Mes: febrero 2018
Florentino Pérez venderá sus plantas termosolares extremeñas Extresol 1 y 2 al fondo canadiense Brookfield
Florentino Pérez, presidente de ACS, vende sus plantas termosolares en Extremadura. Aunque la operación no está cerrada totalmente, el fondo de inversiones canadiense Brookfield lanzará una OPA sobre el 100% de la empresa Saeta Yield, la compañía de renovables que comparten ACS y el fondo GIP. La compañía está valorara en más de 995 millones de euros.
En el mes de marzo de 2016, Saeta Yield cerró la compra de las dos termosolares de ACS en territorio extremeño, las de Extresol 2 y Extresol en el término de Badajoz capital, a la empresa Bow Power, la filial de renovables de ACS y Global Infraestructura Partners. La compra de las dos plantas termosolares se cerró en 119 millones de euros. Las dos plantas plantas termosolares extremeñas han tenido ingresos superiores a los 78 millones de euros anuales con un Ebitda de 53 millones de euros.
Brookfield ha lanzado una OPA tras firmar con ACS y GIP un «acuerdo irrevocable» de compraventa de las participaciones que tienen como socios destacados de la compañía a ambas, con un 24,21% y un 24,01%, respectivamente. Con este acuerdo, ACS prevé unos ingresos de 240 millones de euros según el precio propuesto por el fondo canadiense. La idea de Brookfield es sacar a Saeta Yield de la cotización de la Bolsa española.
El Ministerio de Industria abre la puerta a la subasta de centrales de ciclo combinado, de carbón y nucleares a terceros
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de cierre de centrales de producción de energía.
A través de este proyecto normativo, el Ministerio introduce nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc…).
En la actualidad, el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.
Sin embargo, el Real Decreto que plantea ahora el Ministerio añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.
Además, el Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución en última instancia podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.
En su informe, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el Ministerio en su Proyecto de Real Decreto no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente. Además, le confieren un excesivo margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico.
En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.
La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contrario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.
La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.
Extremadura es la región española donde más han crecido las emisiones de CO2 desde 1990, un 149%
El Observatorio de la Sostenibilidad ha realizado un informe para analizar las emisiones de CO2 de las diferentes comunidades autónomas españolas durante un largo periodo de tiempo, de 1990 a 2015, y ver su evolución tanto en emisiones fijas (las que proceden de centrales energéticas y de grandes industrias sobre todo) y las difusas (transporte, calefacción.etc). Todos los datos han sido recogidos de fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Respecto al total de las emisiones entre 1990 y 2015, Andalucía y Cataluña suponen cada una un 14% del total emitido, seguida de Castilla y León con un 10%, Galicia con un 9%, Asturias con un 8% o Comunidad Valenciana con un 7%. Mientras, Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura son las que menos emisiones presentan.
Excepto País Vasco, Galicia y las Castillas, que emiten un poco menos 1990, todas las Comunidades Autónomas han aumentado sus emisiones, destacando Extremadura, Murcia, Andalucía, Navarra y Baleares. Según la Directiva europea 406/2009/CE (Decisión de reparto de esfuerzos) España debería alcanzar una reducción del 10% para el año 2020 y según el Acuerdo de París, las emisiones se deberían reducir un 40% para el año 2030. Países como Francia y Alemania han reducido ya mucho más sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
Si se realiza el mismo análisis per cápita, pero centrados solo en las emisiones difusas, se observa que los mayores valores se dan sobre todo en comunidades muy extensas con población más bien dispersa, con los máximos en Castilla y León, y Aragón (que ya estaban en el máximo de la ratio para todas las emisiones), seguidos a más distancia por Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Asturias. La concentración de la población parece favorecer una tasa de emisiones difusas per cápita menor, este análisis refleja más directamente las formas de consumo más cercanas al ciudadano. Mención aparte merece, no obstante Andalucía, que se aparta claramente de este patrón aparente.
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Energía de Extremadura 