GAS Y CARBURANTES
UPA asegura que el gasóleo agrícola debería bajar un 15% más tras la caída del petróleo
La organización agraria UPA ha denunciado cómo la industria de los fertilizantes y las petroleras están incrementando sus márgenes “de forma abusiva” gracias a la bajada de las materias primas. Un informe de esta organización asegura que a medida que el barril de Brent y el gas natural bajan de precio, estas grandes empresas incrementan sus márgenes más de un 15% en el caso del gasóleo agrícola.
Los servicios técnicos de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos han analizado la evolución del precio del petróleo desde diciembre de 2013 hasta enero de 2015 y lo han comparado con lo que pagan los agricultores y ganaderos al llenar el depósito del tractor. “No hay lugar a dudas, los operadores están ganando más de un 15% más que en el mes de septiembre”, han denunciado.
UPA ha acusado a las principales empresas petrolíferas de “forrarse a costa del sector primario”, que ve “con impotencia” cómo los costes de producción se mantienen en niveles muy elevados y no se traslada a la sociedad el descenso de las cotizaciones de estas fuentes de energía.
UPA también ha analizado la influencia de la caída de las cotizaciones del gas natural y los precios de los principales abonos nitrogenados que usan mayoritariamente los agricultores españoles. Mientras que el gas natural –la principal materia prima para elaborar estos productos– cayó, de enero de 2014 a enero de 2015 un 32,59%, el precio de la urea bajó menos de la mitad, un 14,50%, y el del nitrato amónico menos de un 10%.
UPA ha señalado que tampoco otras industrias suministradoras de inputs y bienes de producción al sector agrario están repercutiendo la bajada del petróleo en los precios de venta a agricultores y ganaderos (por ejemplo plásticos para invernaderos), por lo que “también están incrementando sus beneficios a costa del sector”.
La Directora de Industria y Energía visita varias infraestructuras de Gas Extremadura en Miajadas
La directora general de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura, Carolina Grau, ha visitado la localidad de Miajadas (Cáceres) acompañada por el alcalde, Juan Luis Isidro, y el director general de DC Gas Extremadura, Alberto Aguilera, para conocer de primera mano las instalaciones de la Posición de Derivación en Miajadas del Gasoducto Mérida-Don Benito-Miajadas. Durante su estancia también han visitado las instalaciones del Hotel Triana de esta localidad, que ha sido pionero en la climatización de sus instalaciones a través del uso de gas natural.
Hay que recordar que Miajadas es una de las poblaciones de la provincia cacereña que cuenta con un sector agroindustrial más potente en su polígono industrial, con cuatro grandes industrias de tomate (Inpralsa, Nestlé, Tomix y Tomcoex) así como una gran industria de arroz, Extremeña de Arroces. Las dos grandes cooperativas agrarias de la zona, San Isidro y San Marcos, cuentan también con secaderos de cereales.
De ahí la gran importancia de la llegada del gas natural a esta localidad. En este sentido, Carolina Grau ha incidido en la apuesta que desde el Gobierno de Extremadura se está llevando a cabo para el desarrollo de la energía del gas en Extremadura.
El gasoducto Mérida-Don Benito-Miajadas -construido por la empresa extremeña DC Gas Extremadura– es una infraestructura de transporte primario que permite la conexión de gas natural entre las Vegas Altas del Guadiana y la red nacional de gasoductos, discurriendo desde el término municipal de Mérida hasta las localidades de Don Benito y Miajadas, pasando por otras localidades como Valverde de Mérida, Guareña, Valdetorres, Santa Amalia y Medellín.
El gasoducto consta de 73 km de tubería de acero que ha supuesto una inversión total de 17,2 millones de euros, poniéndose en servicio en junio de 2012. Actualmente está a pleno funcionamiento, prestando servicio a más de 10.500 viviendas y empresas en Don Benito, Mérida y Miajadas.
