Autor: energiaextremadura
Caser e Iberdrola firman un acuerdo para la contratación de un seguro específico para vehículos eléctricos
Caser e Iberdrola han firmado en la sede de la compañía eléctrica de Madrid un acuerdo de colaboración gracias al cual los clientes del Plan Movilidad Verde Iberdrola podrán realizar la contratación de un seguro específico para vehículos eléctricos.
De la mano de Caser, Iberdrola completa los servicios que ofrece a través del mencionado plan, la primera solución integral de movilidad eléctrica en España, mediante la que pone a disposición del usuario la compra de vehículos eléctricos y su financiación, la instalación del punto de recarga y el suministro de energía 100% renovable.
El convenio, que ha sido rubricado por José Carlos Villalvilla, director de Ecoeficiencia y Servicios Energéticos de Iberdrola, y Germán Bautista, director de Clientes y Negocio Grandes Cuentas de Caser, convierte a esta empresa en la primera aseguradora que se asocia con Iberdrola en el marco de su plan para impulsar la movilidad sostenible en toda España.
Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso con el desarrollo sostenible de ambas compañías, ya que los vehículos eléctricos ofrecen numerosas ventajas como el respeto medioambiental, el ahorro económico para el consumidor y una emisión de ruidos prácticamente nula.
En este sentido, Caser ratifica su compromiso con el entorno al sumarse al Plan Movilidad Verde Iberdrola, que promueve cero emisiones en el transporte con el uso de los vehículos eléctricos y la recarga de los mismos con energía que proviene exclusivamente de fuentes 100% renovables.
Foto: José Carlos Villalvilla, director de Ecoeficiencia y Servicios Energéticos de Iberdrola, y Germán Bautista, director de Clientes y Negocio Grandes Cuentas de Caser
CON LOS CONSUMIDORES
Iberdrola y la Federación Extremeña de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (FEACCU) han organizado una jornada informativa en la sede de dicha asociación en Cáceres -Avda. Isabel de Moctezuma, 35- para explicar el nuevo modelo de factura eléctrica.
El objetivo de esta sesión es aclarar las principales dudas que tengan los asistentes sobre el sector eléctrico español, que ha sufrido cambios tras la reforma energética, aprobada el pasado mes de julio, el actual sistema de tarifas y, finalmente, la factura que Iberdrola envía a sus clientes.
La celebración de este evento pone de manifiesto el compromiso de Iberdrola por aproximarse a los consumidores y ofrecer información de primera mano.
La empresa cuenta con una amplia red de establecimientos –18 de ellos en Extremadura– desde donde atiende a sus clientes, que además tienen a su disposición, las 24 horas del día, el teléfono de atención 902 20 15 20, el canal de clientes de Twitter (@TuIberdrola) así como la página web de Iberdrola.
Las críticas de la CNE avalan el recurso extremeño por la reforma energética ante el Constitucional
La Junta de Extremadura vuelve al Tribunal Constitucional -suma ya cinco ocasiones- para reclamar contra la actual legislación en materia energética.
El consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Echávarri, ha anunciado en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno extremeño recurrirá el Real Decreto 9/2013, aprobado el pasado 12 de julio por el ministerio que dirige José Manuel Soria. Para el consejero extremeño, la reforma aprobada -cuyos detalles sobre la remuneración final de los proyectos no se conoce- afecta especialmente a las energías renovables más activas en la región (termosolar y fotovoltaica) así como también a la biomasa.
Para el consejero extremeño, la nueva legislación limita especialmente el desarrollo del autoconsumo y además crea “inseguridad jurídica” para los promotores de proyectos renovables.
La presentación de este recurso de inconstitucionalidad también está encima de la mesa de otras comunidades autónoma españolas como Andalucía y Navarra, donde el peso de la energía solar es muy importante.
Precisamente ha sido la propia Comisión Nacional de la Energía, que en próximas fechas dejará de existir como tal para integrarse en un único macrorregulador creado por el Gobierno, la que también acaba de criticar con dureza la nueva legislación.
En un reciente informe, la CNE asegura que crea “grandes incertidumbres” para las casi 60.000 instalaciones de renovables existentes. Según este organismo, la retribución a la inversión prevista podría alcanzar incluso valores negativos en algunos casos.
La Junta comunica oficialmente a los propietarios de los terrenos que la planta termosolar “Extremasol-1” de Villanueva de la Serena no se construirá
La Junta de Extremadura está notificando a las propietarios de los terrenos afectados por la construcción de la planta termosolar “Extremasol-1” en Villanueva de la Serena que dicha instalación no se abrirá.
La administración regional ha realizado el “trámite de notificación ordinaria de la no ejecución de la planta de producción eléctrica termosolar promovida por la sociedad Ibersol Electricidad Solar Ibérica S.L. a efectos del ejercicio del derecho de reversión de los bienes y derechos expropiados».
La planta termosolar “Extremasol-1” solicitó su autorización ambiental en marzo de 2006, siendo concedido el mismo por la Dirección General de Medio Ambiente en marzo del 2008. Incluso se llegó a poner la primera piedra de la misma el 23 de marzo del 2011, realizándose trabajos de movimientos de tierras y canalizaciones.
La planta iba a disponer de una potencia de 49,9 Mw con una inversión superior a los 200 millones de euros.
Sin embargo, los cambios normativos que limitaban las retribuciones en primas a las renovables unido sobre todo a la mala situación financiera de su principal accionista, la empresa alemana Solar Millenium AG, que llegó incluso a presentar suspensión de pagos, han dado al traste con el proyecto.
Ya a principios del 2013, la Dirección General de Incentivos Agroindustriales y Energía de la Junta de Extremadura recibió la comunicación de la propia empresa promotora de la renuncia al proyecto que tantas expectativas había levantado en Villanueva de la Serena.
Dicha comunicación implica el “cierre y desmantelamiento de las obras ejecutadas hasta la fecha por la que los afectados pueden solicitar la reversión del bien o derecho expropiado”.
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