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El 60% de los edificios españoles se han construido sin tener en cuenta ninguna normativa de eficiencia energética
La entrada en vigor de la norma de certificación energética sigue generando muchas dudas entre los consumidores pero también entre las propias administraciones.
La consultora Lowendalmasaï, especializada en la optimización de costes empresariales, advierte de que el 90% de los españoles desconoce el alcance real del nuevo certificado energético que entró en vigor el día 1 de junio, y que afectaría tanto a empresas, como particulares.
Según los datos de la multinacional, el 60% de los edificios españoles se han construido sin tener en cuenta ninguna normativa mínima de eficiencia energética, siendo la primera del año 1979.
A partir del 1 de junio todos los propietarios (empresas o particulares) de edificios, viviendas y/o locales que alquilen o vendan, tienen la obligatoriedad de disponer de un certificado de eficiencia energética.
El certificado energético, que tendrá una validez de 10 años, se condensara mediante una etiqueta energética, la cual ha de figurar en cualquier publicidad que se haga del inmueble y debe ser registrado en el órgano competente de cada Comunidad Autónoma, de este modo cualquier empresa o particular debe saber qué calificación energética tiene el inmueble que pretende comprar o alquilar.
En la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética se tendrán en cuenta aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia energética de los edificios.
La principal virtud de esta medida, según Laura Delgado, directora general de Lowendalmasaï, será “fundamentalmente la posibilidad de comparar en el mercado las distintas muestras en venta y posicionar favorablemente aquellos inmuebles que cumplan con una mayor eficiencia energética”. Además, “se contribuye a informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la calificación energética de los edificios”, concluye.
El ámbito de actuación de la certificación energética abarca tanto a edificios de nueva construcción como edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. También afecta a edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público.
Quedarán excluidos de la norma los edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico; edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas; construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años y edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales y edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
Foto: Maqueta de Mérida Tercer Milenio, en donde todos los edificios han sido proyectados con los últimos estándares de la eficiencia energética.
La nueva ley que obliga a la certificación energética de viviendas entra en vigor el 1 de junio con multas superiores a 3.000 euros
Aunque ha pasado desapercibida entre la maraña de noticias sobre el déficit de tarifa o la nueva reforma energética que prepara el equipo del ministro Soria, la obligatoriedad de contar con un certificado energético a partir del 1 de junio para poder vender o alquilar una vivienda que fuese construida antes del año 2007 ya es una realidad.
La medida ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de abril y afectará tanto a viviendas particulares como a promotoras inmobiliarias o edificios de titularidad pública.
Las viviendas contarán a partir de ahora con diferentes distintivos, por letras y colores: desde la A, que supone la mejor calificación por su alto ahorro energético hasta la G, la de mayor gasto. En colores, el verde supondrá el mayor ahorro y el rojo, el mayor gasto. Las inspecciones para que se cumplan la nueva Ley dependerán de las diferentes comunidades autónomas que podrán aplicar sanciones desde 3.000 hasta los 600.000 euros.
La Ley no ofrece ningún periodo transitorio de aplicación por lo que se pueden imponer sanciones por incumplimiento de la norma desde el próximo 1 de junio.
Las primeras en aprovechar el negocio que implicará la nueva legislación sobre certificación energética han sido las propias tasadoras inmobiliarias quienes ya ofrecen a sus clientes los servicios de certificación energética para que los contratos de compraventa cumplan con la Ley. Los colegios de arquitectos también han realizado cursos de formación para sus asociados para que puedan prestar estos servicios.
En el caso de los contratos de alquiler, los expertos aseguran que su aplicación será más complicada de cumplir al tratarse de un mercado en el que no siempre “se firma en blanco”.
Una de las incertidumbres que plantea la nueva ley es la no fijación de tarifas o baremos oficiales. Es decir, el precio que cobrarán las empresas especializadas por emitir el certificado es libre y puede oscilar entre los 200 euros de media para un piso en una ciudad y los 450 euros de un chalet adosado.
Desde su contratación, en menos de una semana, el propietario tendrá en su mano el certificado energético.
El Gobierno extremeño impulsará la certificación energética del parque inmobiliario para incrementar el ahorro
La rehabilitación energética de edificios públicos supone una gran oportunidad de actividad y empleo en los sectores de la construcción y eficiencia energética por la vía de la contratación de los servicios energéticos. Así lo manifestó el director general de Incentivos Agroindustriales y Energía, Juan José Cardesa, en la inauguración de las Jornadas Transfronterizas Passivhaus-Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, celebrada en Badajoz, y en las que también estuvo presente Manuel Lozano, director general de Arquitectura y Vivienda.
En este sentido, Cardesa aseguró que el Gobierno de Extremadura está obteniendo ya los frutos del trabajo marcado hace más de un año junto a la Agencia Extremeña de la Energía para desarrollar este modelo de ahorro y eficiencia energética en sus edificios, en línea con las directrices marcadas por la Comisión Europea.
A este respecto, el director general ha señalado que a principios de enero de este año se ha publicado el procedimiento para la contratación de empresas de servicios energéticos para mejorar la eficiencia energética de la sede de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en Mérida, que está actualmente en proceso de adjudicación. Además, en breve saldrá a licitación este mismo servicio en el edificio de las consejerías de Morerías en la capital extremeña y en varios institutos de la provincia de Cáceres.
Con estas y otras actuaciones, el Gobierno extremeño “quiere dar ejemplo ante la sociedad y que se abra un camino hacia ese mercado incipiente y con un gran recorrido de la rehabilitación energética del parque inmobiliario existente, con las miras puestas en generar actividad económica y empleo en torno al sector de la construcción y de la eficiencia energética”, ha comentado Juan José Cardesa.
Todo ello ha formado parte del Plan 2000ESE (Empresas de Servicios Energéticos). El director general de Incentivos Agroindustriales y Energía ha recalcado el apoyo a la eficiencia energética y el uso de energías renovables en las infraestructuras públicas y en las viviendas como “una de las prioridades de inversión con el objetivo de favorecer el paso hacia una economía baja en carbono en todos los sectores”, unas actuaciones bajo el paraguas de los fondos estructurales europeos 2014-2020, sobre los que ya trabaja la Administración regional.
Para llevar a buen puerto todo ello, ha destacado Cardesa, “es necesaria una reconversión de las empresas y profesionales de la construcción y de la eficiencia energética que conlleve una formación más específica en estas cuestiones”, y también que “se constituyan empresas extremeñas de servicios energéticos”. En este sentido, ha avanzado que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía trabaja para disponer de instrumentos financieros que se puedan aplicar para estas iniciativas.
Por su parte, el director general de Arquitectura y Vivienda destacó la importante labor en materia de eficiencia energética que está desarrollando el gobierno extremeño señalando dos de sus proyectos más emblemáticos como son la construcción del nuevo edificio de las consejerías, ubicado en Mérida en la zona denominada III Milenio, dotado con sistemas bioclimáticos, geotérmicos, solares, etcétera. Y por otro lado los proyectos europeos que se están llevando a cabo desde su dirección general en colaboración con la Unión Europea, cuya finalidad última es la potenciación del uso de las energías renovables en la edificación.
Además, Lozano ha avanzado que el futuro de la construcción pasa por “ampliar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el sector, asegurando un modelo energético que garantice el suministro en un mundo de demanda creciente, lo que requiere más ahorro y eficiencia energética”.
Para impulsar esta materia, el director general de Arquitectura y Vivienda ha indicado se están desarrollando modificaciones al Código Técnico de la Edificación y que “en breve” se prevé la aprobación de la certificación energética de viviendas existentes.
Foto: Edificio Anexo Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en Mérida.
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