La Junta da luz verde ambiental a una planta de recuperación de baterías de coches en Zafra que podrá tratar hasta 60 toneladas al año
La Dirección General de Sostenibilidad, de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura, ha otorgado la autorización ambiental unificada para la planta de recuperación de baterías, cuya promotora es la empresa Recuperadora de Baterías Extremeñas, SL, con sede en el término municipal de Zafra (Badajoz).
Con fecha 16 de julio de 2019 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Extremadura, la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU) para una instalación destinada al almacenamiento y recuperación de residuos peligrosos (baterías plomo-ácido) promovido esta empresa.
Con fecha 24 de julio de 2020 se le solicita al Ayuntamiento de Zafra remita informe técnico sobre las materias de su competencia. Con fecha 22 de octubre de 2020 se recibe informe municipal sobre sus competencias, donde indica literalmente que la instalación “[…] informo favorablemente respecto de la compactibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico”.
La capacidad de tratamiento de baterías de coches al año será de 60 toneladas, mientras que la capacidad de almacenamiento de la misma será de 20 toneladas. No se autoriza el almacenamiento ni la gestión de ningún residuo fuera de la nave. Solo se autoriza la regeneración de baterías usadas mediante equipos de desulfatación y cargadores, sin manipular, ni abrir, ni desmontar, en ningún momento, las baterías. Por otro lado, también se autoriza el ensamblaje de elementos superficiales como tornillería o cableado. Las baterías no regenerables serán almacenadas según legislación para entregar a gestor autorizado.
La capacidad total de almacenamiento de residuos vendrá dada por la superficie hormigonada dedicada al montaje y recarga de baterías que es de 39 m² y por la superficie dedicada al almacenamiento de residuos.
El titular de la instalación deberá constituir una fianza, para el total de las instalaciones que engloba la presente resolución en función del artículo 28.1 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, por valor de 19.360 euros.
Asimismo, el titular de la instalación deberá constituir un seguro de responsabilidad civil. Mientras los residuos se encuentren en la instalación industrial, el titular de ésta estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. En particular, las condiciones de los almacenamientos deberán evitar el arrastre de los residuos por el viento o cualquier otra pérdida de residuo o de componentes del mismo. Los residuos no peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a dos años, si su destino final es la valorización, o a un año, si su destino final es la eliminación. Mientras que los residuos peligrosos no podrán almacenarse por un tiempo superior a seis meses. Si hubiera grupo electrógeno se ubicará en superficie impermeable y cubierta, y dispondrá de un sistema de recogida de posibles vertidos que eviten la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.
El impacto de los proyectos de energías renovables sobre el PIB extremeño superará los 4.000 millones de euros
Hasta hace unos años, muchos municipios extremeños pugnaban por conseguir que en su territorio se instalara una fábrica de tomates o una central hortofrutícola. Básicamente por el empleo que generaba. Desde hace tiempo, muchos son los municipios de la región que pugnan por conseguir que una gran planta fotovoltaica se instale en sus terrenos. Sobre todo por los impuestos que dejarán en las arcas municipales y el empleo durante su construcción. Horas de sol hay en toda la región suficientes. La clave está en el terreno disponible, según el tamaño de la planta, y sobre todo la facilidad y cercanía de acceso de conexión a la Red de Alta Tensión. Por tener ya otras plantas o centrales cercanas, o por disponer cerca de una de las que se están construyendo para el Tren de Alta Velocidad.
Durante un encuentro hispano portugués celebrado en 2020 sobre el potencial de hidrógeno como energía de futuro, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, dio algunas pistas sobre lo que supondrá el impacto del sector energético renovable en el futuro Plan de Energía y Clima de Extremadura. El presidente regional aseguró que se están concluyendo, “los últimos trabajos del Plan extremeño de Energía y Clima que prevé entre los años 2020-2030 que “el impacto sobre el PIB regional va a estar por encima de los 4.000 millones de euros, movilizando una inversión de 17.000 millones de euros”.
En el caso de los proyectos de plantas fotovoltaicas que se construyen o han construido en los últimos años en Extremadura, el nivel de empleo es intensivo durante la construcción del mismo, pero bastante reducido una vez en marcha en relación a la magnitud de la actividad económica generada. Se trata de proyectos con un alto grado de automatismo en sus labores de mantenimiento y vigilancia. La única actividad energética que genera de forma estable empleo en la región es la Central Nuclear de Almaraz, que durante el periodo de recarga de combustible se acrecienta de forma significativa. En cambio, una gran central fotovoltaica que pueda emplea entre 600 a 1.200 empleados –dependiendo de sus megawatios y volumen de paneles solares- en su pico máximo de construcción, una vez en marcha puede funcionar con no más de 15 empleos directos. –
Ingresos fiscales
Por ello, los ayuntamientos y mancomunidades sobre todo el impacto fiscal de los mismos a nivel de impuestos locales que genera su actividad. Según aseguró el presidente regional durante el seminario virtual del hidrógeno, “solo para los ayuntamientos, en fiscalidad, en recaudación por los impuestos locales, va a estar en torno a 1.300 millones de euros” y, además, ha asegurado que “estarán muy repartidos, de manera muy homogénea, en el conjunto del territorio”, del que el 74% de ese impacto será en el entorno rural.
La Junta habilita un fondo de garantía para avalar proyectos de mejora de eficiencia energética y renovables en edificios
La Junta de Extremadura ha habilitado un fondo de garantía con el objetivo de avalar proyectos integrales de mejora de eficiencia energética y energías renovables en edificios de viviendas. Así se ha acordado tras la reunión del Consejo Ejecutivo del Fondo de Garantía de Eficiencia Energética de Extremadura que se ha constituido en la ciudad de Mérida.
El fondo de garantía público se enmarca en el proyecto europeo denominado Houseenvest, dotado con 5 millones, que prevé movilizar una inversión de hasta 35 millones en el campo de la rehabilitación energética de viviendas, por lo que el objetivo fundamental es implementar un instrumento financiero regional que solvente las barreras de financiación en esta materia.
Se trata de una herramienta pionera que ofrece garantía sobre los préstamos que las entidades financieras privadas otorguen de cara a la rehabilitación de edificios de viviendas y a realizar mejoras de eficiencia energética. Este instrumento será compatible con otras subvenciones de la Administración autonómica destinadas a rehabilitar y renovar el parque edificatorio de la región. De esta forma, se fomenta el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre ciudades y comunidades sostenibles.
Los destinatarios finales serán comunidades de propietarios o particulares propietarios de viviendas que desarrollen proyectos financiables que contribuyan a alcanzar una mejora de la eficiencia energética, ahorro energético, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumento del confort de la comunidad de propietarios y de las viviendas. Se podrían beneficiar 87.666 viviendas en edificios colectivos construidos antes de 1980.
Los proyectos financiables deberán tener en cuenta la sostenibilidad financiera y tendrán que ser capaces de demostrar la capacidad de repago del préstamo mediante la garantía de ahorros previstos y conseguir una reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero (TCO2/año). Además, deben reducir el consumo de energía final (kWh/año), así como promover un mayor ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética.
La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, fue la encargada de presidir la constitución del Consejo Ejecutivo en el que han participado Alfonso Gómez Goñi, director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación; Miguel Bernal, director general de Extremadura Avante; Lourdes Hernández, directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos y Samuel Ruiz, director general de Industria, Energía y Minas.El Consejo Ejecutivo se forma después de que la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda firmara un convenio con Extremadura Avante para habilitar este fondo y tras la aprobación del convenio por el Consejo de Gobierno.
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