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Un fondo europeo de ahorro energético y renovables financiará proyectos por valor de 50 millones de euros en Extremadura
La Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones, ha puesto en marcha el fondo de inversión en diversificación y ahorro energético conocido como Fondo JESSICA-FIDAE. El Gobierno de Extremadura y el IDAE aportarán 20,4 millones de euros para su desarrollo, a los que se tendrán que sumar los aportados por la entidad financiera que lidera el proyecto en España, el BBVA. El fondo estará operativo hasta el 31 de diciembre del 2015.
Para Juan José Cardesa, director general de Incentivos Agroindustriales y Energía del Gobierno de Extremadura, “el objetivo principal de este fondo de inversión es facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones para la financiación de proyectos de eficiencia energética y energía renovable en Extremadura”.
El BBVA ha sido la única entidad financiera en España seleccionado por el Banco Europeo de Inversiones para gestionar y financiar proyectos energéticos de Desarrollo Urbano Sostenible a través del fondo de cartera JESSICA-FIDAE. Se trata de un fondo dotado en conjunto con cerca de 123 millones de euros cofinanciado con Fondos FEDER europeos (70% aprox.) y por el Instituto de Ahorro y Diversificación Energética (IDEA) de España (30% aprox.).
El objetivo principal del fondo es financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética, utilicen las energías renovables y que sean desarrollados por empresas de servicios energéticos (ESEs) u otras empresas privadas. Estas empresas deben estar ubicadas en alguna de estas ocho comunidades autónomas: Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, y Murcia, o en Ceuta y Melilla.
Entre los proyectos que podrán acogerse a esta financiación destacan la rehabilitación de edificios existentes; obras de mejora edificación hasta calificación energética A o B; proyectos de eficiencia y energías renovables como solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, autoconsumo, infraestructura de recarga eléctrica para vehículos eléctricos o la gestión de flotas de los mismos.
Para que un proyecto sea financiable deberá garantizar un aceptable retorno de la inversión. La empresa beneficiaria deberá tener capacidad financiera para desarrollar el proyecto y asumir la financiación. Adicionalmente se comprobará la viabilidad del riesgo promotor/sponsor.
Los fondos JESSICA-FIDAE que gestiona en España el BBVA utilizan la modalidad de préstamo o leasing con plazos de hasta 20 años y pudiendo cubrir hasta el 100% de la inversión.
El periodo de inversión de la línea es de casi tres años, hasta finales de diciembre de 2015 o hasta agotar Fondos. Es decir, se podrán financiar operaciones hasta esa fecha independientemente del plazo de las mismas. El mecanismo de solicitud de Financiación actualmente está abierto a través de la web www.bbva.es/jessica.
Entre las entidades y empresas que se pueden beneficiar de esta financiación destacan las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), promoviendo proyectos a clientes privados y públicos, incluyendo entre éstos las comunidades de vecinos, industria, transporte y edificios. Entre ellos, el alumbrado público exterior y los semáforos.
También podrán acceder a ellas los Promotores privados (por ejemplo, empresas e industrias de cualquier tamaño, cadenas hoteleras, empresas de transporte) que contraten sus proyectos a empresas privadas (por ejemplo a una ingeniería que le oferta un “llave en mano”). Los promotores privados no podrán ser comunidades de propietarios.
Los ayuntamientos extremeños se plantean la compra directa de energía en el mercado mayorista para ahorrar
Una de las medidas que están estudiando los ayuntamientos extremeños para reducir la factura de electricidad es la participación en el mercado energético mayorista como consumidor directo, a través de comercializadoras especializadas donde lograrían un precio más asequible, según asegura la Agencia Extremeña de la Energía.
Se trata de una experiencia piloto que aún está en fase de estudio. La Agencia Extremeña de la Energía, en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Municipios, les está asesorando sobre las medidas que pueden adoptar para optimizar el uso de la energía.
Los gastos energéticos en los ayuntamientos suelen repartirse, salvo excepciones, entre el alumbrado público (60%) y los edificios (40%). Según los cálculos de la Agencia, con estas medidas podrían reducirse en torno al 40% implantando los municipios todas las medidas que incluye el citado documento. Éstas van desde el cambio del alumbrado público por otras luminarias más eficientes de tecnología LED a las instalaciones solares o calderas de biomasa en los edificios. Son medidas que el ayuntamiento puede afrontar en solitario o a través de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE).
El Jefe del Departamento de Energías Renovable y Coordinador de la Agencia, Cosme Segador, señala ahorros de hasta el 40% en alumbrados públicos, con períodos de retorno no superiores a los 4 años, y del 25 % en edificios, con retorno de la inversión de 4 a 7 años. “Es una oportunidad de ahorro y hay que tener en cuenta todas las tecnologías posibles, hay medidas muy sencillas con costes muy bajos, pero las prioridades van a depender de la actividad y el desarrollo económico del municipio, los recursos energéticos y el impacto que tiene el consumo de energía en su economía”
Sobre estas medidas y otras que los municipios pueden llegar a asumir de forma mancomunada, está informando estos días la Agencia Extremeña de la Energía junto con la Diputación de Badajoz.
Por el momento, se han finalizado totalmente el estudio energético de 12 municipios, hay otros 3 en fase de finalización, y se espera completar 101 antes de fin de 2013, gracias a la contratación de algunos de los proyectos europeos de la Diputación de Badajoz.
El 60% de los edificios españoles se han construido sin tener en cuenta ninguna normativa de eficiencia energética
La entrada en vigor de la norma de certificación energética sigue generando muchas dudas entre los consumidores pero también entre las propias administraciones.
La consultora Lowendalmasaï, especializada en la optimización de costes empresariales, advierte de que el 90% de los españoles desconoce el alcance real del nuevo certificado energético que entró en vigor el día 1 de junio, y que afectaría tanto a empresas, como particulares.
Según los datos de la multinacional, el 60% de los edificios españoles se han construido sin tener en cuenta ninguna normativa mínima de eficiencia energética, siendo la primera del año 1979.
A partir del 1 de junio todos los propietarios (empresas o particulares) de edificios, viviendas y/o locales que alquilen o vendan, tienen la obligatoriedad de disponer de un certificado de eficiencia energética.
El certificado energético, que tendrá una validez de 10 años, se condensara mediante una etiqueta energética, la cual ha de figurar en cualquier publicidad que se haga del inmueble y debe ser registrado en el órgano competente de cada Comunidad Autónoma, de este modo cualquier empresa o particular debe saber qué calificación energética tiene el inmueble que pretende comprar o alquilar.
En la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética se tendrán en cuenta aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.
La principal virtud de esta medida, según Laura Delgado, directora general de Lowendalmasaï, será “fundamentalmente la posibilidad de comparar en el mercado las distintas muestras en venta y posicionar favorablemente aquellos inmuebles que cumplan con una mayor eficiencia energética”. Además, “se contribuye a informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios”, concluye.
El ámbito de actuación de la certificación energética abarca tanto a edificios de nueva construcción como edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. También afecta a edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.
Quedarán excluidos de la norma los edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico; edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas; construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años y edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales y edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
Foto: Maqueta de Mérida Tercer Milenio, en donde todos los edificios han sido proyectados con los últimos estándares de la eficiencia energética.
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