Autor: energiaextremadura
FSC® y Ence colaboran para impulsar la certificación de la gestión forestal sostenible en 100.000 hectáreas en tres años
FSC®España y Ence han firmado un convenio de colaboración para promover el uso racional de los productos y servicios de los montes españoles especialmente dirigido a los pequeños propietarios forestales, a los que la Compañía de Energía y Celulosa podrá apoyar económicamente en el proceso de certificación una vez que FSC® verifique que cumple con los requisitos exigidos para acceder a la certificación forestal FSC. Esta última es una reconocida organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro dedicada a promover la gestión forestal responsable de los bosques a nivel mundial.
Este convenio está destinado a impulsar la certificación forestal en áreas de elevado interés social y medioambiental donde el monte juega un papel esencial en la pequeña economía rural. Se fomenta así el empleo rural en torno a los bosques a la vez que se mejoran los hábitats forestales y sus procesos ecológicos.
Para FSC®España, este convenio se enmarca dentro del proyecto marco Certifica FSC, destinado a impulsar la certificación forestal en áreas forestales de pequeño tamaño, se pretende promover la agrupación de pequeñas propiedades forestales, ayudando a sus propietarios a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos forestales.
Para Ence, el convenio responde a su decidida apuesta corporativa por la certificación forestal como herramienta de gestión para garantizar la sostenibilidad de su proceso. Además, se trata de un paso importante en el compromiso de extender esta política a toda la cadena forestal comenzando por su entorno inmediato, y seguir fomentando así la certificación de las superficies de sus socios y colaboradores.
En concreto, el convenio entre FSC®España y Ence tiene como finalidad promover la certificación de pequeños propietarios forestales para alcanzar las 100.000 hectáreas certificadas en los próximos tres años.
Ence Energía y Celulosa promueve actualmente una planta de biomasa a las afueras de Mérida.
La Junta calcula que las pérdidas para proyectos renovables pueden llegar al 28% en los próximos 15 años con la reforma del Ministerio
Aunque aún no se conocen en detalle los métodos de cálculo que empleará el Ministerio de Industria para abonar las primas a los proyectos renovables, el Gobierno de Extremadura tiene claro que el nuevo sistema supondrá un grave perjuicio económico para los mismos.
En la rueda de prensa que dio la vicepresidenta del Gobierno regional, Cristina Teniente, se aseguró que el recorte de las primas «cambias las previsiones de ingresos» de los proyectos ya en marcha y genera «inseguridad» en los inversores. La vicepresidenta avanzó que la supresión de las primas supondrá en los próximos 15 años unas pérdidas de entre el 17,9% y el 28% según el tipo de energía.
La propia Comisión Nacional de la Energía ha puesto en duda en un reciente informe la complejidad de estos sistemas de cálculo que tras varios meses aún no han visto la luz.
El Ministerio de Industria ha contratado a The Boston Consulting Group y Roland Berger Strategy Consultants para que elaboren los estándares de los costes de inversión y operación que servirán de baremo para fijar la remuneración de las energías del régimen especial y de cogeneración.
La nueva regulación elimina el sistema de primas a la producción y crea uno nuevo que reconocería los costes de inversión y una rentabilidad media del 7,5% que tenga en cuenta toda la vida regulatoria. Aunque el texto aprobado por el Ministerio de Industria es muy ambiguo a la hora de concretar cómo se realizará dicho cálculo.
Por todo ello, y con el respaldo del dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura, el Gobierno regional ha aprobado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, que reformaba distintos aspectos de la remuneración del sistema eléctrico español. Un recurso al que el propio ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado en una reciente entrevista en El País que “tendrá poco recorrido”.
Con el anunciado días atrás, el gobierno regional tendrá ya en el Tribunal Constitucional cinco recursos relacionados de una u otra forma con el sistema eléctrico: dos contra la rebaja de la remuneración de las energías renovables, uno sobre la denominada ecotasa y otro sobre la facturación de los clientes.
La Federación Nacional de Regantes de España estima en 100 millones de euros el sobrecoste de la reforma energética del Gobierno
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) estima en unos 100 millones de euros anuales el sobrecoste que tendrá que asumir el sector agrario tras la reforma energética puesta en marcha recientemente por el Ministerio de Industria para compensar el denominado déficit de tarifa.
Según Fenacore, la factura de la luz pasará ahora a representar el 41% de los gastos generales de las comunidades de regantes o lo que es lo mismo, seis puntos porcentuales más que antes de la reforma, lo que convierte los costes energéticos en una partida «completamente inasumible» para el regadío, poniendo en peligro su continuidad.
En definitiva, el encarecimiento medio de la factura eléctrica de los regantes será superior al 15%, llegando incluso a superar ampliamente el 20% en determinadas comunidades, en función de las potencias contratadas y los consumos realizados en cada caso.
En un análisis más detallado de esta organización, la reforma energética provocará que las tarifas de alta tensión por las que se rige el regadío registren un incremento del término de potencia del 115%, que se añadirá a las subidas de más del 450% que ha experimentado ya en los últimos cuatro años, desde la supresión de los tarifas especiales para el riego.
Según la Federación de Regantes, aunque la tarifa que grava el consumo (término fijo de la energía) se reducirá en un 65%, apenas beneficiará a los regantes, ya que su impacto real en factura sólo se apreciará sensiblemente durante los meses más intensivos en riego (julio y agosto) y, por tanto, de mayor consumo energético.
Con el fin de compensar esta subida de la factura eléctrica y proteger la competitividad de la agricultura, la Federación ha solicitado al Ministerio de Industria que las comunidades de regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para evitar el gasto de un servicio que no utilizan fuera de la época de riego (de abril a octubre).
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, «los actuales costes energéticos hacen completamente inviable el regadío modernizado. Sólo unas tarifas mejor adaptadas y más competitivas garantizarían su viabilidad”.
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