GAS Y CARBURANTES
Las cooperativas agrarias piden en Bruselas que al menos el 8% de los combustibles en 2020 procedan de cultivos herbáceos
La organización europea que agrupa a las cooperativas y organizaciones agrarias –Copa-Cogeca-, entre ellas también las españolas, ha remitido una carta a todos los eurodiputados destacando el éxito que han tenido los biocombustibles procedentes de cultivos herbáceos a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. Dicha carta cuenta con el respaldo de las empresas europeas de biocombustibles.
La organización de cooperativas y organizaciones agrarias quiere que se garantice que, al menos un 8% de los combustibles para el transporte, provengan de biocombustibles procedentes de cultivos herbáceos de aquí a 2020, cuando deban adoptar la legislación relativa a la futura política de los biocombustibles.
“Cualquier tipo de recorte en los objetivos para promover el uso de biocombustibles procedentes de los cultivos herbáceos iría en detrimento del crecimiento y el empleo, los objetivos climáticos y energéticos y el suministro de pienso», asegura secretario general del Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.
Según el Copa-Cogeca, es preciso contar con una política de descarbonización estable y específica para apoyar los biocombustibles más allá de 2020, incluidos los biocombustibles sostenibles certificados elaborados a partir de cultivos herbáceos. Esta política tendría gran importancia para permitir inversiones y para fomentar el desarrollo empresarial del sector, de forma paralela a los biocombustibles convencionales a base de cultivos herbáceos.
En Extremadura actualmente sólo hay una planta de biocarburantes en funcionamiento, la de Green Fuel Extremadura, en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, que finalmente pudo comenzar su actividad tras varios años parada desde su inauguración.
La otra planta, la de Bioenergética Extremeña, en Valdetorres (Badajoz), finalmente se disolvió tras una caótica gestión y oscuros cambios accionariales que han sido juzgados en los tribunales.
Extremadura no tiene previsto legislar sobre las gasolineras low cost como sí lo han hecho Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón
Para unos son gasolineras fantasma que acabarán con el empleo en el sector. Para otros, una pequeña bendición para los bolsillos de los conductores. El Gobierno extremeño no tiene previsto, a pocos meses del fin de la legislatura, legislar sobre la instalación de las denominadas gasolineras low cost que operan sin ningún empleado en muchos casos.
Cuatro comunidades autónomas –Andalucía, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón– recogen ya en sus nuevas legislaciones sobre la venta de carburantes la obligación de, al menos, contar con un operario. Mientras, otras dos regiones, Baleares y Asturias, ultiman en sus parlamentos regionales una legislación específica que limite su expansión para defender los puestos de trabajo de las estaciones de servicio convencionales.
Fuerte crecimiento
Extremadura cuenta actualmente con unas 460 gasolineras, controladas en su mayoría por grandes grupos como Repsol o Cepsa. Las gasolineras low cost sin operarios todavía están muy limitadas a las grandes ciudades de la región.
En toda España su número supera ya las 500, menos del 5% del total. Aunque en el último año se han solicitado licencia para abrir más de 2.000 de estas gasolineras que ofertan por término medio la gasolina entre un 10 y un 15% más económica que las convencionales.
Antes de la fuerte bajada de los precios del petróleo y de la gasolina, las diferencias de precios entre las gasolineras low cost sin operarios y las convencionales podían llegar por encima de los cinco euros para llenar el depósito.
Para los sindicatos del sector, este tipo de negocios puede considerarse como gasolinera fantasma y exigen su regulación para evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo como ha ocurrido en Francia en los últimos años.
Cooperativas e híper
En Extremadura, la Asociación Regional de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura ha solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno que ponga freno a este tipo de negocios.
En Extremadura, las gasolineras abanderadas por los grandes grupos como Repsol, Cepsa, Galp o BP se han encontrado durante los últimos años con la fuerte competencia de las cooperativas agrarias que han abierto surtidores para todo tipo de clientes en la mayoría de las ocasiones así como de los hipermercados a través de sus marcas blancas.
En el ránking diario que elabora el Ministerio de Industria, la gasolinera de un conocido hipermercado de Almendralejo suele figurar como el más barato de la región, sirviendo de gancho comercial a los clientes que se acercan al mismo.
Más competencia
El propio Ministerio de Industria quiere facilitar la puesta en servicio de gasolineras en los híper para aumentar la competencia. También elabora una nueva normativa a nivel estatal que permitiría la instalación de dos gasolineras de distintas empresas y marca en la misma área de servicio.
La Asamblea de Extremadura firma un contrato de suministro de combustible con Cepsa para su flota de vehículos un 5% más barato que el precio al público
La Asamblea de Extremadura ha adjudicado el suministro de combustible de sus flota de vehículos a la empresa Cepsa Card S.A. Dicho suministro salió a concurso en noviembre del 2014 por un precio de licitación de 88.800 euros, IVA no incluido. Mediante tramitación ordinaria, fue adjudicado el pasado 29 de diciembre.
La empresa adjudicataria se compromete a ofertar un precio con un 5% de descuento en todos los combustibles con respecto al precio de venta al público. La fecha de formalización del contrato fue el pasado 31 de enero de 2015.
En verano del 2013, la Junta de Extremadura firmó un megacontrato de “suministro de combustible de automoción, agrícola y de calefacción por lotes”, tanto para la propia administración como para sus organismos autónomos.
El contrato fue uno de los de mayor cuantía que firma la administración regional por un valor inicial de casi 27 millones de euros. La entidad adjudicataria es la Consejería de Economía y Hacienda que dividió el contrato en dos lotes: el primero de ellos, para el suministro de combustible mediante repostaje en estaciones de servicio con un presupuesto base de licitación de 8,18 millones de euros.
Por su parte, el segundo, el de mayor cuantía, se centraba en el suministro de combustible para almacenamiento en depósitos de la Administración con un valor de 18,7 millones de euros. La duración del contrato era de dos años con posibilidad de prórroga.
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