AHORRO ENERGÉTICO
Los ayuntamientos extremeños se plantean la compra directa de energía en el mercado mayorista para ahorrar
Una de las medidas que están estudiando los ayuntamientos extremeños para reducir la factura de electricidad es la participación en el mercado energético mayorista como consumidor directo, a través de comercializadoras especializadas donde lograrían un precio más asequible, según asegura la Agencia Extremeña de la Energía.
Se trata de una experiencia piloto que aún está en fase de estudio. La Agencia Extremeña de la Energía, en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en los Municipios, les está asesorando sobre las medidas que pueden adoptar para optimizar el uso de la energía.
Los gastos energéticos en los ayuntamientos suelen repartirse, salvo excepciones, entre el alumbrado público (60%) y los edificios (40%). Según los cálculos de la Agencia, con estas medidas podrían reducirse en torno al 40% implantando los municipios todas las medidas que incluye el citado documento. Éstas van desde el cambio del alumbrado público por otras luminarias más eficientes de tecnología LED a las instalaciones solares o calderas de biomasa en los edificios. Son medidas que el ayuntamiento puede afrontar en solitario o a través de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE).
El Jefe del Departamento de Energías Renovable y Coordinador de la Agencia, Cosme Segador, señala ahorros de hasta el 40% en alumbrados públicos, con períodos de retorno no superiores a los 4 años, y del 25 % en edificios, con retorno de la inversión de 4 a 7 años. “Es una oportunidad de ahorro y hay que tener en cuenta todas las tecnologías posibles, hay medidas muy sencillas con costes muy bajos, pero las prioridades van a depender de la actividad y el desarrollo económico del municipio, los recursos energéticos y el impacto que tiene el consumo de energía en su economía”
Sobre estas medidas y otras que los municipios pueden llegar a asumir de forma mancomunada, está informando estos días la Agencia Extremeña de la Energía junto con la Diputación de Badajoz.
Por el momento, se han finalizado totalmente el estudio energético de 12 municipios, hay otros 3 en fase de finalización, y se espera completar 101 antes de fin de 2013, gracias a la contratación de algunos de los proyectos europeos de la Diputación de Badajoz.
La nueva ley que obliga a la certificación energética de viviendas entra en vigor el 1 de junio con multas superiores a 3.000 euros
Aunque ha pasado desapercibida entre la maraña de noticias sobre el déficit de tarifa o la nueva reforma energética que prepara el equipo del ministro Soria, la obligatoriedad de contar con un certificado energético a partir del 1 de junio para poder vender o alquilar una vivienda que fuese construida antes del año 2007 ya es una realidad.
La medida ha sido ya publicada en el Boletín Oficial del Estado tras su aprobación en un Consejo de Ministros del mes de abril y afectará tanto a viviendas particulares como a promotoras inmobiliarias o edificios de titularidad pública.
Las viviendas contarán a partir de ahora con diferentes distintivos, por letras y colores: desde la A, que supone la mejor calificación por su alto ahorro energético hasta la G, la de mayor gasto. En colores, el verde supondrá el mayor ahorro y el rojo, el mayor gasto. Las inspecciones para que se cumplan la nueva Ley dependerán de las diferentes comunidades autónomas que podrán aplicar sanciones desde 3.000 hasta los 600.000 euros.
La Ley no ofrece ningún periodo transitorio de aplicación por lo que se pueden imponer sanciones por incumplimiento de la norma desde el próximo 1 de junio.
Las primeras en aprovechar el negocio que implicará la nueva legislación sobre certificación energética han sido las propias tasadoras inmobiliarias quienes ya ofrecen a sus clientes los servicios de certificación energética para que los contratos de compraventa cumplan con la Ley. Los colegios de arquitectos también han realizado cursos de formación para sus asociados para que puedan prestar estos servicios.
En el caso de los contratos de alquiler, los expertos aseguran que su aplicación será más complicada de cumplir al tratarse de un mercado en el que no siempre “se firma en blanco”.
