Autor: energiaextremadura

El Gobierno de Monago presentará recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que suprime las primas a las renovables por vulnerar la “seguridad jurídica”

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Extremadura quiere defender ante el Tribunal Constitucional el futuro de sus proyectos de energías renovables. El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, José Antonio Echávarri, anunció el pasado viernes tras el Consejo de Gobierno que se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que suprimía las primas a las renovables. Dicho real decreto fue anunciado por el Ministerio de Industria a finales de enero pasado. El gobierno extremeño tiene hasta el próximo 28 de octubre para presentar dicho recurso, al agotarse entonces el plazo fijado por ley para poder hacerlo.

El Gobierno extremeño no ha querido presentar dicho recurso hasta conocer en detalle el dictamen el Consejo Consultivo de Extremadura, al que se acudió en el mes de marzo. Según el Consejo Consultivo la tramitación como decreto ley aplicada por el Ministerio de Industria no es “oportuna” ya que debería haberse realizado como proyecto de ley puesto que «no es un procedimiento urgente ya que los casi 25.000 millones de déficit tarifario que se pretende atajar viene desde el 2004».

Mientras, el fondo de la cuestión sobre la inconstitucionalidad del real decreto que defienden diferentes colectivos de renovables como la fotovolatica, la biomasa y la termosolar con fuertes intereses en Extremadura, también es abordado por el Consejo Consultivo. Para el organismo extremeño, el real decreto «vulnera el principio de confianza legítima, íntimamente asociado al de seguridad jurídica». Por el contrario, el organismo no considera que se  vulnere el principio de igualdad.

Según el consejero, el recurso se presenta porque «defendemos los intereses de Extremadura y nunca nos ponemos de perfil, vamos de frente”. Hay que recordar que todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura instaron al gobierno regional a presentar dicho recurso que tras casi nueve meses  llegará a Madrid.

Unas jornadas en Zafra analizan el potencial del biogás con residuos agroganaderos y agroindustriales en Extremadura

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La Agencia Extremeña de la Energía junto con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en colaboración con el Ayuntamiento de Zafra, han celebrado en la 559 edición de la Feria Internacional Ganadera de Zafra, una Jornada sobre las soluciones más útiles a los residuos agroganaderos e industriales de Extremadura. La cita denominada: «Biogás: solución al residuo agroganadero y agroindustrial», ha acercado a los profesionales el uso y manejo de una tecnología que convierte en energía los residuos biodegradables.

La Jornada tuvo lugar el pasado 5 de octubre de 2012, en el Salón de Actos del Pabellón Central del Ferial de Zafra, y ha sido posible gracias a los fondos FEDER del Proyecto ALTERCEXA II, Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007-2013 POCTEP.

Las Jornadas han contado con ponentes destacados del ámbito bioenergético y medioambiental español, como Alejandro Lahoz, presidente de la Asociación Nacional de Biogás, y Alejandro Marí, representante de MWM Energy España, quienes analizaron las tipologías de las plantas de biogás, con algunos ejemplos concretos de plantas ya operativas en España.

Hay que recordar que Extremadura es una de las regiones españolas que cuenta con mayor cabaña ganadera tanto de ovino como de vacuno, porcino ibérico y de caprino. Asimismo, la región también cuenta con potentes industrias en sectores como el del tomate transformado, arroz, bodegas de vino y mosto, almazaras de aceite de oliva y entamadoras de aceituna de mesa que generan todos los años miles de toneladas de residuos ganaderos y agroindustriales susceptibles de ser aprovechados con fines energéticos.

El Grupo Gallardo apoya a la patronal siderúrgica para reclamar un trato diferenciado a los grandes consumidores energéticos tras las recientes subidas

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Unesid, la patronal que agrupa a los grandes grupos siderúrgicos, del acero o el aluminio, entre ellos el extremeño Alfonso Gallardo a través de Siderurgia Balboa en Jerez de los Caballeros, ha dado la voz de alarma tras los últimos cambios de fiscalidad energética aprobados por el Ministerio de Industria por “minar la competitividad” del sector.

Para Unesid, los nuevos impuestos suponen un “sobrecoste arbitrario” en un momento especialmente crítico donde la demanda nacional es muy escasa tanto en construcción como en automoción y cuando varias empresas, entre ellas la extremeña Alfonso Gallardo, han tenido que presentar ERE para reducir sus plantillas.

Actualmente, el Grupo Gallardo tiene previsto el cierre de Corrugados Getafe así como un ERE en Siderurgia Balboa de Jerez de los Caballeros para asegurar la viabilidad de la firma. El grupo extremeño también es propietario de Cementos Balboa en Alconera, dos plantas de acero en el País Vasco, y de la papelera Papresa en Rentería, dos centros de gran consumo eléctrico.

El nuevo marco regulatorio aprobado por el Ministerio de Industria afecta especialmente por dos motivos a las plantas siderúrgicas y acerías: por una parte, se reduce el pago por el servicio de interrumpibilidad; y por otra, a través del denominado “céntimo verde” que supondrá un aumento del precio del gas natural, principal vía de suministro de alguna de estas factorías. Según sus estimaciones, el aumento del coste puede llegar al 15%.

Además de las siderúrgicas, otras industrias muy críticas con las medidas del Gobierno en materia energética han sido las químicas, papeleras y cerámicas, todas ellas grandes consumidores de energía. Actualmente el sector industrial consume en torno al 55 % del gas natural que importa España.

La situación ha llegado a tal punto que alguna multinacional del sector ha señalado veladamente que los actuales costes energéticos del mercado español no permiten competir en igualdad de condiciones en los mercados exteriores, amenazando incluso con cerrar sus plantas españolas. Los gobiernos autonómicos de Asturias, País Vasco y Galicia ya han trasladado su preocupación al propio Ministerio de Industria ante el temor a que alguna de sus grandes industrias decidan cerrar sus puertas.

Para calmar los ánimos, hace pocas semanas el propio ministro de Industria, José Manuel Soria acudió a la fábrica que la multinacional norteamericana del aluminio Alcoa tiene en el municipio gallego de Cervo. En declaraciones a los medios, el ministro Soria se comprometió a que “a partir del 1 de enero del 2013 habrá un sistema que garantice la competitividad de este tipo de plantas”.

Para la patronal del sector Unesid «la producción siderúrgica es la columna vertebral de la industria»  y con las nuevas medidas sólo se conseguirá «más desempleo, menor consumo eléctrico y una espiral alcista en los costes regulados».

El problema de las grandes plantas consumidoras de energía es doble porque en muchos casos cuenta también con plantas de cogeneración eléctricas en sus instalaciones. En este caso, las cogeneradoras deben abonar 2,34 euros por megavatio de gas consumido además de afrontar el pago de la subida del impuesto a la generación eléctrica. Una subida que no pueden repercutir a terceros ya que el consumo de la cogeneración suele ser propio.