La Posición de Derivación de Miajadas está compuesta por una posición de seccionamiento y una estación de regulación y medida, cuya función es tomar el gas desde el gasoducto y bajar su presión para inyectarlo en la red de distribución desde la que se abastecen las industrias y la propia localidad (más de 400 viviendas y locales, al margen de un buen número de industrias)
Esta infraestructura ha hecho posible el suministro de gas natural a las industrias del sector agroalimentario de la comarca (tomate y secaderos de cereales principalmente), que necesitan esta energía en sus procesos productivos al ser una energía económica, de alta eficiencia y disponibilidad inmediata sin necesidad de almacenamiento previo, lo que les ha permitido mejorar su productividad y reducir las emisiones de CO2 y gases contaminantes.
DC Gas Extremadura dispone de 180 km de gasoductos y 745.000 km de redes de distribución en 17 localidades (que abarcan más de 575.000 habitantes), a las que se han conectado ya más de 70.000 viviendas, con unas inversiones en instalaciones de distribución que superan los 95 millones de euros.
Foto: Carolina Grau durante su visita a diferentes instalaciones de gas en Miajadas.
El comprador de la planta de biodiesel de Valdetorres acusado de su quiebra estaba prófugo de la justicia en EE.UU. cuando la compró en 2012
Philip Rivkin, acusado por un juzgado mercantil de Badajoz de administración desleal, ha sido capturado por la Justicia norteamericana con 29 millones de dólares en metálico y una colección de coches de lujo
La que podía haber sido una de las mayores plantas de biocarburantes de Europa, Bioenergética Extremeña 2020 S.L. en la localidad pacense de Valdetorres, ha acabado en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz con una catarata de acusaciones contra sus administradores por mala administración. El juez les acusa de incumplir el convenio de acreedores que debía salvar la empresa de la quiebra en el año 2010. El auto del juez lo deja claro: la quiebra de la compañía se debió a una administración desleal, que buscó más el desvío de los fondos aportados o que eran propiedad de la empresa, que la propia viabilidad de la misma.
La planta comenzó a operar en el año 2008 aunque un año más tarde acumulaba ya una deuda de 42 millones de euros con proveedores y bancos que le llevó al concurso de acreedores. En 2010 se llegó a un acuerdo con bancos y cajas. Pero los trabajadores de la planta, que son los que han denunciado la administración desleal de la empresa que recibió cuantiosas subvenciones públicas, no lo vieron nada claro desde el principio. Y menos cuando a finales del 2012, una misteriosa empresa norteamericana con sede en Houston (Texas) e intereses en el negocio de los carburantes apareció como salvadora de la misma.
Fuel Streamers Group se hizo con el control de la planta de Valdetorres a través de una filial radicada en Barcelona denominada Pomisu XXI. Lo más llamativo es que el presidente de la empresa norteamericana, Philip Rivkin, estaba por esas fechas prófugo de la justicia de Estados Unidos y había huido a Europa tras ser investigado por un fraude millonario por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA).Una compra que los trabajadores de Bioenergética Extremadura 2020 nunca entendieron ya que se trataba de una empresa bajo sospecha por fraude.
Presuntamente había falsificado los contratos de venta por valor de 60 millones de dólares de los llamados “números de identificación de renovables” (RIN) en el mercado norteamericano a través de la empresa Green Diesel LLC. Ahora el Juez de lo mercantil de Badajoz ha inhabilitado a Philip Rivkin y a su socio Huua-Nghia Vuong, durante diez años para administrar bienes ajenos y aportar una masa concursal 5.000.803,89 euros.
Tras más de dos años huido de Estados Unidos, el pasado mes de junio la Justicia norteamericana lograba la extradición de Rivkin desde Guatemala, donde vivía con nombre falso. Y lo ponía a disposición del Departamento de Justicia en Houston, donde le han incautado bienes en metálico por valor de 29 millones de dólares así como varios coches de lujo (Lamborghini, Maserati y Bentley) e incluso un avión particular, modelo Canadair LTD.
En España, el Juez de lo mercantil de Badajoz también carga contra el resto de administradores y propietarios de la empresa, que originalmente estaba controlada por la familia Bigeriego Hinojosa y el fondo de capital Catalana D’Iniciatives y Catalana D’Iniciatives Assesorament, que tendrán que aportar también parte de la masa concursal igual que la compañía norteamericana.
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