Autor: energiaextremadura
El Ayuntamiento de Badajoz se pasa a la biomasa en sus piscinas climatizadas
El Ayuntamiento de Badajoz, el mayor en población y presupuesto de Extremadura, ha encargado la instalación de una caldera de biomasa de 220 kW para la piscina climatizada del barrio de La Granadilla, cuya instalación ha corrido a cargo de la empresa SICE -que pertenece al grupo ACS-, con la colaboración de la empresa Promociones Medioambientales Villafranquesa S.L. (PMV) en el diseño de la instalación y el suministro de la caldera. Esta empresa ya ha realizado diferentes instalaciones de este tipo en Extremadura así como en el sector hostelero, uno de los que más demanda este tipo de calderas.
La piscina climatizada de La Granadilla, en la ciudad de Badajoz, cuenta con una caldera de biomasa FROLING TM220, de 220 kW, alimentada con astilla forestal, sustituyendo a las calderas de gasóleo anteriores, que se dejan en reserva por seguridad, y para funcionar como apoyo en caso de ser necesario.
La cantidad de biomasa previsto consumir es de unas 143 Tms/año (astilla forestal), con un coste aproximado de 14.300 €/año.
El suministro inicial está corriendo a cargo de la empresa Extremadura Verde, uno de los proveedores existentes en Extremadura, que han apostado por el suministro de astillas de calidad, desde su nuevo centro logístico en Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Cada vez más instituciones públicas, principalmente ayuntamientos, están cambiando sus sistemas de agua caliente con gasoil por sistemas de biomasa para reducir su impacto ambiental y sobre todo para ahorrar costes fijos.
Extremadura queda fuera del reparto español de cuotas de producción de biodiésel
Con sus dos plantas de producción de biocombustibles paradas -la de Valdetorres y la de Los Santos de Maimona-, Extremadura cada vez ve más lejana la viabilidad de producir biocarburantes en su territorio. Y más después de conocerse esta misma semana que ha sido una de las regiones españolas que ha quedado fuera del reparto de las cuotas de producción asignadas para sus plantas.
Andalucía ha obtenido un 33% de la cuota de producción de biodiésel (1.049.000 toneladas anuales) de España para los próximos dos años, lo que la convierte en la región con mayor cuota asignada a nivel nacional y europeo. En cuota de producción, Andalucía es seguida de Valencia, con el 23%, y Galicia con el 11%.
A partir del 5 de mayo de 2014 y hasta el 4 de mayo de 2016 (aunque es ampliable por dos años más) los operadores deberán adquirir el biodiésel a una de las plantas con cuota asignada si quieren que les sea computado para el cumplimiento de los objetivos de biodiésel impuestos por el Gobierno español.
Las fábricas españolas han obtenido el 63% de la cuota total frente al 37% de las fábricas ubicadas en territorio comunitario.
La cantidad total asignada asciende a 5.018.473 de toneladas anuales de biodiésel. De esta cantidad, la correspondiente a España es 3.173.600 toneladas, que se distribuyen en 23 plantas ubicadas en Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Castilla la Mancha, Navarra, Aragón, Cataluña y Asturias.
El Gobierno de España modificó en febrero de 2013 los objetivos de introducción de biocarburantes y de biodiésel en el transporte, de manera que la cantidad de este combustible necesaria para cubrir los objetivos mínimos ha pasado del 7% al 4,1%.
Foto: Interior de una planta de biodiesel en Stockton, CA (EEUU)
La Junta de Extremadura presentará su quinto recurso ante el Tribunal Constitucional desde septiembre del 2011 por los cambios legales en las renovables
Si el Consejo Consultivo da su opinión favorable, como ha hecho en anteriores ocasiones, la Junta de Extremadura acudirá por quinta vez desde septiembre del 2011 ante el Tribunal Constitucional en Madrid, en este caso para presentar un recurso contra el Real decreto-ley 9/2013 que tomaba distintas medidas para conseguir la reducción del déficit de tarifa a costa de reducir aún más los ingresos previstos para las energías renovables además de cambiar su régimen jurídico sin respetar sus derechos adquiridos.
La Junta ya ha presentado otros recursos por decretos similares en septiembre del 2011, octubre del 2012, y abril y julio de 2013.
Extremadura es una de las regiones españoles que más se juega financieramente con las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria, al ser la segunda comunidad con más plantas termosolares operativas y en estudio, y disponer también de un importante número de plantas fotovoltaicas.
Además, los nuevos reales decretos de Industria están dificultando seriamente la atracción de inversores internacionales para los proyectos fotovolaticos a gran escala que había sobre la mesa, la mayoría con capital y socios alemanes.
La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Cristina Teniente, asegura que la Junta considera que se vulneran los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución. Los dos primeros hacen referencia al principio de seguridad jurídica, según el cual no se puede vulnerar derechos consolidados; y el segundo a la utilización del decreto-ley para la aprobación de la reforma.
El Gobierno de Extremadura, manifestó Teniente, “es consciente de la necesidad y obligación por parte del Ejecutivo Nacional de atajar el problema del déficit tarifario para poder garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español y comparte el objetivo de adoptar medidas en esa dirección”, si bien, dijo, “no estamos de acuerdo en la manera en que se está haciendo”
“Lo que está ocurriendo con la normativa eléctrica –agregó- puede generar una grave repercusión económica con inversiones ya existentes en el sector eléctrico y puede perjudicar inversiones futuras”.
Por ese motivo, se ha decidido presentar este nuevo recurso después de que no haya habido acuerdo en la comisión bilateral creada por ambas administraciones para estudiar la controversia.
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