Una de las incertidumbres que plantea la nueva ley es la no fijación de tarifas o baremos oficiales. Es decir, el precio que cobrarán las empresas especializadas por emitir el certificado es libre y puede oscilar entre los 200 euros de media para un piso en una ciudad y los 450 euros de un chalet adosado.
Desde su contratación, en menos de una semana, el propietario tendrá en su mano el certificado energético.
El Gobierno extremeño impulsará la certificación energética del parque inmobiliario para incrementar el ahorro
La rehabilitación energética de edificios públicos supone una gran oportunidad de actividad y empleo en los sectores de la construcción y eficiencia energética por la vía de la contratación de los servicios energéticos. Así lo manifestó el director general de Incentivos Agroindustriales y Energía, Juan José Cardesa, en la inauguración de las Jornadas Transfronterizas Passivhaus-Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, celebrada en Badajoz, y en las que también estuvo presente Manuel Lozano, director general de Arquitectura y Vivienda.
En este sentido, Cardesa aseguró que el Gobierno de Extremadura está obteniendo ya los frutos del trabajo marcado hace más de un año junto a la Agencia Extremeña de la Energía para desarrollar este modelo de ahorro y eficiencia energética en sus edificios, en línea con las directrices marcadas por la Comisión Europea.
A este respecto, el director general ha señalado que a principios de enero de este año se ha publicado el procedimiento para la contratación de empresas de servicios energéticos para mejorar la eficiencia energética de la sede de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en Mérida, que está actualmente en proceso de adjudicación. Además, en breve saldrá a licitación este mismo servicio en el edificio de las consejerías de Morerías en la capital extremeña y en varios institutos de la provincia de Cáceres.
Con estas y otras actuaciones, el Gobierno extremeño “quiere dar ejemplo ante la sociedad y que se abra un camino hacia ese mercado incipiente y con un gran recorrido de la rehabilitación energética del parque inmobiliario existente, con las miras puestas en generar actividad económica y empleo en torno al sector de la construcción y de la eficiencia energética”, ha comentado Juan José Cardesa.
Todo ello ha formado parte del Plan 2000ESE (Empresas de Servicios Energéticos). El director general de Incentivos Agroindustriales y Energía ha recalcado el apoyo a la eficiencia energética y el uso de energías renovables en las infraestructuras públicas y en las viviendas como “una de las prioridades de inversión con el objetivo de favorecer el paso hacia una economía baja en carbono en todos los sectores”, unas actuaciones bajo el paraguas de los fondos estructurales europeos 2014-2020, sobre los que ya trabaja la Administración regional.
Para llevar a buen puerto todo ello, ha destacado Cardesa, “es necesaria una reconversión de las empresas y profesionales de la construcción y de la eficiencia energética que conlleve una formación más específica en estas cuestiones”, y también que “se constituyan empresas extremeñas de servicios energéticos”. En este sentido, ha avanzado que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía trabaja para disponer de instrumentos financieros que se puedan aplicar para estas iniciativas.
Por su parte, el director general de Arquitectura y Vivienda destacó la importante labor en materia de eficiencia energética que está desarrollando el gobierno extremeño señalando dos de sus proyectos más emblemáticos como son la construcción del nuevo edificio de las consejerías, ubicado en Mérida en la zona denominada III Milenio, dotado con sistemas bioclimáticos, geotérmicos, solares, etcétera. Y por otro lado los proyectos europeos que se están llevando a cabo desde su dirección general en colaboración con la Unión Europea, cuya finalidad última es la potenciación del uso de las energías renovables en la edificación.
Además, Lozano ha avanzado que el futuro de la construcción pasa por “ampliar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el sector, asegurando un modelo energético que garantice el suministro en un mundo de demanda creciente, lo que requiere más ahorro y eficiencia energética”.
Para impulsar esta materia, el director general de Arquitectura y Vivienda ha indicado se están desarrollando modificaciones al Código Técnico de la Edificación y que “en breve” se prevé la aprobación de la certificación energética de viviendas existentes.
Foto: Edificio Anexo Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en Mérida.
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