MERCADO ELÉCTRICO
Cada cliente eléctrico de Castilla-La Mancha tendrá que pagar seis euros por una sentencia parecida a la de la ecotasa extremeña
La Junta de Extremadura va a negociar “hasta la última instancia” con el Ministerio de Energía para que la sentencia del Tribunal Supremo no repercuta directamente en los consumidores eléctricos de la región por la sentencia sobre la ecotasa.
Aunque no son casos similares en su cuantía, los precedentes ocurridos recientemente en otras comunidades autónomas por impuestos regionales parecidos al extremeño no son nada halagüeños. Hace algunas semanas, el Ministerio de Energía ordenó la refacturación del recibo para los consumidores de la comunidad, además de los de Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, las que facilitaron los datos requeridos al detalle ante el requerimiento del Supremo.
La razón hay que buscarla en una sentencia del Tribunal Supremo sobre los diferentes impuestos aplicados por las comunidades autónomas. El importe total de la refacturación será de 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones dependen de Castilla-La Mancha para cumplir con los impuestos ambientales de la ley 16/2005.
Por término medio, cada consumidor de la región deberá pagar 5,86 euros más en el 2017, algo menos de 50 céntimos de euro al mes. Se trata de tributos específicos para estas comunidades autónomas que se han aplicado desde el año 2013. Estos suplementos territoriales solo se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.
El Plazo dado por el Tribunal Supremo al Ministerio de Energía para que apruebe la orden que repercuta en el recibo de la luz el importe de estos impuestos –unos 98 millones de euros– es de tres meses. Aunque las eléctricas han reclamado todos los costes, no todo este importe debería ser abonado por los clientes.
Según la Hacienda extremeña, la ley que regulaba todo lo referido a la ecotasa prohibía claramente que dichos impuestos repercutiera en los consumidores. Todos los grupos políticos representados en el parlamento regional se han opuesto a que sean los clientes finales los que se hagan cargo del pago de este impuesto.
Ilustración: J.C. Florentino
El sector agroganadero extremeño destina más de 106 millones al año en gasto energético
El gasto en energía sigue siendo uno de los costes fijos más importantes del campo extremeño. Según los datos del último Informe sobre el Sector Agrario y Ganadero editado por la Fundación Caja de Badajoz, del Grupo Ibercaja, el gasto en energía y lubricantes superó los 106 millones de euros, concentrando el 8% del total de los cotes fijos del sector agroganadero extremeño.
Muy por delante de otras importantes partidas como los fertilizantes que suponen 75 millones de euros anuales, los productos fitosanitarios que alcanzan los 49 millones de euros, las semillas y plantones con 48 millones de euros y los gasto veterinarios que suponen unos 58 millones de euros. Solo los gastos destinados al mantenimiento de inmuebles y centros operativos, y sobre todo los piensos, este último con más de 564 millones de euros, superan al gasto en energía.
De ahí que resulte clave para la rentabilidad final del campo extremeño y sus explotaciones la evolución del precio del gasóleo, en clara subida en los últimos meses, así como el del precio de la electricidad, sobre todo en instalaciones de regadío. En el último año, el gasóleo agrícola ha podido llegar a encarecerse hasta un 45% de media, llegando a los precios que tenía hace diez años.
Mientras, desde el punto de vista de la energía eléctrica, el sector agrario de regadío sigue reclamando a la Administración central y a las compañías eléctricas que el coste del término fijo de potencia no sea el mismo en periodo de riego que cuando no lo es.
La CNMC propone dividir en dos meses la información del consumo en el recibo de la luz
El número total de “contadores inteligentes” instalados en España hasta el primer semestre de 2016 ascendió a 17,54 millones, cifra que representa el 62% del total de los contadores existentes, según recoge el “Informe sobre la efectiva integración de los contadores con telemedida y telegestión de consumidores eléctricos con potencia contratada inferior a 15 kW correspondiente al primer semestre de 2016”.
Las empresas distribuidoras de electricidad deben sustituir antes del 31 de diciembre de 2018 la totalidad de los contadores tradicionales de los consumidores con una potencia contratada de hasta 15 kW por contadores horarios telegestionados.
Al tratarse de un proceso técnicamente complicado, la normativa estableció que las compañías podrían sustituir los contadores analógicos por contadores digitales de forma gradual. Así a fecha 31 de diciembre de 2014, un 35% del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada debían estar sustituidos. Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, debía cambiarse un 35% adicional, y entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, el 30% restante.
El nuevo sistema de contadores permite que los usuarios puedan conocer con detalle sus curvas de consumos horarios. La CNMC deja claro en su informe que las empresas deberían hacer el proceso más transparente y comprensible. Para ello recomienda que incluyan en sus facturas un enunciado en este sentido: “Puede acceder gratuitamente a los datos de la medida horaria que han servido para la facturación a través de la web de su distribuidor http://www.xxxx.yy”.
Asimismo, la CNMC considera que los comercializadores deberían realizar un esfuerzo para hacer comparable la información que se muestra al consumidor en su factura con el fin de evitarle una mayor confusión. Así, propone dividir en dos meses la información bimensual incluida en el recibo, de forma que el gráfico habitual incluya ambas medidas (mensuales y bimensuales) una vez que el contador ha sido sustituido y se inicia la facturación mensual.
En su informe la CNMC resalta que hasta el primer semestre de 2016, las distribuidoras emitieron medidas horarias en aproximadamente un 97% de los suministros con contador inteligente, aunque solo un 93,1% correspondieron a medidas reales, mientras que el resto fueron datos estimados motivados por distintas incidencias.
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