
Entre 2014 y 2018, el despliegue de nueva potencia fotovoltaica en España se mantuvo en niveles muy reducidos, con incrementos anuales testimoniales tanto en plantas en suelo como en autoconsumo. El punto de inflexión llegó en 2019, cuando el segmento de plantas en suelo instaló 4.002 MW en un solo año, multiplicando por casi 50 el ritmo de 2018 y elevando el acumulado nacional a 9.694 MW. Desde entonces, la tendencia de crecimiento ha sido sostenida, con especial protagonismo de las plantas en suelo, que en 2024 sumaron 6.039 MW adicionales y llevaron el acumulado total a 40.294 MW. Este avance ha consolidado a la fotovoltaica como la principal tecnología en potencia instalada del sistema eléctrico español.
Respecto a la contribución del sector fotovoltaico a la economía, la fotovoltaica ha tenido un impacto directo sobre el PIB (interno y externo) de 4.596 millones de euros en 2024, lo que es muy similar a la aportación de 2023. La huella económica total del sector, estimada como la agregación de la generación de PIB directo, indirecto e inducido tanto dentro como fuera de la economía nacional, alcanzó los 15.317 millones de euros en 2024, concluye el Informe de la UNEF.
El precio y los impuestos energéticos castigan más en España a los pequeños consumidores
La presentación del nuevo Balance Climatológico y Análisis Energético del Observatorio de la Sostenibilidad ha dado lugar a sorprendentes datos, más allá de las emisiones de CO2.
Según Juan Avellaner, Doctor Ingeniero Industrial, “los precios en España tienen una marcada carga punitiva hacia los menos consumidores. Por ejemplo, en el tramo inferior de consumo, <1.000 KWh/año, el precio final con impuestos y tasas es de 529 €/MWh (unas 10 veces el precio del mercado), el más alto en Europa, superando la media europea en un 62,4%. Esta carga desproporcionada hacia los pequeños consumidores debe resolverse inmediatamente”.
Según este experto, el consumo de energía después de varios años de caída está repuntando con crecimientos intensos, +3% en 2016, indicador positivo de recuperación; aunque se desarrolla con una intensidad energética que señala un retorno no deseado hacia áreas económicas intensivas en energía.
La mejor noticia del 2016 para los autores del Informe es la caída importante de las emisiones de GEI en el 3,1% -la energía es la responsable del 75% de éstas emisiones- debido, fundamentalmente, a cambios que se confirmarán con la evolución futura si son o no estructurales, en el mix energético y no tanto debido a las políticas de mitigación.
Un dato negativo del informe es que las energías renovables se han estancado en todos los sectores y usos, manteniendo en 2016 un porcentaje del 14,0% o del 16,0% (según la metodología) y, en todo caso, lejos del 20% vinculante en 2020 para la UE.
“El intento de corrección se toma por el Gobierno con retraso y de forma abrupta, como demuestra la próxima subasta de potencia renovable sin un análisis coste-beneficio (empleo, industria, innovación) adecuado para una mayor inversión privada en el sector en los próximos años”, asegura Juan Avellaner.
Para este experto, “la producción eólica además de aportar beneficios muy importantes en reducción de emisiones, empleo, industria, exportación, etc., permitió en 2015 disminuir el coste anual de la energía (precio del KWh) en el 15,7%; esto es, las renovables no son las responsables de ningún tipo de déficit sino todo lo contrario, pues mejoran todos los indicadores”.
La Junta de Extremadura estudiará compensaciones a las eléctricas para cumplir con la devolución de la ecotasa
La Junta de Extremadura tendrá que sentarse a negociar con las grandes eléctricas –Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, sobre todo– para buscar alternativas de pago y compensación a la devolución de la ecotasa.
Según las sentencias conocidas hasta ahora, que interpretan improcedente el cobro de la ecotasa regional al considerar que la producción energética ya estaba gravada por el Impuesto de Actividades Económicas estatal, la administración regional tendrá que hacer frente al pago de cerca de 100 millones de euros –entre lo cobrado y los intereses– procedentes de las anualidades del 2006 al 2009 incluido.
Porque a los 73,5 millones de euros ya reconocidos por la propia Junta de los años 2006, 2007 y 2008 el pasado año, se acaba de conocer otros 28,5 millones de euros –entre principal e intereses de demora– de la anualidad del 2009 sobre la que había dudas, al modificarse ese año la LOFCA. Dos sentencias del Tribunal Supremo sobre demandas de Iberdrola y Gas Natural han avalado que la devolución de la ecotasa también afecta al 2009
El Constitucional considera que el impuesto extremeño vulneraba la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que prohíbe expresamente cobrar un impuesto que ya está siendo cobrado por alguna administración local o nacional. Esta ecotasa afectaba principalmente a la producción energética de la Central Nuclear de Almaraz y también a las centrales hidroeléctricas propiedad de las grandes compañías eléctricas.
Los problemas con el déficit público así como la interinidad en el Gobierno y el futuro modelo de financiación autonómica dejan en el aire la forma de hacer frente al pago. El gobierno regional ya recurrió al Fondo de Liquidez Autonómico para hacer frente a la cuantía a devolver del 2006 al 2008.
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