Mes: febrero 2018
ADIF pone en marcha el proyecto para las futuras subestaciones eléctricas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas de la alta velocidad
La línea de alta velocidad de Madrid a Badajoz también transporta nuevas infraestructuras eléctricas. ADIF, el organismo que administra las infraestructuras ferroviarias en España, ha iniciado los trámites para la electrificación de la línea entre Plasencia y Badajoz. Ya está en marcha el proceso de información pública para llevar a cabo las expropiaciones de terrenos necesarias.
Las tres ubicaciones claves en la electrificación de este tramo del futuro tren de altas prestaciones de Madrid a Badajoz están en Cañaveral, Carmonita y Sagrajas, para la construcción de las subestaciones eléctricas de tracción.
El proyecto consiste en construir las subestaciones eléctricas de tracción y centros asociados de la línea del AVE en las áreas de Cañaveral, Carmonita y Sagrajas. La previsión de ADIF pasa por expropiar más de 43.00 metros cuadrados de suelo rural en los municipios de Badajoz, Mérida, Cáceres y Malpartida de Plasencia.
Está prevista, en el proyecto original, la construcción de una nueva subestación eléctrica en cada una de las zonas, con centro de autotransformación final incluido y tres centros de autotransformación intermedios.
En el caso de la subestación proyectada en Cañaveral, es la que debe dar suministro al tramo de Plasencia y Cáceres, mientras que la de Carmonita lo dará en el tramo de Cáceres-Mérida, con centros intermedios en ambas localidades. Mientras la de Sagrajas, en el municipio pacense de Pueblonuevo del Guadiana, será la que aporte al suministro al futuro tramo ferroviario entre la capital extremeña y Badajoz capital, antes de su llegada a la frontera portuguesa.
Estas subestaciones también serán claves en el futuro para la evacuación de energía eléctrica de distintos proyectos fotovoltaicos que se proyectan en Extremadura actualmente.
Endesa y el Ayuntamiento de Badajoz se coordinan para dar información sobre el nuevo bono social
Representantes de Endesa de Atención al Cliente se han reunido con la Concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, y con el director del Instituto Municipal de Servicios Sociales, José Antonio Expósito, con el fin de informar sobre las características del nuevo Bono Social que el Gobierno puso en vigor el pasado mes de octubre.
Esta reunión tiene como finalidad que los trabajadores sociales, que cada día están en contacto con las personas susceptibles de acogerse al Bono Social, puedan dar la mejor información sobre este beneficio que las familias tienen que solicitar antes del 9 de abril, ya que la aplicación del nuevo Bono Social no es automática para aquellos que disponían de este beneficio anteriormente.
De hecho, según los datos de Endesa en la provincia de Badajoz, la compañía cuenta con 29.290 clientes con esta modalidad (datos cierre enero 2018), de los cuales sólo 400 ya se encuentran adheridos al nuevo Bono Social (es decir, un 1,4%) y el resto pertenecen al antiguo Bono Social, por lo que tienen que volver a tramitar la solicitud, según establece la ley. Precisamente este ha sido uno de los temas que más se ha puesto de relieve en la sesión formativa.
El Bono Social se aplica a las familias acogidas al PVPC (Precio voluntario para el pequeño consumidor) y su formulación tiene varias categorías:
-Por un lado los considerados consumidores vulnerables. Aquellos con rentas bajas según los criterios establecidos por el gobierno y referenciados al IPREM según se trate de familias con o sin menores a su cargo, las familias numerosas y unidades familiares con cuantía mínima de pensión por jubilación o incapacidad permanente. A esta categoría se aplica un 25% de descuento en la factura.
-Los consumidores considerados vulnerables severos, con rentas aún más bajas que las anteriores, también establecidas por el gobierno y cuya referencia sería la mitad de las de los consumidores vulnerables. Con descuentos del 40%.
-Y los consumidores en riesgo de exclusión social. Estos consumidores deben cumplir con los requisitos marcados por el gobierno para ser considerados consumidores vulnerables severos. Además, los Servicios Sociales deberán asumir el pago de al menos el 50% de la factura, asumiendo el resto del importe las Comercializadoras. En todo caso serán los Servicios Sociales quienes determinen a qué consumidores se les considerará en riesgo de exclusión social.
Las familias que antes tenían Bono Social tienen que volver a solicitarlo, una vez se conceda tiene duración de dos años, debiéndose renovar antes de finalizar el periodo, salvo el caso de las familias numerosas que su plazo de vigencia en tanto no venza el título de familia numerosa, debiendo renovar el Bono Social cuando renueven este título. La condición de “riesgo de exclusión social” se considerará factura a factura, siempre que los Servicios Sociales lo determinen y estos financien al menos el 50% de la factura.
Desde Endesa se está trabajando en la aplicación de la nueva normativa sobre Bono Social desde la entrada en vigor de la misma, informando a los clientes a través de la factura y manteniendo reuniones y jornadas informativas con ayuntamientos, administraciones autonómicas y organizaciones no gubernamentales para difundir y explicar el nuevo Bono Social.
Iberdrola invertirá 32.000 millones de euros entre 2018 y 2022, especialmente Redes y Renovables
Iberdrola invertirá 32.000 millones de euros durante el período 2018-2022, sentando las bases para un crecimiento sostenible en la próxima década. Más de un 90% del total se destinará a actividades reguladas o con contratos a largo plazo, de acuerdo con la estrategia del grupo de centrarse en negocios con retornos estables y predecibles.
Así, 15.500 millones de euros -cerca del 50% del total- se destinará a Redes, 11.500 millones de euros -un 37% de la inversión-, a Renovables y 2.800 millones de euros -un 9%-, a Generación y Clientes. El 4% restante -1.400 millones de euros- corresponderá a Generación Contratada.
Ignacio Galán, presidente del grupo, ha asegurado que “el plan es totalmente coherente con nuestra estrategia de los últimos años, al tiempo que aprovecha las oportunidades que brinda el nuevo entorno digital. En esencia, continúa centrando el crecimiento en oportunidades específicas de negocios regulados y con contratos a largo plazo, que ofrecen visibilidad de los ingresos, mantienen una cartera de proyectos diversificada geográficamente y permiten un mayor crecimiento más allá de ese marco temporal”.
Parte de las inversiones previstas -un 75%- está ya comprometida o prácticamente asegurada. Por divisas, un 38% se ejecutará en dólares, un 25% en euros, un 19% en libras esterlinas y un 18% en reales brasileños.
Gracias a estas inversiones, la compañía prevé incrementar su potencia renovable un 24% respecto al cierre de 2017, hasta los 36.200 megavatios (MW). También aumentará su capacidad de almacenamiento, que pasará de los 80 gigavatios hora (GWh) actuales a 100 GWh al final del periodo (+25%).
Por lo que respecta al negocio de Redes, la empresa experimentará un crecimiento del 38% en su base regulatoria de activos, alcanzando los 40.000 millones de euros respecto al pasado ejercicio, especialmente en Brasil y Estados Unidos.
Además, la capacidad de generación contratada aumentará hasta los 10.600 MW, un 82% más que la actual. En lo relativo al negocio comercial, el número de servicios a clientes crecerá en nueve millones, hasta alcanzar los 32 millones en 2022 (+40%).
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