La Junta avanza en la tramitación de la planta fotovoltaica de 153.720 módulos que el grupo aragonés SAMCA proyecta en Badajoz
La Junta de Extremadura otorga la autorización administrativa previa a la Sociedad Monegros Solar, SA -propiedad del grupo zaragozano SAMCA– para la instalación fotovoltaica Los Limonetes, e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, ubicada en el término municipal de Badajoz.
El grupo SAMCA es uno de los grupos empresariales más activos en el negocio de las energías renovables en España y cuenta ya con una planta termosolar en la provincia de Badajoz, cercana a donde proyecta su planta fotovoltaica.
La planta de Los Limonetes es una instalación solar fotovoltaica de 49.959 kWp, compuesta por un campo generador de 153.720 módulos fotovoltaicos Trina Solar, montados sobre estructura fija y 30 inversores INGETEAM, modelo Ingecon Sun. Esto supone una potencia nominal de inversores de 47.940 kW. La instalación se subdivide en 10 campos solares, en cada uno de ellos se ubicará un centro de inversión-transformación con 1 transformador y 3 inversores cada uno. Además, la instalación contará con sus correspondientes conexiones y equipos de control, protección y medida.
También se instalará una línea eléctrica de evacuación aéro-subterránea de 20 kV, con origen en el Centro de salida en AT de la central solar fotovoltaica Los Limonetes y final en la SET de la central solar termoeléctrica La Florida propiedad de Renovables SAMCA, S.A. La línea estará compuesta por dos tramos subterráneos y un tramo aéreo.
Junta de Extremadura, Fempex y Endesa mejoran el convenio firmado hace un año para ayudar a clientes vulnerables
El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, el presidente de la Federación Extremeña de Municipios y Provincia (FEMP), Francisco Buenavista, y el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga, han renovado y mejorado las condiciones del convenio de colaboración ratificado entre las tres entidades hace un año para ayudar a los clientes en situación de vulnerabilidad.
El nuevo convenio amplía la ayuda a aquellas personas que no cumplan los requisitos para ser beneficiarios del Bono Social pero que se encuentran en situación de dificultad. Ante estos casos, que vendrán identificados por los servicios sociales de cada ayuntamiento, el compromiso de las partes es encontrar fórmulas de ayuda económica.
El nuevo convenio firmado recientemente tiene un año de duración y actualiza las condiciones del acuerdo del año pasado por el que se facilitaba a los ayuntamientos la forma de pago de los recibos pendientes para evitar el corte de suministro sin la aplicación de ningún interés de demora o comisión. Asimismo, se dejaba en suspenso el corte de electricidad cuando los servicios municipales comuniquen que el titular del contrato es sujeto de una ayuda al respecto.
Gracias a este convenio se da cabida a todas las personas que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad agilizando la comunicación entre los servicios sociales de los ayuntamientos y Endesa para atender de manera efectiva a los clientes más desfavorecidos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, combinando el cumplimiento de obligaciones de pago y de prestación de un servicio necesario. De esta manera, la colaboración público-privada favorece la protección de estos clientes ofreciendo una alternativa factible a situaciones de extrema urgencia.
Por ello la compañía energética también se ha comprometido en el actual convenio a seguir manteniendo reuniones informativas y formativas con los agentes sociales y grupos de ciudadanos, para dar a conocer la aplicación del nuevo Bono Social y los requisitos necesarios para poder acceder a este beneficio.
En concreto en Extremadura Endesa cuenta con 29.806 clientes acogidos al Bono Social, de los cuales sólo 5.495 corresponden al nuevo bono social regulado por el RD 897/2017, quedando más de 24.000 clientes pendientes de renovarlo antes de que finalice el periodo transitorio para hacerlo el próximo 8 de octubre. Los clientes que hasta esa fecha no hayan tramitado de nuevo la ayuda perderán el derecho a la misma según aparece en el documento publicado por el Gobierno.
Extremadura es la séptima región por gasolineras automatizadas abiertas
La normativa autonómica extremeña que impide a las gasolineras automáticas operar sin personal, está impidiendo ahorrar a los extremeños unos 200 euros anuales por la falta de competencia en este sector, según argumenta la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE).
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Extremadura de 2016, una familia extremeña tiene un gasto medio de 23.003,7 euros al año. De esta cantidad, 1.189,87 fueron destinados al transporte, la tercera partida en importancia después de alimentación y vivienda. Esto significa que una familia gasta el 5,16% de su presupuesto en transporte.
“El carburante es la única partida que puede variar en el presupuesto de una familia, ya que en la vivienda o la alimentación los ajustes ya están hechos. Por tanto el ahorro en trasporte (carburante) se vuelve capital para ajustar el presupuesto. Y en todo caso si ahorran en transporte, pueden destinarlo a otras actividades”, explica Manuel Jiménez Perona, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE)
“Las estaciones de servicio automáticas hacen que bajen los precios de media unos diez céntimos el litro en las zonas donde se implantan”, afirma el presidente de AESAE. Con las nuevas aperturas de estaciones automáticas, las estaciones tradicionales se verán obligadas a bajar los precios para hacer frente a la nueva competencia. “Y se beneficiará al bolsillo de las familias extremeñas porque bajará el porcentaje de gasto medio familiar en carburante», que Jiménez Perona estima en 200 euros año, “sin perder un ápice de calidad y de servicio pues a fin y al cabo en la mayor parte de las estaciones tradicionales el cliente se pone el carburante”.
Las dos provincias extremeñas tienen unos precios de carburante muy lejos del de provincias como Lérida, Valencia o Barcelona donde la mayor competencia permite unos precios mucho más competitivos. A esta diferencia hay que unirle la menor renta per cápita de las dos provincias extremeñas si lo comparamos con las tres provincias mencionadas, lo que conlleva a concluir que el esfuerzo económico para llenar el depósito es mucho mayor para un extremeño que para un valenciano, por ejemplo.
La normativa autonómica dicta como “obligación específica de protección y prevención de riesgos de los consumidores y usuarios” que todas las gasolineras “deberán disponer en la propia estación, mientras permanezca abierta, al menos de una persona responsable”. AESAE denuncia que esta medida no tiene otro fin que no sea el de limitar el desarrollo del modelo de negocio de las gasolineras automáticas.
“La protección de las personas con discapacidad y la prevención de riesgos no son más que excusas de “mal pagador” para limitar nuestro modelo de negocio”, afirma Jiménez Perona.
Un conductor con una discapacidad podrá repostar en una estación, si ésta es accesible, y no necesita un persona como tampoco la necesita para acceder a los servicios sanitarios, de transporte etc. AESAE es consciente de ello y por eso piden a todas las Comunidades, en palabras de Manuel Jiménez Perona, que “exijan a todas las estaciones donde el cliente reposta, la Ley de Accesibilidad de 2013, ya que aún no se está exigiendo”.
Extremadura cuenta con 23 estaciones de servicio automatizadas en toda la Comunidad, según cifras de AESAE. Esto la convierte en la séptima Comunidad con más puntos de repostaje de este tipo. Este número supone el 3,75% del total de las gasolineras de este tipo que hay en España. “Durante el año y medio que llevamos luchando, hemos conseguido resultados muy positivos a nivel nacional”, explica el presidente.
Aproximadamente, de las 11.180 estaciones de servicio que existen en España, tan solo unas 560 son automatizadas. Este dato representa el 5% de las gasolineras que hay en España.
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