Un fondo europeo de ahorro energético y renovables financiará proyectos por valor de 50 millones de euros en Extremadura

Posted on 26 junio, 2013

La Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones, ha puesto en marcha el fondo de inversión en diversificación y ahorro energético conocido como Fondo JESSICA-FIDAE. El Gobierno de Extremadura y el IDAE aportarán 20,4 millones de euros para su desarrollo, a los que se tendrán que sumar los aportados por la entidad financiera que lidera el proyecto en España, el BBVA. El fondo estará operativo hasta el 31 de diciembre del 2015.

Para Juan José Cardesa, director general de Incentivos Agroindustriales y Energía del Gobierno de Extremadura, “el objetivo principal de este fondo de inversión es facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones para la financiación de proyectos de eficiencia energética y energía renovable en Extremadura”.

El BBVA ha sido la única entidad financiera en España seleccionado por el Banco Europeo de Inversiones para gestionar y financiar proyectos energéticos de Desarrollo Urbano Sostenible a través del fondo de cartera JESSICA-FIDAE. Se trata de un fondo dotado en conjunto con cerca de 123 millones de euros cofinanciado con Fondos FEDER europeos (70% aprox.) y por el Instituto de Ahorro y Diversificación Energética (IDEA) de España (30% aprox.).

El objetivo principal del fondo es financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética, utilicen las energías renovables y que sean desarrollados por empresas de servicios energéticos (ESEs) u otras empresas privadas. Estas empresas deben estar ubicadas en alguna de estas ocho comunidades autónomas: Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, y Murcia, o en Ceuta y Melilla.

Entre los proyectos que podrán acogerse a esta financiación destacan la rehabilitación de edificios existentes; obras de mejora edificación hasta calificación energética A o B; proyectos de eficiencia y energías renovables como solar térmica, solar fotovoltaica, biomasa, autoconsumo, infraestructura de recarga eléctrica para vehículos eléctricos o la gestión de flotas de los mismos.

Para que un proyecto sea financiable deberá garantizar un aceptable retorno de la inversión. La empresa beneficiaria deberá tener capacidad financiera para desarrollar el proyecto y asumir la financiación. Adicionalmente se comprobará la viabilidad del riesgo promotor/sponsor.

Los fondos JESSICA-FIDAE que gestiona en España el BBVA utilizan la modalidad de préstamo o leasing con plazos de hasta 20 años y pudiendo cubrir hasta el 100% de la inversión.

El periodo de inversión de la línea es de casi tres años, hasta finales de diciembre de 2015 o hasta agotar Fondos. Es decir, se podrán financiar operaciones hasta esa fecha independientemente del plazo de las mismas. El mecanismo de solicitud de Financiación actualmente está abierto a través de la web www.bbva.es/jessica.

Entre las entidades y empresas que se pueden beneficiar de esta financiación destacan las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), promoviendo proyectos a clientes privados y públicos, incluyendo entre éstos las comunidades de vecinos, industria, transporte y edificios. Entre ellos, el alumbrado público exterior y los semáforos.

También podrán acceder a ellas los Promotores privados (por ejemplo, empresas e industrias de cualquier tamaño, cadenas hoteleras, empresas de transporte) que contraten sus proyectos a empresas privadas (por ejemplo a una ingeniería que le oferta un “llave en mano”). Los promotores privados no podrán ser comunidades de propietarios.

La nueva ley que obliga a la certificación energética de viviendas entra en vigor el 1 de junio con multas superiores a 3.000 euros

Posted on 27 mayo, 2013

Aunque ha pasado desapercibida entre la maraña de noticias sobre el déficit de tarifa o la nueva reforma energética que prepara el equipo del ministro Soria, la obligatoriedad de contar con un certificado energético a partir del 1 de junio para poder vender o alquilar una vivienda que fuese construida antes del año 2007 ya es una realidad.

La medida ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de abril y afectará tanto a viviendas particulares como a promotoras inmobiliarias o edificios de titularidad pública.

Las viviendas contarán a partir de ahora con diferentes distintivos, por letras y colores: desde la A, que supone la mejor calificación por su alto ahorro energético hasta la G, la de mayor gasto. En colores, el verde supondrá el mayor ahorro y el rojo, el mayor gasto. Las inspecciones para que se cumplan la nueva Ley dependerán de las diferentes comunidades autónomas que podrán aplicar sanciones desde 3.000 hasta los 600.000 euros.

La Ley no ofrece ningún periodo transitorio de aplicación por lo que se pueden imponer sanciones por incumplimiento de la norma desde el próximo 1 de junio.

Las primeras en aprovechar el negocio que implicará la nueva legislación sobre certificación energética han sido las propias tasadoras inmobiliarias quienes ya ofrecen a sus clientes los servicios de certificación energética para que los contratos de compraventa cumplan con la Ley. Los colegios de arquitectos también han realizado cursos de formación para sus asociados para que puedan prestar estos servicios.

En el caso de los contratos de alquiler, los expertos aseguran que su aplicación será más complicada de cumplir al tratarse de un mercado en el que no siempre “se firma en blanco”.

Una de las incertidumbres que plantea la nueva ley es la no fijación de tarifas o baremos oficiales. Es decir, el precio que cobrarán las empresas especializadas por emitir el certificado es libre y puede oscilar entre los 200 euros de media para un piso en una ciudad y los 450 euros de un chalet adosado.

Desde su contratación, en menos de una semana, el propietario tendrá en su mano el certificado energético.