Cada cliente eléctrico de Castilla-La Mancha tendrá que pagar seis euros por una sentencia parecida a la de la ecotasa extremeña

Posted on 3 abril, 2017

La Junta de Extremadura va a negociar “hasta la última instancia” con el Ministerio de Energía para que la sentencia del Tribunal Supremo no repercuta directamente en los consumidores eléctricos de la región por la sentencia sobre la ecotasa.

Aunque no son casos similares en su cuantía, los precedentes ocurridos recientemente en otras comunidades autónomas por impuestos regionales parecidos al extremeño no son nada halagüeños. Hace algunas semanas, el Ministerio de Energía ordenó la refacturación del recibo para los consumidores de la comunidad, además de los de Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja, las que facilitaron los datos requeridos al detalle ante el requerimiento del Supremo.

La razón hay que buscarla en una sentencia del Tribunal Supremo sobre los diferentes impuestos aplicados por las comunidades autónomas. El importe total de la refacturación será de 16,4 millones de euros, de los que 12,3 millones dependen de Castilla-La Mancha para cumplir con los impuestos ambientales de la ley 16/2005.

Por término medio, cada consumidor de la región deberá pagar 5,86 euros más en el 2017, algo menos de 50 céntimos de euro al mes. Se trata de tributos específicos para estas comunidades autónomas que se han aplicado desde el año 2013. Estos suplementos territoriales solo se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.

El Plazo dado por el Tribunal Supremo al Ministerio de Energía para que apruebe la orden que repercuta en el recibo de la luz el importe de estos impuestos –unos 98 millones de euros– es de tres meses. Aunque las eléctricas han reclamado todos los costes, no todo este importe debería ser abonado por los clientes.

Según la Hacienda extremeña, la ley que regulaba todo lo referido a la ecotasa prohibía claramente que dichos impuestos repercutiera en los consumidores. Todos los grupos políticos representados en el parlamento regional se han opuesto a que sean los clientes finales los que se hagan cargo del pago de este impuesto.

Ilustración: J.C. Florentino