Autor: energiaextremadura
Gas Natural Fenosa supera los 5,3 millones de puntos de suministro en el primer trimestre del 2017
Gas Natural Fenosa obtuvo un beneficio neto de 298 millones de euros en el primer trimestre de 2017, un 9,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA alcanzó los 1.104 millones de euros, con un descenso del 5,3% sin considerar Electricaribe. El EBITDA estuvo condicionado por la evolución del negocio de electricidad en España, condicionado por factores climatológicos que provocaron una contracción de la producción hidráulica superior al 70%. El negocio de distribución de gas aportó el 37,3% del EBITDA; la distribución de electricidad un 24,5%; la actividad de gas un 21,0%; y la actividad eléctrica, un 17,8%.
El EBITDA de las actividades internacionales de la compañía creció un 3,6% y representó un 50,1% del total a 31 de marzo, frente al 43,9% del mismo periodo del año anterior. El restante 49,9% correspondió a la actividad en España.
Las inversiones netas sumaron 321 millones de euros, lo que implica un aumento del 24,9% respecto al mismo periodo de 2016. El principal foco inversor de la compañía en los tres primeros meses se situó en la actividad de distribución de electricidad, con un 40,3% del total consolidado. Por ámbito geográfico, las inversiones en el exterior representaron el 62,8% del total mientras que en España bajaron su contribución al 37,2%.
El EBITDA de la actividad de distribución de gas en España alcanzó los 225 millones de euros, el 4,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este incremento está asociado a la actividad de gas licuado del petróleo canalizado tras la compra de puntos de suministro realizada en el último trimestre de 2016. Las ventas de la actividad regulada de gas en España aumentaron el 7,2% respecto al primer trimestre de 2016, hasta los 56.658 GWh. La demanda residencial aumentó un 2% (+278 GWh), en línea con el periodo comparable. El crecimiento de la demanda se dio en el mercado industrial; con un incremento del 10% (+2.232 GWh) en el sector de menos de 60 bares y con un aumento del 11% (+1.283 GWh) en la industria de más de 60 bares. A 31 de marzo, la compañía tenía 5.318.000 puntos de suministro (+0,2%) y la red de distribución alcanzó los 52.828 kilómetros (+2,7%).
El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial condena a España a pagar 128 millones de euros a la empresa propietaria de la termosolar Astexol-2 en Badajoz
España puede pagar muy cara su legislación retroactiva en materia de energía renovable que dejó sin primas a grandes y pequeños proyectos termosolares, fotovoltaicos y eólicos durante los últimos años. La Corte de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) ha confirmado que España deberá pagar 128 millones de euros a la multinacional británica Eiser Infrastructure Limited que a través de su filial Energía Solar Luxembourg.
Esta empresa era el accionista mayoritario de Aries Solar Termoeléctrica (Aste) que contaba con dos plantas termosolares de Alcázar de San Juan en Ciudad Real y Astexol-2, promovida por Dioxipe Solar en el término municipal de Badajoz, con 50 Mw de potencia instalada. Entre las tres plantas en cuestión, el grupo fondo británico invirtió en España cerca de 935 millones de euros, aprovechando en parte el Real Decreto 661/2007. La de Badajoz supuso una inversión de 300 millones de euros.
Pero a partir del primer cambio de legislación en 2010, la situación cambió radicalmente y con ella la rentabilidad esperada de sus inversiones. Este primer laudo contra el Estado español tiene gran relevancia porque el CIADI debe pronunciarse sobre una treintena más de demandas de arbitraje presentadas por grandes multinacionales y fondos de inversión. En el ámbito doméstico, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional habían dado la razón a la Administración española.
Según el Ministerio de Industria, que estudia la sentencia, «este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo”.
El Parlamento extremeño aprueba la reforma de las gasolineras low cost sin incluir las de cooperativas agrarias
La Asamblea de Extremadura aprobó, con la abstención del PP y Ciudadanos, la modificación de la Ley del Estatuto de los Consumidores de Extremadura que ha promovido el PSOE con el apoyo de Podemos para obligar a que las gasolineras del tipo low cost cuenten con al menos un empleado para la atención de 7 de la mañana a 22 horas. En torno a un cuarta parte de las gasolineras de la región, unas 95 de las 448 abiertas, se pueden considerar dentro del modelo de bajo coste.
Con esta nueva ley, el PSOE argumentaba que se protege mejor a los consumidores con minusvalía o movilidad reducida que deben tener los mismos derechos de atención que el resto de ciudadanos. Además de generar empleo. Así como por la mejora de seguridad que supone, aunque una parte importante de las horas comerciales del día siga desatendida al ser negocios en la mayoría de los casos que funciona 24 horas del día. Casi una decena de comunidades autónomas ya han legislado o están en trámites sobre este tipo de estaciones de servicio, en la mayoría de los casos para obligar al menos a contar con un empleado.
Mientras, el PP cree que aun compartiendo en parte varios puntos de la nueva normativa, no está claro que no invada parte de la normativa estatal y que incluso puede ser objeto de recursos por parte del colectivo afectado -las gasolineras low cost– como ha ocurrido en otras comunidades autónomas ya.
La nueva normativa deja fuera de la actual legislación a los puntos de suministro de carburantes de las cooperativas agrarias, unos 67 en la región. Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura se mostró desde el primer momento convencida de que la nueva legislación no debía afectarles ya que la venta de carburantes es un servicio para sus socios y familiar y no un negocio en si mismo que contribuye a mejorar la competitividad de sus cooperativas.
“Las cifras de negocio no dan resultados para mantener un empleado, puesto que la venta de hidrocarburos por parte de las cooperativas es un servicio más que se ofrece al socio y a veces a terceros, de ahí que el margen de beneficio sea mínimo, solo lo necesario para amortizar y mantener correctamente las instalaciones. No es un negocio más de la cooperativa como se pueda pensar”, aseguraba Juan Francisco Blanco, responsable de la sectorial de suministros de Cooperativas en la región y gerente del Grupo Acopaex meses atrás a la revista CAUDAL DE EXTREMADURA al ser preguntado sobre el futuro de la nueva norma.
Mientras la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) considera la nueva legislación como una “buena noticia”, la Asociación Extremeña de Gasolineras Libres cree que va totalmente en contra de la Comisión Nacional de la Competencia y anuncia que llevará la ley a los Tribunales, ante Competencia y a la Asamblea de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas.
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